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El PAN y su obtusa iniciativa

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El Universal – Irene Levy

El pasado 13 de diciembre, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, presentó una iniciativa con la que busca adicionar un capítulo de “Sanciones en Materia de Seguridad y Justicia” a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) para atacar la problemática de las llamadas telefónicas de extorsión que se realizan desde centros penitenciarios.

Sin duda este asunto merece atención por parte de las autoridades, pues se estima que tan sólo de siete penales en distintas regiones del país se realizan anualmente 3.7 millones de llamadas desde celulares. Sin embargo, la iniciativa del diputado Preciado afronta la problemática desde una perspectiva que, por decir lo menos, se encuentra mal enfocada, pues parte de falsas premisas y, en caso de avanzar, podría generar consecuencias negativas en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones móviles y, lo peor de todo, con nulo impacto en la atención del fin que persigue, le explico por qué.

El artículo 190, fracción VIII de la LFTR, así como el marco jurídico que se ha desarrollado al respecto desde hace más de seis años, es claro: la obligación de los proveedores de servicios de telecomunicaciones es de colaboración con las autoridades, pero de ninguna forma, como supone la iniciativa, es obligación de los proveedores bloquear las señales de los centros de readaptación y establecimientos penitenciarios, no se entiende de dónde saca esa lectura Preciado. De hecho, el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que son las instituciones de seguridad pública (federales, estatales y municipales) las que deben garantizar que los centros de readaptación social y establecimientos penitenciarios cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular dentro del perímetro de dichos centros, mientras que, por ejemplo, el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social prohíbe expresamente a su personal, internos y visitantes, introducir teléfonos o cualquier otro instrumento de intercomunicación a dichos centros. Pero la iniciativa confunde las obligaciones de las autoridades con las de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y les traslada responsabilidades que corresponden claramente a instituciones públicas.

Actualmente, el incumplimiento de la obligación de colaboración en esta materia puede generar sanciones para los proveedores de servicios de telecomunicaciones de entre 1.1% y 4% de sus ingresos; sin embargo, el diputado Preciado considera que la razón por la que se siguen dando estas llamadas de extorsión es que no existe “coercitividad real” para que los proveedores de servicios cumplan con la supuesta obligación de bloqueo de las señales y entonces propone establecer la revocación de la concesión o autorización correspondiente ante el incumplimiento. Esto es no entender nada. ¿Realmente cree Preciado que la amenaza de revocación de concesiones acabará con este problema?

La extorsión telefónica desde los centros penitenciarios representa un grave problema en materia de seguridad, pero esta iniciativa no ataca las causas ni está dirigida a los sujetos adecuados. La realidad es que los concesionarios han intentado trabajar conjuntamente con las autoridades para resolver este problema que tiene raíces mucho más complejas de lo que parece entender el diputado Preciado. Existe una enorme red de corrupción y colusión entre autoridades y delincuentes que se requiere atacar de fondo y que no se resuelve cerrando los ductos, perdón, revocando concesiones. Ojalá nuestros legisladores se informaran mejor antes de proponer estos textos que solo exhiben su ignorancia sobre ciertos temas que son técnicos y complejos y en nada ayudan al país.

En la sobremesa. Finalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones se sumó al Banco de México y a la Cofece, e interpondrá controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 por el recorte a su presupuesto y por las limitaciones impuestas en materia de remuneraciones para sus servidores públicos. Será interesante el análisis que realice la SCJN en cuanto a los alcances de la autonomía constitucional de los órganos como el Instituto en temas presupuestales, esto podría marcar una pauta de interrelación entre el nuevo régimen y los autónomos hacia el futuro.

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Dos favores a Telmex

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La Razón – Roberto Garcia Requena

De acuerdo con un comunicado del sindicato de Teléfonos de México (Telmex), el pasado 11 de enero se instaló una mesa intersecretarial a fin de detener la separación funcional de Telmex, mandatada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hace un par de años.

En dicha mesa están sentados la empresa y los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Tuvieron la gentileza de convidar al IFT, órgano regulador del sector.

Sin meterme al detalle de qué es lo que implica la separación funcional de una empresa, en este caso la resolución fue ordenada por el órgano regulador en la materia, como medida para disminuir el poder de mercado del agente económico preponderante; a la postre Telmex, como proveedor de servicios de telefonía fija.

