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ANÁLISIS

Últimas decisiones jurídicas y administrativas en telecomunicaciones: la tormenta perfecta

Pedro Huichalaf Roa

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1ra. escena: informe sectorial del desarrollo de las telecomunicaciones en Chile

 Según datos entregados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a marzo de 2018 (es decir, fruto del trabajo público-privado hasta de la anterior administración de Bachelet, sin injerencia de las actuales autoridades), reconfirman que Chile es uno de los países mejor conectados de América Latina, considerando una penetración a Internet de 107.8 accesos por cada 100 habitantes, pero donde la tecnología inalámbrica es líder indiscutida al concentrar 84.5 por ciento de los acceso a Internet por vía móvil y en donde el desarrollo de 4G en Chile ha sido explosivo, considerando que al finalizar el primer mandato de Piñera, en marzo de 2014, había un poco más de 180 mil conexiones y actualmente tenemos 12 millones de usuarios navegando con esta tecnología.

2da. escena: congelamiento del espectro de 3.5 GHz por parte de la Subtel

En una medida inédita y sin previo aviso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones dictó una resolución, ordenando “congelar” el uso de la banda de 3,500 MHz con el argumento de estudio para un posible futuro desarrollo de la tecnología 5G, informando a diversas empresas de telecomunicaciones que tenían concesiones en esa banda, tanto a nivel nacional como regional, que no podrán explotar comercialmente ni desarrollar redes en estas frecuencias por orden administrativa de la autoridad, argumentando que tras proceso de fiscalización, se observó nulo o ineficiente uso de ese espectro.

3ra. escena: sentencia de Corte Suprema por concurso de 700 MHz

En un fallo considerado por algunos como histórico, la Corte Suprema resolvió una demanda presentada por una asociación de consumidores (Conadecus) en contra de las empresas de telecomunicaciones en la licitación de la banda de 700 MHz llevada a fines de 2013, y ordenó que estas empresas devolvieran la misma cantidad de espectro adjudicado por estar vigente un límite de 60 MHz de espectro total que deberían tener, conforme a otro fallo de 2008.

Con estas tres escenas tenemos el nombre de la película… La tormenta perfecta.

La consideramos una tormenta perfecta, toda vez que se ha generado en las últimas semanas una verdadera crisis en las proyecciones del desarrollo de las telecomunicaciones en el futuro, si no existe una decidida intervención en las políticas públicas, que sume voluntad de todos los actores, con los nuevos antecedentes existentes y una verdadera incerteza respecto a despliegue de redes, cantidad de espectro como límite por empresa y formas de que las telecomunicaciones lleguen a sectores más vulnerables, extremas, rurales y sin conectividad digital.

Las razones son porque en Chile las políticas en telecomunicaciones son de mediano a largo plazo y en donde 100 por ciento de los servicios de telecomunicaciones comerciales en Chile son ofrecidos por privados, por lo que el trabajo público-privado es esencial y cobra mayor sentido para el desarrollo tecnológico del país. No existe una empresa estatal de telecomunicaciones que permita suplir el despliegue de redes, ni las inversiones necesarias para el fomento de tecnología.

Sin embargo, una de las bases de esta sana relación, que benefician directamente a los usuarios de telecomunicaciones, es la debida certeza jurídica, una institucionalidad regulatoria que tome decisiones con mirada planificada y previamente definida, y un ecosistema que fomente la sana competencia, mejora en calidad de servicios de telecomunicaciones e incorporación de tecnología de punta. Y ese ha sido el trabajo realizado hasta ahora pero que, a la luz de las últimas decisiones, tanto administrativas como judiciales, no es suficiente, y el problema son los efectos que estas decisiones puedan generar, en especial para la conectividad de todos los usuarios de telecomunicaciones, especialmente los carentes de conectividad digital.

Así, para nadie es un misterio que el espectro radioeléctrico es la base para las empresas de telecomunicaciones y que el desarrollo de las tecnologías han generado la necesidad de contar con más espacio disponible, en distintas bandas de frecuencia (por tener cada una de ellas características técnicas y tecnológicas propias) e incluso las últimas innovaciones, que requieren más velocidad de acceso, menor latencia, mayor penetración en espacios cerrados, requieren combinaciones de bandas de frecuencias, tendencia que se proyecta con la futura tecnología de 5G.

