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¿Vocación o Dinero?

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Reforma – Clara Luz Álvarez

Escándalo ha causado la intención de reducir salarios en el sector público, se anuncian crisis, desbandada de funcionarios públicos de las instituciones y hasta que serán susceptibles de recibir “cañonazos” (de dinero). Estar en el servicio público al igual que en la academia, es un asunto de vocación, no de dinero.

Y es que el problema de la desigualdad en México está tan enraizado y las personas buscan preservar su statu quo, que es difícil encontrar un análisis en su justa dimensión y más cuando el Gobierno mexicano ha sido el más generoso de los patrones para los mandos medios y superiores. Por eso propongo un análisis comparativo entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y su homólogo estadounidense la Federal Communication Commission (FCC), con datos duros. Veamos.

El presidente de la FCC gana mensualmente $13,775 dólares que equivalen a 6.49 salarios mínimos de Washington, D.C.; el presidente del IFT percibe -sin contar con otras compensaciones- $203,487 pesos que equivale a 83 salarios mínimos (UMAs) lo que implica que recibe 12 veces más que el de EUA medido en salarios mínimos de cada país. El Chief General Counsel de la FCC gana $13,491 dólares mensuales que equivale a 6.36 salarios mínimos; su homólogo en el IFT, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos percibe $175,828 pesos mensuales que equivale a 71 salarios mínimos, es decir, recibe 11 veces más que su homólogo en términos de salarios mínimos. ¿Por qué tanta diferencia?

Pero, lo más revelador es si se compara lo que gana el presidente de la FCC respecto de un abogado recién egresado (first year lawyer) que entra a un despacho en D.C. que es de $14,000 dólares. ¿Cuál es el incentivo de ser presidente de la FCC si hasta un recién egresado gana más? La vocación por el interés público.

Difícilmente se dirá que en EUA han carecido de una actitud reflexiva y democrática, difícilmente alguien creerá que allá carecen de presiones de los grupos de poder, difícilmente se especulará si los funcionarios de la FCC se corromperán porque su salario “no les alcanza”. Y más porque la FCC es de los reguladores emblemáticos del mundo y el primero en telecomunicaciones. Claro está que para los mexicanos ajustarse a un sueldo menor cuando se creía que son derechos adquiridos y que México seguiría siendo país de élites, es difícil, pero para aquellos inconformes, siempre tendrán la posibilidad de salir del servicio público e irse al privado si lo económico es lo que los define, ya sea por convicción o por necesidad.

Contrastemos con el sector privado en EUA. El CEO de ATT gana mensualmente más de 2 millones de dólares y el General Counsel de ATT gana $504,846 dólares que son montos infinitamente superiores a lo que gana el presidente de la FCC Ajit Pat. ¿Por qué Ajit Pat quiere estar en la FCC en lugar de irse al sector privado? En EUA pertenecer al sector público de ninguna manera es lugar para hacerse rico, ni para vivir con lujos. Por el contrario, el servicio público es una vocación, es una responsabilidad y es un honor porque se sirve a su patria.

Honestidad. La honestidad no está al servicio del dinero. O se es una persona honesta o no se es. Punto. Difiero en extremo con lo expresado por muchos, en cuanto a que si se reducen salarios serán más susceptibles de corromperse. Este argumento sería tanto como etiquetar a las personas de bajos ingresos como corruptas por su situación económica. El sector público mexicano debe transitar hacia el esquema escandinavo para que los que ganan más, ganen menos, y los que ganan menos, ganen más, reduciendo los abismos que hoy existen en nuestro País.

Roku. Una investigación por la probable práctica monopólica vinculada a dispositivos para acceder a contenidos en internet se ha iniciado en el IFT. Todo indica que se refiere a la situación de Roku de la que le comentaba en mi columna de 4.07.18; que puede estar Grupo Televisa bajo la lupa de la investigación porque Roku pudiera ser un competidor disruptivo desplazado; y que fue presentada por un consumidor para hacer efectivos sus derechos en el IFT y en la Comisión Federal de Competencia Económica. Habremos de seguir de cerca este caso que puede ser de trascendencia.

