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AMÉRICA LATINA

El debate legal sobre el uso de redes sociales en el ámbito laboral

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La Tercera  – J. Matus y S. Vedoya

Un fallo de la Corte de Apelaciones, que acogió un recurso de funcionarios de Gendarmería, abrió la discusión sobre los límites que deben tener estas herramientas.


¿Hasta qué punto un empleador puede limitar que sus colaboradores utilicen las redes sociales para expresarse sobre asuntos laborales? Esta línea fue abordada la semana pasada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió un recurso presentado por funcionarios de Gendarmería, luego de que la entidad penitenciaria emitiera una circular en que prohibía a sus funcionarios utilizar este tipo de herramientas.

Sin embargo, pese a este pronunciamiento en particular, la pregunta no tiene una respuesta única. Tres académicos de derecho constitucional y uno de comunicaciones entregaron su visión sobre este tema.

Daniel Halpern, profesor de Comunicación Estratégica y Medios Digitales de la Universidad Católica, señaló que “si es que es en horario laboral y el contenido que pueda tener (la publicación) es de alta sensibilidad, porque puede tener un impacto negativo en mi trabajo, puedo poner en riesgo a un tercero, o porque puede tener un efecto negativo. Yo estoy absolutamente a favor de la regulación”.

En la misma línea fue la circular difundida por la institución penitenciaria objetada ante el tribunal de alzada por los uniformados. Este documento establecía que “queda estrictamente prohibido a los funcionarios de Gendarmería, independientemente de la calidad contractual, planta a la que pertenezcan y si se encuentran o no amparados por fuero gremial, utilizar las redes sociales y cualquier otro medio de comunicación con el objeto de insultar, difamar, denostar o menoscabar la dignidad de otros funcionarios o incurrir en actos que importen un daño a la imagen del servicio”.

Esto, de acuerdo al fallo de la Corte de Apelaciones, “no solo violenta el texto expreso de la libertad de expresión reconocida en nuestra Carta Fundamental, sino también, normas de derecho internacional”. Por ello, los jueces determinaron que “debe restablecerse el imperio del derecho y (…) adoptar las medidas tendientes a remediar la afectación que se ha realizado contra la libertad de expresión de los recurrente”.

Respecto al pronunciamiento de la corte, desde Gendarmería informaron que “acatamos las decisiones de tribunales de justicia y esta quedará sin efecto”.

Fallo “extensible”

Para Francisco Leturia, académico de la Facultad de Derecho UC, la resolución del tribunal es extensible “a todas las personas”. Señaló que “todos tienen el mismo derecho al ejercicio de sus libertades constitucionales, y la de expresión es una de ellas. En casos muy especiales y justificados puede haber restricciones, pero deben ser por ley, por mutuo acuerdo, o relativo a equipos (computadores, teléfonos) que les entregue el empleador bajo la condición de un uso determinado”.

En cuanto a dónde estuvo la ilegalidad de la institución penitenciaria en este asunto, Leturia aseguró que “en actuar más allá de sus facultades. Todo el mundo debiera saber que las sanciones y las restricciones a los derechos constitucionales solo pueden ser establecidos por ley y bajo condiciones muy específicas, fundadas, extraordinarias, valoradas por el Congreso. Gendarmería no puede llegar y hacer lo que quiera. ‘Arrancarse con los tarros’, en buen chileno. Tiene que respetar el Estado de derecho. La corte le dice que las buenas intenciones que alega no bastan, si lo que hizo fue ilegal e inconstitucional”.

De igual forma, Daniel Álvarez, profesor del Centro de Estudio en Derecho Informático de la Universidad de Chile, explicó que “por la forma en que la corte resuelve este caso, esto es, señalar que las autoridades de servicios públicos sometidos a regímenes especiales de control, como es el caso de Gendarmería, no pueden limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de sus funcionarios, perfectamente esa regla se podría aplicar a funcionarios de otras instituciones uniformadas y, sin duda, a los empleadores”.

De acuerdo al profesional, no se puede “intentar regular o impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de redes sociales. Con todo, hay que tener presente que la corte señala que la institución no tiene facultades para limitar el ejercicio del derecho, pero eventualmente una autoridad podría regular los efectos del ejercicio del derecho. No puede prohibir la expresión, pero sí podría regular los efectos de la expresión”.

Javier Couso, académico de la Facultad de Derecho de la UDP, aseguró que “los términos en que está redactado el fallo -que por lo demás me parece ajustado a la Constitución-, podría ser extensivo a otras instituciones públicas y privadas; estos son usos de redes sociales privados que funcionarios tenían y no se entiende que sean prohibidos”.

Apuntó a que “el tópico que se discute (en la red social) es relevante. Si son más cosas de carácter profesional, corporativo o sobre condiciones laborales, eso no es algo que pudiera ser censurado o prohibido, pero temas sensibles sobre seguridad nacional no podría discutirse en redes sociales”.

Además, dijo Couso, que “la circular está redactada de manera muy amplia y no justifica bien. Cuando una institución establece una medida que invade un derecho fundamental tiene que ser una medida que se justifique como necesaria para los fines de la institución, como idónea y se justifique a tal modo la urgencia y el valor social de lo que está haciendo, el valor público que pueda por decirlo así compensar el perjuicio que involucra en términos de derechos fundamentales”.

