Esta nueva reforma, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en 2010, fue enviada a las Cortes por el Consejo de Ministros a finales de abril y ha sido tramitada de urgencia, por ello, a partir de hoy, los gobiernos autonómicos podrán decidir qué hacer con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada.

En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque «no se permitirán desequilibrios en los presupuestos». Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen «de facto» algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.

536 millones de euros en pérdidas

Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto —con la compensación de los ingresos publicitarios— para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).

Por su parte, el secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Enrique Laucirica, ha afirmado que las televisiones autonómicas suponen, de promedio, exclusivamente el 0,5 por ciento de los presupuestos de las comunidades autónomas.