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ANÁLISIS

La Comisión Europea quiere un Android más abierto: ¿avance o retroceso?

Efrén Páez

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Un juicio histórico contra Microsoft dio mayores opciones al usuario, pero podría no dar los mismos resultados contra Google.

La Comisión Europea impuso una multa de 4.34 mil millones de euros contra Google, acusada de prácticas ilegales para fortalecer la dominancia de su servicio de búsqueda. Google, por su parte, negó las acusaciones y considera que su manejo del sistema Android ha creado incluso más y mejores opciones para los consumidores, fabricantes y desarrolladores.

La CE acusó a Google de abusar de su poder de mercado mediante diversas prácticas, tales como obligar a los fabricantes a preinstalar su aplicación de búsqueda y navegador a cambio de acceder a su tienda de aplicaciones; hacer pagos a fabricantes para obligarlos a instalar de manera exclusiva sus aplicaciones; y evitar la instalación de aplicaciones de Google en versiones alternativas de Android.

“La decisión de la Comisión concluye que estos tres tipos de abuso forman parte de una estrategia general de Google para cimentar su dominio en la búsqueda general de Internet, en un momento en que la importancia de Internet móvil crecía significativamente”, señala la Comisión en un comunicado.

Evidentemente, Google no comparte la visión de la CE y considera que el control sobre el sistema Android le ha permitido generar un sano ecosistema. “Android ha creado más opciones para todos, no menos”, dijo por su parte el portavoz de Google, Al Verney. “Un ecosistema vibrante, una innovación rápida y precios más bajos son los sellos clásicos de una competencia sólida. Apelaremos la decisión de la comisión”.

Aunque aún es difícil determinar si Google logrará apelar la decisión, o cuáles serán los efectos sobre el futuro de Internet en caso de mantenerse firme la sentencia, la historia tecnológica tiene un caso emblemático que, con ciertas diferencias, puede ayudar a conocer las consecuencias del caso.

Precedentes y similitudes

Hace exactamente 20 años, el 8 de mayo de 1998, el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos presentaba una demanda en contra de Microsoft, a la que acusaba de prácticas anticompetitivas al buscar extender el poder monopólico que tenía a través de Windows hacia su propio navegador web Internet Explorer.

El DoJ encontró suficiente evidencia, además de un Bill Gates poco cooperativo, para determinar que Microsoft había abusado de su poder de mercado para evitar el crecimiento de la competencia en nuevos mercados como el de navegadores web, donde Netscape había sido la principal víctima.

Aunque polémico hoy y en su momento, se considera que el caso antimonopolio contra Microsoft fue un punto de inflexión que permitió el desarrollo de Internet, garantizar un ecosistema libre y la razón por la cual nuevos titanes como Google y Facebook lograron ocupar el lugar que en algún momento ocupó Microsoft.

En 2007, Microsoft enfrentó también una demanda de la CE luego de una acusación hecha por Sun Microsystems por sus prácticas de licenciamiento, que resultó en la obligación de Microsoft de abrir cierta información de sus productos para servidores, así como comercializar una versión de Windows sin su reproductor de medios Windows Media Player.

En general, existen importantes similitudes en el caso actual de Google contra lo que en su momento se determinó en contra de Microsoft, tales como las prácticas de ventas atadas o las prácticas para mantener el uso exclusivo sobre cierto software. Sin embargo, también existen importantes diferencias que podrían jugar a favor de Google.

En el caso contra Google, la CE señala en un comunicado que “las prácticas de Google han negado a los motores de búsqueda rivales la posibilidad de competir en función de los méritos. Las prácticas vinculantes garantizaron la preinstalación del motor de búsqueda y el navegador de Google en prácticamente todos los dispositivos Android de Google, y los pagos de exclusividad redujeron fuertemente el incentivo para preinstalar motores de búsqueda competitivos”.

En su momento, el DoJ encontró evidencia contundente a través de correos y memos del equipo interno de Microsoft sobre prácticas que la compañía implementaba con el propósito específico de limitar la competencia en el naciente mercado de los navegadores web.

