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Las Telecom en el Proyecto Nación

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La Razón – Roberto García Requena

En el Proyecto de Nación 2018 – 2024 del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se propone una nueva visión de país que presenta proyectos en diferentes materias primordiales para la generación de políticas públicas en mejora de las condiciones sociales y económicas del país y “emprender un cambio de rumbo”.

Dicho proyecto se divide en cuatro ejes principales: 1) Desarrollo Social; 2) Política y Gobierno; 3) Educación, Ciencia, Valores y Cultura; y 4) Economía y Desarrollo. Dentro de este último se encuentra el sector de telecomunicaciones para el cual proponen ampliar la cobertura de banda ancha en zonas marginadas a precios razonables, incorporándolas así a las tecnologías de la información y elevando su calidad de vida.

Según la información proporcionada en el Proyecto de Nación, México tiene una cobertura de internet de banda ancha fija de 48 líneas por cada 100 hogares y de 13.3 líneas por cada 100 habitantes. Mientras en los extremos del país se presenta la Ciudad de México con una teledensidad semejante al promedio de países de la OECD (28 líneas por cada 100 habitantes), y en el otro extremo casos como Chiapas con una teledensidad de 3.9 líneas por cada 100 habitantes, similar a países como Bangladesh y Bután.

La propuesta del mandatario es disminuir la brecha de acceso de banda ancha que hay en los estados más marginados, introduciendo la tecnología 3G y 4G por medio de concesiones sociales, para las cuales se pretende hacer un “Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha”. Esto al tiempo de incentivar a los operadores actuales para que amplíen su cobertura de telecomunicaciones a estas regiones, y hagan un uso más eficiente del espectro radioeléctrico en las diferentes bandas de frecuencia.

Si bien son buenas intenciones, me parece que hay dos factores fundamentales que la nueva administración tiene que respetar a efecto de lograr objetivos de mayor cobertura y penetración como los que se propone: 1) el estado de derecho; y 2) la autonomía del órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El estado de derecho para generar seguridad jurídica a las inversiones de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones. Reglas claras, firmes, y de largo plazo es lo que se necesita para que los operadores expanden y crezcan sus redes de servicio.

Y la autonomía del regulador como el órgano técnico especializado que funcione como árbitro en un mercado que todavía se encuentra altamente concentrado. Restarle capacidad al regulador, para que el gobierno central tomé decisiones influenciadas por la coyuntura política, significaría un enorme retroceso.

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Las licitaciones públicas y su impacto en la competencia

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La Silla Rota – Ma. Elena Estavillo

Las adquisiciones de bienes y servicios por parte del gobierno siempre reciben gran atención, principalmente porque involucran un gasto cuantioso de recursos públicos. Por la misma razón deben ser transparentes, objetivas y eficientes.

Precisamente en razón de los objetivos de transparencia, objetividad y eficiencia, es que en los procesos de contratación pública se ha buscado utilizar la licitación como regla general, ya que este mecanismo permite reproducir las condiciones que existirían en un mercado competitivo para que los oferentes se esfuercen para proveer los bienes y servicios con menores precios y mayor calidad.

Licitación

Sin embargo, este resultado sólo es posible cuando existe una competencia genuina donde los competidores actúan de forma independiente y reciben el mismo trato por parte de la autoridad contratante. Para ello, es necesario proteger la competencia durante la licitación mediante reglas que no impidan indebidamente la entrada de competidores, como puede ocurrir cuando se define un plazo muy corto para acreditar los requisitos y presentar propuestas; revisar estrictamente los posibles vínculos entre los interesados en participar; además de vigilar el comportamiento de los licitantes y los resultados obtenidos para detectar cualquier indicio de una colusión.

Generalmente, el objetivo más visible que se persigue en estos procesos es la eficiencia, es decir, lograr el menor costo para el gobierno o, de forma equivalente, obtener los mayores beneficios directos de la contratación, con un presupuesto dado. Para valuar ese fin, la atención se centra en los montos asignados y las cantidades obtenidas, lo que en ocasiones conduce a que se pase por alto que las compras públicas tienen otros impactos que van más allá de los bienes o servicios contratados y del fin concreto que se busca satisfacer en ese momento. Por su magnitud, las adquisiciones gubernamentales pueden incidir en la dinámica de los mercados y en las condiciones generales de competencia.

En algunos casos, la venta de productos y servicios al gobierno requiere cierta especialización y diferenciación que incluso llega a perfilar segmentos separados que pueden configurar mercados por sí mismos. Debido a su especialización, estos mercados se integran con pocos participantes por lo que las condiciones de competencia suelen ser precarias.

Beneficios

Además de buscar un resultado que genere beneficios directos y de corto plazo al Estado es importante asegurar que la contratación no impacte negativamente la eficiencia en los mercados, lo que puede ocurrir cuando se generan barreras para que ciertas empresas puedan competir por las compras gubernamentales, ya sea por introducir requisitos innecesarios a la licitación o por asignar directamente sin acudir a un proceso competitivo. Esto resulta cuanto más delicado, cuando la empresa beneficiada resulta ser el agente económico dominante en el mercado.

Por todas estas consideraciones, preocupa que se siga encontrando razones diversas para evitar la realización de licitaciones en la asignación de contratos de bienes y servicios, o que se hagan procesos apresurados, con restricciones y requisitos que terminan por excluir competidores viables.

En el campo de los servicios de telecomunicaciones se han dado casos recientes que merecen atención, como la licitación del Consejo de la Judicatura Federal en los últimos días del año, sujeta a plazos muy cortos en cada una de las etapas. Otro ejemplo es el contrato otorgado por la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX de forma directa, sin licitación.

