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Bajar la cortina, subir la nueva

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Reforma – Jorge Fernando Negrete P.

A finales de 2019 tomé la decisión de suspender mi reconocimiento a la reforma de telecomunicaciones y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. La razón es sencilla: ya pasó, cumplió la mayor parte de mis expectativas, superó muchas y me quedó a deber en otras.

La reforma y el trabajo de los comisionados cumplieron con la agenda regulatoria más robusta de su momento en esta parte del continente. Espléndido trabajo colectivo. Por última ocasión habló de sus beneficios. La reforma creó un impecable, poderoso y autónomo regulador digital, ahora parte del Estado Mexicano, generó la entrada de un nuevo operador (AT&T), y de operadores móviles virtuales, las tarifas fijas y móviles más bajas de América Latina, los anchos de banda y la velocidad más rápida fija y móvil de la región. Se eliminó el roaming nacional y, por efecto de la competencia, el internacional con Norteamérica, Centroamérica y algunos países de Sudamérica. La calidad del servicio mejoró y todos los indicadores de protección al consumidor mejoraron de forma relevante.

México ha inspirado 6 proyectos legislativos que se debaten en Congresos de América Latina. Lidera junto con Brasil la liberación de espectro radioeléctrico más amplia en la región. Tenemos el mejor sistema de información del sector que conozco.

Ahora bien, no podemos estar aplaudiendo ad perpetuam. Es injusto para la agenda no cumplida y una forma de autocomplacencia insistir en éxitos que se transforman en efímeros y comienzan a ser superados por otros países, incluso más pequeños que México.

Por ejemplo, Costa Rica comienza a ser consistente con las tarifas móviles más bajas incluso que México. En 12 años hemos pasado escasamente de 89 a 94 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, superando sólo a Cuba y Haití; Argentina tiene 146/100.

El alabo institucional en primera persona ofende cuando tenemos millones de mexicanos por conectar en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y varios estados más del País. Tenemos pendientes la cobertura y la convergencia. ¿Falta competencia? Sí, pero convergente. Ya son 12 años de detenerla y quienes la pidieron no terminan de madurar sus negocios ni volverlos relevantes para el país ni para ellos mismos.

La semana pasada, el presidente Lopez Obrador dijo sobre la Red Dorsal que “se suspendió la licitación porque desde la reforma de telecomunicaciones no se contempló, o no se ha resuelto el problema que nos interesa, el de la conectividad ” (cobertura). Así o más claro.

A sus ojos, la reforma neoliberal telecom generó competencia, pero no cobertura. La regulación sobre preponderancia actúa en contra del país. Por eso difiero de los analistas que sostienen que la preponderancia atribuida a América Móvil se terminará en 15 años. Frívolos sus comentarios y sin fundamento. Necesitamos 30 años para ello. No hay forma de salir de esa condición, misma que algunos de estos consultores promovieron. Esta regulación transforma en inválidos a los deportistas de alto rendimiento. Al destruir los incentivos y castigar la inversión en áreas rurales, se restringe la inversión del preponderante y al acceder a los insumos e infraestructura del mismo, los competidores restringen inversión y todos se concentran en competir en un mercado que no crece, se transforma en competencia que defino como estática. Todos compiten en la misma infraestructura, por los mismos usuarios; todos buscan eficiencias en un mismo mercado. Nadie busca nuevos clientes.

Ahí está el veneno: se destruye la innovación, se erosiona el sistema competitivo y la cobertura. El derecho fundamental de acceso a Internet no será cumplido porque la regulación va en contra de garantizar esos derechos.

Al no tener estímulos para crecer, invertir y no ser convergentes, transformamos a nuestros poderosos operadores globales en mediocres y pusilánimes cabilderos regulatorios; y subrogamos la obligación de conectar a los desconectados, a figuras exóticas como La Red Compartida y la Red Troncal, producto de la falta de confianza en los grandes operadores y la capacidad del regulador para estimular y promover la inversión.

No hay cobertura universal sin operadores telecom y eso parece comprenderlo el actual presidente. El ridículo presupuesto de 622 millones de pesos para Internet para todos no alcanzará para nadie, y la única solución será la inversión de los operadores.

Ellos son titulares de la concesión de un servicio público de telecomunicaciones que tutela la protección y garantía de acceso a un derecho fundamental como los de Internet y servicios de telecomunicaciones.

El IFT cuenta con la regulación y sus decisiones estratégicas ¿una pendiente?: la declaratoria de competencia efectiva. Es momento de bajar la cortina del pasado y subir la nueva, que tiene una irremediable cara social y de justicia digital.

@jfnegretep

Miembro del Consejo Consultivo del IFT

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Se atora fusión Fox-Disney

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La Razón – Roberto García Rdequena

El órgano regulador brasileño, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), no ha logrado un acuerdo para la fusión entre los dos gigantes del entretenimiento, Fox y Disney.

Ya se escucharon las posturas de varios jugadores en el mercado de Brasil, como lo son Telefónica, Net, Claro, operadores de TV restringida, y de TV abierta. Evidentemente todos en contra.