Es importante recordar que, una vez iniciado el actual gobierno de Piñera, tanto la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, como la subsecretaria de Telecomunicaciones, fijaron como pilares de este gobierno duplicar las inversiones en telecomunicaciones en comparación a los últimos cuatro años, y que fomentarían la competencia, buscando preparar el camino para el desarrollo de 5G en Chile. Un discurso lógico y sin mayores novedades por las proyecciones de un trabajo previo.

Es por eso que sorprende que, sin previo aviso ni síntomas que lo previera, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de la noche a la mañana, sacara un decreto fijando el congelamiento del espectro en la banda de 3.5 GHz y ordenara que las empresas que tenían la concesión otorgada hace decenas de años y que detentaban el derecho a explotarlo comercialmente, no pudieran continuar con el despliegue de las redes. Lo paradójico de la decisión es que hay empresas que estaban invirtiendo en despliegue de tecnología, con clientes que se conectan a Internet en esa banda (especialmente de zonas urbanas de bajos ingresos), y que generaban en su espacio competencia a otros servicios, por lo que la medida afecta sus propios objetivos de gobierno.

Por otro lado, según la Subtel, estas redes habían sido autorizadas para desplegarse en los últimos meses de la anterior administración, pero no dice que en la actual también lo estaba permitiendo hasta su decisión de no autorizar más desarrollo de redes e infraestructura. Esto obviamente afectará directamente las inversiones en telecomunicaciones (lo que atenta a otro de los objetivos inicialmente anunciados), producto de la forma anómala de planificar el desarrollo de 5G que, dicho sea de paso, será en 2019 cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones defina la o las bandas concretas a utilizar. Las empresas están estudiando revertir judicialmente la decisión, lo que retrasará las posibles nuevas asignaciones, despliegue y utilización de un futuro 5G, atacando otro de los objetivos propuestos por el Ejecutivo.

Con este sólo antecedente de decisión regulatoria, el escenario se ve controvertido, pero aún faltaba otro antecedente adicional y fue el fallo de la Corte Suprema por recurso presentado por una asociación de consumidores (Conadecus) en contra de las empresas que se adjudicaron la banda de 700 MHz.

En ella, se solicitaba formalmente que la Corte Suprema debía dejar sin efecto el concurso considerando que las empresas de telecomunicaciones que habían resultado ganadoras excedían el límite de contar con 60 MHz de espectro en total. Esto, basado en un fallo similar de 2008, cuando la Corte Suprema había indicado el máximo con que podían contar y así permitir la entrada de nuevos operadores.

Esta nueva sentencia finalmente indica que aún este límite jurisprudencial (y no legal) se encontraba vigente y ordena que las empresas deben devolver el total del espectro adjudicado por cada una de ellas (es decir, 20 MHz de Claro, 20 MHz de Movistar y 30 MHz de Entel), dándole la libertad a que decidan cuál parte del espectro devolvían, no siendo necesariamente la del concurso de 700 MHz propiamente tal.

Sin embargo, también dio la orden a la Subtel de que, si el organismo creía que el límite necesario para contar por cada empresa debía ser mayor a 60 MHz, debía realizar una consulta al Tribunal de la Libre Competencia para que ella, en un proceso abierto, defina cuál era ese límite. Así, por ejemplo, si el límite era mayor a 60 MHz y menor a lo que en total cuentan las empresas, debía devolver el exceso de este nuevo límite.

Lo llamativo fue justamente la actitud de las nuevas autoridades de la Subtel de celebrar el fallo y mencionar que la Corte respaldaba el uso eficiente del espectro, cuando la misma corte señala que la génesis del problema se dio cuando las autoridades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del primer gobierno de Piñera (cuyo subsecretario de ese entonces era Jorge Atton), desatendió el límite, no consultó a Tribunal de Libre Competencia un nuevo límite superior a 60 MHz y adjudicó contra la primera sentencia de la Corte Suprema. Por otro lado, el fallo no se refiere al uso eficiente de espectro, sino a libre competencia y posibilidad de apertura a nuevos actores.

