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ANÁLISIS

Últimas decisiones jurídicas y administrativas en telecomunicaciones: la tormenta perfecta

Pedro Huichalaf Roa

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1ra. escena: informe sectorial del desarrollo de las telecomunicaciones en Chile

 Según datos entregados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a marzo de 2018 (es decir, fruto del trabajo público-privado hasta de la anterior administración de Bachelet, sin injerencia de las actuales autoridades), reconfirman que Chile es uno de los países mejor conectados de América Latina, considerando una penetración a Internet de 107.8 accesos por cada 100 habitantes, pero donde la tecnología inalámbrica es líder indiscutida al concentrar 84.5 por ciento de los acceso a Internet por vía móvil y en donde el desarrollo de 4G en Chile ha sido explosivo, considerando que al finalizar el primer mandato de Piñera, en marzo de 2014, había un poco más de 180 mil conexiones y actualmente tenemos 12 millones de usuarios navegando con esta tecnología.

2da. escena: congelamiento del espectro de 3.5 GHz por parte de la Subtel

En una medida inédita y sin previo aviso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones dictó una resolución, ordenando “congelar” el uso de la banda de 3,500 MHz con el argumento de estudio para un posible futuro desarrollo de la tecnología 5G, informando a diversas empresas de telecomunicaciones que tenían concesiones en esa banda, tanto a nivel nacional como regional, que no podrán explotar comercialmente ni desarrollar redes en estas frecuencias por orden administrativa de la autoridad, argumentando que tras proceso de fiscalización, se observó nulo o ineficiente uso de ese espectro.

3ra. escena: sentencia de Corte Suprema por concurso de 700 MHz

En un fallo considerado por algunos como histórico, la Corte Suprema resolvió una demanda presentada por una asociación de consumidores (Conadecus) en contra de las empresas de telecomunicaciones en la licitación de la banda de 700 MHz llevada a fines de 2013, y ordenó que estas empresas devolvieran la misma cantidad de espectro adjudicado por estar vigente un límite de 60 MHz de espectro total que deberían tener, conforme a otro fallo de 2008.

Con estas tres escenas tenemos el nombre de la película… La tormenta perfecta.

La consideramos una tormenta perfecta, toda vez que se ha generado en las últimas semanas una verdadera crisis en las proyecciones del desarrollo de las telecomunicaciones en el futuro, si no existe una decidida intervención en las políticas públicas, que sume voluntad de todos los actores, con los nuevos antecedentes existentes y una verdadera incerteza respecto a despliegue de redes, cantidad de espectro como límite por empresa y formas de que las telecomunicaciones lleguen a sectores más vulnerables, extremas, rurales y sin conectividad digital.

Las razones son porque en Chile las políticas en telecomunicaciones son de mediano a largo plazo y en donde 100 por ciento de los servicios de telecomunicaciones comerciales en Chile son ofrecidos por privados, por lo que el trabajo público-privado es esencial y cobra mayor sentido para el desarrollo tecnológico del país. No existe una empresa estatal de telecomunicaciones que permita suplir el despliegue de redes, ni las inversiones necesarias para el fomento de tecnología.

Sin embargo, una de las bases de esta sana relación, que benefician directamente a los usuarios de telecomunicaciones, es la debida certeza jurídica, una institucionalidad regulatoria que tome decisiones con mirada planificada y previamente definida, y un ecosistema que fomente la sana competencia, mejora en calidad de servicios de telecomunicaciones e incorporación de tecnología de punta. Y ese ha sido el trabajo realizado hasta ahora pero que, a la luz de las últimas decisiones, tanto administrativas como judiciales, no es suficiente, y el problema son los efectos que estas decisiones puedan generar, en especial para la conectividad de todos los usuarios de telecomunicaciones, especialmente los carentes de conectividad digital.

Así, para nadie es un misterio que el espectro radioeléctrico es la base para las empresas de telecomunicaciones y que el desarrollo de las tecnologías han generado la necesidad de contar con más espacio disponible, en distintas bandas de frecuencia (por tener cada una de ellas características técnicas y tecnológicas propias) e incluso las últimas innovaciones, que requieren más velocidad de acceso, menor latencia, mayor penetración en espacios cerrados, requieren combinaciones de bandas de frecuencias, tendencia que se proyecta con la futura tecnología de 5G.

