En su artículo "Must offer y Must carry" aparecido en El Universal, Irene Levy, presidenta de Observatel, propuso un enfoque demoledor sobre la intención del PRI para limitar el derecho de retransmitir la señal abierta de televisión a las cableras y dejar fuera a las compañías satelitales en la ley de telecomunicaciones y cito: "esta situación más que verla como una distinción de empresas, es una discriminación por usuarios. ¿A usted qué diablos le importa la tecnología que utiliza su operador para llevarle las señales de televisión si el servicio que recibe es el mismo?
El problema no sólo se circunscribe a la televisión y los servicios relacionados, también hay discriminación largamente aceptada en las tecnologías de la información. Hemos insistido en este espacio sobre la práctica extendida de obligar a los usuarios a utilizar determinada plataforma de cómputo para sus actividades y los problemas derivados de la falta de compatibilidad y la inobservancia o franca negligencia de estándares existentes.
Hay servicios como la banca en línea y ciertos portales de gobierno que todavía exigen el uso de Windows (falta saber qué versión del mismo), excluyendo a los usuarios que no utilizan esta plataforma. En el caso de la banca, cuando implica el pago de impuestos, que se está migrando para allá, la práctica excluyente debería estar prohibida, no sólo por discriminatoria sino porque cada mexicano tiene derecho a poder pagar sus impuestos o hacer sus trámites independientemente de la plataforma de software que elija para su computadora o su tablet (que hacen una variedad extensa).
En el caso de la televisión, en el plano tecnológico existen estándares que la hacen posible, la TV analógica se codifica transmite y decodifica en la pantalla mediante un estándar, existen varios, en México todavía se utiliza NTSC y se cambiará a ATSC (televisión digital). Si el transmisor de contenido y el receptor usan el estándar, entonces no importa la marca del equipo. Con la televisión digital, los receptores ya son computadoras y sin importar su interfaz o sistema operativo, reciben y proyectan la señal con su contenido, cuyo canal de transmisión resulta neutral y transparente para el usuario (a menos que quiera ver una videocinta PAL europea en un aparato NTSC).
En el ámbito de las computadoras el sistema operativo y los programas mandan sobre el contenido, cuya presentación depende de los programas mediante los cuales se despliega o procesa. Así que una página Web puede no presentarse adecuadamente en diferentes navegadores y peor si tiene elementos que dependen de una cierta tecnología, lo que pasa con sistemas en línea donde se procesa información.
Ahora supongamos que en México o en Estados Unidos emerja una visión sobre la discriminación de usuarios on-line o de computadoras: Se discrimina a usuarios de Linux, a no usuarios de Microsoft Office, a la gente que no usa Flash, Silverlight o la variante exacta de Java, a los usuarios de un teléfono móvil cuyo sistema operativo no tiene disponible una App e inclusive, discriminación a gente que no utiliza tecnología para hacer pago de impuestos, banca, etc.
Pues tanto los desarrolladores de software como sus clientes estarían frente a un problema mayúsculo: tendrían que producir sus aplicaciones para cada plataforma existente en sus diferentes versiones, lo que elevaría los costos del negocio a niveles insostenibles. Necesitarían contar con plataformas de desarrollo para cada tecnología (equipos, software, etc.), así como programadores capacitados y especializados para todos los casos.
Para eso son los estándares y los acuerdos, para eso existe el HTML que permite hacer aplicaciones en línea sin requerir programas específicos como Flash, existen frameworks como JQuery que permiten tener funciones avanzadas en las páginas Web independientemente del navegador, existe el estándar Open Document de OASIS para documentos de oficina (el cual desdeñó Microsoft para mantener el dominio de MS Office). Pero la codicia de las grandes empresas de la Informática y la tendencia dominante cada vez mayor está en servir a las ganancias y no a los usuarios, hacer campos de exclusión para dejar afuera a los competidores.
La problemática está fuera del ámbito nacional, pues las grandes compañías son extranjeras, la tendencia es global. Pero si se pueden establecer políticas de gobierno que obliguen a las mejores prácticas y que impidan la discriminación o el libre uso de las herramientas en línea del gobierno y de sus intermediarios para pagos de impuestos como la banca. En la reforma a las telecomunicaciones se habla del nebuloso libre acceso a la Internet, no de su gratuidad. El libre acceso debería ser a la información y los procesos on-line y así impedir la discriminación.