En estos casos, como en otros, existen fundamentos y justificaciones particulares que pudieran explicar en abstracto las restricciones que disminuyen la concurrencia o la excepción al principio de licitación pública, pero lamentablemente el razonamiento no considera los posibles efectos de largo plazo en las condiciones de competencia de los mercados que, al final del día, terminarán por empeorar las condiciones ofrecidas al Estado en procesos de adquisición presentes y futuros.

Si se trata de encontrar ahorros y mejores condiciones, es fundamental entender que estos no pueden venir más que del funcionamiento competitivo del mercado, que es el mecanismo que asegura la mejora continua, disminución de costos e innovación de forma dinámica, es decir, a lo largo del tiempo.

Ahorros

Siempre es posible obtener mejoras estáticas en un proceso de negociación particular, digamos, al negociar un contrato que se asignará de forma directa con un solo proveedor, pero cualquier negociador sabe que, si el punto de partida es desfavorable o no se cuenta con otras alternativas, las ganancias posibles estarán acotadas.

Así, cuando el gobierno de la CDMX habla de los ahorros obtenidos al asignar directamente un contrato, podemos entenderlos quizá respecto del contrato anterior o del punto de partida de la negociación, pero sería difícil sustentar un ahorro respecto de lo que hubiera podido ofrecer otro proveedor bajo el principio de competencia y máxima concurrencia en una licitación. En ese campo sólo estaríamos especulando.

En la decisión tampoco se estaría contemplado el ahorro que es posible propiciar de forma dinámica para futuras adquisiciones, impulsando un mercado de compras públicas más competitivo donde concurran libremente otros proveedores que tengan la oportunidad de desarrollar soluciones innovadoras, con menores precios y mayor calidad, destinadas específicamente para las necesidades gubernamentales.

No se trata de colocarnos en una disyuntiva entre los objetivos sustantivos de las entidades públicas y el de proteger la competencia. Este último no es un fin por sí mismo, sino un poderoso instrumento para asegurar que los recursos de la sociedad -públicos y privados-se usen de la mejor forma, generar los productos y servicios que necesitamos a los menores precios y procurar que los beneficios de los mercados se distribuyan de manera justa.

En el mediano y largo plazos, sólo la preservación de la competencia asegura la innovación, eficiencia y mejores precios para el sector público y los ciudadanos.

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COLUMNISTAS

Altán Redes da la bienvenida a nueva red troncal

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Excélsior – Maricarmen Cortés

ALTÁN Redes, que preside Bernardo Sepúlveda, y opera la Red Compartida, aseguró que le da la bienvenida a la Red Troncal que será licitada para incrementar la conectividad en el país, y a cualquier esfuerzo público o privado en el sector de telecomunicaciones que tenga como objetivo cerrar la brecha digital en México.

Añade que la naturaleza y objetivos de la Red Troncal y la Red Compartida son diferentes y no habrá competencia porque la Compartida está enfocada a desplegar un servicio inalámbrico y móvil de telecomunicaciones mientras que la Red Troncal estará enfocada a proporcionar servicio cableado fijo.

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Telefonistas al grito de ¡No Separación Funcional!

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El Heraldo de México – Gonzalo Rojon

Hasta hace unos años, los consumidores mexicanos tenían acceso a servicios de telecomunicaciones a precios, entre los más elevados del mundo.

Resultado de este escenario, en el año 2013 arrancó un proceso de transformación institucional y regulatoria que estableció mecanismos de promoción de competencia. Entre ellas, la aplicación de medidas asimétricas a jugadores que, como lo hizo América Móvil (Telmex/Telcel) en México, han demostrado su capacidad para imponer condiciones de mercado, como altos precios y baja calidad del servicio, en detrimento del bienestar de los consumidores.

Su aplicación ha logrado balancear, escasamente, el terreno competitivo entre los operadores de telecomunicaciones, pero con identificadas ganancias en términos de precios e inversiones.

Sin embargo, la ganancia de unos es pérdida para otros. Esto es especialmente cierto para América Móvil, grupo que vio disminuidos sus ingresos ante su dificultad para cobrar tarifas excesivas y ejecutar estrategias comerciales destinadas a estrangular a sus competidores.

Bajo este contexto, el sexto aplazamiento de la huelga nacional por parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) del pasado 16 de enero constituye una etapa más de una estrategia de amedrentamiento regulatorio por parte del preponderante.

Ello, con el objetivo de retornar a las condiciones de mercado que le permitían disfrutar de niveles de rentabilidad mayores incluso a las de sus propias filiales en el extranjero.

No es la primera vez en que un mecanismo de este tipo se ponen en marcha para ejercer presión sobre las instituciones y la regulación que no le resulta favorable. Además de las ocasiones anteriores en las que la amenaza de paro ha sido convocada, basta recordar también las opiniones iterativas vertidas por telefonistas sobre la consulta pública de separación funcional en 2016 donde, a modo de bots, más de 91 por ciento de las opiniones correspondían a comentarios masivos firmados por trabajadores de este operador.

En su más reciente edición, el emplazamiento a huelga en contra de la separación funcional de la división mayorista de Telmex y Telnor funge como una extensión del plazo para una negociación que se perfila peligrosamente en contra de los intereses de los consumidores mexicanos y de lo dictaminado por el órgano regulador autónomo.

Si bien la comisión de trabajo entre diferentes órganos de gobierno y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana está imposibilitada legalmente a decidir algo contrario a lo estipulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), este ejercicio coercitivo frente al gobierno no puede ser ignorado. Más aún, cualquier ejercicio de diálogo de esta naturaleza debe ser siempre acompañado por la industria en su conjunto, pues su desarrollo futuro es el que está en juego.

Recordemos que, como ya se ha demostrado, la competencia es la clave para incrementar la disponibilidad de servicios y la conectividad, especialmente en la base de la pirámide social.

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