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Telmex quiso vender 31 millones de líneas y AT&T fue un potencial comprador: STRM

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El Economista – Nicolás Lucas

Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato que defiende a unos 60,000 telefonistas de todo el país, busca por distintas maneras echar atrás la separación funcional de Telmex. En 2018 interpuso una demanda de amparo de carácter laboral contra este proceso ordenado por el regulador IFT; también presentó una agenda digital con una visión de conectividad y cobertura social del STRM que empata con la de AMLO y el 11 de enero de este año consiguió establecer una mesa intersecretarial para convencer al nuevo gobierno porqué debe frenarse esa acción, y ahora quiere reunirse con López Obrador para idear un mejor futuro para Telmex y sus trabajadores.

Hernández Juárez despacha en una oficina que mira al Jardín del Arte de esta capital y dentro, varias figuras del Quijote –él no es fan del personaje, pero se las han regalado–, en distintas poses escuchan que confía más en el gobierno que recién empieza, al de Enrique Peña Nieto, pues el expresidente dos veces en persona prometió ayuda a los telefonistas pero nunca cumplió, relata el líder sindical. Por eso ahora ha preparado una propuesta de iniciativa legislativa que, de ser necesario, presentará en el Congreso para reformular el Artículo 28 constitucional y con ello intentar echar atrás la separación funcional por otra vía.

El histórico secretario del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana nunca está en la CDMX los martes, jueves y viernes. Aquellos días sale al resto del país a conocer y tratar de dar solución a las demandas de las diversas secciones que componen esta agrupación sindical y a presentar también el informe sobre en qué va el asunto de la separación funcional y las propuestas de cómo resolver los enormes pasivos de Telmex, pues la nómina de los jubilados ya pesa más que la de los que están en activo y entonces ha logrado que 3,000 agremiados, que sensibles a la situación financiera de la telefónica, opten por una redefinición de su estatus laboral.

–Francisco, esta semana se divulgó un documento con el que ustedes formalizan esa intención conocida a finales de 2018, al respecto de que van con una modificación al artículo 28 constitucional con lo que, a mediano plazo, podría definirse a Telmex como agente con poder sustancial de mercado y así evitar la separación funcional. ¿Es así?

–Para nosotros es vital encontrar una solución distinta a la que está planteando el IFT. De ninguna manera estamos tratando de vulnerar su autonomía; eso no nos corresponde y el gobierno y el Congreso decidirán el futuro de los órganos autónomos. Lo que nosotros decimos es que la regulación que el IFT ha planteado va en la dirección del gobierno anterior y contra los trabajadores; se basó en una reforma con dedicatoria contra Teléfonos de México y con el argumento de promover la competencia, mejorar tarifas, servicios y cobertura, pero básicamente ninguna de esas propuestas se cumplió del todo:

Por ejemplo, en larga distancia, las tarifas bajaron por decreto, no fue producto de que se hubiera propiciado la competencia y las tarifas de otros servicios ya venían bajando consistentemente, producto de que las tecnologías ya maduraron y son menos caras. Es decir, que al menos allí, no fue resultado de la reforma constitucional. Y por el contrario, detuvo la inversión y literalmente detuvo el crecimiento de Telmex y no sólo eso, sino que mucho de lo que además presumían de buenos resultados, fue a costa de Teléfonos de México.

Pienso que en el IFT van actuando políticamente, porque sus consideraciones no tienen nada que ver con el desarrollo de las comunicaciones. Y luego, van con una nueva multa…

–Entonces esto quiere decir que ahora ustedes van actuar políticamente, presentando esta iniciativa, buscando al presidente; aunque todo esto, como ha dicho el regulador, tiene que ver con un tema de competencia económica.

–Buscamos el mejor camino, la mesa de comunicación con el nuevo gobierno se instaló el 11 de enero. Estuvo la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde; la subsecretaria de Comunicaciones, Salma Jalife; el subsecretario Zoe Robledo; Lázaro Cárdenas Battel y los directores de Telmex y nosotros.  

Creo que el gobierno entiende cuál es la situación legal. Queremos decir que esto no puede continuar adelante y queremos hablar con IFT y que en función de su autonomía hay que resolver este problema, porque el proyecto está detenido. De manera que si la negociación dura un año, estará un año detenido el proyecto de separación funcional. El problema no es quién tiene el tamaño, sino quién tiene la responsabilidad de ir a toda la población, a todos los mexicanos para darles todos esos servicios ¿es sólo Telmex? Eso me parece que es lo importante, la cobertura la inversión, la conectividad.

Si el gobierno nos dice que la política pública requerirá de un nuevo andamiaje jurídico, entonces nosotros presentaremos la iniciativa. Pero la verdad es que preferimos tener un acuerdo primero. No queremos llegar hasta allá.

