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COLUMNISTAS

Injusticia digital

Jorge Bravo

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El Economista – Jorge Bravo

Este artículo arroja una conclusión tan injusta como demostrable. Es injusta porque, en lo individual, muchos funcionarios públicos del sector de las telecomunicaciones y las TIC hicieron un gran esfuerzo por conectar y digitalizar México. Pero como gobierno, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto no cumplió con las metas de conectividad que se planteó en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Lo anterior debiera ser una enseñanza y advertencia para el nuevo gobierno de López Obrador que, además, enarbola una cuarta transformación (4T). Sin infraestructura de banda ancha esa 4T será o malograda o fracasada.

Al final de la administración peñista los esfuerzos individuales resultan irrelevantes, porque lo que se evalúa es el cumplimiento o no de los objetivos de inclusión digital. Vivimos en la sociedad de la información y en la industria de las telecomunicaciones los datos hablan por sí mismos.

En ese sentido, el sexenio de Peña Nieto no se distingue de sus predecesores, que desde Ernesto Zedillo, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón, tampoco cumplieron sus metas de conectividad.

Al inicio dije que este artículo arroja una conclusión injusta. La reforma en materia de telecomunicaciones, la ley secundaria y la regulación fueron muy ambiciosas y exigieron muchos recursos, esfuerzo y talento de las autoridades encargadas de implementar ese nuevo marco jurídico y diseño institucional.

El incumplimiento de los objetivos y metas plasmados en la propia Constitución desde 2013 tiene el agravante (a diferencia de los sexenios anteriores) de que no sólo le fallaron a la Carta Magna sino que además incumplieron el derecho fundamental de acceso a las TIC y su progresividad.

Aquí están los datos que lo demuestran:

1. Conectividad de los hogares y móvil

Le reforma constitucional planteó que la política de inclusión digital debía conectar, por lo menos, 70% de todos hogares. Según el Segundo informe trimestral estadístico 2018 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta junio de ese año, la penetración nacional de accesos del servicio fijo de internet por cada 100 hogares fue de 52 por ciento. El gobierno quedó a deber, pues el crecimiento en cinco años (del segundo trimestre de 2013 al mismo periodo de 2018) fue de apenas 20.9 por ciento.

Ni siquiera el servicio móvil de acceso a internet alcanzó esa meta constitucional, pues a junio de 2018 la teledensidad de internet móvil fue de 66 por ciento.

El último logro que festejó el diluido gobierno de Peña Nieto fue la firma del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Nuestros socios comerciales tienen una penetración de internet fijo en los hogares de 86 y 100%, respectivamente. Sin duda, nuestra competitividad se ve mermada por un limitado acceso a las TIC, incluida la banda ancha.

2. Internet de alta velocidad para pymes

La política de inclusión digital también previó que 85% de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional contaran con acceso de alta velocidad.

También en este rubro el sexenio falló, a pesar de los esfuerzos descomunales de sus funcionarios. Pero no sólo quedó a deber el gobierno federal, también el regulador, porque la Carta Magna señala que “el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal”.

Según el Anuario estadístico 2018 del IFT, a diciembre de 2017 la penetración de accesos de internet fijo por cada 100 unidades económicas fue de apenas 43 por ciento. A escala nacional existen más de cinco millones de unidades económicas, de las cuales 94% tiene 10 empleados o menos.

3. Internet tan rápido como la media de la OCDE

La reforma estipuló torpemente que las velocidades de descarga estuvieran de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tanto en velocidad de banda ancha fija como móvil, México ocupa la última posición y además está lejos del promedio de los países de la OCDE. En esta otra meta tampoco se cumplió.

En las tres únicas metas mensurables de inclusión digital previstas en el artículo decimocuarto transitorio de la reforma constitucional no se alcanzaron los resultados. Es injusto recalcarlo pero también es objetivo. Pero no es injusto para los funcionarios que tanto se esmeraron pero sin enfocar sus esfuerzos, muchos de ellos incluso desempeñándose transexenalmente, sino para los millones de mexicanos que quedaron excluidos de la oportunidad digital.

Estas tres metas siguen impresas en el texto constitucional y siguen siendo una obligación para la nueva administración y el IFT. Es claro que la 4T elaborará su propia política de inclusión digital y sus muy particulares metas de conectividad y digitalización distintas a las que no cumplió el gobierno saliente. Por la gran importancia económica, política, social y cultural que tiene la conectividad, la cuarta transformación será digital o no será.

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COLUMNISTAS

Un paso atrás en ciberacoso

Mediatelecom

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El Heraldo de México – Gonzalo Rojon

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), después de haber solicitado un presupuesto de 17 mil millones de pesos, solamente le fueron aprobados 12 mil millones. En respuesta a esta significativa reducción, el Instituto realizó algunos ajustes entre los que se encuentran poner fin al levantamiento de 14 encuestas para instrumentos de medición entre las que se encuentra la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares (ENDUTIH).