Lo complejo de esta situación es la decisión del gobierno respecto a qué decisión tomar. Así, si aplica el fallo de inmediato, debería exigirle el exceso de 60 MHz y el problema radicaría en que, en primer lugar, las empresas podría devolver espectro de menor condición técnica y económica, pero mantiene clientes operando, quedando en duda qué sucedería con ellos y si con el aumento sostenido y exponencial de tráfico de datos, 60 MHz es suficiente para la alta demanda.

Adicionalmente, si por otro lado, el gobierno (después de despejar cualquier problema judicial o administrativo) quisiera licitar la banda de 3.5 GHz para usarla en tecnología 5G, las actuales empresas existentes en Chile, y que ya cuentan con al menos 60 MHz en total, no podrían participar en ese concurso, o si lo hicieran, deberían devolver la misma cantidad de espectro que podrían ganar en la licitación de 3.5 GHz, volviendo a arrastrar un problema respecto a usuarios que usen tecnología o espectro que debería ser devuelvo.

Otra arista radica en que, si las empresas devuelven espectro de menores condiciones técnicas y económicas, el gobierno quedaría con bandas libres que probablemente si las volviera a licitar, no existiría mayores interesados, justamente por no ser espectro rentable, al menos para las últimas tecnologías como 4G o 5G.

Otra consecuencia del fallo y posible devolución del espectro es que las empresas que se adjudicaron el concurso de 700 MHz tuvieron que cumplir con “contraprestaciones” adicionales al despliegue y uso de la banda de 700 MHz. Es así como además de pagar dinero por ese espectro, debieron cumplir con dar con conectividad a más de mil 200 localidades de zonas extremas y rurales que nunca habían tenido servicios de conectividad móvil ni digital. La duda es, si se les ordena devolver espectro, ¿podrían desconectar las radioestaciones habilitadas? ¿Podrían exigir la restitución de lo pagado al Estado?

Las últimas noticias han informado que la decisión escapó del ámbito técnico (de hecho, el jefe de división de Política Regulatoria de la Subtel, traído por las nuevas autoridades, fue desvinculado por “mal desempeño” en medio de esta crisis, en menos de 60 días en el cargo) y escaló la decisión al Presidente de la República, quien junto a tres ministros, definió que respecto al fallo de la corte, solicitarían al Tribunal de la Libre Competencia que amplíe el límite de espectro, antes de exigir la devolución.

El problema es que este proceso no es rápido. Se presume que al menos podría durar un par de años en resolver si existe mayor o menor grado de complejidad. Y una vez que se resuelva, se podrá saber el primer antecedente, que es cuánto espectro máximo puede tener una empresa en Chile para operar. Y de ahí ver si realiza un posible concurso para la tecnología 5G en la banda de 3.5 GHz (si se define esa banda), calcular si las empresas querrán postular y si existe espacio para exigir nuevas contraprestaciones para llegar a localidades mucho más rurales y extremas que existen en el país para conectarlas en esa oportunidad.

Finalmente, nada se ha dicho de cómo continuará la problemática respecto al “congelamiento” de los derechos de explotación comercial y despliegue de red en la banda de 3.5 GHz, y tampoco se ha reconocido que la credibilidad en las instituciones chilenas y seguridad jurídica francamente se ha visto deteriorada internacionalmente.

Respecto a la meta de duplicar las inversiones en telecomunicaciones, con base en los últimos cuatro años anteriores, con este escenario y sin definiciones claras, no se visualiza por dónde puede ocurrir. La llegada de nuevos operadores para 5G en una banda cuestionada y posiblemente judicializada, mucho menos. Y la esperanza de usuarios de telecomunicaciones de bajos ingresos, de zonas rurales, extremas y sin conectividad digital, de contar con servicios de calidad, cada día más disminuida.

En síntesis, se está generando la tormenta perfecta en telecomunicaciones… y todo dentro de los 100 días de gobierno del presidente Piñera.

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  1. Jorge Fernández

    julio 10, 2018 at 4:26 pm

    La opinión de un total incapaz que fue removido de la Subsecretaria de Telefomunicaciones en el Gobierno de Bachelet por mala gestión y desconocimiento de la industria.