–El proceso de separación funcional lleva un buen camino andado y se supone que este es un año clave. Suponiendo que ustedes no ganen este recurso legal en los tribunales y tengan que traspasar trabajadores a la mayorista, ¿están preparados para eso y pasar de la noche a la mañana esos 14,000 telefonistas? ¿Están siendo previsores?

—No hemos pasado ni un solo trabajador. ¿Qué perdamos? Podría ocurrir, pero preferirnos arriesgarnos a eso, a aceptar algo que nos imponga condiciones precarias. No vamos a renunciar a ese recurso –el amparo–, que además la ley nos permite. Nosotros logramos que se metiera en la reforma un transitorio sobre la garantía de los derechos de los trabajadores (…) Telmex también intentó prevenirse, porque sabía lo que venía con la preponderancia.

–¿A qué se refiere con que Telmex también se previno y no lo dejaron?

–La empresa ya sabía que la ley saldría y cómo venía. También nosotros. Y al Congreso le pedimos que consideraran nuestros puntos de vista, pues si alguien sabe de comunicaciones somos nosotros, los telefonistas. Pero salió como ellos la quisieron elaborar.

Entonces, ellos –la directiva de Telmex– armaron un paquete para reducir el tamaño de la empresa. Iban a vender usuarios, un paquete de 25 millones de líneas móviles, cuatro millones de líneas fijas y dos millones de banda ancha, más elementos de fibra. Ese paquete de 31 millones de líneas lo iba a comprar AT&T con el mismo dinero que AT&T había recibido por la sociedad que tenía con Telmex, pero que ya no siguió y me imagino que cuando se separaron, AT&T tuvo recursos para comprar ese paquete de 31 millones de líneas y así Telmex reduciría su tamaño a 45% del mercado y AT&T entraba como nuevo competidor, era una manera de hacer competencia, pero el gobierno no lo dejó. Los detalles están en otra historia, pero el gran pretexto del gobierno fue que AT&T aún era socia de Telmex, cuando no era verdad.

Todos siempre han querido la fibra óptica de Telmex. Lo que la empresa dijo también en ese entonces, que separaba la planta externa y la rentaba, pero lo dijeron que no, por aquello de la apertura del bucle, a favor de los competidores y gratuito o casi. Ahora la atacan con el tema de la libertad tarifaria.

–Al respecto, hay quien dice en el sector que los contratos que firme Telmex con entidades de gran alcance, como por ejemplo el gobierno de la CDMX, deben ser verificados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que Telmex no tiene libertad tarifaria. ¿Qué opinan usted y los abogados del sindicato?

–Hay que aclarar que una buena parte de los contratos ya se los habían quitado a Telmex y si alguien investiga, lo podrá demostrar. También es cierto que no hubo muchas ofertas y que Telmex nunca le ha sacado a la competencia, pero que sí ha tenido que pasar por situaciones muy difíciles, como cuando una empresa de Televisa ganó un contrato, más caro que la oferta de Telmex, pero como no estaba en capacidad de prestar el servicio, Telmex tuvo que seguir prestando el mismo hasta que la otra lo estuvo.

Este fue un contrato que se basó en la normativa y verificado, porque la regulación mide por líneas, tráfico, no por contrato. Cuando Telmex las gana por las buenas, ahora tratan de voltear la situación.

–La situación de Telmex apuntaba a ser menos sufrida con la eliminación de la tarifa cero a partir de este año, pero parece que con la nueva megamulta de más de 2,543 millones de pesos, la empresa estará nuevamente con presiones financieras, ¿o no es así?

—La empresa está en números rojos y no tiene dinero suficiente; ustedes lo han documentado. Y si hablamos de los mandatos, la Separación Funcional, que confiamos no se va a dar, no es gratuita; cuesta y si el IFT pone esa presión, pone más riesgo a la operación de la empresa con esa multa.

Telmex había sido acusado por unos competidores en que no había cumplido con una entrega de servicios, pero eso ocurrió cuando estaba Cofetel y con parámetros técnicos incumplibles. El mismo Mony de Swaan, que no era nuestro amigo, reconoció y archivó el asunto. Ahora, IFT hace esto y por eso pensamos que actúa políticamente, pues al existir medidas asimétricas, esto ya no es efectivo.

–Si hubiera un escenario en que los modelos laborales y financieros garantizaran una separación funcional viable y suave, ¿ustedes aceptarían la separación funcional o de plano mantienen una posición de rotundo no?