La ENDUTIH, como su nombre lo indica, recolecta variables sobre la disponibilidad y uso de internettelefonía móvilsmartphonescomputadoras, entre otros en los hogares mexicanos. Adicionalmente, cuenta con un Módulo Sobre Ciberacoso (MOCIBA) el cual busca empezar a entender el problema en el país y poderlo atajar su incidencia a tiempo.

El módulo, a punto de desaparecer, consta de 10 preguntas sobre el conocimiento que tienen las personas sobre el tema y donde se identifica a las personas que han sufrido algún tipo de acosoelectrónico y características de estas situaciones.

Pero, ¿es preocupante que desaparezca el MOCIBA? En la última encuesta realizada, el módulo reportó que 24.5% de los usuarios de internet o celular de 12 años o más han sido víctimas de ciberacoso, de los cuales 52.1% son hombres y 47.9%, mujeres. Entre los grupos de edad considerados por el MOCIBA, los más afectados por el ciberacoso son los jóvenes entre los 12 y 19 años, tal que 26.7% de este segmento sufre estas prácticas, mientras que este indicador asciende a 32.3% para las personas entre 20 y 29 años.

Llama la atención que en el grupo de jóvenes entre 12 y 19 años, las mujeres son las más afectadas, ya que 28.1% de estas ha vivido ciberacoso, mientras que esta proporción es de 25.4% en el caso de los hombres.

En el resto de los grupos de edad, la segmentación de hombres es mayor al de las mujeres.

Sin duda es lamentable que un sector tan importante como el de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones carezca de variables que permitan cuantificar su desarrollo. No obstante, es totalmente inaceptable que un problema de salud pública como el ciberacoso, el cual está creciendo rápidamente y cobra vidas de personas a muy temprana edad, deje de contar con indicadores que permitan desarrollar políticas públicas para tratar de detenerlo.

Pero no todo está perdido, el pasado 14 de febrero, el INEGI introdujo una controversia constitucional ante la SCJN contra el presupuesto de egresos de 2019 y la aplicación de la Ley de Remuneraciones. El Instituto se ha pronunciado en contra de la reducción de su presupuesto sin un análisis sobre sus consecuencias y los tabuladores de remuneraciones para su personal. Todo ello con el objetivo de “salvaguardar la autonomía otorgada” al Instituto y para poder cumplir con su mandato constitucional.

Esperemos que el INEGI resulte victorioso de esta controversia y pueda continuar generando información que sirva de diagnóstico para cerrar la brecha digital, así como para atajar los pocos pero serios problemas que las TIC pueden causar.

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COLUMNISTAS

El fin de las autonomías

Jorge Bravo

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El Economista – Jorge Bravo

Para el gobierno del presidente López Obrador, para un Congreso de mayoría morenista aplastante y para la Cuarta Transformación en general, la autonomía de los reguladores apesta.

La descalificación (al más alto nivel presidencial y parlamentario) contra las instituciones que poseen esa cualidad jurídica, ha sido tanto política como ideológica y moral. López Obrador ha dicho que los organismos autónomos han fallado en el combate a la corrupción. Que sus principales especialistas ganan unos sueldazos y, por lo tanto, son inmorales. Recientemente, dijo que la autonomía es una moda, que pertenece a la era neoliberal (aunque la separación del poder político provenga de la democracia ateniense, la división de poderes se remonte al siglo 18 o la autonomía universitaria tenga 90 años). También acusó a los titulares de esos organismos de tener conflictos de interés con sus regulados.

El trasfondo de esa animadversión es político, pero sobre todo económico: el gobierno federal requiere recursos para sus propios proyectos clientelares y de alguien -de todos, incluidos los organismos autónomos- los tiene que obtener, sin la supervisión que ejercen esas instituciones autónomas.

La autonomía de los reguladores no es nueva, es deseable y no es neoliberal, pero al etiquetarla ideológicamente logra socavarla y desprestigiarla ante la sociedad. El gobierno de AMLO es un enemigo declarado de la autonomía. El primer ataque frontal fue financiero, pues la suficiencia presupuestal es una condición para que los reguladores, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sean autónomos.

Un regulador debe ser autónomo no sólo de los agentes económicos que regula, sino también del gobierno en turno (cuyos fines son políticos) y de otros poderes como el Legislativo, que pueden (y lo hacen todo el tiempo) proponer leyes regresivas.

La autonomía surge porque se reconoce el carácter técnico y especializado de las instituciones para regular los sectores económicos, reducir la discrecionalidad política en la toma de decisiones, resolver las asimetrías en los mercados y/o garantizar los derechos fundamentales.

Sin embargo, los principales ataques a la autonomía del regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión no han provenido del exterior sino de la pasividad interna. López Obrador sólo ha aprovechado las innegables deficiencias de las instituciones para minar su independencia.

