Las regulaciones de control político a los medios privados; la puesta en vigencia de leyes que, sobre la base de una regulación, son coercitivas; la asignación discrecional de la publicidad oficial; las restricciones en las concesiones de radio y televisión, etc... Los formatos para impulsar, de una u otra manera, los controles a la prensa independiente se extienden por América Latina.
La intensidad depende de la visión que, sobre el ejercicio del periodismo, tengan los gobernantes de turno. Así, se puede palpar que los países cercanos al eje bolivariano (Ecuador, Venezuela, Bolivia o Argentina) son más proclives a una regulación burocrática, judicial y económica a los medios privados, en desmedro de un crecimiento inusitado de los llamados medios públicos y oficialistas.
En otros países, como Perú, Uruguay o Brasil, la opinión pública ha logrado frenar o matizar la promulgación de leyes que tiendan a censurar a medios y periodistas. Esto a pesar de la permanente molestia de presidentes como Ollanta Humala (Perú) por el papel que cumplen los medios en el sistema democrático.
Sin embargo, también hay otras naciones como Colombia, México, España (y Reino Unido, como un caso de referencia) que desde sus sistemas judiciales y legislativos han promovido sendos debates e instrumentos para precautelar la libertad de prensa y alentar los mecanismos de autorregulación a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y de las audiencias.
ARGENTINA. EL TRABAJO DE LA PRENSA EN PERMANENTE REGULACIÓN
En 2009, la administración de la presidenta Cristina Kirchner puso en vigencia una ley de medios audiovisuales cuya constitucionalidad es analizada por la Corte Suprema, tras un pronunciamiento en segunda instancia declaró su inconstitucionalidad parcial. También se aprobó una ley que declara de “interés público” el papel para la prensa y, actualmente, se evalúa la expropiación de la única fábrica local de ese insumo, controlada por los dos principales diarios.
Ante la amenaza de una supuesta expropiación, los gobernadores de Córdoba y de Buenos Aires dictaron decretos de alcance local para impedir la intervención o expropiación de medios de cualquier índole y por cualquier autoridad. La relación laboral de los periodistas con las empresas de medios tiene una ley que data de 1946, con pocas modificaciones. Esa norma no incluye la cláusula de conciencia para periodistas, a fin de bregar por la calidad y la ética en la profesión.
A pesar de que se presentaron muchos proyectos, no existe en Argentina una ley de acceso a la información pública, lo que dificulta el ejercicio periodístico ante la constante negativa del gobierno a brindar datos sobre el manejo de las cuentas del Estado.
Tampoco está regulada la distribución del dinero invertido por el Estado en publicidad oficial, fondos que se han utilizado para premiar y castigar a los medios en función de su línea editorial, algo que ha sido confirmado por los tribunales en varios fallos que han instado a no discriminar en ese reparto.
VENEZUELA. OTRA LEY DE MEDIOS EN CAMINO
La ley más polémica que regula la actividad de los medios es la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos del 2004 y reformada en el 2010. Pero hay un proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular que busca regular el funcionamiento de más de mil 200 medios comunitarios y alternativos.
Hace dos años, la oposición votó en contra de este documento que también define factores como la participación de dichos medios en la distribución del espectro radioeléctrico, la asignación de pautas publicitarias por parte de organismos gubernamentales y la creación de un fondo de financiamiento, entre otros temas. Tal como lo establece el proceso de creación de leyes, el proyecto pasó a consulta pública con los sectores involucrados, mediante la coordinación de una comisión de la Asamblea. Luego volverá a la plenaria para desarrollar la segunda discusión, en la que se debatirá el asunto, antes del veto presidencial.
BOLIVIA. CONTROL OFICIAL DE LAS FRECUENCIAS
El presidente boliviano Evo Morales intentará promulgar una ley que regulará el funcionamiento de los medios de comunicación.
Aunque la flamante ministra del sector, Amanda Dávila, anunció que la norma será aprobada con el consenso de los propietarios de medios y periodistas, la medida genera resistencia en amplios sectores periodísticos de ese país andino.
Las principales organizaciones de periodistas expresaron el temor de que la ley de medios —como se le denomina— reemplace a la Ley de Imprenta, vigente en Bolivia desde 1925, y que tras su aprobación se imponga una regulación de contenidos en los medios que sea favorable al proyecto político que lidera Morales.
El Congreso boliviano, dominado por el oficialismo, aprobó ya la Ley de Telecomunicaciones criticada por la oposición y la prensa porque, supuestamente, da al gobierno nacional y a sus grupos cercanos dos tercios del espectro y permite escuchas telefónicas.
Según los críticos de esta ley, en la práctica el presidente Morales controlaría hasta un 66 % del espectro radioeléctrico por su relación con las organizaciones indígenas y sociales, con el riesgo de que los medios privados sean desplazados y pierdan sus licencias.
MÉXICO. EN 1998 SE TERMINÓ LA ‘INTIMIDACIÓN SUBREPTICIA’
El gobierno federal (nacional) mexicano tradicionalmente ha estado involucrado en los procesos y actividades de los medios de comunicación, aunque esta injerencia ha disminuido de cierta forma en la medida en que ese país ha realizado una transición a una democracia más abierta que antes.
Así lo señala un informe de Robert McKenzie sobre los mecanismos de regulación de medios en ese país, EU, Francia y Ghana (visitar la página web: www.juridicas.unam.mx).