Es importante recordar que, una vez iniciado el actual gobierno de Piñera, tanto la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, como la subsecretaria de Telecomunicaciones, fijaron como pilares de este gobierno duplicar las inversiones en telecomunicaciones en comparación a los últimos cuatro años, y que fomentarían la competencia, buscando preparar el camino para el desarrollo de 5G en Chile. Un discurso lógico y sin mayores novedades por las proyecciones de un trabajo previo.

Es por eso que sorprende que, sin previo aviso ni síntomas que lo previera, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de la noche a la mañana, sacara un decreto fijando el congelamiento del espectro en la banda de 3.5 GHz y ordenara que las empresas que tenían la concesión otorgada hace decenas de años y que detentaban el derecho a explotarlo comercialmente, no pudieran continuar con el despliegue de las redes. Lo paradójico de la decisión es que hay empresas que estaban invirtiendo en despliegue de tecnología, con clientes que se conectan a Internet en esa banda (especialmente de zonas urbanas de bajos ingresos), y que generaban en su espacio competencia a otros servicios, por lo que la medida afecta sus propios objetivos de gobierno.

Por otro lado, según la Subtel, estas redes habían sido autorizadas para desplegarse en los últimos meses de la anterior administración, pero no dice que en la actual también lo estaba permitiendo hasta su decisión de no autorizar más desarrollo de redes e infraestructura. Esto obviamente afectará directamente las inversiones en telecomunicaciones (lo que atenta a otro de los objetivos inicialmente anunciados), producto de la forma anómala de planificar el desarrollo de 5G que, dicho sea de paso, será en 2019 cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones defina la o las bandas concretas a utilizar. Las empresas están estudiando revertir judicialmente la decisión, lo que retrasará las posibles nuevas asignaciones, despliegue y utilización de un futuro 5G, atacando otro de los objetivos propuestos por el Ejecutivo.

Con este sólo antecedente de decisión regulatoria, el escenario se ve controvertido, pero aún faltaba otro antecedente adicional y fue el fallo de la Corte Suprema por recurso presentado por una asociación de consumidores (Conadecus) en contra de las empresas que se adjudicaron la banda de 700 MHz.

En ella, se solicitaba formalmente que la Corte Suprema debía dejar sin efecto el concurso considerando que las empresas de telecomunicaciones que habían resultado ganadoras excedían el límite de contar con 60 MHz de espectro en total. Esto, basado en un fallo similar de 2008, cuando la Corte Suprema había indicado el máximo con que podían contar y así permitir la entrada de nuevos operadores.

Esta nueva sentencia finalmente indica que aún este límite jurisprudencial (y no legal) se encontraba vigente y ordena que las empresas deben devolver el total del espectro adjudicado por cada una de ellas (es decir, 20 MHz de Claro, 20 MHz de Movistar y 30 MHz de Entel), dándole la libertad a que decidan cuál parte del espectro devolvían, no siendo necesariamente la del concurso de 700 MHz propiamente tal.

Sin embargo, también dio la orden a la Subtel de que, si el organismo creía que el límite necesario para contar por cada empresa debía ser mayor a 60 MHz, debía realizar una consulta al Tribunal de la Libre Competencia para que ella, en un proceso abierto, defina cuál era ese límite. Así, por ejemplo, si el límite era mayor a 60 MHz y menor a lo que en total cuentan las empresas, debía devolver el exceso de este nuevo límite.

Lo llamativo fue justamente la actitud de las nuevas autoridades de la Subtel de celebrar el fallo y mencionar que la Corte respaldaba el uso eficiente del espectro, cuando la misma corte señala que la génesis del problema se dio cuando las autoridades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del primer gobierno de Piñera (cuyo subsecretario de ese entonces era Jorge Atton), desatendió el límite, no consultó a Tribunal de Libre Competencia un nuevo límite superior a 60 MHz y adjudicó contra la primera sentencia de la Corte Suprema. Por otro lado, el fallo no se refiere al uso eficiente de espectro, sino a libre competencia y posibilidad de apertura a nuevos actores.

Lo complejo de esta situación es la decisión del gobierno respecto a qué decisión tomar. Así, si aplica el fallo de inmediato, debería exigirle el exceso de 60 MHz y el problema radicaría en que, en primer lugar, las empresas podría devolver espectro de menor condición técnica y económica, pero mantiene clientes operando, quedando en duda qué sucedería con ellos y si con el aumento sostenido y exponencial de tráfico de datos, 60 MHz es suficiente para la alta demanda.