Desde antes de la instalación misma del IFT en 2013 su autonomía ya había sido vulnerada. Por ejemplo, sin estudio previo, la reforma constitucional resolvió el destino-secuestro de la banda de 700 MHz, cuando la regulación, supervisión y uso del espectro radioeléctrico es una atribución exclusiva del regulador especializado.

El Congreso, que ha sido hasta ahora el más notable vulnerador de la autonomía del IFT, decidió que la preponderancia sería por sector y no por servicio. Esa deplorable definición que no resiste el más mínimo rigor económico, creó un regulador perezoso que, en lugar de detonar sus facultades investigativas sobre los mercados, impone una autoridad que, paradójicamente, carece de autonomía regulatoria.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluye varias atrocidades contra la autonomía del regulador. Sirvan dos ejemplos. El artículo 131 de la mencionada ley que decía que el operador preponderante no cobraría por el tráfico de los competidores que terminara en su red, es decir, la llamada “tarifa cero” de interconexión.

Ante la pasividad de la mayoría del Pleno del IFT, tuvo que ser el agente económico preponderante en telecomunicaciones (a través del amparo indirecto) y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió la inconstitucionalidad de ese artículo 131, los que le devolvieron la autonomía y la especialización técnica al IFT en la definición de las tarifas de interconexión. Esa misma sentencia de la SCJN vulneró la autonomía del IFT, porque resolvió que los pagos de interconexión desde la entrada en vigor del artículo 131 no serían retroactivos. ¿Por qué decidió algo que no le correspondía?

El otro ejemplo es el artículo noveno transitorio de la ley secundaria, que señala que en tanto exista un agente económico preponderante, las concentraciones no requerirán la autorización del IFT. El legislador vulnerador de la autonomía del IFT le ha secuestrado atribuciones básicas al regulador, como la revisión y aprobación concentraciones.

Hasta la OCDE ha sido más valiente que el Pleno del IFT en señalar y defender las atribuciones e independencia del regulador.

Cuando ese mismo Congreso de la Unión vulneró y derogó algunos de los derechos de las audiencias que previamente había aprobado en 2014, la mayoría del Pleno del IFT -en una de sus decisiones más inopinadas- decidió no interponer una controversia constitucional. Como autoridad tutelar de esos derechos, en lugar de ampliarlos y conceder que la SCJN se pronunciara al respecto, la mayoría de los comisionados optó por darle la espalda a las audiencias.

López Obrador sólo ha venido a abofetear una autonomía del IFT previamente pisoteada por el Congreso y algunos de sus comisionados. Éstos optaron por no confrontarse, por no hacer olas, por dejar pasar, por privilegiar el cálculo político en varios momentos y por no defender su autonomía.

Pero llegó un nuevo gobierno que no cree en esas pamplinas neoliberales y que de un plumazo le arrebató casi 500 millones de pesos al presupuesto del IFT. Con la misma facilidad lo puede borrar del mapa institucional si quisiera… y sí quiere. ¿Quién va a defender a un IFT que no ha querido defenderse a sí mismo?

El Presidente, que en el discurso ataca a los agentes económicos, en realidad los favorece porque es a ellos a los que no les agrada la autonomía del regulador. El Ejecutivo Federal no está enfrentándose a los poderes empresariales sino que los está solapando. Al larvar la autonomía de los reguladores está favoreciendo el clientelismo. Al generalizar está debilitando. Al usar su dedo flamígero para señalar los desaciertos del regulador en lugar de fortalecerlo, está permitiendo que otros le propinen auténticos mazazos. La 4T no cree en, ni necesita de la autonomía de los reguladores. Pero en el caso del IFT la omisión provino de adentro. La 4T sólo espera la oportunidad para aprovecharla.

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COLUMNISTAS

Slim “coquetea” con TV de paga

Mediatelecom

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El Universal – Desbalance

El año pasado, una de las empresas que forma parte del grupo económico de América Móvil de Carlos Slim Helú ingresó una solicitud al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para prestar servicios de televisión restringida. Gabriel Contreras, presidente del regulador, subrayó que no se trata de Telmex, lo que parece lógico ya que el título de concesión de esa empresa le prohíbe ofrecer TV de paga. Sin embargo, Telcel no tiene restricciones, salvo cumplir con la regulación asimétrica, por lo que habrá que esperar a que el IFT informe si autoriza o no la entrada de Slim Helú a ese negocio, lo cual sería una competencia directa a Televisa. Por cierto, como coincidencia, representantes de Televisa entre los que se encuentran Alejandro Bustos Olivares, vicepresidente Jurídico, y Salvi Folch, CEO de Izzi, se reunieron con los comisionados del instituto a inicios de este mes para plantear retos y preocupaciones en el mercado de TV restringida.

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