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ANÁLISIS

Últimas decisiones jurídicas y administrativas en telecomunicaciones: la tormenta perfecta

Pedro Huichalaf Roa

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1ra. escena: informe sectorial del desarrollo de las telecomunicaciones en Chile

 Según datos entregados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a marzo de 2018 (es decir, fruto del trabajo público-privado hasta de la anterior administración de Bachelet, sin injerencia de las actuales autoridades), reconfirman que Chile es uno de los países mejor conectados de América Latina, considerando una penetración a Internet de 107.8 accesos por cada 100 habitantes, pero donde la tecnología inalámbrica es líder indiscutida al concentrar 84.5 por ciento de los acceso a Internet por vía móvil y en donde el desarrollo de 4G en Chile ha sido explosivo, considerando que al finalizar el primer mandato de Piñera, en marzo de 2014, había un poco más de 180 mil conexiones y actualmente tenemos 12 millones de usuarios navegando con esta tecnología.

2da. escena: congelamiento del espectro de 3.5 GHz por parte de la Subtel

En una medida inédita y sin previo aviso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones dictó una resolución, ordenando “congelar” el uso de la banda de 3,500 MHz con el argumento de estudio para un posible futuro desarrollo de la tecnología 5G, informando a diversas empresas de telecomunicaciones que tenían concesiones en esa banda, tanto a nivel nacional como regional, que no podrán explotar comercialmente ni desarrollar redes en estas frecuencias por orden administrativa de la autoridad, argumentando que tras proceso de fiscalización, se observó nulo o ineficiente uso de ese espectro.

3ra. escena: sentencia de Corte Suprema por concurso de 700 MHz

En un fallo considerado por algunos como histórico, la Corte Suprema resolvió una demanda presentada por una asociación de consumidores (Conadecus) en contra de las empresas de telecomunicaciones en la licitación de la banda de 700 MHz llevada a fines de 2013, y ordenó que estas empresas devolvieran la misma cantidad de espectro adjudicado por estar vigente un límite de 60 MHz de espectro total que deberían tener, conforme a otro fallo de 2008.

Con estas tres escenas tenemos el nombre de la película… La tormenta perfecta.

La consideramos una tormenta perfecta, toda vez que se ha generado en las últimas semanas una verdadera crisis en las proyecciones del desarrollo de las telecomunicaciones en el futuro, si no existe una decidida intervención en las políticas públicas, que sume voluntad de todos los actores, con los nuevos antecedentes existentes y una verdadera incerteza respecto a despliegue de redes, cantidad de espectro como límite por empresa y formas de que las telecomunicaciones lleguen a sectores más vulnerables, extremas, rurales y sin conectividad digital.

Las razones son porque en Chile las políticas en telecomunicaciones son de mediano a largo plazo y en donde 100 por ciento de los servicios de telecomunicaciones comerciales en Chile son ofrecidos por privados, por lo que el trabajo público-privado es esencial y cobra mayor sentido para el desarrollo tecnológico del país. No existe una empresa estatal de telecomunicaciones que permita suplir el despliegue de redes, ni las inversiones necesarias para el fomento de tecnología.

Sin embargo, una de las bases de esta sana relación, que benefician directamente a los usuarios de telecomunicaciones, es la debida certeza jurídica, una institucionalidad regulatoria que tome decisiones con mirada planificada y previamente definida, y un ecosistema que fomente la sana competencia, mejora en calidad de servicios de telecomunicaciones e incorporación de tecnología de punta. Y ese ha sido el trabajo realizado hasta ahora pero que, a la luz de las últimas decisiones, tanto administrativas como judiciales, no es suficiente, y el problema son los efectos que estas decisiones puedan generar, en especial para la conectividad de todos los usuarios de telecomunicaciones, especialmente los carentes de conectividad digital.