Adicionalmente, si por otro lado, el gobierno (después de despejar cualquier problema judicial o administrativo) quisiera licitar la banda de 3.5 GHz para usarla en tecnología 5G, las actuales empresas existentes en Chile, y que ya cuentan con al menos 60 MHz en total, no podrían participar en ese concurso, o si lo hicieran, deberían devolver la misma cantidad de espectro que podrían ganar en la licitación de 3.5 GHz, volviendo a arrastrar un problema respecto a usuarios que usen tecnología o espectro que debería ser devuelvo.

Otra arista radica en que, si las empresas devuelven espectro de menores condiciones técnicas y económicas, el gobierno quedaría con bandas libres que probablemente si las volviera a licitar, no existiría mayores interesados, justamente por no ser espectro rentable, al menos para las últimas tecnologías como 4G o 5G.

Otra consecuencia del fallo y posible devolución del espectro es que las empresas que se adjudicaron el concurso de 700 MHz tuvieron que cumplir con “contraprestaciones” adicionales al despliegue y uso de la banda de 700 MHz. Es así como además de pagar dinero por ese espectro, debieron cumplir con dar con conectividad a más de mil 200 localidades de zonas extremas y rurales que nunca habían tenido servicios de conectividad móvil ni digital. La duda es, si se les ordena devolver espectro, ¿podrían desconectar las radioestaciones habilitadas? ¿Podrían exigir la restitución de lo pagado al Estado?

Las últimas noticias han informado que la decisión escapó del ámbito técnico (de hecho, el jefe de división de Política Regulatoria de la Subtel, traído por las nuevas autoridades, fue desvinculado por “mal desempeño” en medio de esta crisis, en menos de 60 días en el cargo) y escaló la decisión al Presidente de la República, quien junto a tres ministros, definió que respecto al fallo de la corte, solicitarían al Tribunal de la Libre Competencia que amplíe el límite de espectro, antes de exigir la devolución.

El problema es que este proceso no es rápido. Se presume que al menos podría durar un par de años en resolver si existe mayor o menor grado de complejidad. Y una vez que se resuelva, se podrá saber el primer antecedente, que es cuánto espectro máximo puede tener una empresa en Chile para operar. Y de ahí ver si realiza un posible concurso para la tecnología 5G en la banda de 3.5 GHz (si se define esa banda), calcular si las empresas querrán postular y si existe espacio para exigir nuevas contraprestaciones para llegar a localidades mucho más rurales y extremas que existen en el país para conectarlas en esa oportunidad.

Finalmente, nada se ha dicho de cómo continuará la problemática respecto al “congelamiento” de los derechos de explotación comercial y despliegue de red en la banda de 3.5 GHz, y tampoco se ha reconocido que la credibilidad en las instituciones chilenas y seguridad jurídica francamente se ha visto deteriorada internacionalmente.

Respecto a la meta de duplicar las inversiones en telecomunicaciones, con base en los últimos cuatro años anteriores, con este escenario y sin definiciones claras, no se visualiza por dónde puede ocurrir. La llegada de nuevos operadores para 5G en una banda cuestionada y posiblemente judicializada, mucho menos. Y la esperanza de usuarios de telecomunicaciones de bajos ingresos, de zonas rurales, extremas y sin conectividad digital, de contar con servicios de calidad, cada día más disminuida.

En síntesis, se está generando la tormenta perfecta en telecomunicaciones… y todo dentro de los 100 días de gobierno del presidente Piñera.

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1 Comment

1 Comment

  1. Jorge Fernández

    julio 10, 2018 at 4:26 pm

    La opinión de un total incapaz que fue removido de la Subsecretaria de Telefomunicaciones en el Gobierno de Bachelet por mala gestión y desconocimiento de la industria.

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El estado de la banda ancha en México

Servando Vargas

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La Revolución Industrial iniciada en Inglaterra produjo importantes cambios de orden económico, social y tecnológico. Esta transformación tuvo lugar a finales del siglo XVIII, cuyo principal componente fue mejorar las condiciones de producción.  Este nuevo entorno ha transformado profundamente las condiciones de vida de la sociedad contemporánea.

De esta misma manera, el cambio de lo analógico a lo digital, de los servicios exclusivamente de voz a datos, así como la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, ha repercutido de manera positiva en las condiciones de vida de la sociedad actual, así como en el desarrollo económico de las naciones.

El día de hoy se habla de que el mundo está frente a una nueva revolución, el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), para lo cual la banda ancha es imprescindible.

