Diputados y senadores, junto con el Consejo Rector del Pacto por México, trabajan en una nueva “Ley Convergente” que se convertirá en los “dientes” para desincorporar los activos de los monopolios en el sector de las telecomunicaciones y del espacio radioeléctrico.

“El reto de la Ley Convergente es inmenso si tomamos en cuenta la regulación que deberá contener. Durante los últimos 15 años ha imperado una autorregulación de los concesionarios, haciendo de las prácticas monopólicas, anticompetitivas y de competencia desleal, el terreno de juego de las telecomunicaciones y la radiodifusión”, explica el avance de esta ley.

Según un documento interno sobre el avance de las leyes secundarías a la reforma de telecomunicación —que entró en vigor el 12 de junio de 2013—, los legisladores han identificado 14 leyes que serían modificadas y crearían dos ordenamientos más.

“El Congreso deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicación, y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”, detalla.

Esta nueva disposición radica en que una de los objetivos de la reforma constitucional es abrir la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, a través de un sistema único de concesiones, con la cual se puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes.

Al mismo tiempo se deberá establecer su regulación en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), para determinar el funcionamiento, su consejo consultivo, procedimientos regulatorios, contraloría interna, así como el área de concesiones y su regulación. La presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Alejandra Barrales (PRD), adelantó que esta ley fijará la reglas para abrir la competencia en el sector y fijar la preponderancia de los agentes económicos.

Mejores prácticas

Analistas consideraron que las leyes secundarias que acompañen a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, deben ser acordes con las mejores prácticas internacionales.

Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), comentó que se han generado “una serie de conceptos nuevos que, en términos de experiencia internacional no existen, pero que pueden ser una buena oportunidad para garantizar la toda la fuerza necesaria” a los nuevos reguladores. Wilma Arellano Toledo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), comentó que un aspecto que siempre ha hecho falta en la legislación mexicana es servicio universal.

José Ignacio Peralta, subsecretario de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo la reforma constitucional impone retos importantes para la legislación secundaria en telecomunicaciones.

Los empresarios en el país prevén que la reforma en telecomunicaciones, así como la iniciativa de reforma financiera, arrojarán beneficios para la mayoría de la población y para sus propios negocios, de acuerdo con un estudio que hizo Deloitte.

Según el Barómetro de Empresas que realiza la consultora, correspondiente al segundo trimestre de este año, la percepción del 36 por ciento de los directivos consultados es que la iniciativa de reforma financiera creará un mayor acceso al crédito.

Asimismo, 17 por ciento de los entrevistados mencionó que la aprobación de dicha reforma generará una mayor competencia en el sector y 14 por ciento que impulsará la economía nacional, lo que influirá positivamente en la capacidad de inversión y de consumo en el país.

En cuanto a la reforma de telecomunicaciones, 62 por ciento de los empresarios sabe de ella, tres de cada 10 opina que ayudará a reducir sus costos en comunicación y 23 por ciento cree que repercutirá en un mayor acceso a nuevas tecnologías.

Deloitte menciona que dicha reforma ha generado una expectativa favorable entre los directivos, ya que permitirá abatir costos en la materia e incrementar sus opciones de comunicación, al generar beneficios en su operación interna y para la interacción con sus clientes.

Además, refiere que el hecho de que las reformas sean calificadas por los empresarios de manera positiva no incidió en la valoración sobre el entorno de negocios, el cual perciben como deteriorado, debido a la desaceleración económica a nivel global.

La reforma constitucional en telecomunicaciones generará un repunte en las inversiones del sector, las cuales se encuentran colapsadas, por ello el gobierno espera concretar proyectos como las licitaciones de dos cadenas de televisión abierta que generarán una derrama de más 200 millones de dólares.

