Uno de los temas más controversiales de la reforma de telecomunicaciones es la asignación de 90 MHz de ancho de banda al Estado en la banda de 700 MHz. El objetivo sería la construcción de una red inalámbrica mayorista neutral que utilizaría infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y tendría cobertura nacional. De esta forma, el gobierno espera dinamizar el al facilitar el acceso al mercado por parte de nuevos entrantes, así como asegurarse de que la cobertura de todos los operadores llegue a localidades en las que actualmente llega un solo operador o simplemente no hay cobertura móvil.

Lo interesante de esta propuesta es que ha logrado algo que muy pocas veces tenemos el privilegio de contemplar en México, la unanimidad del sector privado. En esta ocasión, el consenso se centra en el rechazo a utilizar la gran mayoría del espectro disponible en 700 MHz para que se construya una red mayorista en el país. Lo que sí ha variado son las explicaciones de por qué esto sería una mala , siendo muchas de ellas bastante sensatas y otras, sustentadas en ejemplos internacionales simplemente no aplicables al contexto mexicano. Tampoco han de faltar quienes murmuren en privado frases como “es mala idea una red mayorista en 700 MHz operada por el gobierno, pero era sumamente necesaria en 2.5 GHz operada por MVS”.

Es cierto que los estados no han demostrado ni en México ni en ningún país latinoamericano que son buenos administradores de empresas de telecomunicaciones que operen en un mercado en competencia. También es correcto que la creación de una red mayorista por parte del Estado eliminaría a los operadores la necesidad de invertir en zonas rurales para ofrecer sus servicios, lo que a su vez supondría un enorme beneficio a los consumidores. Y es obvio que la existencia de una red mayorista estatal aceleraría la de operadores móviles virtuales que ya no tendrían que enfrentar como principal obstáculo encontrar un operador que le alquile capacidad.

No obstante, tampoco es de esperar que los operadores decidan invertir en la logística y puntos de venta necesarios para que los consumidores de estas regiones se beneficien de sus servicios, por el simple hecho de tener cobertura en una localidad de bajos ingresos a través de la red del Estado. Asimismo, y basado en las experiencias recientes en México y el resto de América Latina, es muy poco probable que el Estado sea capaz de hacer un despliegue de una red nacional LTE en un periodo lo suficientemente corto para volverse una alternativa atractiva para los operadores ya establecidos. ¿Qué sucede si los operadores prefieren continuar sus despliegues de LTE en las bandas que tienen asignadas? Todas estas posibilidades apuntan a un uso ineficiente de un activo finito.

¿Por qué tienen que ser acercamientos excluyentes? ¿Por qué el Estado necesita 90 MHz para una red mayorista de LTE? ¿Acaso el lanzamiento de la red LTE mayorista de Sprint Nextel en Estados Unidos no se hizo con solo 10 MHz de ancho de banda en 1.9 GHz? Desde mi perspectiva, el gobierno podría ahorrar dinero, acelerar los despliegues de la tecnología y cumplir con sus objetivos iniciales adoptando un modelo híbrido. Solo tiene que destinar una menor porción de espectro a la red mayorista y licitar el resto. Todo, acompañado con requisitos de cobertura que tengan como prioridad al usuario y no a las empresas.