Muchos estudios señalan que por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la penetración de banda ancha hay un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En algunos análisis, este impacto eleva el crecimiento del PIB en más de 1 por ciento.(1)

Cabe aclarar que los estudios al respecto fueron realizados hace casi una década, por lo cual muy seguramente estos parámetros deberían actualizarse. Pero sin duda, el ajuste de estos análisis establecerían una mayor contribución al crecimiento del PIB derivado de una mayor penetración de la banda ancha, en función de que cada vez la sociedad y el sector productivo son más dependientes de estos servicios.

La banda ancha en México

El año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el Estudio sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017, en el cual  se señala la creación de 50 millones de conexiones de banda ancha móvil en cuatro años,(2) cifra equivalente a toda la población de Colombia y al mismo tiempo una historia de éxito para los países miembros de la OCDE.

No obstante lo anterior, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su reciente reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (September 2018)(3), manifiesta un rezago importante para México en materia de banda ancha móvil si la comparamos con la penetración de banda ancha móvil en América Latina.

Figura 1. Suscriptores de banda ancha móvil por cada 100 habitantes.

Fuente: elaborada con datos de ITU en su reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (septiembre de 2018).

 

De acuerdo con el reporte, en 2017 México contaba con una penetración de banda ancha móvil de 65.3 por ciento, por debajo del promedio de América Latina, que era de 70.4 por ciento y también por debajo de Argentina (78.1%), Brasil (90.2%),  Chile (88.2%), Uruguay (112.1%) e incluso Bolivia (76.5%).

Lo anterior  significa que, de acuerdo al peso económico que México tiene dentro de la región, su penetración de banda ancha móvil debería ser por lo menos de un nivel equivalente al promedio de la región; sin embargo, también en la penetración de suscriptores móviles México todavía no alcanza la penetración de 100 por ciento, mientras que varios países de la región superan 100 por ciento de penetración de suscriptores móviles.

En materia de banda ancha fija, México contaba con una penetración de 13.3 por ciento en 2017, ligeramente por arriba del promedio de América Latina, que era de 12.2 por ciento, pero superado nuevamente por los mismos países con mayor penetración de banda ancha móvil en la región: Argentina (17.8%), Brasil (13.7%),  Chile (16.9%) y Uruguay (27.5%).

Figura 2.- Suscriptores de banda ancha fija por cada 100 habitantes.

Fuente: elaborada con datos de ITU en su reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (septiembre de 2018).

 

Lo anterior significa que México tiene un amplio espacio para crecer en cuanto a banda ancha, sea fija o móvil, lo cual implica oportunidades importantes para los proveedores de infraestructura, así como para los operadores de telecomunicaciones.

Las iniciativas de México en materia de banda ancha

Habrá que señalar que existen muchas iniciativas gubernamentales a nivel mundial tendientes a incrementar la cobertura, las velocidades, la penetración y la calidad de los servicios de banda ancha.

El reporte The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development manifiesta que existían 31 planes de banda ancha a nivel mundial en 2006, y que en 2018 ese número se elevó a 159 planes.

Lo anterior indica la importancia de los gobiernos en todo el mundo por incrementar la penetración de banda ancha, en función de los beneficios sociales y económicos que genera una mayor penetración de este avance tecnológico.

La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 estableció dos ejes importantes para incrementar la cobertura de los servicios de banda ancha: la Red Compartida y la Red Troncal.

La primera iniciativa tuvo retrasos importantes, y aunque en el inicio de operaciones superó la cobertura comprometida por Altán Redes, los resultados esperados tardarán en reflejarse en función de que el inicio de operaciones se realizó en zonas o áreas geográficas en donde ya existe cobertura por parte de los operadores existentes.

Pareciera que el retorno de inversión y demás variables financieras han obligado a Altán Redes a desarrollar infraestructura en las zonas más rentables, limitando este preciado bien a regiones que aún no cuentan con cobertura. De continuar con esta dinámica, los servicios de banda ancha para zonas no atendidas serán limitados, demorando una mayor penetración de este servicio en el país.

La Red Troncal es otra iniciativa que ha tenido demoras sustanciales. Su licitación no se ha efectuado y los tiempos políticos generan incertidumbre en temas como la carga fiscal que tendrá este proyecto, así como la visión del nuevo gobierno sobre esta iniciativa.

Este último punto es muy relevante en función de que el Proyecto de Nación de Morena, en especial las páginas 286-291,(4)  manifiesta que el objetivo principal en materia de telecomunicaciones es “ampliar la cobertura de banda ancha para zonas marginadas en México a bajos precios, para incorporar estas regiones a las tecnologías de información y telecomunicaciones y elevar su nivel de vida”.