Aunque aún no se liberan los documentos de la sentencia de la CE, no parece haber una evidencia similar. Adicionalmente, se puede considerar que tres principales competidores en el terreno de navegadores móviles como Firefox de Mozilla, Opera y Edge de Microsoft están disponibles a través de la Play Store para Android. Asimismo, se pueden instalar barras de búsqueda alternativas, incluida la independiente DuckDuckGo y Bing de Microsoft. Es decir, existen alternativas para los consumidores a los servicios propios de Google.

Sin embargo, la opinión de la CE es que la oferta de opciones no es eficiente, cuando al usuario se le ofrecen aplicaciones preinstaladas y pocos incentivos para la búsqueda de alternativas.

“Es probable que los usuarios que encuentran aplicaciones de búsqueda y navegador preinstaladas en sus dispositivos se apeguen a estas aplicaciones. Por ejemplo, la Comisión ha encontrado evidencia de que la aplicación Google Search se usa de forma consistente más en dispositivos Android, donde está preinstalada, que en dispositivos con Windows Mobile, donde los usuarios deben descargarla. Esto también muestra que los usuarios no descargan aplicaciones competidoras en números que puedan compensar la ventaja comercial significativa derivada de la preinstalación”, considera la CE.

Decisión frágil

Pero críticos de la decisión de la Comisión apuntan a la existencia de Bixby, un asistente desarrollado por Samsung, preinstalado en sus propios dispositivos como evidencia de que existirían opciones para los consumidores dentro del ecosistema Android.

Asimismo, Amazon ha desarrollado su propia versión de Android conocida como Fire OS, donde ofrece servicios propietarios con aplicaciones como Prime Video o Alexa, así como su propia tienda de aplicaciones.

La Comisión señala, sin embargo, que se ha encontrado evidencia de que las prácticas de Google han limitado la capacidad de fabricantes de dispositivos para considerar la instalación de otras alternativas a la versión de Android comercializada por Google, conocidas como “forks” (bifurcación), como es el caso de Fire OS.

Uno de los objetivos de Google en el desarrollo de Android incluye prevenir la aparición de múltiples versiones o bifurcaciones del sistema operativo que fragmenten tanto el ecosistema hasta el riesgo de limitar la interoperabilidad, incrementar el costo de desarrollo de aplicaciones o dañar la experiencia que puedan encontrar los usuarios a través de dispositivos Android.

Una de las prácticas de Google para evitar una fragmentación excesiva es penalizar dispositivos “incompatibles”, cuyo software o hardware se alejan demasiado de una serie predeterminada de especificaciones. Cuando este es el caso, Google puede negarse a licenciar sus aplicaciones propietarias (sobre todo Play Store).

De hecho, a partir del pasado marzo de 2018, Google impuso límites al uso de sus aplicaciones en dispositivos Android no certificados, incluidas versiones chinas del sistema o Fire OS. En caso de que la fecha de compilación de la imagen del sistema Android se encuentre después del 16 de marzo de 2018, las aplicaciones de Google no funcionarán.

Google justifica dichas prácticas como parte de sus esfuerzos por ofrecer una mayor seguridad y una experiencia uniforme dentro del ecosistema. Por ejemplo, la compañía ha emprendido un programa de certificación con algunos fabricantes, conocido como Android Enterprise, para informar a los usuarios sobre cuáles dispositivos recibirán los más recientes parches de seguridad por al menos sus primeros tres años desde su lanzamiento, con marcas como Samsung, Motorola, Huawei o Nokia, entre otras.

En busca de la competencia perdida

Al prohibir a Google de atar sus aplicaciones al programa de certificación, la CE buscaría la aparición de nuevas alternativas de Android a la única distribuida gratuitamente por Google. Irónicamente, esta decisión podría derivar en mayores costos de cambio para los usuarios, ya que cada fabricante podría optar por su propia versión de Android, incompatible con el resto de competidores.

