En 1977 apareció en la revista Encounter una reflexión del sociólogo estadounidense bajo el nombre "Teletexto y tecnología". El título suena hoy anticuado, pero su contenido no lo es. Ahí Bell discutía los desafíos que representaban las tecnologías de la información para la democracia: a futuro, las agencias gubernamentales y las corporaciones privadas ?sugería? podrán almacenar y manejar grandes bases de datos. Se preguntaba si ambas instancias deberían ser supervisadas en estas actividades, cuestión que desde su perspectiva resultaba fundamental para pensar el futuro de las libertades individuales y colectivas en las sociedades occidentales.

Más de treinta años después resulta evidente la actualidad de su cuestionamiento. Los bancos, las compañías telefónicas, los proveedores y buscadores de internet, las aerolíneas, tiendas de autoservicio y aseguradoras, por mencionar sólo algunas empresas privadas, se han transformado en instituciones que devoran, almacenan y procesan una enorme cantidad de información sobre cualquier persona o grupo social, con el objetivo de optimizar ganancias, modelar consumidores y abrir nuevos nichos de mercado.

Las entidades gubernamentales funcionan también como grandes consumidores de datos. Su propósito es monitorear de forma sistemática el comportamiento de las personas con el fin de influir en su comportamiento. Dicha información sirve para cosas tan diversas como .

Asimismo, el gobierno monitorea sectores de la población que se consideran como potencialmente peligrosos, un abanico de grupos que es tan amplio como y que incluye a supuestos "radicales", "anormales", "desviados" o "terroristas".

El acoplamiento de los bancos de datos entre entidades públicas y privadas se ha incrementado en los últimos años ?legitimado en gran parte por el discurso de la guerra contra el terrorismo y crimen organizado?. Las empresas privadas envían información al gobierno para que éste pueda vigilar usuarios, revisar información, corroborar datos. A veces, este tipo de relaciones se encuentra regulado, implicando en ocasiones una transacción económica.

En los últimos días hemos sido testigos cómo Estados Unidos, a través de la (NSA por sus siglas en inglés), está monitoreando, recolectando y procesando información en los motores de búsqueda de internet y correos electrónicos (mil 700 millones, en promedio). No sólo busca información de ciudadanos norteamericanos y extranjeros, sino también de corporaciones privadas y entidades gubernamentales alrededor del globo.

Recientemente en nuestro país, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos anunció que analizará la supuesta utilización del sistema de vigilancia en centros de comando y servidores en México. Dicho software permite monitorear conversaciones, recolectar datos personales, contraseñas, claves de acceso y tiene la capacidad de encender a distancia los micrófonos y cámaras de los dispositivos electrónicos.

Esto no debe extrañarnos. La en las sociedades modernas ha sido una práctica común. Jill Lepore nos da un ejemplo en su artículo "" publicado el 24 de junio de 2013 en el New Yorker.

En 1844, el correo del activista italiano estaba bajo vigilancia por el gobierno británico. Giuseppe sospecha algo, por lo que decidió auto enviarse cartas colocando en su interior arena, cabello y semillas. Cuando las recibía se daba cuenta que estaban limpias. Confirmaba así que su correo estaba siendo monitoreado. La indignación pública fue enorme, no únicamente en Gran Bretaña sino en Estados Unidos, tanto que el, hasta entonces desconocido, "Departamento Secreto de la Oficina del Correo" tuvo que cerrar sus puertas, dando pié a la creación de otra institución gubernamental? más secreta y más poderosa.

Las prácticas de vigilancia de este tipo siguen hoy ahí; lo que ha cambiado es su capacidad para manipular y procesar información en dimensiones que sólo la imaginería de Hollywood puede proyectar ?véase, por ejemplo, o el ?. No obstante, su cobertura no se circunscribe ahora a seguir activistas políticos, sino a cualquier ciudadano, sospechoso o no de algún delito.

El tema no es, entonces, simplemente apelar por mantener los muros de una privacidad construida a mediados del siglo XIX, desdibujada por las tecnologías de la información, sino reconocer que la gestión y manipulación de grandes bases de datos por entidades privadas y gubernamentales es una realidad que debe encararse como un tema público: uno que permita vigilar a quienes vigilan, saber qué hacen con nuestra información, para qué la usan, cómo la comparten, cómo nos clasifican.

David Lyon, director del en la Universidad de Queen's en Canadá, ha sido puntal al señalar que la transparencia en las sociedades de la vigilancia resulta el tema central si se quiere garantizar la salud de la democracia y la dignidad humana. El desafío es construir no sólo los mecanismos que ayuden a decidir qué tipo de tecnologías queremos, sino también cómo deseamos que influyan en nuestras vidas.