Pero no es ni será la última batalla que deberá librar la empresa de la familia Vargas para mantener en sus manos las concesiones de las frecuencias en la disputada banda de 2.5 GHz, hacer realidad su proyecto de banda ancha móvil y convertirse en uno de los operadores convergentes más importantes del país.

Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estará obligada a llevar a cabo un nuevo procedimiento, fundado, imparcial y por supuesto apegado a la legalidad —lo que no ocurrió en estos casos—, para otorgar o, en su caso, nuevamente negar a MVS las prórrogas de las concesiones, pero ya con base en la política pública que decida implementar sobre el uso de la banda 2.5 GHz, apoyada en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

Si la SCT decide otorgar las prórrogas al mismo operador (MVS), tema fundamental será nuevamente el de las condiciones y las contraprestaciones (pagos) que imponga a la empresa para que proceda la renovación. Si son imposibles de cumplir (por ejemplo, exigir otra vez cantidades millonarias, impagables) podría prolongarse el diferendo jurídico.

De igual manera, si el gobierno opta por negar otra vez las prórrogas y recuperar a como dé lugar la banda, la litigiosidad también prevalecerá.

En ambos escenarios es un hecho que la banda seguirá ociosa, lo que contribuirá a preservar el status quo —altamente concentrado— en el sector y por lo tanto con efectos negativos en competencia económica, penetración de servicios inalámbricos de nueva generación y tarifas. Es decir, los únicos beneficiarios de que se mantengan las cosas en la indefinición son Televisa y Telcel.

La tercera y única vía es la negociación apegada a la legalidad. El gobierno federal y MVS estarán obligados a sentarse en la misma mesa y llegar a un buen acuerdo en beneficio del país. Y para que ello ocurra, cada una de las partes tendrá que ceder en algo. Si alguno de los actores decide continuar la estrategia del “todo o nada”, se perderá una valiosa oportunidad de inversión, generación de empleos y abatimiento de la brecha digital.

Es importante recordar que tres de los cuatro amparos resueltos ayer por la Corte se refieren a concesiones para explotar el servicio de audio restringido en diversas ciudades del país y no a las concesiones —principalmente para prestar el servicio de televisión restringida—, que se incluyeron en el procedimiento de rescate de la misma banda de 2.5 GHz, que inició el gobierno calderonista el año pasado. Es decir, hablamos en esencia de la misma banda, pero de dos caminos jurídicos distintos.

Esto es, los amparos resueltos ayer son de concesiones relacionadas con un servicio que nació en octubre de 1991, que tuvo por nombre Multirradio Digital y que incluyó la oferta de una decena de canales musicales con calidad de sonido similar al disco compacto.

Multirradio Digital operó en la banda de 2.5 GHz, al igual que lo hace el servicio de televisión por microondas (Multivisión, luego llamado MásTV), y llegó a tener en su mejor época unos 30 mil clientes. Sin embargo, en febrero de 2010, durante la administración de Juan Molinar Horcasitas en la SCT, el gobierno decidió no prorrogar dichas concesiones, bajo el argumento de que terminó la vigencia de los títulos, el espectro se encontraba en desuso y que con base en las recomendaciones internacionales esas frecuencias deberían utilizarse para servicios móviles de tercera y cuarta generación. En aquella ocasión, tampoco se prorrogó la concesión del Canal 52, asunto que merece una explicación adicional que haremos en otra ocasión.

Ante la decisión de la SCT, MVS presentó diversos amparos y tres años después la Corte le otorga tres. Es obvio que hay más amparos en trámite sobre el mismo tenor que deberán ser resueltos, supongo, bajo el mismo criterio. También el inicio del procedimiento de rescate sigue su curso. Aún así, para MVS es un aliciente importante para seguir adelante en su estrategia jurídica y llegar, como decíamos, a un buen acuerdo en lugar de continuar con un mal pleito.

Políticamente, es un golpe importante para Televisa y la Canitec, obstinadas en impedir el crecimiento de MVS para mantener sus privilegios, y para el gobierno de Felipe Calderón, que utilizó su atribución legal, técnica y administrativa en materia de prórrogas para afectar a una empresa que le era incómoda por su línea editorial y por mantener una relación comercial, que tampoco le gustaba, con una de las empresas de Carlos Slim.