—En principio no, porque no hay ningún modelo que haya funcionado y ahí está Openreach. Cualquier cosa que nos presenten hacia dirección, estaría siendo una invitación a emular un fracaso. Está claro que no es ese camino. Asiáticos y europeos han dado pasos por la vía de la integración y acceso a todos los servicios, y el ejemplo más cerca es Estados Unidos. A los ingleses les está yendo mal porque han ido por otra vía.

Tenemos historias diferentes. Hay asimetrías. Tenemos 30,000 trabajadores en activo y 30,000 jubilados. El problema es grave, por eso queremos un funcionario que nos entienda y no uno que después se convierta en director de una empresa, como ya ha ocurrido.

No me he reunido con el presidente, pero debo reconocer que sí con su gente y hemos recibido el mensaje de que existe voluntad, siento que tiene esa voluntad el presidente y nosotros de colaborar y de recibir un mensaje que diga vamos a fomentar inversión, aumentar la conectividad, la cobertura y más. Y del IFT esperamos que siga esta nueva política con otros lineamientos y sobre esa base vamos a promover el desarrollo de las comunicaciones.

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Alemania planea cambios en ley de telecomunicaciones con controles de seguridad más estrictos para proveedores

Elizabeth Salazar

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El ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, anunció una propuesta para realizar cambios en la ley de telecomunicaciones. Los proveedores extranjeros tendrían que pasar por un proceso de certificación de seguridad si desean operar en el mercado alemán, informó Reuters.

El objetivo de ello es controlar las tecnologías de Huawei en lugar de excluirla del mercado alemán 5G.

Seehofer también comentó que los proveedores extranjeros deberán firmar un acuerdo de no espionaje para poder participar.

En esta misma línea de no exclusión, la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que era necesario hablar con el gobierno chino para que “Huawei se limite a entregar los datos al Estado”, antes de que pueda participar en futuros contratos 5G en Alemania.

Deutsche Telekom dijo recientemente que la exclusión de Huawei de los contratos 5G tendría un impacto negativo en el despliegue, en el país y en toda Europa, retrasando la implementación de 5G al menos dos años.

Si los gobiernos europeos prohíben a Huawei y obligan a los operadores a retirar equipos del proveedor chino, la industria de las telecomunicaciones tendría un gran impacto financiero, según el informe.

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Morgan Stanley baja la calificación de Cisco por desaceleración en la seguridad de redes

Jorge Bravo

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Morgan Stanley bajó la calificación de las acciones de Cisco al peso de la sobreponderación, por una desaceleración en el crecimiento en el negocio de seguridad de redes.

James Faucette, analista de la firma, argumentó que “aunque Cisco está ejecutando siempre la seguridad, es poco probable que el ritmo actual compense la desaceleración en el ciclo de hardware tradicional”, por lo que es buen momento para alejarse.

Originalmente, la firma recomendó a Cisco como una empresa con posibilidad de crecimiento “a medida que los clientes implementan infraestructuras de TI de próxima generación”. Pero encuestas recientes sugieren que el flujo para las ventas de seguridad de Cisco entre los revendedores se está estancando, aseguró Faucette.

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Anatel aprueba aumento de capital de Claro Brasil

Itzel Carreño

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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, dio una anuencia previa al Grupo Claro (que incluye Embratel, Claro y NET) a aumentar su capital 7.1 millones de reales. Con la aprobación, el capital social de la empresa pasa de 17.31 mil millones de reales a 17.38 mil millones de reales.

Después de la operación, ocurrirá una pequeña variación en las participaciones societarias; sin embargo, no se altera el control societario o el poder de mando en la empresa.

La participación de ClaroPar en el capital votante de la compañía pasará del actual 83.21 por ciento al 83.25 por ciento, y en el capital total pasará del 45.46 por ciento al 45.53 por ciento.

Claro informa que las participaciones, después de los aumentos del capital social, son estimaciones basadas en el valor patrimonial por acción de la empresa, conforme a lo registrado el 30 de abril de 2018.

El consejero de la agencia, Moisés Moreira, señaló que el aumento del capital social suscrito solicitado por Claro en 7.1 millones corresponde, en términos porcentuales, a aproximadamente 0.04 por ciento de incremento, y se encuentra previsto la legislación brasileña.

Desde el punto de vista competitivo, Moreira informa que el área técnica de la agencia concluyó que la operación no afectaría al ambiente de competición, porque se verificó que en el proceso “no habrá concentración económica en los mercados de servicios de telecomunicaciones”, ni limita la competencia entre las empresas.

La anuencia previa válida por 180 días, contado a partir del 14 de febrero de 2019, es prorrogable, a pedido, una sola vez por igual período, si se mantienen las mismas condiciones societarias.

La compañía tiene 60 días para encaminar a la agencia las copias autenticadas de los actos practicados para la realización de la operación.

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