Así, para nadie es un misterio que el espectro radioeléctrico es la base para las empresas de telecomunicaciones y que el desarrollo de las tecnologías han generado la necesidad de contar con más espacio disponible, en distintas bandas de frecuencia (por tener cada una de ellas características técnicas y tecnológicas propias) e incluso las últimas innovaciones, que requieren más velocidad de acceso, menor latencia, mayor penetración en espacios cerrados, requieren combinaciones de bandas de frecuencias, tendencia que se proyecta con la futura tecnología de 5G.

Es importante recordar que, una vez iniciado el actual gobierno de Piñera, tanto la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, como la subsecretaria de Telecomunicaciones, fijaron como pilares de este gobierno duplicar las inversiones en telecomunicaciones en comparación a los últimos cuatro años, y que fomentarían la competencia, buscando preparar el camino para el desarrollo de 5G en Chile. Un discurso lógico y sin mayores novedades por las proyecciones de un trabajo previo.

Es por eso que sorprende que, sin previo aviso ni síntomas que lo previera, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de la noche a la mañana, sacara un decreto fijando el congelamiento del espectro en la banda de 3.5 GHz y ordenara que las empresas que tenían la concesión otorgada hace decenas de años y que detentaban el derecho a explotarlo comercialmente, no pudieran continuar con el despliegue de las redes. Lo paradójico de la decisión es que hay empresas que estaban invirtiendo en despliegue de tecnología, con clientes que se conectan a Internet en esa banda (especialmente de zonas urbanas de bajos ingresos), y que generaban en su espacio competencia a otros servicios, por lo que la medida afecta sus propios objetivos de gobierno.

Por otro lado, según la Subtel, estas redes habían sido autorizadas para desplegarse en los últimos meses de la anterior administración, pero no dice que en la actual también lo estaba permitiendo hasta su decisión de no autorizar más desarrollo de redes e infraestructura. Esto obviamente afectará directamente las inversiones en telecomunicaciones (lo que atenta a otro de los objetivos inicialmente anunciados), producto de la forma anómala de planificar el desarrollo de 5G que, dicho sea de paso, será en 2019 cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones defina la o las bandas concretas a utilizar. Las empresas están estudiando revertir judicialmente la decisión, lo que retrasará las posibles nuevas asignaciones, despliegue y utilización de un futuro 5G, atacando otro de los objetivos propuestos por el Ejecutivo.

Con este sólo antecedente de decisión regulatoria, el escenario se ve controvertido, pero aún faltaba otro antecedente adicional y fue el fallo de la Corte Suprema por recurso presentado por una asociación de consumidores (Conadecus) en contra de las empresas que se adjudicaron la banda de 700 MHz.

En ella, se solicitaba formalmente que la Corte Suprema debía dejar sin efecto el concurso considerando que las empresas de telecomunicaciones que habían resultado ganadoras excedían el límite de contar con 60 MHz de espectro en total. Esto, basado en un fallo similar de 2008, cuando la Corte Suprema había indicado el máximo con que podían contar y así permitir la entrada de nuevos operadores.

Esta nueva sentencia finalmente indica que aún este límite jurisprudencial (y no legal) se encontraba vigente y ordena que las empresas deben devolver el total del espectro adjudicado por cada una de ellas (es decir, 20 MHz de Claro, 20 MHz de Movistar y 30 MHz de Entel), dándole la libertad a que decidan cuál parte del espectro devolvían, no siendo necesariamente la del concurso de 700 MHz propiamente tal.

Sin embargo, también dio la orden a la Subtel de que, si el organismo creía que el límite necesario para contar por cada empresa debía ser mayor a 60 MHz, debía realizar una consulta al Tribunal de la Libre Competencia para que ella, en un proceso abierto, defina cuál era ese límite. Así, por ejemplo, si el límite era mayor a 60 MHz y menor a lo que en total cuentan las empresas, debía devolver el exceso de este nuevo límite.

