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Métricas de cobertura de telecomunicaciones

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El Economista – Ernesto Piedras

La generación de información cuantitativa primaria o estadísticas busca en todo campo capturar los hechos estilizados de fenómenos económicos o sociales para la toma de decisiones.

Para ello, es necesario que las estadísticas cumplan principalmente tres atributos: ser metodológicamente robustas, replicables en el tiempo y comparables con indicadores semejantes.

Para dimensionar el acceso a servicios de telecomunicaciones, la métrica empleada por convención internacional es la penetración o teledensidad poblacional. Este coeficiente resulta, de acuerdo con la OCDE, de dividir el número total de accesos o suscripciones a un servicio en específico (e.g. Internet de banda ancha) entre la población de una región o país, multiplicado por 100, para expresar la proporción por cada 100 habitantes.

Pocos sectores como el de las telecomunicaciones dependen tanto de la alineación de estándares internacionales, tecnológicos, de homologación de equipos, de administración de espectro, así como del diagnóstico y dimensionamiento del acceso a servicios.

Las métricas estándar para representar la cobertura y disponibilidad de estos servicios suelen incluir suscripciones o usuarios, tenencia de dispositivos de acceso, ancho de banda internacional disponible, velocidades de carga y descarga o densidad de redes, entre otras. Todas estas variables expresadas como proporción de la población, o bien, de los hogares o de unidades económicas.

Como es identificable, las métricas del capital de infraestructura no son referenciadas a la proporción de la geografía, nacional o estatal, sino a la cobertura de sus servicios o a la extensión lineal de su despliegue.

El Índice de Desarrollo TIC (IDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) incluye un subíndice de acceso que está compuesto exclusivamente por variables expresadas en términos poblacionales o de hogares. De manera similar lo hacen el informe Perspectivas de la Economía Digital (OCDE), El Estado de la Banda Ancha de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible (UIT/UNESCO), así como reportes privados como el Índice de Conectividad Global (GCI, por su sigla en inglés) de Huawei.

En el primero de ellos, el IDT, México registró, en el 2017, una teledensidad móvil de 88.2 líneas por cada 100 habitantes, 45.6% de hogares con computadoras y 47.0% de hogares con Internet. Por su parte, el reporte de la comisión registra 13.3 suscripciones de banda ancha fija por 100 habitantes (en comparación Brasil registra 13.7 y Colombia 12.9) y el GCI, ubica a México en la categoría de adopción intermedia (adopters) de conectividad, con métricas semejantes a las de países como Argentina, Brasil, China, Colombia y España.

Estas métricas son una aproximación fiel de los hechos estilizados que se buscan medir para incidir en ellos. Cabe insistir, ninguno medido en términos del territorio o extensión geográfica.

¿De qué serviría iluminar una red de telecomunicaciones en territorio inhabitado o inhabitable, si 70% de nuestra extensión territorial se encuentra conformada por zonas forestales (bosques, selvas, manglares, desiertos) o acuíferas, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal? ¿Y más aún cuando hay entidades federativas que registran muy limitada población y una amplia dispersión poblacional, como en el caso de Chihuahua?

Sin duda resultaría en un desperdicio de recursos para las empresas invertir en lugares en los que no sea rentable operar. Similarmente, representaría un dispendio, desde la inversión pública, ejercer recursos para el despliegue de infraestructura en zonas en las que no se genere tráfico por el uso de servicios, ni abone a la conectividad poblacional.

Es así como tanto el gobierno como los agentes privados deben sumar acciones y esfuerzos para materializar el objetivo de conectividad universal, sobre la base de información eficiente y fidedigna.

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Se atora fusión Fox-Disney

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La Razón – Roberto García Rdequena

El órgano regulador brasileño, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), no ha logrado un acuerdo para la fusión entre los dos gigantes del entretenimiento, Fox y Disney.

Ya se escucharon las posturas de varios jugadores en el mercado de Brasil, como lo son Telefónica, Net, Claro, operadores de TV restringida, y de TV abierta. Evidentemente todos en contra.

Los abogados y directivos de Disney no han logrado convencer al regulador de los beneficios de dicha fusión. Al parecer, el CADE podría aprobarla, pero condicionada a que Fox desinvierta algunos canales, particularmente deportivos. La fecha límite para decidir es el 17 de marzo, aunque no se descarta una prórroga.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia si aprobó la compra, sujeta a que 22 señales deportivas propiedad de Fox fueran vendidas a un tercer jugador.

