Derivado de la propuesta incluida en la reforma a las telecomunicaciones sobre la instalación de una red dorsal de fibra óptica y de comunicaciones inalámbricas en la banda de 700 MHz, Televisa, Telefónica y Nextel coincidieron en la preocupación de que una empresa estatal compita directamente con ellos, aunque celebraron la construcción de infraestructura prevista en la ley.

Miguel Calderón, vicepresidente de Regulación en Telefónica, respaldó el esfuerzo del gobierno por incrementar la infraestructura y ponerla a disposición de la población; sin embargo, destacó su preocupación respecto del esquema a través del cual el gobierno administraría la red de fibra óptica a cargo de Telecom-Telégrafos, tales como las condiciones de regulación de la nueva compañía estatal. 

"En un país como México, no podemos aplicar inversión pública en sectores donde se puede generar la inversión privada. Los recursos públicos deben estar presente sólo donde no se dan las condiciones para que los privados lleguen. Poner a competir la inversión pública y privada es un esquema que ha probado un gran fracaso", señaló el directivo de la empresa ibérica.

Asimismo, Alejandro Hernández, director General de Negocios de Telecomunicaciones de Televisa, coincidió en que gobierno podría afectar la competencia en zonas donde ya existe la inversión privada, por lo que se deben crear los mecanismos necesarios para proteger la competencia en condiciones igualitarias, y que un posible operador estatal no tenga condiciones o beneficios especiales.

Señalaron que la inversión pública debería limitarse sólo a las zonas rurales o remotas donde no se dan las condiciones para la existencia de operadores privados. Si bien reconocieron la utilidad que tendrían esquemas de inversión público-privados, pero deben ser complementarios y no competir de manera directa.

Asimismo, en el caso de la red propuesta en la reforma de telecomunicaciones relacionada a la banda de 700 Mhz, indicaron su preocupación de que el gobierno pudiera entrar directamente a participar en el mercado de telecomunicaciones móviles, debido a las condiciones especiales que podría tener un operador estatal, para lo cual se requeriría de una nueva regulación en cuanto al mercado y a la operación propia de operadores estatales.

Antonio Garza, vicepresidente jurídico de Nextel, consideró que el riesgo es que con costos más bajos, compita contra empresas que tienen costos fijos hundidos, tales como el pago de derechos que genera la tenencia del espectro. Por ejemplo, cuestionó que no se ha definido si la entidad pública pagará derechos por el espectro; "si no los paga, quienes usen el espectro tendrán menores costos a diferencia de las empresas operadoras que han adquirido el espectro, lo que puede generar un campo de competencia desleal".

Por su parte, Calderón reiteró que si bien Telefónica no se opone a la construcción de una red mayorista, no coincide en que se opere a través de los 90 MHz disponibles en la banda, ya que para el Estado sería suficiente operar con 30 MHz y se podrían licitar otros dos bloques de igual capacidad para la entrada de nuevos operadores.

El gobierno podría participar mediante una red mayorista o minorista para zonas donde no hay cobertura, pero consideró que se debe tener la certeza sobre dónde existe deficiencia en la provisión de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, explicó que si existe falta de inversión privada fue "por la restricción a la inversión privada y porque faltaba una regulación asimétrica que fomentara la competencia", lo que quedaría solucionado tras la aprobación de la reforma.

"Telefónica no está en contra de una red mayorista o de operadores móviles virtuales, lo preocupante es que la banda de 700 MHz es crítica para el progreso de todas las empresas establecidas en México para poder competir", agregó.

El directivo de Nextel propuso que si no se cumple en el tiempo previsto en la reforma para la instalación de la red, la banda de 700 MHz se licite en beneficio de la sociedad".