Lo llamativo fue justamente la actitud de las nuevas autoridades de la Subtel de celebrar el fallo y mencionar que la Corte respaldaba el uso eficiente del espectro, cuando la misma corte señala que la génesis del problema se dio cuando las autoridades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del primer gobierno de Piñera (cuyo subsecretario de ese entonces era Jorge Atton), desatendió el límite, no consultó a Tribunal de Libre Competencia un nuevo límite superior a 60 MHz y adjudicó contra la primera sentencia de la Corte Suprema. Por otro lado, el fallo no se refiere al uso eficiente de espectro, sino a libre competencia y posibilidad de apertura a nuevos actores.

Lo complejo de esta situación es la decisión del gobierno respecto a qué decisión tomar. Así, si aplica el fallo de inmediato, debería exigirle el exceso de 60 MHz y el problema radicaría en que, en primer lugar, las empresas podría devolver espectro de menor condición técnica y económica, pero mantiene clientes operando, quedando en duda qué sucedería con ellos y si con el aumento sostenido y exponencial de tráfico de datos, 60 MHz es suficiente para la alta demanda.

Adicionalmente, si por otro lado, el gobierno (después de despejar cualquier problema judicial o administrativo) quisiera licitar la banda de 3.5 GHz para usarla en tecnología 5G, las actuales empresas existentes en Chile, y que ya cuentan con al menos 60 MHz en total, no podrían participar en ese concurso, o si lo hicieran, deberían devolver la misma cantidad de espectro que podrían ganar en la licitación de 3.5 GHz, volviendo a arrastrar un problema respecto a usuarios que usen tecnología o espectro que debería ser devuelvo.

Otra arista radica en que, si las empresas devuelven espectro de menores condiciones técnicas y económicas, el gobierno quedaría con bandas libres que probablemente si las volviera a licitar, no existiría mayores interesados, justamente por no ser espectro rentable, al menos para las últimas tecnologías como 4G o 5G.

Otra consecuencia del fallo y posible devolución del espectro es que las empresas que se adjudicaron el concurso de 700 MHz tuvieron que cumplir con “contraprestaciones” adicionales al despliegue y uso de la banda de 700 MHz. Es así como además de pagar dinero por ese espectro, debieron cumplir con dar con conectividad a más de mil 200 localidades de zonas extremas y rurales que nunca habían tenido servicios de conectividad móvil ni digital. La duda es, si se les ordena devolver espectro, ¿podrían desconectar las radioestaciones habilitadas? ¿Podrían exigir la restitución de lo pagado al Estado?

Las últimas noticias han informado que la decisión escapó del ámbito técnico (de hecho, el jefe de división de Política Regulatoria de la Subtel, traído por las nuevas autoridades, fue desvinculado por “mal desempeño” en medio de esta crisis, en menos de 60 días en el cargo) y escaló la decisión al Presidente de la República, quien junto a tres ministros, definió que respecto al fallo de la corte, solicitarían al Tribunal de la Libre Competencia que amplíe el límite de espectro, antes de exigir la devolución.

El problema es que este proceso no es rápido. Se presume que al menos podría durar un par de años en resolver si existe mayor o menor grado de complejidad. Y una vez que se resuelva, se podrá saber el primer antecedente, que es cuánto espectro máximo puede tener una empresa en Chile para operar. Y de ahí ver si realiza un posible concurso para la tecnología 5G en la banda de 3.5 GHz (si se define esa banda), calcular si las empresas querrán postular y si existe espacio para exigir nuevas contraprestaciones para llegar a localidades mucho más rurales y extremas que existen en el país para conectarlas en esa oportunidad.

Finalmente, nada se ha dicho de cómo continuará la problemática respecto al “congelamiento” de los derechos de explotación comercial y despliegue de red en la banda de 3.5 GHz, y tampoco se ha reconocido que la credibilidad en las instituciones chilenas y seguridad jurídica francamente se ha visto deteriorada internacionalmente.

Respecto a la meta de duplicar las inversiones en telecomunicaciones, con base en los últimos cuatro años anteriores, con este escenario y sin definiciones claras, no se visualiza por dónde puede ocurrir. La llegada de nuevos operadores para 5G en una banda cuestionada y posiblemente judicializada, mucho menos. Y la esperanza de usuarios de telecomunicaciones de bajos ingresos, de zonas rurales, extremas y sin conectividad digital, de contar con servicios de calidad, cada día más disminuida.