Aunque Google ha señalado también que la condición de preinstalar sus aplicaciones de búsqueda y navegador web son necesarias para permitirle la monetización del sistema y, por lo tanto, el continuo desarrollo de sus características. Sin embargo, la CE desestimó dicho argumento al considerar que la compañía obtiene suficientes ingresos a partir de las ventas en la Play Store, además de múltiples datos para la venta de publicidad.

En 2016, cuando Oracle acusó a Google de haber utilizado Java sin permiso para el desarrollo de Android, fue revelado que Google habría generado 31 mil millones de dólares en ingresos por el sistema y 22 mil millones de dólares en beneficios. Aunque son cifras nada despreciables, en comparación Apple obtuvo ingresos por 51.6 mil millones de dólares por las ventas del iPhone tan solo en el cuarto trimestre de 2016.

Margrethe Vestager, comisaria de competencia de la CE, ha sido una de las más duras críticas del poder de mercado que poseen los actuales gigantes tecnológicos, y está convencida de que las medidas impuestas a Google favorecerán el crecimiento del ecosistema Android.

“Aquí tenemos una decisión que es muy clara, que permitirá a los fabricantes de dispositivos móviles tener una opción. Eso nos permitirá a nosotros como consumidores también tener una opción. De eso se trata la competencia”, señaló en conferencia de prensa, según reportan medios locales.

En perspectiva, el juicio del gobierno estadounidense contra Microsoft derivó efectivamente en nuevos beneficios para los usuarios y para el ecosistema, a través de la implementación de medidas que permitieron precisamente la aparición de opciones como el navegador Chrome de Google o el libre desarrollo de páginas como Facebook y Amazon.

Aunque las prácticas impulsadas por Google podrían estar justificadas para garantizar un desarrollo más eficiente del ecosistema, aún es una incógnita si las medidas de la CE podrían ser efectivas para garantizar la existencia en el futuro de Android y, sobre todo, de otros sistemas operativos.

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El estado de la banda ancha en México

Servando Vargas

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La Revolución Industrial iniciada en Inglaterra produjo importantes cambios de orden económico, social y tecnológico. Esta transformación tuvo lugar a finales del siglo XVIII, cuyo principal componente fue mejorar las condiciones de producción.  Este nuevo entorno ha transformado profundamente las condiciones de vida de la sociedad contemporánea.

De esta misma manera, el cambio de lo analógico a lo digital, de los servicios exclusivamente de voz a datos, así como la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, ha repercutido de manera positiva en las condiciones de vida de la sociedad actual, así como en el desarrollo económico de las naciones.

El día de hoy se habla de que el mundo está frente a una nueva revolución, el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), para lo cual la banda ancha es imprescindible.

Muchos estudios señalan que por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la penetración de banda ancha hay un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En algunos análisis, este impacto eleva el crecimiento del PIB en más de 1 por ciento.(1)

Cabe aclarar que los estudios al respecto fueron realizados hace casi una década, por lo cual muy seguramente estos parámetros deberían actualizarse. Pero sin duda, el ajuste de estos análisis establecerían una mayor contribución al crecimiento del PIB derivado de una mayor penetración de la banda ancha, en función de que cada vez la sociedad y el sector productivo son más dependientes de estos servicios.

La banda ancha en México

El año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el Estudio sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017, en el cual  se señala la creación de 50 millones de conexiones de banda ancha móvil en cuatro años,(2) cifra equivalente a toda la población de Colombia y al mismo tiempo una historia de éxito para los países miembros de la OCDE.

No obstante lo anterior, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su reciente reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (September 2018)(3), manifiesta un rezago importante para México en materia de banda ancha móvil si la comparamos con la penetración de banda ancha móvil en América Latina.

Figura 1. Suscriptores de banda ancha móvil por cada 100 habitantes.

Fuente: elaborada con datos de ITU en su reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (septiembre de 2018).

 

De acuerdo con el reporte, en 2017 México contaba con una penetración de banda ancha móvil de 65.3 por ciento, por debajo del promedio de América Latina, que era de 70.4 por ciento y también por debajo de Argentina (78.1%), Brasil (90.2%),  Chile (88.2%), Uruguay (112.1%) e incluso Bolivia (76.5%).

