Pocos días después de que un fallo judicial revirtió la prohibición que el Poder Ejecutivo le había impuesto a la telefónica Claro para ingresar en el mercado de la televisión para abonados vía satélite, en el gobierno decidieron que eso debía ser impedido de alguna otra manera.

Sin embargo, pasaron ya tres meses y no lo han hecho. Según supo El Observador, en el Poder Ejecutivo tienen dudas porque de cerrarle la puerta a Claro y a Movistar –que también solicitó el permiso ante el Ministerio de Industria– se puede impedir  también a ANTEL algunos de sus proyectos. La telefónica estatal tiene en sus planes a largo plazo ingresar de alguna manera al mercado audiovisual y eso puede ser una complicación.

En una entrevista con el semanario Brecha, la presidenta de ANTEL, Carolina Cosse, dejó claro que la telefónica no piensa en ser una productora de contenidos, pero sí ayudar para romper el “oligopolio de los contenidos”.

“Esa política (de apoyar a productores independientes) ya está en marcha. Nosotros tenemos Adinet TV, que es mucho más que un portal y que permite tener canales web. La mayoría de los canales del interior están ahí”, dijo Cosse.

“Ya tenemos productos multimedia que permiten que si alguien quiere tener un canal web, por 700 dólares por mes lo puede tener”, agregó.

La presidenta de la telefónica estatal dijo que la preocupación no debería ser “el oligopolio de los medios” sino el “oligopolio mundial de los contenidos”.

“Cuando en un lugar hay una buena experiencia de generación de contenidos autóctonos, hay que darle mucho calor. Hay que ir logrando un ecosistema para generar contenidos autóctonos”, señaló Cosse.

La herramienta que iba a usar el gobierno para impedirle a Claro ofrecer un servicio de televisión satelital era la ley de medios (denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). En el borrador de esa iniciativa, que está a la espera de la aprobación presidencial en Torre Ejecutiva, se habla de impedir la “integración vertical” de estas compañías, es decir prohibir que una misma empresa brinde servicios audiovisuales además de telefónicos y de datos (internet).

Allí es que surgirá el debate jurídico sobre si posible limitar solo el ingreso de las telefónicas como operadores de televisión para abonados, pero sí permitir que canalicen otro tipo de servicios audiovisuales, por ejemplo en internet como pretende ANTEL.

Las prohibiciones

La compañía Claro estaba imposibilitada de brindar ese servicio por una resolución del Ministerio de Industria del año 2009, que dejó sin efecto la decisión de la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (Ursec) de autorizarle la transmisión en todo el país de televisión paga satelital. Sin embargo, ese fallo fue revocado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

En los considerandos de esa resolución se indica que hubo una “afectación grave de un derecho legítimamente adquirido” y que se “vulnera el principio de igualdad” y de la defensa de la libre competencia.

Como el efecto del fallo es retroactivo, tiene vigencia la licencia que se le había otorgado a la empresa Claro.

El presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo Mexicana, Héctor Dotta, dijo a El Observador en febrero que la compañía puede comenzar a prestar sus servicios la brevedad.

La idea de Telmex –firma del mismo grupo empresarial– es ofrecer un servicio de televisión satelital para abonados con plataformas de servicios que brindan una multiplicidad de canales, similar al que ofrece DirecTV, el único operador habilitado para hacerlo en todo el país.

Según anunciaron directivos de la empresa a fines de marzo, comenzarían a ofrecer el nuevo servicio en no más de 60 días. Esto último suma presión, porque para el gobierno es más difícil hacer levantar un servicio que además se ofrecerá a un muy bajo costo ($ 300 por 30 señales).

Si bien la idea es operar de forma rápida, algunas trabas burocráticas le han impedido a Claro poner en marcha la iniciativa.

La telefónica debe importar decodificadores especiales y ya presentó los pedidos correspondientes ante la Ursec. El organismo regulador aún no se expresó sobre el punto.