En síntesis, se está generando la tormenta perfecta en telecomunicaciones… y todo dentro de los 100 días de gobierno del presidente Piñera.

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1 Comment

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  1. Jorge Fernández

    julio 10, 2018 at 4:26 pm

    La opinión de un total incapaz que fue removido de la Subsecretaria de Telefomunicaciones en el Gobierno de Bachelet por mala gestión y desconocimiento de la industria.

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ANÁLISIS

Presupuesto del IFT: la política falló

Jorge Bravo

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá que conformarse con un presupuesto de 1,500 millones de pesos de los 1,780 millones que solicitó a la Secretaría de Hacienda, después de que la Cámara de Diputados le recortara de forma inopinada 280 millones. Menos proyectos o menos personal o ambos podría ser una triste realidad para el IFT en 2019. ¿Por qué ocurrió?

Elaborar un presupuesto es tarea de expertos pero defenderlo es un asunto político. Lo fue para cientos de alcaldes que estuvieron formados en San Lázaro para entregar en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las solicitudes de dinerito para sus municipios. Lo fue para el rector de la UNAM que mostró un músculo político de más de 350 mil estudiantes y 40 mil académicos y lo es para cualquier persona. Todos en alguna ocasión debemos ponernos la cachucha de vendedor y persuadir al “dueño del dinero” del presupuesto que creemos merecer con los mejores argumentos. Pero el IFT no lo hizo correctamente.

He escuchado a varios ex funcionarios públicos repetir el mismo mantra: “¿quieres 50 pesos? ¡pide 100!”. Eso hacemos todos, sabiendo que existe un margen de negociación. Es fácil decirlo pero también intentarlo si se presentan los proyectos. ¿Por qué el IFT sólo solicitó 1,780 millones en lugar de los 1,998 millones de 2018 o incluso más? No es un tema de austeridad o recortes de privilegios sino de falta de visión y desconocimiento de lo que realmente debe hacer la institución, que no es sólo promover la competencia.

El miércoles 5 de diciembre compareció el IFT ante diputados de la Comisión de Radio y Television respecto del presupuesto de egresos de la federación 2019. Acudió, acompañado de otros funcionarios del IFT, Mario Fócil, titular de la Unidad de Administración del IFT. Fócil disculpó a Gabriel Contreras, comisionado Presidente del IFT, quien no pudo acudir con los diputados porque tenía una sesión del Pleno. Todo lo que escribo se puede verificar aquí: https://goo.gl/x6W1Ux.

Señora y señores comisionados: ¿no podían posponer su sesión del Pleno ante un tema tan relevante como el presupuesto de la institución de donde obtienen sus salarios e ir todos a defenderlo? Es conocida la animadversión de AMLO por los organismos autónomos. Ha dicho que “agrandaron el gobierno” y que son “supuestamente organos autónomos con muy buenos sueldos para los altos funcionarios públicos y mucho derroche”.

Ingresé al sitio del IFT para saber qué asunto había sido tan importante como para que el Comisionado Presidente no acudiera en persona a defender el presupuesto, pero las sesiones del Pleno están actualizadas hasta el 16 de noviembre. ¿Es relevante? Sin duda: Contreras no sólo es el Presidente del IFT, sino que rodeado de seis comisionados técnicos-expertos, él es el comisionado político.

Mario Fócil presentó el proyecto de presupuesto del IFT ante la Comisión de Radio y TV. Su estrategia se centró en cuatro ejes, a la postre fallidos: beneficios de la reforma (por desgracia, ningún diputado se inmutó); especialización (es importante, pero no lo fue para ningún diputado); criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público (no logró tocar el corazón de una comisión y “cena de negros” que de 29 diputados 15 son de Morena) y recaudación para las arcas de la federación de ingresos provenientes de las licitaciones de espectro (esta parte fue cuestionada por diputados con notable desconocimiento en la materia pero lengua afilada).