"La inversión ya está colapsada de ante mano y se tenían que generar condiciones para impulsarla, hay la oportunidad de que estos montos crezcan con las medidas que propone la reforma constitucional de telecomunicaciones", dijo José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De 2002 a 2011, indicó, México registró una inversión per cápita promedio de 35.2 dólares en telecomunicaciones. "Eso nos ubica como en penúltimo lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)", detalló en conferencia de prensa. Tan sólo en este año las inversiones en la industria caerán 27 por ciento ya que se destinarán 4 mil 934 millones de dólares en comparación con los 6 mil 799.3 millones del 2012, según estimaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En este sentido, Peralta explicó que la reforma en telecomunicaciones plantea una serie de proyectos como la licitación de dos cadenas nacionales de televisión abierta que detonarán inversiones iniciales de 100 millones de dólares cada una para el despliegue de infraestructura, a lo cual se sumarán los pagos de las empresas ganadoras por la contraprestación del espectro radioeléctrico. El funcionario explicó que los plazos para iniciar esta licitación comenzarán una vez que se constituya el nuevo Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), el cual podría iniciar sus operaciones a más tardar en septiembre de este año y tendrá un plazo máximo de 180 días para concretar la subasta de frecuencias. El funcionario dijo que las inversiones sexenales del sector ascenderán a 700 mil millones de pesos, donde el gobierno federal aportará el 10 por ciento y el resto corresponderá a las empresas, además de las asociaciones público-privadas. Otra obra relevante tiene que ver con la red compartida que se creará con la banda de los 700 megahertz y cuya subasta iniciará el próximo año e implicará una inversión de 39 mil millones de pesos. Peralta destacó el sector recibirá entradas significativas de Inversión Extranjera Directa (IED) como resultado de la apertura que habrá para este tipo de capitales en telefonía fija, radiodifusión y servicios satelitales.

La a 100% de la inversión extranjera, derivado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, podría generar una inversión durante este sexenio de hasta 626,305 millones de pesos, de acuerdo con José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El funcionario dijo que la proyección de inversión se debe al optimismo en los mercados internacionales a partir de la reforma, de lo contrario, la inversión podría proyectarse por el orden de apenas 400,000 millones de pesos.

Destacó que la reforma constitucional y las reformas a la legislación secundaria están generando una gran expectativa no solamente en México, sino en todo el mundo. “Esto nos va a detonar las inversiones”.

El Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicaciones para el periodo 2013-2018, que anunció el gobierno federal la semana pasada, prevé una inversión para el sector de telecomunicaciones de 700,000 millones de pesos.

De ese monto, 73,853 millones de pesos serían aportados por el sector público, aproximadamente 10% de la inversión total, y 626,305 millones de pesos serían de parte de la iniciativa privada, “haciendo una combinación de recursos tanto nacionales como extranjeros, sobre todo en el contexto de la apertura a la inversión extranjera directa que la propia reforma constitucional, ya como texto vigente, habilita en un 100% para telecomunicaciones y en un 100% también para comunicación vía satélite y 49% para radiodifusión”.

En conferencia de prensa, Peralta Sánchez también dijo que la inversión para la puesta en marcha de dos cadenas de televisión abierta podría ser de 100 millones de dólares cada una, sin tomar en cuenta el pago de derechos por el uso y explotación del espectro.

Respecto al apagón analógico de la televisión, Peralta Sánchez dijo que el proceso se llevo con éxito la semana pasada en Tijuana y que se están iniciando los procesos licitatorios y administrativos para continuar con la siguiente etapa, que considera cinco ciudades fronterizas.

Para dicho proceso se prevé una inversión de 18,760 millones de pesos, mismos que estarían orientados a la entrega de decodificadores, su instalación, campañas publicitarias, cuestiones administrativas necesarias para llevar a cabo dicho programa, las encuestas o los sondeos para conocer el nivel de penetración que se tiene de televisión digital.

En el caso del despliegue de una red compartida que ofrezca servicios mayoristas de internet de banda ancha, la SCT estimó que el proyecto costará cerca de 130,000 millones de pesos, de los cuales el Estado aportará 39,000 millones, y el resto se podría invertir a través de la figura de las Asociaciones Público Privadas (APP).

En el tema de las sanciones, el subsecretario dijo que cuando inició esta administración había poco más de 500 sanciones pendientes.