En el marco de la formulación de un conjunto de normas que integrarán la nueva ley convergente –un solo cuerpo jurídico, tanto para radiodifusión como para telecomunicaciones–, la cual deberá hacer aplicable la reforma constitucional para el sector promulgada el 11 de junio pasado, uno de los asuntos más importantes es el de la ruta concreta que se dará a los medios con un fin distinto del lucrativo.

Se trata sin duda de uno de los temas de mayor alcance de la reforma, si se considera que ésta, según quedó establecido, pretende asegurar la diversidad en los medios de comunicación del país, un objetivo hasta ahora inalcanzado al no figurar en las prioridades de la agenda de quienes han marcado el rumbo de las políticas del sector.

Otro de los puntos más relevantes de esa nueva base constitucional se encuentra en sus artículos transitorios, donde la reforma liquidó el régimen de concesiones y permisos prevaleciente por más de 50 años, para instaurar otro en el cual sólo exista la figura de concesión, con sus vertientes de uso comercial, público, privado y social –segmento este último que incluye los medios comunitarios e indígenas, objeto de desestímulo por la política estatal y, en el caso de los primeros, de abierto rechazo por la poderosa industria.

Para cumplir con el propósito de contar con esas indispensables presencias mediáticas, objetivo ahora consignado al más alto nivel, la ley convergente habrá de conceptualizar y definir con la propiedad del caso las condiciones particulares para el desarrollo efectivo de cada uno de esos sectores, en favor de una pluralidad sin la cual esa reforma correría el riesgo de verse sensiblemente disminuida e, incluso, inocua.

Los medios públicos se ha desempeñado por largos años entre la incertidumbre, decisiones a veces cortas e inapropiadas pero que en ambos casos frenaron su desarrollo

En tal orden de cosas, uno de los sectores en cuyas condiciones jurídicas cabe esperar un cambio sustantivo es justamente el de los medios que dependen del Ejecutivo, es decir, los llamados “medios públicos” (aunque propiamente son gubernamentales). Son múltiples los aspectos por analizar y los problemas por resolver con respecto a este ámbito, desatendido por décadas.

Y es que, como es sabido, por largos años dicho sector, adscrito al ámbito de los medios “permisionados”  –y que el artículo 13 de la vieja Ley Federal de Radio y Televisión de 1960  define como “oficiales”–, se ha visto sujeto a la subordinación política (hoy expresada, por ejemplo, en haber sido puestos bajo la jurisdicción del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, OPMA, creado durante el gobierno pasado y dependiente de la Secretaría de Gobernación), cuando no a los recortes presupuestales y, sobre todo, al escaso impulso a su proyecto por la propia política estatal.

A contracorriente de los favores políticos concedidos a los grandes medios electrónicos, el sector de los llamados “medios públicos” se ha desempeñado por largos años entre la incertidumbre, cuando no entre decisiones a veces cortas, otras inapropiadas pero que en ambos casos frenaron su desarrollo.

Son muchos los puntos en este tema donde serán necesarias grandes definiciones. Una muy importante, desde luego, será el de las opciones de financiamiento que habrán de ponerse al alcance de estos medios y entre las cuales puede estar la de obtener ingresos vía la publicidad (algo que no es nuevo, por cierto, para algunos de ellos, que han contado con concesión). El tránsito de “permisionario” a “concesionario” que conlleva la reforma tendrá que ser resuelto convenientemente en la nueva ley respectiva.

Es necesario un proyecto de alcance para la modernización tecnológica de estos medios y su plena incorporación a los nuevos escenarios digitales

Una problemática consecuente de lo anterior remite al subsidio gubernamental, hasta hoy la forma de sostenimiento fundamental de estos medios. Es ése un punto difícil de resolver, por un lado, a partir de que ese sector no conlleva en su naturaleza y propósito la “venta de tiempo” en aras de un fin lucrativo y, por otro, de ser ésa la vía que se tome, previsiblemente puede ser rechazada  por la industria, que enarbolará su conocido discurso de la “competencia desleal”.

Está también el asunto del organismo público descentralizado “con autonomía técnica, de decisión y gestión”, creado por la reforma constitucional para conseguir objetivos que, al menos en la intención de la misma, busca hacer algún contrapeso a los contenidos que proyectan los medios con mayor presencia en el país: se establece, por ejemplo, que los concesionarios de “uso público” habrán de promover la integración nacional, la formación cultural y cívica, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz sobre el acontecer nacional, y dar espacio a “la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”. A lo anterior se agrega la necesidad de un proyecto de alcance para la modernización tecnológica de estos medios y su plena incorporación a los nuevos escenarios digitales.

No son pocos, pues, los retos que se tendrán que afrontar en la etapa que ya está en curso.  ¿Alcanzará la voluntad política para llevarlos adelante?