Por unanimidad, en comisiones senatoriales se avalaron este jueves 18 cambios a la minuta que les turnó la Cámara de Diputados en materia de telecomunicaciones para aumentar los contrapesos a las decisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC), reducir los requisitos de de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la CFC, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de ambas instituciones y establecer los derechos de las audiencias.

Hasta el cierre de esta edición, tanto el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, como el vicepresidente del mismo, el priísta José Rosas Aispuro, afirmaron que estimaban la existencia de condiciones para que la aprobación del dictamen pudiera ocurrir durante la madrugada de hoy, luego de que se diera la primera lectura al documento aprobado por las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Comunicaciones y Transportes, y de Radio y Televisión.

Previamente y luego de varias encerronas de algunos integrantes de las cuatro comisiones dictaminadoras, los legisladores aprobaron que solamente en casos en que la CFC imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones de este órgano se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, promueva el particular.

También homologaron las opiniones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en concesiones) y de la Secretaría de Hacienda (para contraprestaciones) para que sean no vinculantes y las emitan en un plazo no mayor a 30 días.

Los senadores votaron por unanimidad los cambios. El dictamen se avaló en lo general con 42 votos en favor, aunque no en lo particular, pues hubo 40 reservas que se pasaron al pleno para su discusión.

Entre las reservas se encuentra que todas las sesiones del Ifetel y la CFC sean públicas y no que algunas sean privadas como lo establece el dictamen, que los órganos den conocimiento al MP cuando adviertan la probable existencia de un delito, mantener la redacción de la reforma del Pacto por México en relación a la propiedad cruzada de medios e incluir los derechos de los comunicadores.

También se encuentran entre estos puntos que las decisiones de la CFC puedan ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y sin suspensión, quitar la opinión no vinculante del gobierno federal, revisar el porcentaje de la inversión extranjera en materia de telecomunicaciones y comunicaciones vía satelital, así como precisiones con el must offer, por citar algunos aspectos.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Asimismo, para que los organismos autónomos sean sujetos a la rendición de cuentas, avalaron que los titulares presenten anualmente un programa de trabajo y, trimestralmente, un informe de actividades que deberán remitir al Ejecutivo y al Legislativo, además comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante el Congreso cuando así se solicite.

Los demás cambios tienen que ver con establecer los derechos de audiencias, incluir en las concesiones sociales a los medios comunitarios e indígenas, precisar que las concesiones de uso público y social serán sin fines de lucro y adicionar la palabra “acceso libre” en los servicios de telecomunicaciones aunque eso no significa gratuidad.

Acotan poderes

Los senadores acogieron las inquietudes sobre el poder de los órganos reguladores y resolvieron establecer mecanismos de contrapeso para acotar su acción y fortalecer el compromiso para su transparencia y rendición de cuentas.

Los cambios generales de 
la reforma

1. Nuevos órganos reguladores autónomos con más atribuciones.
2. Regulación de operadores con poder de mercado dominante.
3. Reconocimiento del Estado como garante del acceso a Tecnologías de la Información.
4. Incursión del Estado en la operación de una red troncal de telecomunicaciones.
5. Desbloqueo de topes a la IED (a excepción de radiodifusión).

Ajustan a los reguladores

• Sesiones y resoluciones deben ser públicas, salvo excepciones por seguridad; deberán rendir un informe de actividades trimestral y comparecerán ante el Congreso, además de tener una contraloría interna que será nombrada por el Senado.
• Decisiones de la CFC en materia de multas, desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso hubiere.
• El Presidente de cada órgano durará en su encargo cuatro años (y no nueve, como se proponía) y será nombrado por las dos terceras partes de los miembros del Senado, con la posibilidad de reelegirse por un periodo; se relajan los requisitos para su elección.
• En procesos judiciales no obliga a los órganos a informar al Ministerio Público una vez integrada la investigación; les da legitimidad en controversias constitucionales y establece respeto a derechos de los trabajadores.

Con impacto social

• Adiciona a “acceso libre” la prestación de los servicios sin injerencias arbitrarias para evitar confusiones con la gratuidad.
• En concesiones sociales, incluye a comunidades e indígenas.
• Establece que concesiones de uso público y social serán sin fines de lucro.
• Respeta los derechos de los trabajadores.