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Avantel no obtuvo prórroga de su tarifa especial de Roaming Automático Nacional

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La República-Johan Chiquiza Nonsoque

Según conoció LR, la operadora de telefonía móvil Avantel no recibirá por parte de la CRC la prórroga bajo la cual podía hacer uso del Roaming Automático Nacional por medio de una tarifa especial.

Actualmente, mediante este sistema es que la operadora puede hacer uso de redes de otras compañías que llegan a territorios en los que ellos no cuentan con cobertura mediante redes propias.

Según lo confirmaron voceros de la compañía, el plazo se venció hoy y desde ahora tendrán que tener la tarifa del mercado, aunque aseguraron que este incremento no se transmitirá a los usuarios en sus facturas.

Los directivos señalaron que trabajarán con la CRC para buscar el beneficio del sector y del mercado.

De acuerdo con expertos del sector, esta prórroga de cinco años y una tarifa subsidiada se da para construir a los operadores redes propias, motivo por el que si se cumple el plazo y no se tiene la infraestructura, la empresa deberá competir con la tarifa del mercado.

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“Vamos a trabajar con la CRC para tener una regulación que fomente la inversión”

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La República-Johan Chiquiza Nonsoque

La resolución 5107 de 2017, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), define que durante los primeros cinco años en los que un operador de telefonía móvil tenga permiso para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, éste tendrá una tarifa máxima diferencial cuando requieran de Roaming Automático Nacional (RAN), es decir, de la utilización de redes de otros operadores para cumplir con los requerimientos de sus usuarios.

Ayer se cumplieron los cinco años desde que se le otorgó dicho permiso con tarifa diferenciada a Avantel, por lo que ya no tendrá los cobros máximos de $11,43 por minuto y $11,87 por Megabyte. Pese a esto, Ignacio Román, presidente de Avantel, manifestó que el alza en el cobro de estos servicios no se verá reflejado en las facturas de los usuarios.

¿Por qué ya no tendrán costos especiales en el uso de RAN y qué tanto incrementarán ahora?
Hay un período de cinco años estipulado por la CRC en el que se aplican ciertas tarifas y este terminó ayer. Para Avantel se duplicaron las tarifas de Roaming Automático Nacional (RAN) tanto en voz como en datos. Llevamos un año trabajando con la CRC y explicando sobre la situación con la que nos íbamos a encontrar.

¿Qué tanto afectará esto a los usuarios?
Nuestra política es intentar no traspasar los costos a nuestros usuarios, porque el mercado es soberano. Vamos a mantener nuestra posición de tener la mejor oferta en el mercado.

¿Invertirán en redes?
Esa es una información confidencial, pero vamos a triplicar la inversión del año pasado. Esta será en más redes de datos, porque nuestra licencia no nos permite desplegar infraestructura para voz.

¿Los costos son iguales para todos los competidores?
Lo que pagan operadores como Avantel y ETB puede ser entre 10% y 40% superior a lo que pagan los operadores virtuales.

¿Por qué?
Hay dos regulaciones para un mismo servicio. Para los virtuales, el precio se basa en los de retail menos 30%; mientras que para los operadores de red, es un precio fijado hace un tiempo. En ese año y medio ha habido muchísima competencia y los precios de retail han bajado al punto de que lo que tiene que pagar un OMV es más bajo que lo que paga un operador de red.

¿Qué medidas piensan tomar al respecto?
Cumpliremos siempre el marco legal independientemente de que estemos trabajando en los comentarios sobre esta distorsión del mercado. Vamos a trabajar con el Gobierno y con la CRC para que haya una regulación que fomente la inversión, la igualdad de oportunidades y la competencia.

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Ebitda acumulado de ETB llegó a $395.000 millones con un margen de 36%

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La República-Gabriel Forero Oliveros

En la jornada de entrega de resultados empresariales ante la Superintendencia Financiera, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, que preside Jorge Castellanos, reportó que sus ingresos del tercer trimestre, periodo que comprende julio-septiembre, crecieron en $15.000 millones, frente al periodo inmediatamente anterior, y llegaron a $385.000 millones.

La compañía comunicó que su Ebitda acumulado anual es de $395.000 millones, con un margen de 36% ” que lo ubica en la parte superior de los registros de la industria. Adicionalmente, ETB mantiene un flujo de caja operativo con saldo positivo de $194.000 millones”.

La utilidad neta de la compañía en el tercer trimestre se ubicó en $24.000 millones. Un resultado que se vio impactado favorablemente debido al crecimiento en número de clientes en dibra a 341.000, “lo que representa un aumento de 17% comparado con los usuarios registrados al cierre de 2017. Complementariamente, los clientes de TV alcanzaron 133.000. En servicios móviles los usuarios pospago llegaron a 225.000, mientras que en prepago se registraron 323.000”, citó la ETB.

Por otro lado, la empresa señaló que el índice de recomendación de los usuarios creció a 14,6$, cuando en 2017 era de 11,5%, por lo que recordó al mercado que su foco es el de mejorar el servicio al cliente.

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