Nadie duda del del Comité de Evaluación para la elección de los nuevos funcionarios, pero preocupa el reducido contenido de temas legales en su examen de selección.
El sábado pasado tuvo lugar el examen de selección de candidatos para ocupar el de Comisionado del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), organizado por el Comité de Evaluación, que integran los titulares del Banco de México, el INEGI y el recién creado Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Nadie duda de la seriedad y profesionalismo de Agustín Carstens, Eduardo Sojo y Sylvia Schmelkes, pero, por lo que han comentado algunos de los en el examen, éste fue muy complicado pero superficial, algunas de las preguntas son irrelevantes para el sector, no se consideraron los 23 años de evolución de la industria en México y fue extrañamente omiso en temas jurídicos. Sólo 5% del examen se enfocó en los aspectos legales de las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión.
Este último aspecto es el que me parece más preocupante. No niego que los conocimientos en materia de son relevantes, pero no son suficientes. A lo largo de mis 23 años de experiencia en el sector, han sido los aspectos legales los que han permitido avanzar o entorpecer el desarrollo de la competencia en México. Saber calcular el efecto Doppler o conocer las características de los satélites rusos será de poca utilidad al enfrentar a los capaces y aguerridos abogados de Telmex cuando el Ifetel intente desagregar su red o imponerle una regulación asimétrica. Tampoco serán de mucha utilidad para la emisión de resoluciones que soporten el análisis constitucional y administrativo de los tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y competencia económica.
Todo el proceso de selección ha sido tan opaco que los malpensados ven la mano del Consejo Rector del Pacto por México. Sería una lástima que las cúpulas de los partidos estén intercambiando comisionados por favores políticos, y es que es evidente que Molinar y De Swaan quieren colar a sus cómplices para seguir repartiéndose el pastel. Ni de Swaan ni Lucatero y demás secuaces conocen de leyes y jamás pasarían un examen de Derecho.
Algo de esperanza queda ya que siguen en el proceso excelentes abogados de trayectoria intachable, como Gonzalo Martínez Pous, Héctor Olavarría, Gerardo Sánchez Henkel, Carlos Silva o Luis Canchola.
Con tristeza, me enteré de que expertos calificados y de gran solvencia moral no se presentaron al examen, como Alexis Milo, Salma Jalife o Clara Luz Álvarez.
Mención aparte merece la absurda descalificación de don Carlos Casasús. Nadie en el país ha probado tal entrega y capacidad para el fomento de la competencia en esta industria como él. Fue el artífice de la privatización de Telmex y del Reglamento de Telecomunicaciones de 1990, aún vigente. Fue él el que abrió la industria a la competencia en 1996 y el fundador, contra viento y marea, de la Cofetel. El reconocimiento de todos los que conocemos su trayectoria fue evidente cuando, por unanimidad, lo elegimos como Presidente del Consejo Consultivo de la Cofetel. Es México, y no don Carlos, quien pierde por esta absurda decisión.
Mi más alta estima, reconocimiento y respeto para don Carlos Casasús. Son pocas las personas a las que México les debe tanto.
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Si no se adaptan a los nuevos consumidores, a las nuevas tecnologías y a los nuevos modelos de negocio, los periódicos se van a morir.
Todavía me parece difícil entender cómo en Estados Unidos prevalecen formatos de diarios estándar tan pintados de rayas que ahuyentan a los nuevos consumidores. Tal vez se explica por una mayor cultura, pero al ver los diseños de The Washington Post, The Wall Street Journal y tantos Times me parece incluso que muchos viven horas extra.
Es increíble que hace casi siete años (18 de octubre de 2006) hice referencia al libro Wikinomics, del canadiense Don Tapscott, en el cual nos da cuenta que la colaboración masiva ha reinventado la web y los medios de comunicación, pues el modelo de distribución de contenidos ahora es más horizontal y democrático, ya que el usuario elige cuándo, cómo y dónde los recibe.
En julio de 2007 cité una conferencia del investigador y especialista en marketing Jeff Degraff, quien dijo que “siempre la mayoría inexperta es más inteligente que un grupúsculo de expertos”, haciendo referencia a desarrolladores de nuevos productos, pero también a los creadores de contenidos en los medios de comunicación.
En enero de 2009 me aventé un rollazo al decir que los nuevos usuarios y consumidores de información ya no esperan o buscan el diario en el quiosco, lo buscan gratis en la red y lo leen casi en tiempo real. Ya no cargan su diario, lo reciben por SMS, mail, redes sociales o apps; por eso, para los que todavía gustan de leer un diario en papel, es necesario elaborar un producto casi artístico que le permita sentir que la información que consume no solo es exclusiva, sino coleccionable.