La especialización (uno de los principios que fundamenta la creación de un organismo constitucional autónomo) fue utilizada por el titular de la Unidad de Administración para justificar por qué “sólo 16 funcionarios del IFT” debían ganar más que el presidente López Obrador.

El argumento de la recaudación fue desastroso para el IFT. Como los diputados no son expertos pero sí grillos, supieron destruir ese argumento. Fócil reseñó que de 2013 a agosto de 2018 el IFT había recaudado “por derechos y  otros conceptos” 70,716.48 millones de pesos, mientras que el costo de operación del instituto había sido de 9,978 millones, “es decir, sólo 14.1 por ciento”. E insistió: “por cada peso que le han asignado al IFT el instituto ha generado siete pesos al Estado mexicano”.

El argumento recaudatorio fue tan débil, perjudicial y amenazante al mismo tiempo que se convirtió en un búmeran directamente al rosto del IFT. Es como suponer que el mérito de la UNAM, de la CNDH o del INE es recaudatorio y no social o democrático. El IFT incurrió en una terrible confusión de sí mismo y en una pésima estrategia suplicante: “no seas malo, merezco mi presupuesto porque te genero muchos ingresos… y puedo seguir generándolos”. El diputado de Morena, Luis Javier Alegre (que en todo momento se refirió al instituto como “la Ifetel” (sic)), supo dinamitar el argumento y no dejó de repetir que “la Ifetel debería ser un órgano regulador y no recaudador”, algo que la industria y no pocos analistas comparten.

Ante las adversidades que ya se preveían para el presupuesto del IFT como órgano autónomo non grato para el morenismo, todo indica que no hubo una estrategia por parte del instituto, fue fallida y tampoco ocurrió un cabildeo político para defender la pertinencia del presupuesto. Enrique Peña Nieto le facilitó al IFT un buen presupuesto porque fue una institución creada durante su administración, pero era obvio que ese estado de confort cambiaría con un gobierno abiertamente hostil con los organismos autónomos y sus autoridades… y todavía no somos testigos de los atentados directos a su autonomía.

Cuando ya se había dictaminado el presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se decidió recortar 180 millones al IFT, el instituto emitió un comunicado dominical diciendo que la disminución “pone en grave riesgo el cumplimiento de las atribuciones y proyectos sustantivos para 2019”. Se refirió a sus competencias en el artículo 28 constitucional e hizo un respetuoso pero sobre todo tibio llamado a “reconsiderar la propuesta de presupuesto presentada por el IFT”.

Ingresé al sitio del IFT para conocer esos “proyectos sustantivos para 2019” y descubrí que el IFT no ha hecho público su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019. Verifiqué y el PAT 2018 fue aprobado por el Pleno hasta febrero de 2018. Hubiera sido un punto a favor del IFT en la discusión del presupuesto conocer al menos un avance del PAT 2019, pero no se les ocurrió.

Independientemente de ello, no escuché a los funcionarios del IFT durante su comparecencia hablar de inclusión digital, de conectar a más mexicanos, de cerrar la brecha de conectividad o de género; no mencionaron la tutela que les corresponde del derecho fundamental de acceso a las TIC, incluida la banda ancha. ¿Es necesario aclararlo? A los legisladores de Morena (cuyo lema es “por el bien de todos, primero los pobres”) hay que hablarles con la voz del pueblo y los beneficios sociales de Internet. A falta de un político que negociara y argumentara a favor de la función social del IFT y la inversión pública que requiere para ello, los técnicos y abogados del instituto hicieron gala de su conocimiento de artículos, párrafos e incisos.

Como órgano autónomo el IFT es un poder del Estado en sí mismo porque su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), pero se le ha encargado en la Constitución una función estatal específica y especializada, no limitada al artículo 28 de la Carta Magna (competencia económica), sino también a los artículos segundo (pluriculturalismo), tercero (educación), sexto (derecho de acceso a las TIC) y séptimo (libertad de expresión) de la Constitución. Los derechos fundamentales no admiten austeridad y alguien tenía que recordárselo a los legisladores, pero para muchos funcionarios del IFT esa sigue siendo tierra ignota y además no creen en el derecho de acceso a las TIC con convicción.

