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Cuando los autónomos se defienden

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Excélsior – José Yuste

Los órganos autónomos del Estado mexicano, como el Banco de México (Banxico), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), decidieron irse a controversias constitucionales para defender sus presupuestos y salarios técnicos. En el fondo, los órganos autónomos del gobierno federal están defendiendo su propia autonomía y libertad de operación frente a lo que ha sido una reducción más fuerte de la que ellos mismos ya habían propuesto en su gasto anual, dejándolos en un terreno difícil de ejercer su regulación y autonomía.

Además de la reducción presupuestal, los órganos autónomos también se defienden frente a la baja salarial propuesta por el gobierno de López Obrador, en la que el Presidente redujo en 40% su salario, a fin de llegar a 108 mil pesos mensuales (sin bonos ni incentivos), para exigir que todos los demás funcionarios públicos ganen por debajo de esa cantidad. Y, por ejemplo, en la Cofece no están seguros de que ese salario del Presidente, de 108 mil pesos, pueda mantenerse, pues no existe un marco metodológico o estudio para determinar el salario presidencial y éste podría cambiar de un año para otro por cuestiones políticas.

EN LA CONSTITUCIÓN SÍ VIENE EL SALARIO MAYOR

Frente a la incertidumbre, los órganos autónomos empezaron a meter controversias constitucionales en contra tanto del Decreto de Presupuesto de Egresos 2019 como de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que, de un plumazo, bajó las remuneraciones, incluso técnicas, de los funcionarios en órganos autónomos.

No es que en Banxico, Cofece o IFT quieran salarios para hacerse ricos, pero sí se tiene la necesidad de que un regulador gane lo suficiente para no caer en “secuestros” por parte de los regulados. Este tema del “secuestro” del regulador está más que documentado a nivel internacional… y nacional. O bien sostener sus ingresos para hacer frente a sus compromisos de vida ya contraídos: pago de hipotecas, de servicios médicos, etcétera.

Incluso en la Constitución, en el artículo 127, Fracción III, viene la aclaración de que los puestos técnicos-especializados pueden tener una remuneración mayor, en 50%, a la del Presidente.

CONTROVERSIAS, PERO DISTINTAS ESTRATEGIAS: IFT, BANXICO Y COFECE

Así, ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones decidió meter la controversia, pero contra el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF), porque considera que sí vulnera la función regulatoria del órgano autónomo prevista en el artículo 28 de la Constitución. Y claro que recuerda todo lo que regula: radio, televisión, telecomunicaciones y espectro radioeléctrico.

El IFT, en la misma controversia en contra del PEF, también pelea poder contar con mayores remuneraciones para sus servidores públicos.

De igual manera, el Banco de México ya había metido la controversia constitucional, tanto en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos como contra el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Algo similar sucedió con la Cofece, donde ésta decidió meter la controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.

QUE LOS TÉCNICOS GANEN 29% MÁS QUE EL PRESIDENTE

En total, los órganos autónomos piden que se les restablezcan presupuestos un poco mayores para poder ejercer sus regulaciones con autonomía. Y dentro de ello, también piden que a determinados funcionarios sí se les permita ganar más que el Presidente. Por ejemplo, en el IFT se pide que a 16 servidores públicos, es decir, 1% de la plantilla total, se les permita tener un salario mayor al del presidente López Obrador.

El presidente del IFT tendría un 29% de incremento sobre el Presidente; 26% tendría el resto de los comisionados, y los titulares de unidad 15% más que el Presidente.

En el caso de la Cofece, estamos hablando de que se pidió que 23 funcionarios también pudieran ganar más que el Presidente. Y en un caso similar pidieron un incremento por encima del salario presidencial, en 29%, para la presidenta de la Cofece. Entre los funcionarios que ganarían más que el Presidente se ubicarían los siete comisionados.

En el Banco de México, el aumento al salario sobre lo que gana el Presidente sería de 50%, el tope que permite la Constitución en su artículo 127, Fracción III, para funcionarios capacitados y técnicos.

Los órganos autónomos no piden nada fuera de lugar, sino un presupuesto ajustado y que sus principales funcionarios técnicos puedan ganar lo que les permite la Constitución, que puede llegar a ser 50% más de lo que gana el Presidente. Esto lo tendrá que dirimir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los órganos autónomos consideran que su autonomía de gestión y operación sí está en juego.

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Dos favores a Telmex

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La Razón – Roberto Garcia Requena

De acuerdo con un comunicado del sindicato de Teléfonos de México (Telmex), el pasado 11 de enero se instaló una mesa intersecretarial a fin de detener la separación funcional de Telmex, mandatada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hace un par de años.

En dicha mesa están sentados la empresa y los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Tuvieron la gentileza de convidar al IFT, órgano regulador del sector.

