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Impuestos para el internet

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El Universal – Octavio Islas

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente delgobierno en España, ha impulsado una iniciativa, (la llamada tasa Google), que pretende gravar, en la Unión Europea, en tres actividades concretas a lasgrandes compañías de internet: publicidad, servicios de intermediación y losdatos que se generan a partir de la información proporcionada por los usuarios.

Los grandes jugadores de internet han realizado una costosa campaña de publicidad, además del cabildeo necesario para impedir que prospere tal iniciativa. En sus  argumentos destacan que el proyecto “socavaría” la cooperación internacional y provocaría fuga de inversiones tecnológicas.

Los grandes jugadores de internet y los organismos que han creado para la defensa de sus intereses, mantienen un amplio sistema de privilegios fiscales.

A mediados  de noviembre, el embajador de Estados Unidos en España, Duke Buchan, dio a conocer sus objeciones a la iniciativa de Sánchez, recomendando  retirarla hasta que exista consenso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a los 36 países más  industrializados del mundo. La OCDE presentará sus primeras propuestas en 2019, y las propuestas finales en 2020.

Debemos tener presente que, en materia de asuntos fiscales, la aprobación de los 28 estados de la UE resulta indispensable. 

Algunos gobiernos en la UE (Dinamarca, Chipre, Irlanda y Suecia, por ejemplo) temen posibles represalias de las grandes empresas de internet. Por ello han rechazado la iniciativa del gobierno español.

Esta semana, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) rechazó el impuesto digital propuesto por España. Por tal motivo, los gobiernos de Alemania y Francia han optado por presentar una versión light, limitada a fiscalizar el sector de la publicidad en línea.

La propuesta francoalemana contempla gravar 3% los ingresos de las multinacionales tecnológicas  con una  facturación que supere los 750 millones de euros. 

Los gobiernos de Alemania y Francia desean que su propuesta sea aprobada antes de marzo de 2019, y conseguir que entre en vigor el primero de enero de 2021. Si la OCDE impulsa nuevas disposiciones fiscales, la UE anularía el acuerdo.

Vale la pena tener presente que en México, en octubre, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso una iniciativa de ley con proyecto de decreto para obligar al pago de impuestos a las empresas de servicios digitales. 

La agitada agenda que implicó el cambio de gobierno, inevitablemente relegó el tema, el cual necesariamente debe ser retomado por la nueva administración

Los organismos que representan los intereses de los grandes jugadores de la industria de Internet y las telecomunicaciones objetaron la iniciativa  afirmando que en México el ecosistema digital aún no está consolidado. Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Asociación de Internet.MX, el comercio electrónico creció 28% en el último año. 

Si el comercio electrónico en México pudo registrar tal crecimiento, como destaca la Asociación de Internet.MX, ¿qué impide que los grandes jugadores de internet paguen impuestos, tal como lo hacen, o deberían hacerlo, todos los contribuyentes?  Además, el gravamen podría ser etiquetado para ser destinado al efectivo desarrollo del ecosistema digital “que tanto demanda el país”.

Los grandes jugadores de la industria de  internet, no desean pagar impuestos, ni en la Unión Europea ni en México. Disponen de organismos a su servicio que, en el mejor de los casos, afirman la prioridad de intereses sectoriales sobre el interés nacional. 

Resulta indispensable afirmar también la prioridad de lo político sobre lo económico en el imaginario de la economía digital.

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Se atora fusión Fox-Disney

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La Razón – Roberto García Rdequena

El órgano regulador brasileño, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), no ha logrado un acuerdo para la fusión entre los dos gigantes del entretenimiento, Fox y Disney.

Ya se escucharon las posturas de varios jugadores en el mercado de Brasil, como lo son Telefónica, Net, Claro, operadores de TV restringida, y de TV abierta. Evidentemente todos en contra.

Los abogados y directivos de Disney no han logrado convencer al regulador de los beneficios de dicha fusión. Al parecer, el CADE podría aprobarla, pero condicionada a que Fox desinvierta algunos canales, particularmente deportivos. La fecha límite para decidir es el 17 de marzo, aunque no se descarta una prórroga.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia si aprobó la compra, sujeta a que 22 señales deportivas propiedad de Fox fueran vendidas a un tercer jugador.