 

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1 Comment

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  1. Julio

    septiembre 12, 2018 at 10:31 am

    Excelente artículo doctora Clara Luz Álvarez. Me agradan muchísimo sus análisis, mismos que siempre realiza con estricta objetividad; Y en este artículo en ciernes, expone la urgente necesidad de bajarle 10 rayitas a los privilegios de la casta divina a la que se han auto subido/trepado la clase política nacional

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AMLO, con Consejo Asesor Empresarial

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Excélsior – José Yuste

La luna de miel con los empresarios empezaba a mermar. Por eso, la creación de un Consejo Asesor Empresarial que junto con el presidente electo, López Obrador, y su jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, analice cómo crecer más, llega en buen momento. No se trata de sustituir al Consejo Coordinador Empresarial, o algún otro organismo gremial, ni mucho menos. Más bien se trata de que empresarios representativos de la sociedad mexicana, con ideas novedosas, puedan aportar ideas y medidas frescas al análisis gubernamental.

OBJETIVO, CRECER 4% O MÁS

Son siete los empresarios que inician este Consejo Asesor Empresarial. López Obrador busca que el Consejo lo ayude a crear políticas y medidas para obtener un mayor crecimiento de la economía mexicana del 4% o más. Sería una iniciativa que surgió de los mismos empresarios, y llega en un momento donde la luna de miel Cuarta Transformación-IP empezaba a tener sus malestares. Sin duda, acercar a estos empresarios representativos con el análisis del gobierno, es una estrategia inteligente de Romo que López Obrador la está sabiendo aprovechar.

PARA REBASAR TEMAS POLÉMICOS

Máxime cuando el entorno empresarial empieza a tener incógnitas sobre el futuro, por decisiones polémicas, como la de cancelar el aeropuerto en Texcoco, donde AMLO hizo una operación cicatriz con los empresarios bajo la bandera de la indemnización. El  otro tema polémico, el de las comisiones bancarias y no porque éstas puedan bajarse, sino la forma de una iniciativa que fue sorpresiva para todos y, sobre todo, busca fijar tarifas, controles, más que competencia. Y por si fuera poco, también vino el tema de la renuncia de uno de los presidentes de órganos autónomos, Juan Carlos Zepeda, quien renunció a la CNH, y causó controversia en el sector energético por las posibles exigencias de Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía. En medio de este contexto, revuelto para el sector privado, el Consejo Asesor Empresarial, para apoyar a AMLO, sí puede funcionar para analizar políticas con reglas más claras hacia el futuro.

EMPRESARIOS REPRESENTATIVOS

El Consejo Asesor Empresarial que se reunirá con López Obrador cada dos o tres meses, está conformado por empresarios representativos de la actividad económica del país.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL GRUPO EMPRESARIAL?

1.- Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, no le hace falta gran presentación. Es reconocido por su televisora a escala nacional. Pero también porque sabe de otros mercados, como es el detallista al segmento popular con Elektra, o el financiero con Banco Azteca. Salinas Pliego tiene intereses intelectuales y sociales diversos, e incluso escribe en diarios y otros medios.

2.- Bernardo Gómez también es un empresario reconocido, copresidente de Televisa, pero quien ha sido activo en traer la creación de nuevos contenidos y tendencias. Es copresidente y desde hace años es una de las cabezas del grupo televisivo, pero también del grupo de generación de contenidos más grande de América Latina. Últimamente, ha estado inmerso en la redefinición de Televisa, para hacerla una empresa más ágil, pero manteniendo el negocio principal: generación de contenidos (con nuevas alianzas con distintas plataformas y con producciones de nuevas temáticas), y ahora con una fuerte presencia en telecomunicaciones. Sin duda es de esos empresarios claves para entender el México actual.

3.- Olegario Vázquez Aldir, director de Grupo Ángeles, ha tenido dinamismo y crecimiento en las diversas esferas económicas, desde la mediática donde logró conformar la tercera cadena de televisión abierta (Imagen), hasta el crecimiento del grupo hospitalario privado más grande del país (Ángeles), así como el enfoque dirigido a distintos mercados con su grupo hotelero (Camino Real), y desde luego es presidente del periódico Excélsior. Olegario también ha apostado por la innovación, y mantiene como política administrativa, la reinversión de utilidades. Posee experiencia y conocimiento de varios mercados, lo cual es clave en estos momentos.

