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TELECOM

Contrato entre Telmex y la CDMX causa choques en la industria telecom

Mediatelecom

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El Economista – Nicolás Lucas

El gobierno de la Ciudad de México refrendó un contrato con Telmex sobre servicios de videovigilancia y tecnologías de la información, que en el corto plazo deberán apoyar en la mejoría de las políticas de seguridad y de protección civil, y dotar además de nuevos accesos de Internet público a los capitalinos.

La firma entre la CDMX y Telmex involucra directamente a los programas “Ciudad Segura” y “Ciudad Digital”; se anunció el 30 de diciembre de 2018, es efectivo desde el primer día de 2019 e implica un ahorro de 307 millones de pesos y nuevos despliegues de conectividad para dependencias de gobierno y 96 plazas públicas de la ciudad.

CDMX presume beneficios para los capitalinos

El programa Ciudad Segura es el que gestiona las videocámaras conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX, mientras que Ciudad Digital dirige la estrategia para hacer eficientes las operaciones de las dependencias del gobierno en su trato con los habitantes.

Según el gobierno de la capital, la renegociación obliga a Telmex a construir redes adicionales de fibra óptica por un valor de 156 millones de pesos; a habilitar entre 2019 y 2020, puntos Wi-Fi en 14,500 de los 15,300 postes donde se encuentran instaladas las cámaras de vigilancia y aumentar de dos a 20 megas de velocidad las conexiones de esas cámaras en temas de seguridad, lo que debiera traducirse en mejoras en las acciones contra la delincuencia desde el C5.

También se prevé la conexión a alta velocidad de los 150 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) y 56 bibliotecas, y mudar el servicio de telefonía tradicional de las dependencias capitalinas a uno sobre IP, como una manera de generar eficiencias de recursos.

Polémica por el proceso de otorgamiento

El contrato del gobierno fue entregado a Telmex por adjudicación directa y eso ha provocado que en el sector haya quien defienda este otorgamiento con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pero también quien demande el uso obligatorio de licitaciones públicas para este tipo de procesos.

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, José Merino, ha afirmado que la renegociación del contrato se respaldó en el artículo 54 de la citada legislación, mientras que el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) opina que el gobierno capitalino debió licitar en concurso público el nuevo contrato, con el fin de mejorar las condiciones y costos económicos para los habitantes de la ciudad, y por ser Teléfonos de México el agente económico preponderante en la industria de telecomunicaciones.

Los contratos originales entre Telmex y el entonces gobierno capitalino datan de los años 2008, 2011, 2012 y 2013, cuando no existía el marco regulatorio vigente y cuando Teléfonos de México no era considerada la empresa preponderante del sector, pues fue hasta marzo de 2014 en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones –el nuevo órgano regulador– le impuso un decálogo general de políticas asimétricas con el fin de generar condiciones de equilibrio en el mercado de telecomunicaciones.

Diferencias de opinión por el acuerdo CDMX-Telmex

El Idet sostiene que al ser Telmex un agente económico regulado de manera asimétrica desde 2014, no goza de libertad tarifaria y por tanto no puede acordar tarifas con entes públicos, como es el caso del gobierno de la Ciudad de México, pues sus tarifas de servicios tienen que ser aprobadas por el regulador IFT y entonces alertó a ese órgano a esclarecer si con esta firma de contrato existe o no una práctica de Telmex para desplazar a sus competidores.

Idet cita que, por ejemplo, el programa de Ciudad Segura reporta dos contratos multianuales de servicios, uno entre 2008 y 2011 por un monto de 459 millones de dólares –según su informe– y otro entre 2013 y 2017 por un total de 4,550 millones de pesos, y que ambos fueron entregados por adjudicación directa a Telmex, de ahí la preocupación de este organismo por la realización de procesos de licitación pública.

“En el Idet creemos que la relevancia de las contrataciones gubernamentales en el sector de telecomunicaciones hace necesario establecer procesos abiertos de licitación, donde las condiciones de competencia sean equilibradas y permitan ofrecer a los gobiernos y, por ende a la sociedad, mejores servicios bajo criterios transparentes y abiertos”.

La agencia Mediatelecom Policy & Law considera que el contrato logrado por la CDMX beneficia a los capitalinos, porque se incrusta en el marco de la expedición de una ley de operación y de innovación digital y porque asegura inversión en infraestructura y crea nuevos puntos de conectividad para los habitantes y las dependencias de gobierno, por tanto, sostiene Jorge Fernando Negrete, director en Mediatelecom, “no hay que confundir las competencias y la regulación del IFT” con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la que se apoyó el gobierno capitalino para firmar este acuerdo.