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ANÁLISIS

Crisis institucional y errática definición de políticas públicas en telecomunicaciones en Chile

Pedro Huichalaf Roa

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Para nadie es un misterio que la industria de telecomunicaciones móviles pasa por una etapa de conflicto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile.

Apenas unos meses de asumido el gobierno de Sebastián Piñera y con la designación de la Ingeniera Comercial Pamela Gidi, dos hechos marcaron un antes y un después en cuanto a la estabilidad regulatoria del mercado de las telecomunicaciones.

Todo comenzó con una decisión administrativa de congelamiento de espectro de la banda de 3,500 MHz, inédita y absolutamente cuestionable sobre su fundamento, sin justificación real más que con una lógica de “estudio” de espectro para un futuro 5G, por un supuesto uso ineficiente de espectro, que generó inmediata reacción de la industria, con interposición de recursos de protección en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con denuncia de “lobby feroz” por parte de la autoridad, lo que llevó finalmente a una vuelta en “u” al revertirse la decisión, manteniendo espectro en operadores, generado las críticas de sectores que apoyaron inicialmente a la autoridad, perdiendo con ello credibilidad en las decisiones, toda vez que no se hizo cargo de su denuncia de uso ineficiente de espectro, ni menos se avanzó en “estudios” prometidos.

Por otro lado, una sentencia de la Corte Suprema respecto al concurso de la banda de 700 MHz, iniciado en el primer gobierno de Piñera, que ordenó finalmente a empresas a devolver parte del espectro en exceso de 60 MHz conforme a un criterio fijado en 2009.

Sin embargo, la Corte le dio opción a la Subtel para que realizara una consulta ante el Tribunal de la Libre Competencia para determinar si era necesario la existencia de un límite de espectro por empresa de telecomunicaciones.

Lo relevante de esta consulta no sólo se basa en un tema de libre competencia, sino también en la forma de gestionar el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público, es decir, de todos los chilenos.

Así, es la Subtel la que debería liderar este proceso para poder definir, por ejemplo, la forma como llegarán tecnologías como 5G, que prometen mejor velocidad de acceso, mayor cantidad de dispositivos móviles y OITs conectados, menor tasa de latencia y nuevas oportunidades de implementar tecnología en áreas productivas como minería, agricultura, educación, salud, entre otras.

Como antecedente, y para cumplir con esta tarea, previamente la autoridad regulatoria había ya solicitado la renuncia del Jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios, Gonzalo Doña (quien llegó con el actual gobierno) “por un tema de desempeño”, y había contratado a fines de agosto a Geraldine González, quien ya se había desempeñado como jefa de la misma división en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, específicamente entre los años 2011 y 2014. Al mismo tiempo, había contratado a dos especialistas externos para colaborar en estudios y planificación de uso de espectro.

Sin embargo, a tan sólo días de presentar por parte del gobierno el Plan Nacional de Espectro ante el Tribunal de la Libre Competencia, se generó una verdadera crisis institucional, puesto que la Jefa de Política Regulatoria, a meses de asumir, renunció y fue desvinculado el Jefe de Fiscalización de la Subsecretaría. Ambas jefaturas son fundamentales para la presentación, defensa ante el TDLC y ejecución del plan de espectro, como también en la definición de políticas públicas en telecomunicaciones. Al mismo tiempo se supo de la no continuación en apoyo de Subtel de uno de los especialistas externos previamente contratados.

Todos estos episodios demuestran la importancia de designación de autoridades competentes para una estabilidad en área tan sensible en la economía y calidad de vida de los chilenos. La ausencia de jefaturas técnicas y prevalencia de una autoridad política que carece de visión de mediano a largo plazo, hipoteca el desarrollo tecnológico del país.

Así, ante una industria expectante ante resoluciones finales, con inversiones congeladas, con una consulta ante el Tribunal de Libre Competencia débil, sin una posición firme por parte del gobierno sobre todo respecto a uso de espectro para tecnologías como 5G y con decisiones contradictorias, hacen ver a Chile como un país riesgoso en inversiones por falta de claridad en políticas de mediano a largo plazo. Se concreta, de esta forma, un mal pronóstico que habíamos visualizado tras la decisión de congelar el espectro y que habíamos escrito con anterioridad.