El gobierno federal, por ejemplo, otorga licencias a todas las estaciones de radio y televisión. Los periódicos, otros medios impresos e internet no están regulados.
Durante una hora, cada domingo, todos los transmisores de radio deben prestar sus frecuencias para que se difunda el programa la ‘Hora nacional’. Se trata de un espacio en el que se transmite información gubernamental.
Por otro lado, a los periódicos se les garantizó la ausencia de regulación gubernamental en dos artículos: el sexto y el séptimo de la Constitución política, que garantizan libertad de prensa y de expresión.
Sin embargo, hasta 1998 hubo una disposición que reguló tanto a los medios de transmisión como a los periódicos: “La intimidación subrepticia”, que en síntesis permitía que las autoridades estatales plantearan demandas a medios y periodistas como una forma de responder a sus críticas, disminuyendo las regulaciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido resoluciones para delimitar el ámbito público y privado, en cuanto a libertad de expresión y también sobre derecho de réplica.
En años anteriores, se dieron algunos intentos legislativos por introducir una “ley de medios”, impulsando la creación de algún consejo independiente para regular al sector. Ningún tipo de propuesta ha avanzado y la respuesta ha sido la autorregulación.
URUGUAY. LA CENSURA SE PROHÍBE, PERO...
Dos artículos de la Constitución garantizan la libertad de expresión en el país y prohíben la censura previa, en tanto que dos artículos del Código Penal versan sobre los delitos de difamación e injurias.
La ley señala que “es enteramente libre en toda materia, la expresión y comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones (...) por cualquier medio dentro de los límites consagrados por la Constitución de la República y la ley”.
También expresa que los periodistas tienen el derecho “a ampararse en el secreto profesional”, define el procedimiento ante la Justicia para solicitar un derecho a réplica y no excluye de poder iniciar acciones penales y civiles por los delitos que se considere. Pero este año, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocido como Ley de Medios, con 183 artículos. El gobierno ha hecho hincapié en que no se trata de una ley mordaza y desde la oposición se cuestiona su contenido.
COLOMBIA. APOYO A LA PRENSA DESDE 1991
La libertad de prensa y la actividad periodística están protegidas por la Constitución que proscribe la censura y defiende el secreto profesional, sin menoscabo de las responsabilidades penales y civiles.
Desde 1991, varios fallos de la Corte Constitucional han defendido esos derechos y también han permitido que los afectados por las publicaciones periodísticas hagan valer los suyos. En los años 90 esta Corte eliminó el requisito de tener una tarjeta profesional para poder ejercer el periodismo.
Pero hay jueces que al querer interpretar la jurisprudencia han proferido fallos para prohibir a los medios volver a mencionar a una empresa porque consideran vulnerados sus derechos.
PERÚ. CRÍTICAS A LA PRENSA QUE INQUIETAN
Los ataques del presidente Ollanta Humala a la prensa preocupan al escritor Álvaro Vargas Llosa, quien advirtió que la bancada oficialista podría impulsar un proyecto de ‘ley mordaza’.
En las últimas semanas, el presidente Humala se ha referido en términos despectivos a los periodistas, a quienes llama “gallinazos”. Además, criticó el contenido de los noticieros de televisión afirmando que sólo incluyen violencia y se olvidan de promover los valores y las actividades del gobierno.
En días pasados, el mandatario solicitó a la prensa que dedicara 15 minutos a brindar noticias positivas.
BRASIL. NO SE PREVÉ UNA LEY HASTA 2014
El Partido de los Trabajadores, de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, informó que no está prevista la sanción de una ley que regule a los medios de comunicación en el actual gobierno, cuya gestión concluye el 31 de diciembre de 2014. La agrupación oficialista había promovido un marco para promover la participación de los medios públicos y limitar los oligopolios.
ESPAÑA. UNA LEY QUE RECOMIENDA A LOS MEDIOS AUTORREGULARSE
Dos leyes tratan los contenidos de la televisión: la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la Ley de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aprobada el 6 de junio. No existe ninguna que regule los contenidos de la prensa y la radio. La legislación también alude al artículo 20 de la Constitución española, que garantiza la libertad de información y sin censura al igual que los derechos fundamentales de las personas. El punto más polémico de la normativa del 6 de junio es la creación de un órgano audiovisual estatal que vigile su cumplimiento. Se establecen sanciones económicas y la judicialización de los casos. No obstante, recomienda la autorregulación de los medios.
La comisión, a la que se han adherido 40 medios de comunicación, atiende quejas relacionadas con la vulneración de derechos en radio, prensa, televisión e internet. Con ello, se intenta evitar la judicialización del periodismo, agilizar las quejas de los denunciantes y librar de impunidad a los medios de comunicación e informadores que incumplen el código deontológico de los periodistas establecido en 1993 por el Consejo de Europa.
Hay una tercera ley que regula a la Radio y Televisión públicas (RTVE), en cuyo aspecto más polémico prevé el nombramiento de su director por parte de la mayoría absoluta del Congreso
REINO UNIDO. UN ENTE VOLUNTARIO
El escándalo de las escuchas del periódico News of the World, que provocó su cierre en 2011, alentó a los políticos a regular la prensa.
El primer ministro David Cameron calificó de “error” la idea de crear una ley reguladora.
El acuerdo prevé un organismo supervisor de la legalidad y la ética en los medios. Será independiente y los medios podrán adherirse voluntariamente. El ente solicitaría rectificaciones.