¿Sólo Telmex podía cumplir las demandas de la CDMX?

Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones del despacho Ouraboros, establece que el gobierno de la Ciudad de México se apegó a la legalidad en la firma del acuerdo con Telmex.

Ramírez cuestiona si Telmex fue el operador de telecomunicaciones que ofreció las mejores garantías para que la autoridad capitalina pueda cumplir con su estrategia de seguridad y prestación de un Internet público para los capitalinos y entonces sea esa la razón de entregar nuevamente el contrato a esta empresa. Así, está en la autoridad local transparentar más este caso para despejarlo de todas dudas.

En el trimestre julio-septiembre de 2018, Telmex invirtió 2,507 millones de pesos en la construcción de redes de datos y transmisión, según los reportes financieros de la compañía a la Bolsa Mexicana de Valores. Esta inversión significó una baja de 79.81% frente al periodo abril-junio del mismo año, cuando invirtió 3,141 millones de pesos.

De acuerdo con datos de las empresas a la BMV, durante el trimestre julio-septiembre de 2018, Axtel invirtió 709 millones de pesos en sus redes y Megacable, 1,443 millones de pesos. Izzi Telecom informó que entre enero y septiembre de 2018 dirigió 111.9 millones de dólares a sus redes, 2,155 millones de pesos al tipo de cambio de este día. Totalplay no reporta a Bolsa.

“Sobre el contrato de Telmex-CDMX hay que distinguir los marcos jurídicos aplicables”, dice Agustín Ramírez, del bufete Ouraboros, y añade:

“Cualquier contrato con el Estado se rige por las leyes de adquisiciones, mientras que al IFT corresponde regular el mercado a través de medidas asimétricas cuando se observan determinadas concentraciones, que no se miden por el número de contratos, sino por cobertura, entre otros aspectos, así que el contrato de la CDMX es legal y si con dicha cobertura se amplía la concentración geográfica de Telmex, entonces el IFT tendrá que medir la concentración y en su caso determinar si impone o no medidas adicionales de preponderancia”.

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AMÉRICA LATINA

Enacom: estas fueron las políticas de conectividad universal más destacadas para Argentina en 2018

Itzel Carreño

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina presentó el Informe de Gestión 2018, en el cual reúne indicadores y resultados de las acciones y políticas realizadas durante el último año en diversas áreas.

Internet para todos, políticas de conectividad

El informe destaca las acciones para lograr un acceso universal a los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), utilizando los Fondos del Servicio Universal.

  • Acceso a servicios de TIC a través de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo).
  • Programa Nacional de Acceso a las TIC para Adultos Mayores (+Simple). En 2018 se entregó un total de 97 mil 440 tabletas y realizó capacitaciones orientadas a la formación de la ciudadanía digital.
  • Despliegue 4G. Actualmente, son más de 20 mil las radiobases instaladas y la penetración del servicio de 4G alcanzó 58 por ciento de la población. En 2018 se incrementó 46 por ciento el consumo de datos móviles respecto de 2017.
  • Banda de 450 MHz. Se atribuyó la banda de 450 MHz para la prestación de servicios de transmisión de datos, acceso a Internet de banda ancha y al servicio de telefonía inalámbrica en áreas rurales.

Pluralidad de voces

Uno de los objetivos de la gestión fue profundizar las políticas tendientes a garantizar la pluralidad de voces, dando apoyo a los medios comunitarios, promoviendo su regularización y facilitando trámites.

  • Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca). En febrero se lanzó la convocatoria para la presentación de proyectos de las líneas 3 gestión de medios; 4 producción de contenidos radiofónicos y 5 producción de contenidos audiovisuales.
  • Regularización de radios FM en todo el país, con nuevos concursos FM y Permisos Precarios y Provisorios (PPP).

Recomendado: 10 iniciativas regulatorias de la CRC para impulsar el sector TIC en Colombia

Productividad y promoción de la competencia

El regulador señala como responsabilidad establecer condiciones regulatorias y económicas propicias tanto para el fortalecimiento de redes existentes como para nuevos despliegues.

  • Migración de bandas de frecuencia. Se canalizaron las bandas de frecuencias de 403 MHz a 450 MHz para alojar los servicios fijos y móviles que deben migrar desde el rango 470 MHz a 512 MHz.
  • No bloqueo de FM en los equipos terminales de telefonía celular.
  • Reglamento General de Interconexión y Acceso.
  • Inspecciones de telefonía móvil y telefonía fija.