La solución pasa por claridad en toma de decisiones, cambios en la dirección de la subsecretaría con personal idóneo, un debate amplio respecto al futuro tecnológico del país, con mirada transversal y no sólo economista, una adecuación del uso de espectro que combine mayor competencia y despliegue de redes para todos los habitantes, no importando el lugar geográfico en que se encuentre pero, sobre todo, volver a tener confianza en la institución regulatoria.

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ANÁLISIS

Salida de Telefónica de México, ¿rumor?

Servando Vargas

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A principios de octubre, Telefónica México recibió el premio a las mejores prácticas de Responsabilidad Social Empresarial por parte del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE) y Forum Empresa. El galardón obedece a sus prácticas en torno a la “Protección a la infancia en el uso de la tecnología”.

El reconocimiento obtenido por Telefónica en México manifiesta sin duda su firme compromiso social con el país, aún cuando su desempeño en materia de telecomunicaciones en México ha manifestado signos de un desgaste prolongado en los últimos años.

Para entender la situación de Telefónica en México, habrá que señalar que a nivel mundial Telefónica opera en Europa y América Latina. Sus productos y servicios incluyen servicios fijos, móviles y digitales. Estructuralmente está dividida en Telefónica España, Telefónica Brasil, Telefónica Alemania, Telefónica Reino Unido y Telefónica Hispanoamérica, formada por sus operaciones en Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Venezuela, América Central, Ecuador y Uruguay. Sus filiales están involucradas en negocios móviles, fijos, datos y televisión, así como servicios digitales, de acuerdo con cada área geográfica.

En los primeros dos trimestres de 2018 los ingresos de Telefónica a nivel mundial decrecieron 7.0 por ciento mientras que en el tercer trimestre del mismo año, decrecieron 7.8 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.

Lo anterior, debido a una menor demanda de sus productos y servicios, así como condiciones de mercado adversas, como lo menciona Telefónica en su reporte del segundo trimestre de 2018.

En cuanto a su desempeño bursátil, el operador español ha perdido casi 40 por ciento del valor de sus títulos que tenía en marzo de 2017. Esta baja en el precio de la acción implica que el valor de Telefónica haya pasado de 60 billones de euros a 36 billones de euros. El mayor problema de Telefónica es su deuda, lo cual representa un punto en contra ante una eventual adquisición.

Telefónica en América Latina y su batalla con América Móvil

En América Latina, Telefónica disputa el liderazgo con América Móvil. De los 690 millones de suscriptores móviles en la región a marzo de 2018, el operador español tenía 27 por ciento del total, posicionándose como el segundo jugador más importante después de América Móvil con 33 por ciento.

Juntos, estos dos operadores concentran 60 por ciento del total de suscriptores dentro de América Latina.

Fuente: Reportes de empresas, Ericsson Mobility Report (junio de 2018).

 

El restante 40 por ciento pertenece a jugadores locales o compañías estatales como, por ejemplo, CNT en Ecuador, ICE en Costa Rica, Entel en Bolivia o Antel en Uruguay.

Pequeñas compañías privadas también son parte del ecosistema móvil en la región: Entel en Perú y Chile, Personal en Argentina y TIM en Brasil, entre otras.

Dentro de las economías mas importantes en la región, Telefónica es líder en el mercado móvil en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile y Perú; mientras que América Móvil es el jugador mas importante en Colombia y México.

La batalla entre América Móvil y Telefónica en la región también se da en otros segmentos de mercado. En banda ancha, América Móvil tiene 33 por ciento de participación de  mercado, medido en términos de suscriptores, mientras que Telefónica cuenta con una participación de mercado de 18 por ciento.

En estos mismos términos, América Móvil posee 32 por ciento de participación de mercado de líneas fijas,  siete puntos porcentuales arriba de Telefónica; mientras que en televisión de paga, América Móvil mantiene una participación de mercado de 21 por ciento, muy por arriba de Telefónica con 7 por ciento.