Dice el respetuoso comunicado del IFT que el recorte afectará “promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”. Por ejemplo, el IFT carece de un programa para promover la radiodifusión pública, por demás ineficiente. Ante el recorte sistemático que sufren cada año los medios públicos, el IFT podría ayudar con algunos milloncitos para programas específicos que les permitan cumplir sus atribuciones legales y su función social como su digitalización o pleno acceso a tecnologías. Aún más: ¿qué programas tiene el IFT para contribuir al logro de los objetivos de la política de inclusión digital y cobertura universales? ¿El Programa Prioritario “Internet para todos” del nuevo gobierno de AMLO no era una buena oportunidad para diseñar un programa coadyuvante y pedir presupuesto adicional para ello? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le concede al IFT 63 atribuciones. Cada una de ellas admite programas y proyectos temporales y permanentes y oportunidades de solicitar presupuesto.

El IFT tiene un enorme poder legal no suficientemente explotado pero sobre todo una hermosa responsabilidad social y política: lograr que millones de mexicanos (incluidas mujeres, jóvenes, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad) accedan a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Esa labor es suficientemente ardua y ambiciosa para demandar el presupuesto necesario.

Llama la atención que algunos comisionados reconozcan esa importancia social justo después del tijeretazo de los diputados. El comisionado Javier Juárez comentó en Twitter: “Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios habilitadores de derechos y oportunidades para todos.” Comisionada María Elena Estavillo: “El presupuesto del IFT no es gasto, es inversión social.” Coincido: ¿por qué no fueron a demostrarlo a la Cámara de Diputados? Decía el destacado politólogo Guillermo O’Donnell: “los derechos hay que escribirlos en la ley porque es la única forma de defenderlos y exigirlos; (pero) todo derecho está amenazado y es reversible”.

Durante más de cinco años el IFT ha hecho política, pero el día que más se requería de los talentos de un comisionado político, ese día no se hizo lo suficiente para defender el presupuesto del IFT. Proponer al Pleno el anteproyecto de presupuesto para su aprobación y remitirlo a la Secretaría de Hacienda es una facultad indelegable del Presidente del IFT. Por cierto, el Estatuto Orgánico del IFT señala en su artículo 14 que “el Presidente ejercerá sus facultades directamente o mediante acuerdo delegatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación a través de los Titulares de Unidad”, como fue el caso de Mario Fócil ante la comisión en San Lazaro. Ingresé al DOF para buscar el acuerdo delegatorio y no lo encontré…

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ANÁLISIS

Megamulta de IFT a Telmex tuerce regulación y compromete inversiones

• La multa por 2,543 mdp es desproporcionada y afecta inversiones del operador
• La resolución afecta los objetivos y rentabilidad de la separación funcional
• La multa es infundada porque sobre el operador ya pesa la regulación asimétrica de preponderancia

Policy & Law

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Desenterrar expedientes

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) exhumó del cementerio regulatorio un procedimiento administrativo acusatorio de 2013 (previo a la reforma en materia de telecomunicaciones) contra Telmex y le impuso una multa desproporcionada de 2 mil 543 millones 936 mil 879.63 pesos (equivalente a 1% de sus ingresos de 2013) por haber incumplido la Condición 4.1 de su título de concesión sobre metas mínimas de calidad de servicio. Al regulador se le olvida que cualquier resolución que adopte su Pleno debe ceñirse a los derechos fundamentales y, en este caso, la multa atenta contra el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Regulación superada por la preponderancia

¿Cuál fue el pecado o la conducta imputada a Telmex?: el operador fijo no alcanzó el plazo de entrega para el servicio de arrendamiento de enlaces dedicados locales y de larga distancia.

