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TELECOM

Las ‘telecos’ pelean por el mayor contrato público de la historia de España

Mediatelecom

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El Economista – Antonio Lorenzo

Los principales operadores españoles de telecomunicaciones afinan estos días sus propuestas para conquistar -en todo o en parte- el mayor contrato público de la historia. Se trata de la licitación de los servicios de telefonía móvil, red corporativa de multiservicios, acceso a Internet y comunicaciones internacionales de la Administración General del Estado entre el 1 de marzo de 2020 y el 10 de septiembre de 2023. Eso incluye más de 5.000 edificios y 30.000 líneas.

El presupuesto de licitación asciende a 289 millones de euros, aunque el valor estimado total de los contratos, incluidas las modificaciones sobre el presupuesto de licitación y las posibles prórrogas alcanzará los 378,11 millones de euros.

Ante la magnitud de la convocatoria, la más alta de cuantas se han producido hasta la fecha referido a telecomunicaciones, los candidatos disponen ahora de apenas 10 días para mejorar en lo posibles sus respectivas propuestas. El plazo límite de presentación de ofertas concluye el próximo jueves, 24 de enero, a las 14,00 horas.

Antes de esa hora, los representantes de Telefónica, Orange y Vodafone (MásMóvil no prevé acudir) habrán presentado sus ofertas a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, situado en la sede de la madrileña calle de Alcalá, en su número 9. También podría esperarse el concurso de algún operador especializado en cualquiera de los cuantos lotes.

Al contrario de lo que sucedía en anteriores convocatorias, el entonces Gobierno del Partido Popular decidió contratar “una red corporativa única y común”, cuya primera fase comenzó en septiembre de 2015 con una duración de cuatro años. En ese año, Telefónica se adjudicó los tres primeros lotes mientras que el cuarto lo obtuvo British Telecom (BT).

En busca de eficiencias

Esas concesiones tocan ahora a su fin y el ejecutivo socialista toma el relevo en una segunda fase. Para ello, han acreditado que la compra por separado de los servicios de telecomunicaciones producía ineficiencias, tanto técnicas como de gestión y económicas, como explica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a través de la memoria justificativa del expediente de contratación de servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas.

La segunda fase del contrato incorpora a los anteriores ministerios otros departamentos y entidades públicas (como las Confederaciones Hidrográficas) con la intención de que el operador adjudicatario pueda prestar sus servicios desde el 1 de marzo de 2020.

Las mismas fuentes precisan que el objeto del contrato consiste en “la prestación de los servicios de comunicaciones (voz y datos, fijos y móviles) e Internet, en el territorio español y fuera de él, necesarios para dotar a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades pública de una comunicación de calidad para todas sus ubicaciones y todos sus empleados, partiendo de la situación actual y con el objetivo de la convergencia de las redes existentes actuales”.

Del mismo concurso se excluyen los servicios de telecomunicaciones de organismos públicos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, así como el Ministerio de Defensa, Interior y la Policía Nacional y Guardia Civil, dado el relevante importe de los mismos.

Según ha podido saber elEconomista, el resultado del concurso se conocerá el próximo junio, para que los adjudicatarios dispongan de cerca de nueve meses para preparar sus despliegues en cada uno de los organismos públicos. Cualquier otro plazo inferior supondría un perjuicio para los operadores que en la primera Fase del concurso se quedaron fuera de las adjudicaciones.

Algunos de las compañías consultadas esperan que la Administración pondere el valor de cada uno de los lotes, para que el adjudicatario del primer lote (el más importante de los cuatro) no tire los precios del resto de las licitaciones. Ese asunto podría ser motivo de reclamación en el caso de que algún licitador se vea excluido.

Los técnicos del Gobierno han elaborado el presupuesto base de la licitación tomando como referencia los precios de mercado, tras consultar las tarifas publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El departamento que dirige la ministra Meritxell Batet exige que los licitadores tengan un volumen anual de negocios (referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles) superior a los 40,1 millones de euros en servicios de red corporativa multiservicios de datos y telefonía fija, así como de 7,3 millones de euros en comunicaciones móviles; más de 5,4 millones en servicios de acceso a Internet y más de 14,8 millones en servicios de red internacional.

Puesto que el valor de todos los lotes supera los cinco millones de euros, los operadores adjudicatarios tendrán que detallar la identificación de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato en el caso de que su negocio atribuido supere el 30% del importe de cada lote.

Según se apunta en la memoria justificativa a la contratación de servicios de telecos, el 71% de los criterios serán evaluables mediante fórmulas, de los que el 51% corresponderá al precio ofertado en cada uno de los cuatro y entre el 20% y el 28% restante a otras consideraciones. Asimismo, entre el 21% y el 29% de los criterios atenderán a asuntos como organización global, medios materiales y humanos, ciclo de vida del servicio, planes de calidad, de seguridad, de formación y catálogo de soluciones técnicas.

Entre otras consideraciones, como las ambientales (que obligan al reciclado de los productos empleados), el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez también vela por la igualdad de género y la conciliación familiar. En concreto, según la referida memoria, la administración introducirá condiciones especiales con el objetivo de eliminar “las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración, favorecer la formación en el lugar de trabajo”.