Telefónica en México

En el mercado mexicano, Telefónica contaba con una participación de mercado medido en término de suscriptores móviles del 21 por ciento en el primer trimestre del 2018, muy por debajo de América Móvil con 64 por ciento. Su presencia en otros mercados como banda ancha fija, telefonía fija y televisión de paga es nula o incipiente.

En su reporte del segundo trimestre de 2018, Telefónica manifiesta una caída de sus ingresos en México muy cercana a 20 por ciento, comparada con sus resultados de enero a junio del 2017, mientras que en el reporte del tercer trimestre de 2018, manifiesta una caída de 13.5 por ciento, comparada con el mismo periodo del año previo.

La caída de sus ingresos no es exclusiva de un año a la fecha, sino de varios años atrás. Esta caída se ha dado en función a un deterioro del entorno competitivo, de acuerdo al operador español, y al mismo tiempo por una reducción de márgenes en función de una caída de precios de 40 por ciento, de acuerdo con su director en México.

Fuente: Reporte de compañías e IFT.

 

Telefónica Móviles nace en México en el año 2000 cuando la compañía española realiza la compra de cuatro operadores en el norte del país: Cedetel, Bajacel, Norcel  y Movitel.

La inversión realizada para completar la adquisición fue cercana a los 2 mil millones de dólares. Telefónica pasó de esta manera a controlar totalmente estas cuatro compañías que operaban en el norte de México y que antes de esta transacción eran propiedad de Motorola, operando básicamente redes AMPS y CDMA.

Dos años más tarde, Telefónica adquiere 92 por ciento de las acciones de Pegaso PCS, con el objetivo de lograr cobertura nacional.

Después de fusionar sus adquisiciones, Telefónica implementa su red GSM en regiones en donde no contaba con operaciones y, al mismo tiempo, bajo el nombre de Telefónica Movistar, lanza esta tecnología en el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y Tijuana.

Históricamente, y durante varios años, Telefónica en México ha tratado de mejorar su participación de mercado; no obstante, este indicador no se ha incrementado. En el primer trimestre de 2018, Telefónica obtuvo la misma participación de mercado en México que en el mismo periodo de 2011 y con una débil posición financiera a nivel nacional e internacional.

El rumor

Con una baja en ingresos a nivel mundial y con una situación complicada en el mercado mexicano, el periódico El Economista de España señaló a finales de septiembre la intención de Telefónica de desinvertir de manera parcial o total en sus filiales en Centroamérica y México. Lo anterior, con el objeto de reducir su deuda de forma acelerada.

Al día siguiente del anuncio del periódico El Economista, Telefónica de México desmintió el anuncio del diario español y poco después señaló que se necesita una mejora regulatoria ya que la regulación actual todavía no le favorece al operador español en México.

La nota del diario español pareciera un simple rumor en función del desmentido por parte de Telefónica; no obstante, habrá que considerar que no es la primera ocasión en que los medios filtran información y que las circunstancias que vive la empresa española a nivel mundial y en el mercado mexicano hacen sentido con la nota de El Economista.

Los activos con que cuenta Telefónica en el mercado mexicano son 25.5 millones de suscriptores móviles, un título de concesión para ofrecer servicios satelitales, espectro radioeléctrico en las bandas de 850 MHz, 1.9 GHz y los 40 MHz que acaba de adquirir en la banda de 2.5 GHz, así como una presencia nacional.

Los rumores sobre la venta de algunas subsidiarias e incluso la venta total de Telefónica, incluyen el interés que ha mostrado AT&T desde hace unos meses, aunque no se ha confirmado nada hasta el momento, como suele suceder cuando existen pláticas en este tenor.

No obstante, la compra de Time Warner por parte de AT&T sugiere que sería muy complicado para el operador norteamericano realizar cualquier adquisición después de haberse comprometido a desembolsar 85 billones de dólares por la adquisición de Time Warner

Conclusiones

La caída del valor de la acción de Telefónica hace atractivo su potencial adquisición por parte de otro jugador del  mercado mundial; no obstante, sus niveles de deuda hacen que cualquier interesado lo piense dos veces.

Es por esta razón que la capitalización de la empresa española vía la venta de sus activos en México y Centroamérica evitarían su venta total, lo cual hace que el rumor tenga sentido.