Lo anterior deriva de un incumplimiento de la Resolución de Metas Mínimas 2011-2014, un instrumento regulatorio aprobado el 12 de julio de 2012 por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el cual carece de una metodología para, precisamente, ponderar el cumplimiento.

El tema es cuestionable por sí mismo por cuanto la reforma constitucional de 2013, la ley secundaria de 2014 y la declaratoria de preponderancia de 2013 (incluida la resolución de servicios mayoristas) modificaron las reglas del juego y le impusieron al grupo económico de América Móvil-Telmex-Telcel medidas regulatorias asimétricas exorbitantes, incluidas las ofertas mayoristas y la separación funcional de Telmex durante la revisión bienal de la efectividad de las medidas de preponderancia.

La resolución que tomó el Pleno del IFT de multar a Telmex el 12 de diciembre ocurre cuando el regulador posee amplias atribuciones para regular el sector vía la preponderancia, cuando la empresa está en proceso de separación de sus negocios mayoristas, cuando las empresas han perdido valor e ingresos en el mercado, cuando a la compañía se le impide y se le castiga por crecer por su carácter de preponderante y cuando se requiere más inversión en redes para cerrar la brecha digital y contribuir a la expansión de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, objetivo al cual el IFT no se ha sumado desde la aprobación de la reforma, fallando en su obligación constitucional.

Implicaciones

La megamulta tiene implicaciones directas en las finanzas de la empresa, el sector de telecomunicaciones y las metas de conectividad del país:

  1. La multa atenta contra cualquier principio de proporcionalidad, por lo que es desmesurada.
  2. La resolución le arrebata liquidez a la empresa cuando debe velar por la rentabilidad de las empresas mayoristas separadas funcionalmente.
  3. Pone en riesgo los derechos laborales de más de 60 mil empleados de Telmex, porque ninguna empresa está obligada a sostener una operación sin ingresos.
  4. La medida pone en riesgo las mismas obligaciones de cobertura social que tiene en exclusiva esa empresa por razones de su título de concesión, comprometiendo el derecho fundamental de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluida la banda ancha, para que más mexicanos tengan acceso a servicios de voz y datos.
  5. Cuando un nuevo gobierno tiene entre sus programas prioritarios ofrecer Internet para todos, la megamulta a Telmex llega para afectar directamente la futura política pública de inclusión digital, en lugar de coadyuvar al cumplimiento de la misma, como señala la Constitución.
  6. La multa castiga no sólo a Telmex sino al sector de telecomunicaciones en su conjunto porque estanca la inversión; la empresa optará entre pagar la multa o invertir.
  7. Al aprobar su resolución, el IFT retrasa un derecho fundamental como el acceso a las TIC, por cuanto impacta negativamente sobre las inversiones del operador.

Conclusión

Con esta resolución, el IFT se aleja de sus objetivos regulatorios, es decir, modular las conductas de los operadores no sólo para generar condiciones de competencia sino garantizar el acceso a los servicios.

La decisión es desproporcionada; ajena a cualquier racionalidad regulatoria; además de tardía, inoportuna; genera incertidumbre porque aplica una regulación superada por la declaratoria de preponderancia, aplicando retroactivamente una resolución que le afecta más a la empresa; secuestra la inversión del operador y compromete la viabilidad financiera de la separación funcional; además de que no habrá Internet para todos, como se comprometió el gobierno de la Cuarta Transformación.

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ANÁLISIS

Crisis institucional y errática definición de políticas públicas en telecomunicaciones en Chile

Pedro Huichalaf Roa

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Para nadie es un misterio que la industria de telecomunicaciones móviles pasa por una etapa de conflicto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile.

Apenas unos meses de asumido el gobierno de Sebastián Piñera y con la designación de la Ingeniera Comercial Pamela Gidi, dos hechos marcaron un antes y un después en cuanto a la estabilidad regulatoria del mercado de las telecomunicaciones.