En agosto de ese año cité el estudio The Future of News elaborado por la agencia Porter Novelli, el cual analiza la manera en que el periodismo ciudadano está cambiando el futuro de las noticias tradicionales. La revelación es fuerte para el mundo análogo y esperanzador para el digital.
Sin embargo, no pugno por un periodismo como una caja de resonancia de trivialidades o un promotor de datos fugaces, creo, desde hace años, que los diarios ya no deben competir con métodos y medios de comunicación digitales, porque la tienen perdida; se debe competir con la reflexión, la profundidad y la revelación de asuntos; por tanto, las notas de registro y las notas del día ya no deben existir. Creo yo.
Cuatro meses es poco tiempo para lograr la tarea titánica que enfrenta hoy el Poder Legislativo: adecuar el marco regulatorio vigente a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (Reforma). La labor debe estructurarse correctamente para lograrlo antes del 9 de diciembre. ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo se están organizando? Circula un borrador de trabajo legislativo sobre el tema. Se trata, como lo advierte el propio documento, de un primer ejercicio de revisión que señala que se está considerando reformar 14 ordenamientos, desde el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hasta la Ley de Delitos de Imprenta —para regular el derecho de réplica—, entre otros.
Es un borrador muy preliminar, presenta de manera muy general algunos de los temas y otros los omite. Por ejemplo, no menciona que se deberán reformar también la Ley Federal de Derechos de Autor (por aquello del must carry y must offer), o el Código Federal de Procedimientos Civiles, para agregar la legitimación del IFETEL para interponer acciones colectivas en defensa de los consumidores. El documento de trabajo también incluye algunas cuestiones que deberá tocar la ley convergente, la que conjuntará las materias de telecomunicaciones y radiodifusión, y abrogará las dos leyes vigentes en dichas materias. Pero los legisladores deberían de empezar ya a identificar la problemática regulatoria que enfrentarán algunos temas, así como a conocer todas las alternativas —describiendo las ventajas y desventajas— de las cuestiones que podrían tomar diversos caminos regulatorios, como el asunto de las reglas para definir a los agentes preponderantes, el reparto de facultades entre el nuevo IFETEL y el gobierno federal, o las fórmulas para prorrogar las concesiones de espectro radioeléctrico (que de haber existido antes, el caso de la banda de 2.5 GHz se hubiese resuelto rápidamente), por mencionar algunas, a fin de que los partidos o legisladores puedan empezar a fijar sus posturas al respecto. ¿Cuál es la estrategia? No lo sabemos con claridad, pero los tiempos parecen estrechos para pensar que no existe ninguna.
La cuestión que resulta relevante preguntarnos, más allá de cuántas leyes se reformarán, es ¿hasta dónde decidirá el Legislativo profundizar en ellas? En la confección de la legislación secundaria no hay sólo una salida, hay varias. Una posible —y legal, aunque no legítima— sería pensar en una adecuación superficial, un ajuste literario de los textos a la nueva letra constitucional; otra, la deseable, es profundizar y seguir cavando en la dirección que lo hizo la Reforma para potencializarla e incluso darle mayor alcance. Entre estas dos opciones de ajuste legislativo hay muchos niveles posibles y, ojalá no suceda, pero también se podría intentar matizar, atenuar o dar parcialmente marcha atrás en algunas cuestiones ya establecidas. Habría también que contemplar la alternativa de que no logren consensar y expedir el nuevo marco regulatorio a tiempo: un escenario atroz.
Yo prefiero confiar en que sí lo lograrán, y lo harán hacia la dirección correcta. Ya declaró el Subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, que se tenía un avance de 90% en la legislación secundaria, así que las consultas con los diferentes actores y los consensos dentro del Legislativo y con el Ejecutivo, serán de vital importancia; a ver si no después cada quien sale a defender su propio proyecto regulatorio y entonces sí ya no lograremos el objetivo a tiempo. Esta reforma es mucho más compleja que la constitucional. Si esto sale mal, nos va mal a todos, no hay vuelta de hoja.
*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Esta columna refleja la posición personal de la autora
De acuerdo a los cambios introducidos en el artículo 6º y 28 º de la Constitución, desaparece el permiso que se contemplaba para dar autorización para la operación de medios sin fines de lucro y que estaba diseñada desde la ley del 60, sólo para operados por instituciones estatales o educativas, para introducir que ahora sólo habrá concesiones, entre las que se encuentran las de uso social, incluyendo con ello a los medios indígenas y comunitarios, remarcando que serán sin fines de lucro.