Para el mercado mexicano, la salida de Telefónica podría ser positiva en función de que permitiría la entrada de un nuevo jugador con nuevas estrategias comerciales innovadoras, generando un mayor dinamismo al sector.

El operador español no ha encontrado la brújula con servicios disruptivos que contrarresten la posición de sus competidores. Su enfoque en el mercado de prepago no ha sido exitoso y sus inversiones no han sido las suficientes, su no participación en la subasta de 1700-2100 MHz es muestra de ello.

Después de la reforma del sector de 2013, parecería que Telefónica reactivaría sus baterías para capturar mayor mercado en México; sin embargo, este importante jugador ha permanecido en un letargo total.

La situación que enfrenta la compañía española tanto a nivel mundial como en México es justificada por Telefónica básicamente por condiciones adversas de mercado (competencia) y de regulación.

En este sentido habrá que señalar que estos entornos son los mismos que tienen todos los operadores a nivel mundial, por lo que el punto relevante que haría entender la situación adversa que vive actualmente Telefónica se deriva de una falta de estrategia global, regional y local.

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ANÁLISIS

El estado de la banda ancha en México

Servando Vargas

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La Revolución Industrial iniciada en Inglaterra produjo importantes cambios de orden económico, social y tecnológico. Esta transformación tuvo lugar a finales del siglo XVIII, cuyo principal componente fue mejorar las condiciones de producción.  Este nuevo entorno ha transformado profundamente las condiciones de vida de la sociedad contemporánea.

De esta misma manera, el cambio de lo analógico a lo digital, de los servicios exclusivamente de voz a datos, así como la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, ha repercutido de manera positiva en las condiciones de vida de la sociedad actual, así como en el desarrollo económico de las naciones.

El día de hoy se habla de que el mundo está frente a una nueva revolución, el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), para lo cual la banda ancha es imprescindible.

Muchos estudios señalan que por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la penetración de banda ancha hay un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En algunos análisis, este impacto eleva el crecimiento del PIB en más de 1 por ciento.(1)

Cabe aclarar que los estudios al respecto fueron realizados hace casi una década, por lo cual muy seguramente estos parámetros deberían actualizarse. Pero sin duda, el ajuste de estos análisis establecerían una mayor contribución al crecimiento del PIB derivado de una mayor penetración de la banda ancha, en función de que cada vez la sociedad y el sector productivo son más dependientes de estos servicios.

La banda ancha en México

El año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el Estudio sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017, en el cual  se señala la creación de 50 millones de conexiones de banda ancha móvil en cuatro años,(2) cifra equivalente a toda la población de Colombia y al mismo tiempo una historia de éxito para los países miembros de la OCDE.

No obstante lo anterior, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su reciente reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (September 2018)(3), manifiesta un rezago importante para México en materia de banda ancha móvil si la comparamos con la penetración de banda ancha móvil en América Latina.

Figura 1. Suscriptores de banda ancha móvil por cada 100 habitantes.

Fuente: elaborada con datos de ITU en su reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (septiembre de 2018).

 

De acuerdo con el reporte, en 2017 México contaba con una penetración de banda ancha móvil de 65.3 por ciento, por debajo del promedio de América Latina, que era de 70.4 por ciento y también por debajo de Argentina (78.1%), Brasil (90.2%),  Chile (88.2%), Uruguay (112.1%) e incluso Bolivia (76.5%).

Lo anterior  significa que, de acuerdo al peso económico que México tiene dentro de la región, su penetración de banda ancha móvil debería ser por lo menos de un nivel equivalente al promedio de la región; sin embargo, también en la penetración de suscriptores móviles México todavía no alcanza la penetración de 100 por ciento, mientras que varios países de la región superan 100 por ciento de penetración de suscriptores móviles.

En materia de banda ancha fija, México contaba con una penetración de 13.3 por ciento en 2017, ligeramente por arriba del promedio de América Latina, que era de 12.2 por ciento, pero superado nuevamente por los mismos países con mayor penetración de banda ancha móvil en la región: Argentina (17.8%), Brasil (13.7%),  Chile (16.9%) y Uruguay (27.5%).

Figura 2.- Suscriptores de banda ancha fija por cada 100 habitantes.