Todo comenzó con una decisión administrativa de congelamiento de espectro de la banda de 3,500 MHz, inédita y absolutamente cuestionable sobre su fundamento, sin justificación real más que con una lógica de “estudio” de espectro para un futuro 5G, por un supuesto uso ineficiente de espectro, que generó inmediata reacción de la industria, con interposición de recursos de protección en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con denuncia de “lobby feroz” por parte de la autoridad, lo que llevó finalmente a una vuelta en “u” al revertirse la decisión, manteniendo espectro en operadores, generado las críticas de sectores que apoyaron inicialmente a la autoridad, perdiendo con ello credibilidad en las decisiones, toda vez que no se hizo cargo de su denuncia de uso ineficiente de espectro, ni menos se avanzó en “estudios” prometidos.

Por otro lado, una sentencia de la Corte Suprema respecto al concurso de la banda de 700 MHz, iniciado en el primer gobierno de Piñera, que ordenó finalmente a empresas a devolver parte del espectro en exceso de 60 MHz conforme a un criterio fijado en 2009.

Sin embargo, la Corte le dio opción a la Subtel para que realizara una consulta ante el Tribunal de la Libre Competencia para determinar si era necesario la existencia de un límite de espectro por empresa de telecomunicaciones.

Lo relevante de esta consulta no sólo se basa en un tema de libre competencia, sino también en la forma de gestionar el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público, es decir, de todos los chilenos.

Así, es la Subtel la que debería liderar este proceso para poder definir, por ejemplo, la forma como llegarán tecnologías como 5G, que prometen mejor velocidad de acceso, mayor cantidad de dispositivos móviles y OITs conectados, menor tasa de latencia y nuevas oportunidades de implementar tecnología en áreas productivas como minería, agricultura, educación, salud, entre otras.

Como antecedente, y para cumplir con esta tarea, previamente la autoridad regulatoria había ya solicitado la renuncia del Jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios, Gonzalo Doña (quien llegó con el actual gobierno) “por un tema de desempeño”, y había contratado a fines de agosto a Geraldine González, quien ya se había desempeñado como jefa de la misma división en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, específicamente entre los años 2011 y 2014. Al mismo tiempo, había contratado a dos especialistas externos para colaborar en estudios y planificación de uso de espectro.

Sin embargo, a tan sólo días de presentar por parte del gobierno el Plan Nacional de Espectro ante el Tribunal de la Libre Competencia, se generó una verdadera crisis institucional, puesto que la Jefa de Política Regulatoria, a meses de asumir, renunció y fue desvinculado el Jefe de Fiscalización de la Subsecretaría. Ambas jefaturas son fundamentales para la presentación, defensa ante el TDLC y ejecución del plan de espectro, como también en la definición de políticas públicas en telecomunicaciones. Al mismo tiempo se supo de la no continuación en apoyo de Subtel de uno de los especialistas externos previamente contratados.

Todos estos episodios demuestran la importancia de designación de autoridades competentes para una estabilidad en área tan sensible en la economía y calidad de vida de los chilenos. La ausencia de jefaturas técnicas y prevalencia de una autoridad política que carece de visión de mediano a largo plazo, hipoteca el desarrollo tecnológico del país.

Así, ante una industria expectante ante resoluciones finales, con inversiones congeladas, con una consulta ante el Tribunal de Libre Competencia débil, sin una posición firme por parte del gobierno sobre todo respecto a uso de espectro para tecnologías como 5G y con decisiones contradictorias, hacen ver a Chile como un país riesgoso en inversiones por falta de claridad en políticas de mediano a largo plazo. Se concreta, de esta forma, un mal pronóstico que habíamos visualizado tras la decisión de congelar el espectro y que habíamos escrito con anterioridad.

La solución pasa por claridad en toma de decisiones, cambios en la dirección de la subsecretaría con personal idóneo, un debate amplio respecto al futuro tecnológico del país, con mirada transversal y no sólo economista, una adecuación del uso de espectro que combine mayor competencia y despliegue de redes para todos los habitantes, no importando el lugar geográfico en que se encuentre pero, sobre todo, volver a tener confianza en la institución regulatoria.

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