Si bien es un gran avance que se nombren, lo cierto es que la clave para determinar si ese reconocimiento es verdaderamente un avance se verá en las condiciones que se definan en lo que será la ley secundaria convergente de radiodifusión y telecomunicaciones, en relación a los requisitos que se les impondrán para acceder a las frecuencias y los mecanismos para su operación y desarrollo.
Hay muchas lecciones internacionales que señalan que el reconocimiento de este sector puede ser un arma de doble filo, pues hay muchos países que ante lo inevitable de la demanda social que grupos ciudadanos operarán medios de comunicación propios decidieron hacerlo mediante normativas discriminatorias y arbitrarias, tales como acotarlas a potencias muy bajas para que no tengan capacidad de penetración y audiencia, limitarlas a una sola banda de frecuencias (sólo en AM o sólo en FM) o bien impedirles obtener recursos legítimos y lícitos para poder realizar actividades económicas en tiempo aire, bajo el pretexto de que no tienen fines lucrativos.
Bajo esa lógica falaz es que en nuestro país, tanto los medios públicos como los sociales no pueden realizar actividades que les permitan tener recursos económicos para fortalecer el servicio que dan a sus audiencias, condenándolos a las problemáticas que derivan de las limitaciones presupuestarias.
Si bien estos medios no tienen fines de lucro, tampoco tienen fines de pérdidas. Toda persona física o moral en este planeta tiene que hacer alguna actividad económica que le permita vivir en condiciones de dignidad. El lucro no se refiere a no tener ganancias, sino a que esas ganancias no sean utilizadas para el enriquecimiento de alguien o algunos; su diferencia estriba en que toda ganancia debe ser reinvertida en el medio para mejorar el servicio que dotan a sus audiencias, sin pretexto alguno. De esta manera se asegura su viabilidad para fortalecer un modelo plural de diversos medios que amplié la oferta a la población y pueda ejercer en la práctica el derecho a la información, que significa no solamente acceder a ella sino también hacerlo desde una diversidad de fuentes y perspectivas.
Tal como sucederá con mucho de lo contenido en la reforma constitucional, será en las leyes secundarias que se aprueben donde se pueda medir una muy buena parte de su eficacia real. Todo parece indicar que esa parte medular del proceso de la reforma -el de las leyes secundarias- empezará hasta septiembre con el periodo ordinario de sesiones del Congreso, que estará sumamente cargado con otros temas que también son de gran relevancia como la reforma energética, que a ratos parece que solamente se agota en lo petrolero cuando tiene más alcance que ese sólo asunto, la reforma fiscal, la educativa y encima de todo, también lo referente al presupuesto de la federación.
El legislativo deberá de ser muy cuidadoso para que las propuestas que asuma para las leyes secundarias en telecomunicaciones respondan cabalmente a las expectativas de cambiar de raíz el paradigma actual del sistema de comunicación en el país, que requiere no solamente de competencia y libre concurrencia, sino también de garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, que son pilares esenciales de cualquier democracia.
El gobierno federal a través del Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Ignacio Peralta, ha anunciado que tiene un 90 por ciento de avances en lo que será la ley secundaria, con este primer saque veremos que posición tiene el actual gobierno respecto de temas espinosos, pero sobre todo si resguardará intereses que mucho han sido criticados o si se quitará la soga para ir hacia el fondo de las reformas.
Lo cierto es que muchos grupos sociales también están trabajando duro para entregar al Congreso sus propuestas de ley, lo que se espera del legislativo es apertura, congruencia e independencia para que tenga la inteligencia no sólo de escuchar a diferentes sectores de la sociedad, sino también de trabajar junto a ellos, por encima de los intereses de las grandes corporaciones del sector.
En el examen de selección de los suspirantes para formar el Ifetel y la COFECOE se presentaron personajes de toda índole, desde los especialistas reconocidos hasta algún integrante del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, y toparon con preguntas inclinadas hacia la ingeniería (como la descripción del sistema satelital ruso y cálculo del efecto doppler). Si bien los aspectos técnicos son muy importantes para el nuevo Ifetel, quién sabe si ello bastará para desagregar la red local de Telmex de Carlos Slim, o licitar las cadenas de televisión que competirán con Televisa, de Emilo Azcárraga, y TvAzteca, de Ricardo Salinas. Así que quién sabe cómo le irá a los concursantes, entre los que para mantener la experiencia y memoria de Cofetel, sólo se presentó Gonzalo Martínez Pous (Mony De Swaan tiene unos pocos años en el ramo) y por la COFECO Luis Alberto Ibarra.