4.- Carlos Hank González va más allá de ser un heredero en el sector financiero (su padre Carlos Hank Rohn y su abuelo, Roberto González Barrera, tenían sus bancos). Hank González, en un contexto difícil, logró sumar Banorte a Interacciones, así como al absorber otras instituciones como IXE. Hoy, Banorte es el segundo banco más grande en activos del sector financiero mexicano.

5.- Daniel Chávez es uno de los hoteleros más echados para adelante. Su Grupo Vidanta lleva una alianza para hacer un parque temático con Cirque du Soleil en Nuevo Vallarta, y sus hoteles Mayan Palace, tienen buen conocimiento de marca. Y es uno de los más interesados en el Tren Maya.

6.- Miguel Rincón, presidente de BioPappel, quien es el principal productor de papel en México, pero no sólo hablamos de papel para cuadernos (Scribe), sino toda clase de empaques y modalidades. Supo cambiar y tomar las tendencias de papel, tanto en empaques como cuestiones ambientalistas. Luego de comprar Pipsa, que pertenecía al gobierno, logró transformarla a BioPappel, que mantiene estándares de transparencia (anticorrupción), por cierto.

7.- Sergio Gutiérrez Muguerza, presidente de DeAcero, además de ser un acerero reconocido, en Monterrey realizó una adopción de colonias populares que resultó ser un buen programa de cohesión social. Es un empresario cercano a López Obrador.

8.- Miguel Alemán Magnani buscó ser el competidor de la aerolínea insignia de México y lo logró. Con distintas vicisitudes, pero, hoy, Interjet es la segunda más grande del país, y acaba de mencionar que se adecuará a las condiciones de los distintos aeropuertos, como podría ser (si se construye) el de Santa Lucía. Además, tiene inquietudes turísticas y de incursión en el mundo del espectáculo, y hace poco fue conocida su incursión como productor de bioseries.

Este será el Consejo Asesor Empresarial que se reunirá, cada dos o tres meses, con López Obrador.

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Telecomunicaciones y los obstáculos meta legales

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Como sucede con la banca, el sector de las telecomunicaciones es clave para el desarrollo del país. Algunas señales, sin embargo, están inquietando a este sector. Hace casi dos meses,  fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que encabeza Gabriel Contreras, el primero en hablar directo sobre los obstáculos que enfrentan los concesionarios y operadores de servicios de telecomunicaciones para instalar su infraestructura, en específico las torres que sirven para captar y repetir señales. El ambiente social  pero sobre todo el político podrían alentar la animadversión – muchas veces injustificada – a la instalación de infraestructura clave para mejorar e incrementar la cobertura en telecomunicaciones. En fin, que el IFT pidió a las autoridades de alcaldías que no obstaculicen con requisitos meta legales el avance de esta infraestructura.

Además, en el ámbito judicial, los inversionistas de este sector también levantan la ceja y preocupados revisan que los tiempos del Poder Judicial se están alargando de manera coyuntural para retrasar la resolución de recursos legales que les permitirían obtener devoluciones millonarias para continuar con sus inversiones y expansión en el mercado mexicano.

En muchos sectores de la industria de las telecomunicaciones las señales son de pesimismo porque no se observa una estabilidad ni seguridad jurídica para seguir avanzando en un área en la que se luchó durante muchos años por una regulación que beneficiara a los usuarios.  En específico nos referimos al amparo que Telefónica esperaba recibir para buscar la devolución de al menos 7,800 millones de pesos por derechos del uso del espectro. El tema regresó a un Tribunal Colegiado y en Telefónica tendrán que esperar muchos meses más para esta devolución mientras la instalación de sus servicios – como en el caso de otras empresas de telecomunicaciones – se complica, en muchos casos, de manera artificial por esos requisitos meta legales en el ámbito de las alcaldías.

