Sin discusión ni previo aviso, 96 diputados aprobaron ayer, en redacción final, las reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, las cuales amplían de 15 a 20 años los derechos de usufructo del espectro radioeléctrico y prórrogas por el mismo período.

Según trascendió en el Legislativo, y constituye un secreto a voces, esa decisión forma parte del pago que los congresistas hacen al mexicano Ángel González, propietario de los canales de televisión abierta en el país, por la publicidad concedida durante la campaña electoral a todos los contendientes.

El diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que los políticos que participaron en la contienda presidencial de 2011 firmaron un “vale”, mediante el cual se comprometieron a aprobar los cambios a esa ley, “so pena de cancelar, por incumplimiento, cantidades millonarias”.

No hubo consenso

La moción privilegiada, mediante la cual se propuso conocer el tema, fue firmada por las bancadas Gran Alianza Nacional (Gana), Partido Patriota (PP), Todos y Visión con Valores (Viva). Amílcar Pop, diputado de Winaq, dijo que la aprobación de esa reforma no fue consensuada en el Congreso y “lesiona los intereses del país y del Estado”.

Alertó que con anterioridad se habló del espacio radiofónico, pero ahora se amplió al radioeléctrico, con lo que se beneficia a empresas telefónicas, con lo cual se reducen los ingresos del Estado.

Roberto Villate, diputado de Libertad Democrática Renovada (Líder), dijo que apoyaron la iniciativa de ayer porque, al final, fue una ponencia original de su bancada.

Respecto al pago de posibles facturas, aclaró que Líder no tuvo presencia en los canales de TV abierta durante la campaña, y agregó: “La factura la pagó hoy (ayer) el PP y Todos; estos últimos compitieron con la UNE en campaña”.

Roberto Alejos, de Todos, respondió: “Yo no saqué un solo anuncio en TV abierta y, además, se hicieron enmiendas en el dictamen para incluir todas las frecuencias: radios, telefónicas, beepers y radiocomunicadores”.

Alejos dijo que esta polémica se habría evitado si se hubieran aprobado las reformas a la ley electoral, para que sea el Tribunal Supremo Electoral el que contrate los espacios en medios de comunicación, o estos sean gratuitos, como sucede en México.