Lo anterior  significa que, de acuerdo al peso económico que México tiene dentro de la región, su penetración de banda ancha móvil debería ser por lo menos de un nivel equivalente al promedio de la región; sin embargo, también en la penetración de suscriptores móviles México todavía no alcanza la penetración de 100 por ciento, mientras que varios países de la región superan 100 por ciento de penetración de suscriptores móviles.

En materia de banda ancha fija, México contaba con una penetración de 13.3 por ciento en 2017, ligeramente por arriba del promedio de América Latina, que era de 12.2 por ciento, pero superado nuevamente por los mismos países con mayor penetración de banda ancha móvil en la región: Argentina (17.8%), Brasil (13.7%),  Chile (16.9%) y Uruguay (27.5%).

Figura 2.- Suscriptores de banda ancha fija por cada 100 habitantes.

Fuente: elaborada con datos de ITU en su reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (septiembre de 2018).

 

Lo anterior significa que México tiene un amplio espacio para crecer en cuanto a banda ancha, sea fija o móvil, lo cual implica oportunidades importantes para los proveedores de infraestructura, así como para los operadores de telecomunicaciones.

Las iniciativas de México en materia de banda ancha

Habrá que señalar que existen muchas iniciativas gubernamentales a nivel mundial tendientes a incrementar la cobertura, las velocidades, la penetración y la calidad de los servicios de banda ancha.

El reporte The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development manifiesta que existían 31 planes de banda ancha a nivel mundial en 2006, y que en 2018 ese número se elevó a 159 planes.

Lo anterior indica la importancia de los gobiernos en todo el mundo por incrementar la penetración de banda ancha, en función de los beneficios sociales y económicos que genera una mayor penetración de este avance tecnológico.

La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 estableció dos ejes importantes para incrementar la cobertura de los servicios de banda ancha: la Red Compartida y la Red Troncal.

La primera iniciativa tuvo retrasos importantes, y aunque en el inicio de operaciones superó la cobertura comprometida por Altán Redes, los resultados esperados tardarán en reflejarse en función de que el inicio de operaciones se realizó en zonas o áreas geográficas en donde ya existe cobertura por parte de los operadores existentes.

Pareciera que el retorno de inversión y demás variables financieras han obligado a Altán Redes a desarrollar infraestructura en las zonas más rentables, limitando este preciado bien a regiones que aún no cuentan con cobertura. De continuar con esta dinámica, los servicios de banda ancha para zonas no atendidas serán limitados, demorando una mayor penetración de este servicio en el país.

La Red Troncal es otra iniciativa que ha tenido demoras sustanciales. Su licitación no se ha efectuado y los tiempos políticos generan incertidumbre en temas como la carga fiscal que tendrá este proyecto, así como la visión del nuevo gobierno sobre esta iniciativa.

Este último punto es muy relevante en función de que el Proyecto de Nación de Morena, en especial las páginas 286-291,(4)  manifiesta que el objetivo principal en materia de telecomunicaciones es “ampliar la cobertura de banda ancha para zonas marginadas en México a bajos precios, para incorporar estas regiones a las tecnologías de información y telecomunicaciones y elevar su nivel de vida”.

No obstante, dentro del Proyecto de Nación de Morena no se menciona la Red Troncal como parte de la solución y aunque complementaría la falta de cobertura que no está realizando Altán Redes, es extraño que la Red Troncal no sea parte fundamental del Proyecto de Nación de Morena en materia de telecomunicaciones, de ahí parte de la incertidumbre del sector.

Conclusiones

Sin duda, la reforma del sector ha traído grandes beneficios; no obstante, el tema  de una mayor penetración de banda ancha con beneficios para la sociedad y la economía en su conjunto es una asignatura pendiente para México.

Una de las recomendaciones del reporte de la UIT(3) es que los gobiernos den al desarrollo de la banda ancha el apoyo político y recursos necesarios, así como promover la capacitación y estimular la demanda.