Sin meterme al detalle de qué es lo que implica la separación funcional de una empresa, en este caso la resolución fue ordenada por el órgano regulador en la materia, como medida para disminuir el poder de mercado del agente económico preponderante; a la postre Telmex, como proveedor de servicios de telefonía fija.

Lo que es de llamar la atención es que el sindicato anuncie una mesa intersecretarial con estas tres dependencias, cuando ninguna de ellas tiene absolutamente ninguna facultad en el tema. El IFT, como órgano constitucional autónomo, es la única entidad que tiene las atribuciones en materia de telecomunicaciones y competencia en este sector para dictar medidas regulatorias. ¿El IFT no tiene nada que decir al respecto?

Por lo que cualquier decisión que se tome en esa mesa carecerá de toda validez legal. Ya me había referido en esta misma columna respecto al desdén que muestra el gobierno entrante con los órganos autónomos, Pero de ahí a que centralmente quieran empezar a regular es otra historia. Tendrán primero que legislar, desaparecer a los reguladores, y volver a centralizar la toma de decisiones.

Sería un grave retroceso, y significaría regresar al esquema en que las decisiones regulatorias, de carácter técnico, las tome el gobierno con tintes políticos e influenciadas por el poder económico

En otra de Telmex. Como si lo anterior no fuera suficiente para beneficiar a esta empresa, hace unos días el gobierno de la CDMX suscribió un convenio con Telmex que “logrará para 2019 un ahorro total de 307 millones de pesos”, según el comunicado, en dos programas: Ciudad Segura y Ciudad Digital.

Ciudad Segura arrancó en 2010 y en la actualidad cuenta con 15,310 cámaras de video vigilancia. Ciudad Digital, es toda la provisión de conectividad y telefonía para dependencias y espacios públicos de la CDMX.

El asunto es que este convenio se adjudicó directamente. Sin mediar licitación que les diera oportunidad a otros operadores de presentar propuestas posiblemente más competitivas.

Roberto García Requena

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Desmiente IFT cifras de López Obrador

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Excélsior – Maricarmen Cortés

En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador confirmó la suspensión de la red troncal de fibra óptica y aseguró que las bases de la nueva licitación podrían estar listas en febrero, y que incluirán la obligación de ofrecer internet gratuito. Aseguró que, a pesar de la Reforma de Telecomunicaciones, hay un gran retraso porque —dijo— sólo el 25% del territorio nacional tiene conectividad.

El IFT, que preside Gabriel Contreras, aclaró que a nivel internacional, la medida utilizada para medir la conectividad es con base en la población y no al territorio nacional. Al cierre de junio de 2018, la cobertura nacional de telefonía e internet móvil corresponde al 88.4% del total de la población en 3G y a 84.1% en 4G.

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Conectividad, más allá de la fibra óptica de CFE

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Para cerrar la brecha digital, será necesario no sólo contar en tiempo y forma con la licitación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino registrar todas las inversiones prometidas en este sector. Telmex, el agente preponderante en el sector de las telecomunicaciones, tiene —por cierto— un tema pendiente en materia de la comunicación de muchas zonas rurales del país. Ése era uno de los compromisos del título de concesión. Fue, además, en 2016 cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le refrendó a Telmex sus concesiones sociales pues en ese momento más de 3 mil 835 comunidades sólo contaban con la comunicación que les proporcionaba la empresa telefónica de América Móvil.

El presidente López Obrador ha dicho que la conectividad en México es todavía un objetivo a alcanzar y que le preocupa que sólo se encuentren comunicadas las cabeceras municipales en el país. El tema cobra relevancia porque el gobierno federal necesita entregar las transferencias de recursos que forman parte de su programa de subsidios para grupos vulnerables de la población, como adultos mayores, jóvenes y personas con capacidades diferentes. La entrega de efectivo no es una opción y varios bancos ya están en la lista de intermediarios interesados en participar en la distribución de fondos a través de tarjetas y cajeros automáticos. El llamado Banco del Bienestar también contará con una nueva cadena de sucursales con el propósito de apoyar la ejecución de esta política pública. Para ello, evidentemente se necesita conectividad.

En el IFT consideran que si bien los recursos de la red de CFE son importantes (más de 25 mil kilómetros) tampoco resuelven por sí solos el problema de comunicación del país, a pesar de que el 95% de la población ya está comunicado gracias al auge de los dispositivos móviles. La brecha digital también debe ocuparse de retos como el de la conectividad para grupos como las mujeres indígenas o adultos mayores, que recién viven la era de las telecomunicaciones. Sin embargo, la propuesta de López Obrador al referirse a la red de la CFE y a su licitación  es que las compañías beneficiadas por estas concesiones y que estén dispuestas  a invertir en este sector, otorguen internet gratuito en lugares públicos y carreteras. Sería una especie de aportación social para lograr la conectividad hasta el último rincón del país. Ahora, la nueva fecha para acelerar el proceso de licitación de esta red de CFE se ha fijado para febrero próximo.

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