En México, el tema lo tendrá que dictaminar pronto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Comentaba la semana pasada que es un asunto de lo más relevante por la alta concentración y control que esta fusión puede representar en el mercado de contenido audiovisual, y su consecuente impacto en las plataformas de distribución de dicho contenido, como lo es la TV abierta y restringida.

Señalaba que, en el mercado mexicano, en el ámbito deportivo, los suscriptores de TV de paga obtienen 73.4 por ciento de sus canales deportivos por medio de las señales propiedad de Disney (36.5 por ciento) y Fox (36.9 por ciento), según datos de The Competitive Intelligence Unit.

Esto hace que la empresa resultante de la fusión, de ser el caso, tenga un excesivo poder de negociación para la venta de sus señales, y se comporte de manera poco competitiva. De elevar los precios, el costo se trasladaría al consumidor final, a los millones de televidentes que pagamos por un sistema de TV restringida.

Esta situación, evidentemente, le pega más a los sectores de la población con capacidades socioeconómicas más bajas. Los más pobres que cuenten con señal de TV de paga serán los más afectados.

Por ello, el análisis y resolución que haga el IFT en el caso mexicano, en caso de aprobarse la fusión, tendrá que ser muy cuidadoso para establecer condiciones tales que no se afecte el entorno de competencia en el mercado.


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El dilema de Georgina en el IFT

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Fue en marzo de 2011 cuando entrevisté para la revista Fortuna a Eduardo Pérez Motta, entonces comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia. En aquella conversación, Pérez ­Motta, quien impulsó reformas trascendentales para luchar contra la fuerza de mercado que tenía (y tiene) Telmex, la compañía más rentable del mundo, “me dijo entonces” una frase que fue clave para entender el espíritu del organismo antimonopolios así como el de las regulaciones dirigidas a vigilar por la competencia: “Que gane el consumidor, no el gobierno”. Ése era el espíritu de la CFC en la que también colaboró la funcionaria Georgina Kary Santiago Gatica, graduada y con maestría en Economía por el Colegio de México, con más de 10 años de trabajo y experiencia en la Comisión Federal de Competencia.

Otro funcionario que compartió esta máxima con Santiago y Pérez Motta fue Eduardo Estrada, exdirector de Estudios Económicos de la comisión antimonopolios. Así era: “Que gane el consumidor, no el gobierno”, y mucho menos un gigante como la fusión Disney-Fox que en los principales países de América Latina está cimbrando las estructuras del deporte y los nexos corporativos que sostienen los eventos en vivo a los que millones de consumidores pueden asistir o presenciar mediante la televisión abierta.

Ahora, Georgina Santiago Gatica, al frente de la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debe recordar otra de sus frases favoritas: “El control de concentraciones ofrece a las autoridades intervenir en nombre de la sociedad para sopesar ese derecho”. Santiago, un ejemplo de las políticas de género y meritocracia que la han llevado a ocupar una posición de gran responsabilidad, tiene frente a sí una oportunidad de oro para demostrar que está por encima de cualquier conflicto de interés; que defenderá, en cambio, el interés de los consumidores sobre el económico de un gigante que buscará acaparar el mercado de eventos deportivos para obtener mayores dividendos y ampliar su presencia aun a costa de los consumidores.

En Brasil, la fusión Disney-Fox no tiene acuerdo porque, precisamente, hay mucha presión de los consumidores y de la industria local. En Estados Unidos se les condicionó vendiendo sus participaciones en redes deportivas.

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#SCJN…

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Excélsior – Alicia Salgado

La histórica declaratoria de inconstitucionalidad de aplicación general que resolvió ayer la Corte sobre el artículo 298, Apartado B, Fracción IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, además de ser la primera emitida tras la reforma a la Ley de Amparo del 2011, abre el camino para que la cauda de jurisprudencias emitidas pueda irse transformando en justicia general y, no tengan los ciudadanos que recurrir a la demanda de amparo para ser beneficiarios de dicha jurisprudencia.

También le flexibiliza al IFT, cuyo pleno preside Gabriel Contreras, la ponderación de las sanciones que impone, para que estas sean de acuerdo con la gravedad de los incumplimientos. Esta declaratoria les aplicaba sólo a 5 concesionarios: Televisión Azteca, Televisión Internacional (hoy Izzi-Cablevisión), BestCable (Televisa), Pegaso PSC (Telefónica) y Megacable, y supone la eliminación de la obligación de multar con un mínimo del 1% de los ingresos de las empresas por asuntos no necesariamente graves.

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