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Ericsson y VMware se asociaron por 5 años para implementar redes virtualizadas

Dinorah Navarro

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Ericsson y VMware se asociaron por 5 años para ayudar a los proveedores de servicio para implementar redes virtualizadas.

Los dos proveedores han colaborado desde 2012, la alianza incluye colaboración técnica y pruebas de interoperabilidad en la red virtual, soluciones de facturación y cobro, automatización y orquestación con la plataforma vCloud NFV de VMware.

Ambas compañías han invertido en un laboratorio de certificación, en el cual se probará y verificará la interoperabilidad de los servicios de red NFV de Ericsson y la plataforma VMware vCloud NFV.

Ericsson y Vmware dicen que tienen más de 50 proveedores de servicios que ejecutan redes móviles de producción con Ericsson NFV en la plataforma vCloud NFV.

Vodafone Group es uno de ellos y ha trabajado en conjunto con Ericsson y VMware durante varios años, implementando las funciones de red virtual de Ericsson, el controlador de políticas IMS junto con otras funciones de red virtual de Ericsson en la plataforma VMware vCloudNFV.

En 2017, durante el Mobile World Congress, VMware lanzó su vCloud NFV 2.0, que incluía vCloud Director, un conjunto de herramientas de análisis vRealize y la distribución OpenStack de VMware conocida como VMware Integrated OpenStack (VIO), además la compañía agregó SD-WAN a su plataforma de virtualización de telecomunicaciones.

La plataforma de telecomunicaciones NFV de Ericsson también opera aplicaciones en contenedores y aplicaciones e infraestructura nativas de la nube.

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Sutel analizará la venta de activos de Telefónica a Millicom

Itzel Carreño

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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de Costa Rica anunció que iniciará el análisis técnico para definir si la venta de las operaciones de Telefónica en el país a la empresa Millicom International Celular (Tigo) cumple con lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones.

“Como reguladores del mercado de las Telecomunicaciones, tenemos la obligación de velar por el interés del usuario y garantizar la continuidad del servicio a los clientes de Movistar”, explicó Gilbert Camacho, presidente del Consejo de Sutel.

La Ley General de Telecomunicaciones 8642 establece en el artículo 20:  

Las concesiones pueden ser cedidas con la autorización previa del Poder Ejecutivo.

Al Consejo (Sutel) le corresponde recomendar al Poder Ejecutivo si la cesión procede o no.

Para aprobar la cesión se deberán constatar como mínimo los siguientes requisitos:

  • Que el cesionario reúne los mismos requisitos del cedente.
  • Que el cesionario se compromete a cumplir las mismas obligaciones adquiridas por el cedente.
  • Que el cedente haya explotado la concesión por al menos dos años y haya cumplido las obligaciones y demás condiciones fijadas para tal efecto en el contrato de concesión.
  • Que la cesión no afecte la competencia efectiva en el mercado. Autorizada la cesión, deberá suscribirse el respectivo contrato con el nuevo concesionario.

La semana anterior, Millicom International Cellular, que opera bajo la marca Tigo, anunció la compra de activos de telefonía móvil de la española Telefónica en Panamá, Costa Rica y Nicaragua por mil 650 millones de dólares.

En Costa Rica, Movistar cuenta actualmente 2.4 millones de suscriptores, que representan una cuarta parte del mercado celular.  

La red 4G cubre 85 por ciento de la población.

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TELECOM

Jefe de Vodafone dice EEUU debe compartir cualquier evidencia sobre Huawei con Europa

Mediatelecom

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Reuters – Paul Sandl

Estados Unidos debe compartir cualquier prueba sobre Huawei con las autoridades europeas para que puedan tener una opinión común sobre el uso de la tecnología del grupo chino en sus redes, dijo el lunes el jefe de Vodafone. 

Huawei está bajo un intenso escrutinio después que Estados Unidos planteó a sus aliados que no usaran su tecnología debido a temores de que pudiera ser un vehículo para las operaciones chinas de espionaje. 

La compañía es la mayor proveedora de equipos de red móvil del mundo, por delante de la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia. 

Nick Read, presidente ejecutivo de Vodafone, segundo operador de telefonía móvil del mundo, dijo a periodistas en Barcelona el lunes que reducir de tres a dos el número de proveedores de redes dañaría a la industria y el crecimiento económico. 

“Necesitamos tener una revisión de riesgo basada en hechos”, dijo Read. 

“Las personas están diciendo cosas en este momento que no están fundamentadas. No estoy diciendo que ese sea el caso de Estados Unidos porque no me he encontrado con ellos directamente, así que no he visto las pruebas que tienen, pero claramente deben presentarlas a los organismos adecuados en toda Europa”, señaló. 

Vodafone dijo el mes pasado que frenaría el despliegue de equipos de Huawei en sus redes centrales en Europa hasta que no hubiera claridad entre los gobiernos respecto a los riesgos. 

Read dijo que no era sencillo excluir a Huawei de las futuras redes 5G porque los equipos de la compañía ya están usando redes 4G en Europa, en lo que sería base de la nueva tecnología.

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