Con una red de 16 canales de televisión, que le permite alcanzar 56% de cobertura nacional; una base laboral de más de 250 personas bien capacitadas; equipos nuevos de producción, posproduccion y transmisión digital y presupuesto —aunque estrecho— para produccion propia, nacerá el organismo público de radiodifusión previsto en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones
Esto es así porque, como se sabe, el futuro organismo absorberá al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA, creado por el gobierno de Felipe Calderón), el cual cuenta con una infraestructura sólida y personal para lo que será la nueva entidad de radiodifusión pública. A la nueva institución se le podría y se le debería sumar la radio, pero esto es algo que resolverán el gobierno y el Congreso en la legislación secundaria. ¿Sería conveniente incorporar al IMER, a Radio Educación o a la red de radiodifusoras indigenistas o partir con nuevo proyecto?
Por supuesto debe aprovecharse la experiencia e indiscutibles logros alcanzados como medios públicos de las emisoras de radio que se encuentran en la órbita de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero hay quienes consideran que esto no podría concretarse satisfactoriamente si se decide dejar al futuro órgano en la Secretaría de Gobernación (Segob). Traspasar estas estaciones a la dependencia política iría en contra de los avances logrados en diseño institucional en México y de las mejores prácticas internacionales.
Sin embargo, también hay quienes piensan que sólo podría prosperar el proyecto de radiodifusión pública si permanece en manos de la Segob porque habría más capacidad de gestión para la obtención de recursos —que deberán ser propuestos por el gobierno y autorizados por los legisladores-, más frecuencias que les permitan tener nuevas estaciones y cubrir todo el territorio nacional -como lo hacen las televisoras privadas—, y mejor coordinación con los otros medios públicos para emprender proyectos conjuntos, por ejemplo, la Videoteca Nacional. Al respecto, hay un dato relevante: a los 16 canales que actualmente tiene OPMA en el país, sume 10 frecuencias asignadas y por asignar que no ha sido posible lanzar al aire por la falta de dinero.
También, argumentan con cierta razón, la SEP está muy ocupada con la polémica reforma educativa, la dotación de equipos de cómputo a estudiantes de primaria y los proyectos para abatir la brecha digital en las instituciones educativas, así como en las negociaciones con un sindicato difícil y combativo, por lo que traspasarle ahora la coordinación del proyecto más ambicioso de radiodifusión estatal poco ayudaría a la causa de los medios públicos. Aunque a mí me parece mejor pasar de la Segob a la SEP el nuevo ente, es razonable el argumento que la dependencia que encabeza Emilio Chuayffet tiene otras prioridades y retos más importantes.
De igual manera, debe reconocerse que el OPMA, desde su creación y hasta el momento, ha sido jurídica y administrativamente un órgano de gobierno, pero esto no necesariamente se ha reflejado en sus contenidos, en este caso, en el Canal 30 “Una voz con todos”, donde es posible ver series y programas de carácter educativo, cultural y social de manufactura nacional y extranjera, sin exaltar la labor de funcionarios o partidos políticos. Es más, los programación es muchas ocasiones anodina, poco arriesgada. Paralelamente, ha firmado convenios muy benéficos para otros medios públicos, como el Canal 11, TV UNAM, Canal 22, Televisión Educativa de la SEP (Ingenio Tv) y el Canal Judicial, porque les ha permitido subir sus señales en los canales digitales del organismo. Gracias a estos acuerdos, Canal 11 y Canal 22, han podido aumentar su cobertura, y en el resto de los casos, salir al aire por primera vez en televisión abierta.
Además, quienes defienden que quede en el ámbito de la Segob, dicen que la independencia editorial —asunto fundamental en un medio público— quedará garantizada con el Consejo Ciudadano del propio organismo, que se integrará luego de una convocatoria pública, una terna y el voto del Senado de la República. También, en el nombramiento del director general del nuevo organismo, participarán los senadores con su ratificación o rechazo, como lo prevé la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
Por cierto, en la lista de los candidatos a encabezarlo se encuentran, como le comenté la semana pasada, el periodista Javier Solórzano; la directora del Canal del Congreso, Leticia Salas, y tampoco descarte al actual director general del OPMA, Armando Carrillo, con experiencia en Imevision, IMER y en la televisión comercial. En los próximos días sonarán otros nombres, algunos de ellos propuestos por la sociedad civil. Sin embargo, parafraseando a Vicente Fox, será el presidente Enrique Peña Nieto quien proponga y el Senado el que disponga.
Y TELEVISA VA POR MÁS
Le comentaba en mi columna del pasado 5 de julio, que el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, tuvo la encomienda de Televisa de gestionar la adquisición de cableras en el país para aumentar la presencia de la televisora en la televisión de paga. No sabemos si la anunciada adquisición del 51% de Cablecom fue producto de los esfuerzos de la compañía Evercore Partners, de Aspe, pero era claro que el conglomerado de Emilio Azcárraga contaba con al menos 500 millones de dólares para su expansión en cable y telecomunicaciones. Esta operación es superior a ese monto, por lo que quizás sea la última compra de Televisa en el año en este sector, en caso de que le sea autorizada.
Lo grave del asunto es que Televisa acumula más infraestructuras y mercados. Con la suma de los suscriptores de Cablecom, la compañía supera el 64% del mercado de la televisión de paga. Como afirma el economista y consultor Francisco Vidal, esta adquisición se explica por el estancamiento que sufren los ingresos de la televisión abierta y la eventual irrupción de Telmex en el servicio de la televisión de paga. En todo caso, mientras se materializan los beneficios de la reforma de telecomunicaciones en materia de competencia, los monopolios se consolidan en México.
