La Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 38 establece que procede la revocación, entre otras causales, cuando no se ejercen los derechos conferidos en los títulos de concesión durante un plazo mayor de 180 días naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento, salvo autorización contraria de la Secretaría, y por no cumplir con las obligaciones o condiciones establecidos en los títulos de concesión.

Gracias a la Ley de Transparencia, conozco los expedientes de ambos canales (antes de la negativa de prórroga) y como lo he manifestado en diferentes ocasiones en este espacio, queda claro que procedía, desde hace años, su revocación porque en realidad ambos canales nunca lanzaron su señal al aire y por lo tanto se incumplieron los derechos y obligaciones que tenían sobre las concesiones.

Hubo proyectos de Televisa y MVS para aprovechar ambos canales, sin embargo nunca se concretaron por una razón técnica: el servicio debía ofrecerse al público de manera codificada y restringida, pero limitado a la transmisión de una señal por canal, es decir, sin posibilidades de ofrecer varias señales (multiprogramación o multicasting) en cada uno de los canales. Ante este obstáculo, nunca se encontró una opción factible y rentable para ofrecer el servicio.

La concesión de ambos canales fue otorgada en 1993, en el sexenio de Carlos Salinas, cuando el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) era el ahora senador Emilio Gamboa Patrón. El beneficiario de la concesión fue originalmente Emilio Azcárraga, a través de la empresa Cablevisión, pero una serie de recursos jurídicos que presentó MVS en contra de dicho otorgamiento, que se sumó a una guerra litigiosa que ya de por sí tenían ambas empresas en televisión restringida, derivaron en un acuerdo firmado en 2001 para repartirse los canales. Con el canal 46 se quedó Cablevisión y con el canal 52 MVS.

En febrero de 2010, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la SCT que encabezaba Juan Molinar Horcasitas, informó que negó la prórroga de ambos canales, debido a que Cablevisión y MVS solicitaron la renovación de sus títulos de concesión fuera de los tiempos establecidos en la ley. En respuesta, ambas empresas se ampararon.

Como se sabe, fue hasta este miércoles que MVS ganó el amparo porque demostró que sí entregó en tiempo y forma la solicitud de prórroga de la concesión y la autoridad tardó en responder varios años y no en los 180 días naturales previstos en la ley. Esta omisión, intencional o no, resultó benéfica para MVS porque podrá retener el espectro del canal 52, mientras que la autoridad tendrá que reiniciar el procedimiento y dar una respuesta apegada a la ley. En el caso de Cablevisión, lo último que supimos es que estaba perdiendo la batalla en los tribunales ya que, a diferencia de MVS, no presentó la solicitud de prórroga en los plazos establecidos.

Más allá de eso, la pregunta fundamental es: ¿qué harán el gobierno y los empresarios involucrados, Emilio Azcárraga y Joaquín Vargas, con los canales 46 y 52? Se trata de 12 MHz muy valiosos en el Distrito Federal, cuya asignación podría ser, como se ha dicho, para el despliegue de una red de banda ancha móvil en la banda de los 700 MHz (en el caso del canal 52) y luego en la banda de los 600 MHz (en el caso del canal 46), aunque para ello habrá que modificar los títulos de concesión para su nuevo uso.

Otra posibilidad es que ambos canales sean utilizados para ofrecer algún servicio de televisión móvil. Desde 2008, Cablevisión y MVS solicitaron permisos para llevar a cabo pruebas experimentales con las tecnologías DVB-H, Media FLO y DMB. No obstante, jamás se dieron a conocer públicamente los resultados de dichos transmisiones, lo que es un elemento que se suma a las indefiniciones de dos canales que por 20 años han permanecido ociosos. Así que urge una definición sobre el futuro de ambos canales.

RADIODIFUSIÓN INDÍGENA

El Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos de Oaxaca envió este 16 abril una misiva al presidente del Senado, Ernesto Cordero, en la que solicitan que en la minuta de la reforma en materia de telecomunicaciones se reserve el 30% del espectro de radio y televisión para concesiones de uso social y una tercera parte de esta reserva ser destinada a la “radiodifusión comunitaria indígena”.

También proponen que se incorpore una adición en el artículo sexto constitucional para que el Estado “asegure fondos suficientes para que los pueblos indígenas puedan allegarse de recursos tecnológicos, económicos y capacidades, a través de un programa nacional de fomento a medios indígenas, en condiciones de equidad e interculturalidad y sin discriminación alguna”.

La carta es firmada por consejeros de los pueblos indígenas zapoteco, mixteco, mazateco, mixe, chinanteco, chatino, triqui, ikoots, náhuatl, zoque, cuicateco, amuzgo, chocholteco, ixcateco, así como por representantes de universidades, del Congreso local y diversas organizaciones sociales.

ALMA ROSA ALVA

Brecha e inclusión digital en México: hacia una propuesta de políticas públicas es el título del nuevo y oportuno libro de la destacada académica de la UNAM, la doctora Alma Rosa Alva de la Selva. La obra fue publicada por la UNAM e incluye un artículo del doctor Enrique Quibrera.