En este sentido, las iniciativas establecidas en la reforma del sector han sido inobjetablemente tendientes en impulsar el desarrollo de la banda ancha, no obstante, el camino es todavía largo.

Por último, si la banda ancha es un motor de desarrollo económico, y cada vez existen más y más planes al respecto a nivel mundial, entonces los esfuerzos del gobierno mexicano en este sentido deberían duplicarse, fomentando mayores inversiones y un marco regulatorio flexible que impulse una mayor digitalización. Lo anterior deberá ser acompañado con una ejecución impecable de los planes o iniciativas del gobierno en materia de banda ancha. ¡México lo necesita!

 

(1) https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_Impact-of-Broadband-on-the-Economy.pdf

(2) http://www.oecd.org/publications/estudio-de-la-ocde-sobre-telecomunicaciones-y-radiodifusion-en-mexico-2017-9789264280656-es.htm

(3) https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf

(4) https://drive.google.com/file/d/11B0aNBuVpHB7GDVXhCKdYvVKw7D7Ta-x/view

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Operadores europeos de acceso abierto y mayoristas forman nueva alianza para acelerar despliegue de redes de fibra

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Los presidentes y directores generales de los principales operadores de acceso completo y mayorista de fibra completa europeos, CityFibre (Reino Unido), Deutsche Glasfaser (Alemania), Open Fiber (Italia), Gagnaveita Reykjavikur (Islandia) y SIRO (Irlanda), se reunieron en Roma en presencia de Johannes Gungl, presidente del BEREC (Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas) y de Erzsebet Fitori, director General de FTTH Council Europe, para debatir sobre el futuro del mercado de las telecomunicaciones y explorar oportunidades para acelerar el despliegue y la adopción de infraestructura de fibra en toda Europa.

Los operadores al por mayor sólo son especialistas en redes de fibra que, en ausencia de un brazo minorista, invierten únicamente en nuevas redes de fibra de acceso abierto de alta velocidad en beneficio de todos los proveedores de servicios.

Este es un modelo comercial probado que ahora está experimentando un crecimiento significativo en Europa, especialmente para el despliegue de Fiber To The Home (FTTH) y Fiber To The Building (FTTB). Millones de hogares y negocios se beneficiarán de la implementación de redes de fibra total transformadoras, lo que generará importantes beneficios económicos para el sector digital europeo.

Relevante: Operadores europeos mayoristas de fibra completa forman alianza

El nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC) alienta explícitamente a los operadores mayoristas únicamente brindándoles un régimen regulador específico y ligero, ya que, naturalmente, proporcionan acceso a múltiples proveedores de servicios de telecomunicaciones sin discriminación ni abusos. Por esta razón, el modelo de sólo al por mayor es el vehículo ideal para el despliegue de redes de muy alta capacidad, según lo previsto por el Código, así como un facilitador de servicios innovadores como Internet de las cosas (IOT) y 5G.

Dado el alto costo de construir nuevas redes FTTH / FTTB, el modelo de venta al por mayor es el mejor enfoque para lograr una implementación de infraestructura de fibra completa a gran escala, ya que agrega demanda de muchos proveedores de servicios que se benefician de la conectividad a prueba de muy alta capacidad para el futuro. Dependiendo de las condiciones del mercado, los operadores independientes de acceso abierto pueden facilitar el mismo objetivo.

Las compañías que se reúnen en Roma han acordado crear una alianza para compartir las mejores prácticas y promover los beneficios y las ventajas de la fibra completa sólo para mayoristas, que ofrecen una infraestructura de fibra completa de manera mucho más eficiente que los operadores incumbentes integrados verticalmente.

La alianza funcionará para garantizar que los gobiernos, los organismos reguladores y los inversores financieros entiendan debidamente estos beneficios, y para promover el conocimiento de estas redes de fibra independientes entre los proveedores de servicios y los operadores móviles.