Lo que es de llamar la atención es que el sindicato anuncie una mesa intersecretarial con estas tres dependencias, cuando ninguna de ellas tiene absolutamente ninguna facultad en el tema. El IFT, como órgano constitucional autónomo, es la única entidad que tiene las atribuciones en materia de telecomunicaciones y competencia en este sector para dictar medidas regulatorias. ¿El IFT no tiene nada que decir al respecto?

Por lo que cualquier decisión que se tome en esa mesa carecerá de toda validez legal. Ya me había referido en esta misma columna respecto al desdén que muestra el gobierno entrante con los órganos autónomos, Pero de ahí a que centralmente quieran empezar a regular es otra historia. Tendrán primero que legislar, desaparecer a los reguladores, y volver a centralizar la toma de decisiones.

Sería un grave retroceso, y significaría regresar al esquema en que las decisiones regulatorias, de carácter técnico, las tome el gobierno con tintes políticos e influenciadas por el poder económico

En otra de Telmex. Como si lo anterior no fuera suficiente para beneficiar a esta empresa, hace unos días el gobierno de la CDMX suscribió un convenio con Telmex que “logrará para 2019 un ahorro total de 307 millones de pesos”, según el comunicado, en dos programas: Ciudad Segura y Ciudad Digital.

Ciudad Segura arrancó en 2010 y en la actualidad cuenta con 15,310 cámaras de video vigilancia. Ciudad Digital, es toda la provisión de conectividad y telefonía para dependencias y espacios públicos de la CDMX.

El asunto es que este convenio se adjudicó directamente. Sin mediar licitación que les diera oportunidad a otros operadores de presentar propuestas posiblemente más competitivas.

Roberto García Requena

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Desmiente IFT cifras de López Obrador

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Excélsior – Maricarmen Cortés

En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador confirmó la suspensión de la red troncal de fibra óptica y aseguró que las bases de la nueva licitación podrían estar listas en febrero, y que incluirán la obligación de ofrecer internet gratuito. Aseguró que, a pesar de la Reforma de Telecomunicaciones, hay un gran retraso porque —dijo— sólo el 25% del territorio nacional tiene conectividad.

El IFT, que preside Gabriel Contreras, aclaró que a nivel internacional, la medida utilizada para medir la conectividad es con base en la población y no al territorio nacional. Al cierre de junio de 2018, la cobertura nacional de telefonía e internet móvil corresponde al 88.4% del total de la población en 3G y a 84.1% en 4G.

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Conectividad, más allá de la fibra óptica de CFE

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Para cerrar la brecha digital, será necesario no sólo contar en tiempo y forma con la licitación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino registrar todas las inversiones prometidas en este sector. Telmex, el agente preponderante en el sector de las telecomunicaciones, tiene —por cierto— un tema pendiente en materia de la comunicación de muchas zonas rurales del país. Ése era uno de los compromisos del título de concesión. Fue, además, en 2016 cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le refrendó a Telmex sus concesiones sociales pues en ese momento más de 3 mil 835 comunidades sólo contaban con la comunicación que les proporcionaba la empresa telefónica de América Móvil.

El presidente López Obrador ha dicho que la conectividad en México es todavía un objetivo a alcanzar y que le preocupa que sólo se encuentren comunicadas las cabeceras municipales en el país. El tema cobra relevancia porque el gobierno federal necesita entregar las transferencias de recursos que forman parte de su programa de subsidios para grupos vulnerables de la población, como adultos mayores, jóvenes y personas con capacidades diferentes. La entrega de efectivo no es una opción y varios bancos ya están en la lista de intermediarios interesados en participar en la distribución de fondos a través de tarjetas y cajeros automáticos. El llamado Banco del Bienestar también contará con una nueva cadena de sucursales con el propósito de apoyar la ejecución de esta política pública. Para ello, evidentemente se necesita conectividad.

En el IFT consideran que si bien los recursos de la red de CFE son importantes (más de 25 mil kilómetros) tampoco resuelven por sí solos el problema de comunicación del país, a pesar de que el 95% de la población ya está comunicado gracias al auge de los dispositivos móviles. La brecha digital también debe ocuparse de retos como el de la conectividad para grupos como las mujeres indígenas o adultos mayores, que recién viven la era de las telecomunicaciones. Sin embargo, la propuesta de López Obrador al referirse a la red de la CFE y a su licitación  es que las compañías beneficiadas por estas concesiones y que estén dispuestas  a invertir en este sector, otorguen internet gratuito en lugares públicos y carreteras. Sería una especie de aportación social para lograr la conectividad hasta el último rincón del país. Ahora, la nueva fecha para acelerar el proceso de licitación de esta red de CFE se ha fijado para febrero próximo.

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