No obstante, dentro del Proyecto de Nación de Morena no se menciona la Red Troncal como parte de la solución y aunque complementaría la falta de cobertura que no está realizando Altán Redes, es extraño que la Red Troncal no sea parte fundamental del Proyecto de Nación de Morena en materia de telecomunicaciones, de ahí parte de la incertidumbre del sector.

Conclusiones

Sin duda, la reforma del sector ha traído grandes beneficios; no obstante, el tema  de una mayor penetración de banda ancha con beneficios para la sociedad y la economía en su conjunto es una asignatura pendiente para México.

Una de las recomendaciones del reporte de la UIT(3) es que los gobiernos den al desarrollo de la banda ancha el apoyo político y recursos necesarios, así como promover la capacitación y estimular la demanda.

En este sentido, las iniciativas establecidas en la reforma del sector han sido inobjetablemente tendientes en impulsar el desarrollo de la banda ancha, no obstante, el camino es todavía largo.

Por último, si la banda ancha es un motor de desarrollo económico, y cada vez existen más y más planes al respecto a nivel mundial, entonces los esfuerzos del gobierno mexicano en este sentido deberían duplicarse, fomentando mayores inversiones y un marco regulatorio flexible que impulse una mayor digitalización. Lo anterior deberá ser acompañado con una ejecución impecable de los planes o iniciativas del gobierno en materia de banda ancha. ¡México lo necesita!

 

(1) https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_Impact-of-Broadband-on-the-Economy.pdf

(2) http://www.oecd.org/publications/estudio-de-la-ocde-sobre-telecomunicaciones-y-radiodifusion-en-mexico-2017-9789264280656-es.htm

(3) https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf

(4) https://drive.google.com/file/d/11B0aNBuVpHB7GDVXhCKdYvVKw7D7Ta-x/view

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ANÁLISIS

Operadores europeos de acceso abierto y mayoristas forman nueva alianza para acelerar despliegue de redes de fibra

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Los presidentes y directores generales de los principales operadores de acceso completo y mayorista de fibra completa europeos, CityFibre (Reino Unido), Deutsche Glasfaser (Alemania), Open Fiber (Italia), Gagnaveita Reykjavikur (Islandia) y SIRO (Irlanda), se reunieron en Roma en presencia de Johannes Gungl, presidente del BEREC (Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas) y de Erzsebet Fitori, director General de FTTH Council Europe, para debatir sobre el futuro del mercado de las telecomunicaciones y explorar oportunidades para acelerar el despliegue y la adopción de infraestructura de fibra en toda Europa.

Los operadores al por mayor sólo son especialistas en redes de fibra que, en ausencia de un brazo minorista, invierten únicamente en nuevas redes de fibra de acceso abierto de alta velocidad en beneficio de todos los proveedores de servicios.

Este es un modelo comercial probado que ahora está experimentando un crecimiento significativo en Europa, especialmente para el despliegue de Fiber To The Home (FTTH) y Fiber To The Building (FTTB). Millones de hogares y negocios se beneficiarán de la implementación de redes de fibra total transformadoras, lo que generará importantes beneficios económicos para el sector digital europeo.

Relevante: Operadores europeos mayoristas de fibra completa forman alianza

El nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC) alienta explícitamente a los operadores mayoristas únicamente brindándoles un régimen regulador específico y ligero, ya que, naturalmente, proporcionan acceso a múltiples proveedores de servicios de telecomunicaciones sin discriminación ni abusos. Por esta razón, el modelo de sólo al por mayor es el vehículo ideal para el despliegue de redes de muy alta capacidad, según lo previsto por el Código, así como un facilitador de servicios innovadores como Internet de las cosas (IOT) y 5G.

Dado el alto costo de construir nuevas redes FTTH / FTTB, el modelo de venta al por mayor es el mejor enfoque para lograr una implementación de infraestructura de fibra completa a gran escala, ya que agrega demanda de muchos proveedores de servicios que se benefician de la conectividad a prueba de muy alta capacidad para el futuro. Dependiendo de las condiciones del mercado, los operadores independientes de acceso abierto pueden facilitar el mismo objetivo.

Las compañías que se reúnen en Roma han acordado crear una alianza para compartir las mejores prácticas y promover los beneficios y las ventajas de la fibra completa sólo para mayoristas, que ofrecen una infraestructura de fibra completa de manera mucho más eficiente que los operadores incumbentes integrados verticalmente.

