El Ejecutivo envió al Congreso de la República una iniciativa para modificar la normatividad y sancionar a aquellas personas o grupos que negocian con las interceptaciones telefónicas, a fin de que sean penados según la importancia de la información.

Así lo señaló el ministro de Justicia, Daniel Figallo, quien aseguró que esta medida "no supone ninguna intervención" respecto a lo que significa la difusión de estas interceptaciones por algunos medios de comunicación.

"Estamos proponiendo esta modificación para este tipo de delito y busca establecer una pena desde 4 años para adelante, dependiendo de la información interceptada y su gravedad", indicó a la agencia Andina.

Explicó que en la actual normativa la pena iba de 1 a 3 años, pero ahora se está incrementando porque afecta la intimidad de las personas, que está protegida por la Constitución.

 "El negocio de la interceptación telefónica no puede seguir floreciendo en nuestro país. Estamos enviando una propuesta de modificación de normativa penal que aborde este fenómeno horrendo de la interceptación telefónica", señaló.

Figallo dijo que este cambio proveerá "una debida protección" a cualquier persona que sea afectada por este delito.

"Lo importante es que no se debe interceptar, que no se debe vulnerar las comunicaciones, cualquier persona encontrará una protección preventiva desde el punto de vista penal, y claro, si la información involucra la seguridad nacional, tendrá aún más protección", refirió.

Puso como ejemplo la eventual interceptación de asuntos vinculados con la estrategia peruana de cara a la demanda marítima ante la Corte de La Haya, indicando que este asunto debe  ser protegido y tendrá "una pena mayor aquel que  se hace de esta información para su uso y lucro".

 El ministro advirtió que, dependiendo de esto último, las penas privativas pueden elevarse hasta los 15 años.

"Esperamos que el Congreso lo ponga en agenda de forma prioritaria y lo vea la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, es trascendental para emitir un dictamen y ser elevado al pleno y el debate que establece la ley", comentó.