En México, el tema lo tendrá que dictaminar pronto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Comentaba la semana pasada que es un asunto de lo más relevante por la alta concentración y control que esta fusión puede representar en el mercado de contenido audiovisual, y su consecuente impacto en las plataformas de distribución de dicho contenido, como lo es la TV abierta y restringida.

Señalaba que, en el mercado mexicano, en el ámbito deportivo, los suscriptores de TV de paga obtienen 73.4 por ciento de sus canales deportivos por medio de las señales propiedad de Disney (36.5 por ciento) y Fox (36.9 por ciento), según datos de The Competitive Intelligence Unit.

Esto hace que la empresa resultante de la fusión, de ser el caso, tenga un excesivo poder de negociación para la venta de sus señales, y se comporte de manera poco competitiva. De elevar los precios, el costo se trasladaría al consumidor final, a los millones de televidentes que pagamos por un sistema de TV restringida.

Esta situación, evidentemente, le pega más a los sectores de la población con capacidades socioeconómicas más bajas. Los más pobres que cuenten con señal de TV de paga serán los más afectados.

Por ello, el análisis y resolución que haga el IFT en el caso mexicano, en caso de aprobarse la fusión, tendrá que ser muy cuidadoso para establecer condiciones tales que no se afecte el entorno de competencia en el mercado.


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El dilema de Georgina en el IFT

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Fue en marzo de 2011 cuando entrevisté para la revista Fortuna a Eduardo Pérez Motta, entonces comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia. En aquella conversación, Pérez ­Motta, quien impulsó reformas trascendentales para luchar contra la fuerza de mercado que tenía (y tiene) Telmex, la compañía más rentable del mundo, “me dijo entonces” una frase que fue clave para entender el espíritu del organismo antimonopolios así como el de las regulaciones dirigidas a vigilar por la competencia: “Que gane el consumidor, no el gobierno”. Ése era el espíritu de la CFC en la que también colaboró la funcionaria Georgina Kary Santiago Gatica, graduada y con maestría en Economía por el Colegio de México, con más de 10 años de trabajo y experiencia en la Comisión Federal de Competencia.

Otro funcionario que compartió esta máxima con Santiago y Pérez Motta fue Eduardo Estrada, exdirector de Estudios Económicos de la comisión antimonopolios. Así era: “Que gane el consumidor, no el gobierno”, y mucho menos un gigante como la fusión Disney-Fox que en los principales países de América Latina está cimbrando las estructuras del deporte y los nexos corporativos que sostienen los eventos en vivo a los que millones de consumidores pueden asistir o presenciar mediante la televisión abierta.

Ahora, Georgina Santiago Gatica, al frente de la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debe recordar otra de sus frases favoritas: “El control de concentraciones ofrece a las autoridades intervenir en nombre de la sociedad para sopesar ese derecho”. Santiago, un ejemplo de las políticas de género y meritocracia que la han llevado a ocupar una posición de gran responsabilidad, tiene frente a sí una oportunidad de oro para demostrar que está por encima de cualquier conflicto de interés; que defenderá, en cambio, el interés de los consumidores sobre el económico de un gigante que buscará acaparar el mercado de eventos deportivos para obtener mayores dividendos y ampliar su presencia aun a costa de los consumidores.

En Brasil, la fusión Disney-Fox no tiene acuerdo porque, precisamente, hay mucha presión de los consumidores y de la industria local. En Estados Unidos se les condicionó vendiendo sus participaciones en redes deportivas.

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#SCJN…

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Excélsior – Alicia Salgado

La histórica declaratoria de inconstitucionalidad de aplicación general que resolvió ayer la Corte sobre el artículo 298, Apartado B, Fracción IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, además de ser la primera emitida tras la reforma a la Ley de Amparo del 2011, abre el camino para que la cauda de jurisprudencias emitidas pueda irse transformando en justicia general y, no tengan los ciudadanos que recurrir a la demanda de amparo para ser beneficiarios de dicha jurisprudencia.

También le flexibiliza al IFT, cuyo pleno preside Gabriel Contreras, la ponderación de las sanciones que impone, para que estas sean de acuerdo con la gravedad de los incumplimientos. Esta declaratoria les aplicaba sólo a 5 concesionarios: Televisión Azteca, Televisión Internacional (hoy Izzi-Cablevisión), BestCable (Televisa), Pegaso PSC (Telefónica) y Megacable, y supone la eliminación de la obligación de multar con un mínimo del 1% de los ingresos de las empresas por asuntos no necesariamente graves.

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