Usuarios

  • Procedimiento para el bloqueo de terminales. Se continuó con el procedimiento para el bloqueo de terminales con reporte de robo, hurto o extravío y la identificación de IMEI irregulares.
  • Nominatividad. El 31 de octubre de 2018 venció el plazo para nominar las líneas prepagadas. El proceso buscó registrar todas las líneas prepagadas, asociándose a cada usuario son el objetivo de avanzar sobre el circuito delictivo vinculado a los teléfonos celulares.
  • Medición de Radiaciones No Ionizantes (RNI). Entre enero y noviembre de 2018 se realizaron un millón 80 mil 744 mediciones en 482 localidades.

Políticas de género

Entre los ejes principales se encontró sentar las bases para establecer una agenda de género en el organismo con la finalidad de establecer un marco de referencia para el diseño y la implementación de políticas que fomenten la igualdad de género al interior del ente.

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NEGOCIOS

Cisco advierte riesgos en aumento de aranceles; empresas deberán reducir fondos para I+D

Elizabeth Salazar

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Chuck Robbins, director Ejecutivo de Cisco Systems, advirtió a funcionarios estadounidenses sobre los riesgos en el aumento de los aranceles a los productos chinos. Los costos de las tarifas más altas terminarán siendo absorbidos por las compañías, reduciendo la investigación y el desarrollo, cuando lo que se quiere es liderar la innovación.

Robbins le aseguró a Bloomberg News que representa la opinión de grandes compañías de tecnología además de la suya, como Hewlett Packard, Dell Technologies y Juniper Networks.

Cisco utiliza fabricantes contratados en Asia, principalmente en China, para elaborar sus productos, al igual que muchas más empresas. Eso lo vuelve susceptible a las tarifas estadounidenses al introducir esos productos al mercado local, aumentando los costos.

Hasta este momento, Cisco ha solventado estas tarifas haciendo que su cadena de suministro sea lo más eficiente posible y pasando algunos costos a los clientes.

De no lograrse un acuerdo comercial con China antes del primero de marzo, los aranceles aumentarán 25 por ciento desde el 10 por ciento de los 200 mil millones de dólares en productos chinos, poniendo en riesgo los fondos para I+D.

En 2017, Cisco asignó para I+D en Estados Unidos más de cuatro mil millones de dólares para productos de redes. Juniper destinó 20 por ciento de sus ingresos globales, mientras que Hewlett Packard invirtió 1.5 mil millones de dólares en la misma área.

Las compañías solicitaron a Robert Lighthizer, representante de Comercio, que evite tarifas adicionales a sus productos.

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PRESS

Personas con discapacidad en el Reino Unido utilizan menos servicios de comunicaciones

Margarita Cruz

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De las personas con discapacidad en el Reino Unido, sólo 53 por ciento tiene un teléfono inteligente en su hogar y 67 por ciento utiliza Internet, comparado con 81 por ciento de las personas sin discapacidad que poseen un smartphone y 92 por ciento que utiliza Internet.

De acuerdo con el informe de Acceso e inclusión de la Oficina de las Comunicaciones (Ofcom) con datos de 2018, algunas personas vulnerables han tenido dificultades para pagar servicios de comunicaciones en el último año.

Un 33 por ciento de las personas con enfermedades mentales a largo plazo y 17 por ciento de los jóvenes entre 16 y 24 años de edad, tienen más probabilidades de tener dificultades para pagar estos servicios.

En contraste, las personas mayores tienen menos probabilidades de luchar, con sólo 2 por ciento de los mayores de 75 años que afirman que no han podido pagarlos.

La investigación también reveló que menos de cada una de cada cinco personas mayores de 75 años usa un teléfono inteligente, y más personas en este grupo de edad también usan un teléfono móvil en casa, en lugar de un teléfono fijo.

La Ofcom señala que las personas más vulnerables desde el punto de vista financiero tienen menos probabilidades de tener todos los servicios de comunicaciones principales: telefonía fija y/o móvil, banda ancha y televisión de pago.

De las personas en este grupo que tienen una conexión de banda ancha, una proporción más pequeña que el promedio tiene acceso a banda ancha súper rápida.

Por otro lado, el informe descubrió que en la mayoría de los mercados, al menos una de cada cinco personas ha cambiado su servicio o de proveedor en el último año, y esto se eleva a una de cada cuatro personas que compraron un paquete de teléfono residencial, televisión y paquete de banda ancha.

Personas con discapacidad en el Reino Unido utilizan menos servicios de comunicaciones

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