Fuente: elaborada con datos de ITU en su reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (septiembre de 2018).

 

Lo anterior significa que México tiene un amplio espacio para crecer en cuanto a banda ancha, sea fija o móvil, lo cual implica oportunidades importantes para los proveedores de infraestructura, así como para los operadores de telecomunicaciones.

Las iniciativas de México en materia de banda ancha

Habrá que señalar que existen muchas iniciativas gubernamentales a nivel mundial tendientes a incrementar la cobertura, las velocidades, la penetración y la calidad de los servicios de banda ancha.

El reporte The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development manifiesta que existían 31 planes de banda ancha a nivel mundial en 2006, y que en 2018 ese número se elevó a 159 planes.

Lo anterior indica la importancia de los gobiernos en todo el mundo por incrementar la penetración de banda ancha, en función de los beneficios sociales y económicos que genera una mayor penetración de este avance tecnológico.

La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 estableció dos ejes importantes para incrementar la cobertura de los servicios de banda ancha: la Red Compartida y la Red Troncal.

La primera iniciativa tuvo retrasos importantes, y aunque en el inicio de operaciones superó la cobertura comprometida por Altán Redes, los resultados esperados tardarán en reflejarse en función de que el inicio de operaciones se realizó en zonas o áreas geográficas en donde ya existe cobertura por parte de los operadores existentes.

Pareciera que el retorno de inversión y demás variables financieras han obligado a Altán Redes a desarrollar infraestructura en las zonas más rentables, limitando este preciado bien a regiones que aún no cuentan con cobertura. De continuar con esta dinámica, los servicios de banda ancha para zonas no atendidas serán limitados, demorando una mayor penetración de este servicio en el país.

La Red Troncal es otra iniciativa que ha tenido demoras sustanciales. Su licitación no se ha efectuado y los tiempos políticos generan incertidumbre en temas como la carga fiscal que tendrá este proyecto, así como la visión del nuevo gobierno sobre esta iniciativa.

Este último punto es muy relevante en función de que el Proyecto de Nación de Morena, en especial las páginas 286-291,(4)  manifiesta que el objetivo principal en materia de telecomunicaciones es “ampliar la cobertura de banda ancha para zonas marginadas en México a bajos precios, para incorporar estas regiones a las tecnologías de información y telecomunicaciones y elevar su nivel de vida”.

No obstante, dentro del Proyecto de Nación de Morena no se menciona la Red Troncal como parte de la solución y aunque complementaría la falta de cobertura que no está realizando Altán Redes, es extraño que la Red Troncal no sea parte fundamental del Proyecto de Nación de Morena en materia de telecomunicaciones, de ahí parte de la incertidumbre del sector.

Conclusiones

Sin duda, la reforma del sector ha traído grandes beneficios; no obstante, el tema  de una mayor penetración de banda ancha con beneficios para la sociedad y la economía en su conjunto es una asignatura pendiente para México.

Una de las recomendaciones del reporte de la UIT(3) es que los gobiernos den al desarrollo de la banda ancha el apoyo político y recursos necesarios, así como promover la capacitación y estimular la demanda.

En este sentido, las iniciativas establecidas en la reforma del sector han sido inobjetablemente tendientes en impulsar el desarrollo de la banda ancha, no obstante, el camino es todavía largo.

Por último, si la banda ancha es un motor de desarrollo económico, y cada vez existen más y más planes al respecto a nivel mundial, entonces los esfuerzos del gobierno mexicano en este sentido deberían duplicarse, fomentando mayores inversiones y un marco regulatorio flexible que impulse una mayor digitalización. Lo anterior deberá ser acompañado con una ejecución impecable de los planes o iniciativas del gobierno en materia de banda ancha. ¡México lo necesita!

 

(1) https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_Impact-of-Broadband-on-the-Economy.pdf

(2) http://www.oecd.org/publications/estudio-de-la-ocde-sobre-telecomunicaciones-y-radiodifusion-en-mexico-2017-9789264280656-es.htm

(3) https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf

(4) https://drive.google.com/file/d/11B0aNBuVpHB7GDVXhCKdYvVKw7D7Ta-x/view

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