La alianza funcionará para garantizar que los gobiernos, los organismos reguladores y los inversores financieros entiendan debidamente estos beneficios, y para promover el conocimiento de estas redes de fibra independientes entre los proveedores de servicios y los operadores móviles.

La alianza también cree que tiene un papel en educar e informar al consumidor europeo sobre cuáles son las redes genuinas de muy alta capacidad y desafía el uso indebido de la palabra “Fiber” en la comercialización de servicios de banda ancha que se entregan en redes heredadas basadas en cobre.

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La calidad institucional: un aspecto capital para cerrar la brecha digital

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La calidad de las instituciones públicas, la seguridad jurídica y la confianza son aspectos esenciales para que las empresas puedan invertir con una mirada de largo plazo. Ello es relevante en todos los sectores de la economía, pero en las telecomunicaciones es aún más crucial, ya que, a diferencia de otros sectores, los montos de inversión son considerablemente cuantiosos, los despliegues de redes suelen ser irreversibles, y el horizonte temporal para el retorno de las inversiones es especialmente largo.

Es por ello que a la hora de invertir las empresas de telecomunicaciones son especialmente sensibles a las condiciones del entorno. No solamente a las características e intensidad regulatoria, sino también a aspectos tan elementales como el respeto de los derechos adquiridos, la independencia judicial, la ausencia de arbitrariedad en decisiones gubernamentales, la transparencia y la efectividad del marco legal para resolver disputas o para que los afectados puedan recurrir determinadas políticas o regulaciones si entienden que su legalidad es dudosa.

Existen diversos indicadores que pueden servir para tomar la temperatura del clima de negocios en un país. A modo de ejemplo, el World Economic Forum (WEF) cuenta con un amplio relevamiento de datos que utiliza para la construcción de su Índice de Competitividad Global, que se basa en buena medida en entrevistas a ejecutivos de empresas.

Los indicadores del WEF que destaco son los referidos a Derechos de propiedad, Independencia judicial, Confianza en los políticos, Favoritismos en decisiones de los gobiernos, Eficiencia del marco legal para resolución de disputas, Transparencia en la elaboración de políticas públicas, Fortaleza en la protección de inversores y Eficiencia para recurrir políticas y regulaciones en caso de que los afectados entiendan que su legalidad es dudosa.

En todos los casos, los puntajes van de 1 a 7 (de peor situación a mejor para el clima de inversión), con excepción de la protección de inversores en cuyo caso la escala es de 1 a 10.

El análisis de los indicadores del WEF sugiere que lamentablemente, América Latina no se encuentra bien ubicada a nivel global en cuanto a los mencionados indicadores, como se puede apreciar en los siguientes gráficos. En prácticamente todos los casos, los ejecutivos latinoamericanos califican a sus instituciones y políticos con puntajes que la sitúan como la última región renqueada, con excepción del indicador de protección al inversor, en la que supera -levemente- a África Subsahariana y al Medio Oriente y Norte de África.

 

Figura 1. Ranking regional de variables vinculadas a la calidad institucional

Fuente: elaboración propia con base en datos de WEF de 2017.

 

Esta situación es muy preocupante y afecta a toda la economía regional. Como decía, el sector de las telecomunicaciones es muy sensible a este tipo de factores, como vemos en el siguiente gráfico que relaciona, para una amplia muestra de países del mundo, los niveles de inversión en telecomunicaciones (CAPEX) per cápita, con cada uno de los mencionados indicadores que hacen la calidad institucional, junto con la regresión lineal que vincula a cada par de variables.

 

Figura 2. Relación CAPEX per cápita en telecom e indicadores de calidad institucional

Fuente: elaboración propia con base en datos de WEF y UIT de 2015.

 

Los resultados son contundentes, en la medida que la relación es siempre positiva. En otras palabras, el sector de las telecomunicaciones invierte más por habitante en aquellos países donde hay mayor respeto a la propiedad, o mayor independencia judicial, mayor confianza en los políticos, menores niveles de favoritismo en decisiones de gobiernos, marcos legales más eficientes para resolver disputas o recurrir normas de dudosa legalidad, mayor nivel de transparencia, o mayor protección a los inversores.

El análisis conjunto de los gráficos reportados evidencia a las claras que las inversiones para el cierre de la brecha digital necesitan de un entorno favorable. Y que América Latina tiene todavía mucho camino por recorrer.

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