Los abogados y directivos de Disney no han logrado convencer al regulador de los beneficios de dicha fusión. Al parecer, el CADE podría aprobarla, pero condicionada a que Fox desinvierta algunos canales, particularmente deportivos. La fecha límite para decidir es el 17 de marzo, aunque no se descarta una prórroga.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia si aprobó la compra, sujeta a que 22 señales deportivas propiedad de Fox fueran vendidas a un tercer jugador.

En México, el tema lo tendrá que dictaminar pronto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Comentaba la semana pasada que es un asunto de lo más relevante por la alta concentración y control que esta fusión puede representar en el mercado de contenido audiovisual, y su consecuente impacto en las plataformas de distribución de dicho contenido, como lo es la TV abierta y restringida.

Señalaba que, en el mercado mexicano, en el ámbito deportivo, los suscriptores de TV de paga obtienen 73.4 por ciento de sus canales deportivos por medio de las señales propiedad de Disney (36.5 por ciento) y Fox (36.9 por ciento), según datos de The Competitive Intelligence Unit.

Esto hace que la empresa resultante de la fusión, de ser el caso, tenga un excesivo poder de negociación para la venta de sus señales, y se comporte de manera poco competitiva. De elevar los precios, el costo se trasladaría al consumidor final, a los millones de televidentes que pagamos por un sistema de TV restringida.

Esta situación, evidentemente, le pega más a los sectores de la población con capacidades socioeconómicas más bajas. Los más pobres que cuenten con señal de TV de paga serán los más afectados.

Por ello, el análisis y resolución que haga el IFT en el caso mexicano, en caso de aprobarse la fusión, tendrá que ser muy cuidadoso para establecer condiciones tales que no se afecte el entorno de competencia en el mercado.


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El dilema de Georgina en el IFT

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Fue en marzo de 2011 cuando entrevisté para la revista Fortuna a Eduardo Pérez Motta, entonces comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia. En aquella conversación, Pérez ­Motta, quien impulsó reformas trascendentales para luchar contra la fuerza de mercado que tenía (y tiene) Telmex, la compañía más rentable del mundo, “me dijo entonces” una frase que fue clave para entender el espíritu del organismo antimonopolios así como el de las regulaciones dirigidas a vigilar por la competencia: “Que gane el consumidor, no el gobierno”. Ése era el espíritu de la CFC en la que también colaboró la funcionaria Georgina Kary Santiago Gatica, graduada y con maestría en Economía por el Colegio de México, con más de 10 años de trabajo y experiencia en la Comisión Federal de Competencia.

Otro funcionario que compartió esta máxima con Santiago y Pérez Motta fue Eduardo Estrada, exdirector de Estudios Económicos de la comisión antimonopolios. Así era: “Que gane el consumidor, no el gobierno”, y mucho menos un gigante como la fusión Disney-Fox que en los principales países de América Latina está cimbrando las estructuras del deporte y los nexos corporativos que sostienen los eventos en vivo a los que millones de consumidores pueden asistir o presenciar mediante la televisión abierta.

Ahora, Georgina Santiago Gatica, al frente de la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debe recordar otra de sus frases favoritas: “El control de concentraciones ofrece a las autoridades intervenir en nombre de la sociedad para sopesar ese derecho”. Santiago, un ejemplo de las políticas de género y meritocracia que la han llevado a ocupar una posición de gran responsabilidad, tiene frente a sí una oportunidad de oro para demostrar que está por encima de cualquier conflicto de interés; que defenderá, en cambio, el interés de los consumidores sobre el económico de un gigante que buscará acaparar el mercado de eventos deportivos para obtener mayores dividendos y ampliar su presencia aun a costa de los consumidores.

En Brasil, la fusión Disney-Fox no tiene acuerdo porque, precisamente, hay mucha presión de los consumidores y de la industria local. En Estados Unidos se les condicionó vendiendo sus participaciones en redes deportivas.

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#SCJN…

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Excélsior – Alicia Salgado

La histórica declaratoria de inconstitucionalidad de aplicación general que resolvió ayer la Corte sobre el artículo 298, Apartado B, Fracción IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, además de ser la primera emitida tras la reforma a la Ley de Amparo del 2011, abre el camino para que la cauda de jurisprudencias emitidas pueda irse transformando en justicia general y, no tengan los ciudadanos que recurrir a la demanda de amparo para ser beneficiarios de dicha jurisprudencia.

También le flexibiliza al IFT, cuyo pleno preside Gabriel Contreras, la ponderación de las sanciones que impone, para que estas sean de acuerdo con la gravedad de los incumplimientos. Esta declaratoria les aplicaba sólo a 5 concesionarios: Televisión Azteca, Televisión Internacional (hoy Izzi-Cablevisión), BestCable (Televisa), Pegaso PSC (Telefónica) y Megacable, y supone la eliminación de la obligación de multar con un mínimo del 1% de los ingresos de las empresas por asuntos no necesariamente graves.

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