La alianza también cree que tiene un papel en educar e informar al consumidor europeo sobre cuáles son las redes genuinas de muy alta capacidad y desafía el uso indebido de la palabra “Fiber” en la comercialización de servicios de banda ancha que se entregan en redes heredadas basadas en cobre.

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La calidad institucional: un aspecto capital para cerrar la brecha digital

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La calidad de las instituciones públicas, la seguridad jurídica y la confianza son aspectos esenciales para que las empresas puedan invertir con una mirada de largo plazo. Ello es relevante en todos los sectores de la economía, pero en las telecomunicaciones es aún más crucial, ya que, a diferencia de otros sectores, los montos de inversión son considerablemente cuantiosos, los despliegues de redes suelen ser irreversibles, y el horizonte temporal para el retorno de las inversiones es especialmente largo.

Es por ello que a la hora de invertir las empresas de telecomunicaciones son especialmente sensibles a las condiciones del entorno. No solamente a las características e intensidad regulatoria, sino también a aspectos tan elementales como el respeto de los derechos adquiridos, la independencia judicial, la ausencia de arbitrariedad en decisiones gubernamentales, la transparencia y la efectividad del marco legal para resolver disputas o para que los afectados puedan recurrir determinadas políticas o regulaciones si entienden que su legalidad es dudosa.

Existen diversos indicadores que pueden servir para tomar la temperatura del clima de negocios en un país. A modo de ejemplo, el World Economic Forum (WEF) cuenta con un amplio relevamiento de datos que utiliza para la construcción de su Índice de Competitividad Global, que se basa en buena medida en entrevistas a ejecutivos de empresas.

Los indicadores del WEF que destaco son los referidos a Derechos de propiedad, Independencia judicial, Confianza en los políticos, Favoritismos en decisiones de los gobiernos, Eficiencia del marco legal para resolución de disputas, Transparencia en la elaboración de políticas públicas, Fortaleza en la protección de inversores y Eficiencia para recurrir políticas y regulaciones en caso de que los afectados entiendan que su legalidad es dudosa.

En todos los casos, los puntajes van de 1 a 7 (de peor situación a mejor para el clima de inversión), con excepción de la protección de inversores en cuyo caso la escala es de 1 a 10.

El análisis de los indicadores del WEF sugiere que lamentablemente, América Latina no se encuentra bien ubicada a nivel global en cuanto a los mencionados indicadores, como se puede apreciar en los siguientes gráficos. En prácticamente todos los casos, los ejecutivos latinoamericanos califican a sus instituciones y políticos con puntajes que la sitúan como la última región renqueada, con excepción del indicador de protección al inversor, en la que supera -levemente- a África Subsahariana y al Medio Oriente y Norte de África.

 

Figura 1. Ranking regional de variables vinculadas a la calidad institucional

Fuente: elaboración propia con base en datos de WEF de 2017.

 

Esta situación es muy preocupante y afecta a toda la economía regional. Como decía, el sector de las telecomunicaciones es muy sensible a este tipo de factores, como vemos en el siguiente gráfico que relaciona, para una amplia muestra de países del mundo, los niveles de inversión en telecomunicaciones (CAPEX) per cápita, con cada uno de los mencionados indicadores que hacen la calidad institucional, junto con la regresión lineal que vincula a cada par de variables.

 

Figura 2. Relación CAPEX per cápita en telecom e indicadores de calidad institucional

Fuente: elaboración propia con base en datos de WEF y UIT de 2015.

 

Los resultados son contundentes, en la medida que la relación es siempre positiva. En otras palabras, el sector de las telecomunicaciones invierte más por habitante en aquellos países donde hay mayor respeto a la propiedad, o mayor independencia judicial, mayor confianza en los políticos, menores niveles de favoritismo en decisiones de gobiernos, marcos legales más eficientes para resolver disputas o recurrir normas de dudosa legalidad, mayor nivel de transparencia, o mayor protección a los inversores.

El análisis conjunto de los gráficos reportados evidencia a las claras que las inversiones para el cierre de la brecha digital necesitan de un entorno favorable. Y que América Latina tiene todavía mucho camino por recorrer.

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