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Diputados dan golpe de Estado a la radiodifusión pública de México

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El Universal – Irene Levy

La Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional, sí, esto que parece salido de un cuento de terror es lo que aprobó la Cámara de Diputados esta misma semana y ahora queda en manos del Senado avalar o enmendar este enorme retroceso en materia de libertad de expresión y democracia. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) es el ordenamiento que organiza y distribuye las facultades entre las diferentes áreas del Poder Ejecutivo, incluyendo las secretarías de Estado. Como usted sabe, dicha ley está en proceso de cirugía mayor por los legisladores de Morena y afines que quieren adecuarla a los planes del próximo gobierno, lo que en sí mismo está bien; el problema es que en el proceso se están cometiendo enormes atropellos e inconstitucionalidades.

La fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF, aprobada por la Cámara de Diputados, señala que es competencia de la Secretaría de Gobernación, lo siguiente:

VIII. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Los medios públicos, dice la UNESCO, son medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a partir las fuerzas comerciales. A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también entretenidos. Cuando garantizada con pluralismo, diversidad, independencia editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y transparencia, la radiodifusión de servicio público puede servir como una piedra angular de la democracia.

En ningún país democrático, la Secretaría de Gobernación o el Ministerio del Interior o como se denomine, presta el servicio de radiodifusión pública. Imagine usted que la BBC de Londres o la Deutsche Welle de Alemania fueran manejadas por el propio gobierno, sería el fin de su libertad editorial. En México, la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y competencia, creó un organismo descentralizado no sectorizado —muchos pugnamos incluso porque fuera autónomo—, llamado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). El artículo 6, apartado B, fracción V de la Constitución vigente, establece que este organismo con autonomía operativa, de decisión y de gestión tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. ¿Entonces, qué hacemos? ¿Qué pasará con el IMER o con el Canal 11? ¿En serio vamos a permitir que la radiodifusión pública se convierta en radiodifusión gubernamental? Estoy segura que Olga Sánchez Cordero, cuando fue ministra de la Corte, hubiera criticado esto, y ahora ¿lleva la reforma su aval o ella no lo sabe? Esta reforma es inconstitucional.

Pero el golpazo a la radiodifusión pública no es el único que intentan dar en esta materia nuestros diputados, no. También al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lo afectan. Mire usted, la Oficina de la Presidencia de la República actualmente tiene adscrita la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y dentro de sus facultades está la de elaborar y dar seguimiento a dicha estrategia para fomentar la adopción y desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (TICs). Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encargada actualmente de definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos. Eso es ahora, pero la reforma propuesta y votada por Diputados propone cambios:

  1. Adiciona la fracción I al artículo 8 y otorga atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables”. Como vemos, la redacción votada no acota esta facultad a definir dichas políticas exclusivamente para el gobierno federal, sino que lo deja totalmente abierto y únicamente restringe, al ámbito gubernamental, la definición de políticas de gobierno digital, el resto podría interpretarse que aplica incluso a los usuarios y a operadores, facultades que hoy pertenecen al IFT… ¿Error de redacción o intencionalidad?
  2. También a la SFP le quitan la facultad de definir las políticas de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos, y a ella la reducen a vigilar su aplicación. De aprobarse en el Senado, estas atribuciones pasarían a la que sería la súper poderosa coordinación respectiva en la Oficina de la Presidencia y, en concreto, a Raimundo Artis Espriú quien la encabezará.
  3. Nos habían dicho que, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Comunicaciones se transformaría en Subsecretaría de TICs, cuya titular será Salma Jalife, pero todo indica que ya no tiene sentido ni siquiera el cambio de nombre, pues estas facultades quedarían en Presidencia. De hecho, el artículo 36 de la LOAPF, que determina las atribuciones de la SCT, finalmente ya no fue modificado.

De esto nos quedan preguntas: ¿Qué dicen los medios públicos y sus defensores de lo que está por suceder, qué piensa el SPR? ¿Qué opina el IFT, interpondrá controversia constitucional en caso de que finalmente se apruebe en defensa de su autonomía, o cederá la plaza definitivamente? Qué preocupante que todo esto pase inmerso en el silencio de los que deberían vociferar. Ojalá el Senado recapacite, esto es un enorme retroceso a la democracia y la libertad de expresión en el país, así como un golpe que vulnera la autonomía del IFT.

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