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La CNMV flexibiliza la ley para que las «fintech» emitan criptomonedas en España y no fuera

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ABC Economía-Moncho Veloso

El supervisor bursátil español ha comenzado a cubrir los vacíos legales abiertos en los mercados por la revolución digital. Entre ellos, las obligaciones de información a quien invierte en las ofertas inciales de moneda (ICO, por sus siglas en inglés) con que se pone en circulación una nueva criptomoneda o se financian proyectos empresariales con divisas digitales. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) exigirá a las compañías que hagan este tipo de emisiones, normalmente «startup» y en concreto «fintech», que esas emisiones estén validadas por una firma de servicios de inversión, pero de forma general y no con la misma serveridad con que se supervisa por ejemplo una salida a Bolsa o una ampliación de capital.

De esta forma, el organismo presidido por Sebastián Albella suaviza la aplicación de la ley de Mercados de Valores para este caso concreto con el objetivo, primero, de no entorpecer la innovación y, en segundo lugar, de evitar que esas empresas se vayan a otros países a emitir. Fuentes del supervisor explican que este requierimiento es suficiente, pues no se puede exigir lo mismo a una pequeña compañía de este tipo que a una gran multinacional que por ejemplo emite acciones, y que al mismo tiempo se garantiza la protección de los inversores.

El criterio establecido por la CNMV establece que esas ICO, que guardan cierta similitud con ampliaciones de capital y, sobre todo, el «crowdfunding», deberán contar con una entidad autorizada para prestar servicios de inversión que valide y supervise «de modo general la oferta, en particular la información que se facilita a los inversores y el procedimiento de colocación o comercilazación utilizado», sin necesidad, a diferencia de lo que ocurre en una salida a Bolsa o una ampliaciónd de capital, que intervenga en cada suscripción o adquisición que se ejecute.

«La entidad autorizada deberá asegurarse de que esta información sea clara, imparcial y no engañosa y se refiera a las características y riesgos de los valores emitidos, así como a la situación jurídica y económico-financiera del emisor de una manera suficientemente detallada para permitir que el invesor pueda tomar una decisión de inversión fundada», aclara.

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¿Cómo pagarán impuestos en Uruguay las plataformas como Netflix, Airbnb y Spotify?

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El País – Mathías Da Silva

Desde el primer día de 2018 las aplicaciones digitales que operan en Uruguay —como Netflix, Uber, Airbnb, Spotify y varias más— están generando obligaciones tributarias para pagar Impuesto a la Renta e IVA, pero recién están en el proceso de inscripción ante la Dirección General Impositiva (DGI) y comenzarán a abonar en diciembre.

Es que la reglamentación (que establece la forma en que pagarán las aplicaciones) de esta disposición salió hace unas semanas. El subdirector de Rentas, Álvaro Romano, informó a El País que ya mantuvieron contactos “con todas las (plataformas) importantes” e incluso varias ya incorporaron en la factura del servicio el cobro del IVA.

Sobre esto último hay una particularidad y es que al no haberse designado a las tarjetas de crédito —por donde suelen pagarse estos servicios— como agentes de retención del impuesto, no será el cliente quien lo pague directamente. “Si retiene la tarjeta (como ocurre en Argentina, donde las aplicaciones tributan desde abril) queda definido que el contribuyente es el tarjetahabiente (consumidor del servicio) y no la empresa, pero nosotros queríamos que el impuesto caiga en la empresa”, detalló Romano.

Para DGI el número de aplicaciones que tienen una actividad relevante y “mueven la aguja desde el punto de vista de la recaudación son menos de 20”, dijo Romano. La estimación es que con este esquema tributario el fisco recaudará unos US$ 10 millones extras al año.

Asimismo, será sencillo fiscalizar el pago del impuesto y que no haya subdeclaración de las ventas: “Podemos hacer un seguimiento bastante preciso, porque los pagos se hacen a través de tarjetas de crédito o débito y eso deja secuelas; podemos cruzar la información (con los emisores del plástico) y chequear que lo que declaran sea efectivamente lo que recaudaron”, señaló el jerarca.

Al reglamentar el artículo de la Rendición de Cuentas 2016 (aprobada en 2017) que estableció el pago de impuesto a las aplicaciones, el Poder Ejecutivo distinguió entre las que realizan actividades internacionales como la producción, distribución e intermediación de películas cinematográficas y otras transmisiones audiovisuales —Netflix o Spotify— de las que hacen tareas de mediación e intermediación por medios informáticos —Airbnb o Uber.

Las primeras pasaron a considerarse 100% de fuente uruguaya (antes era 30%) y abonan impuestos por toda la renta generada, y las segundas (que no pagaban) pasaron a tributar por el 50% de la renta obtenida cuando el oferente o el demandante esté en el exterior —si la plataforma está afuera, paga 12% por Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR).

Flexibilidad.

El subdirector de Rentas explicó que “el pago de impuestos era innegociable, porque había una competencia desleal con los contribuyentes que hacen su actividad de forma tradicional y sí pagan todos los tributos”, pero le transmitieron a las plataformas que el gobierno estaba “dispuesto a flexibilizar las condiciones” para que se registren y abonen lo que corresponde.

Así es que la DGI permitió a las aplicaciones “que determinen y paguen sus tributos en moneda extranjera, lo que el resto de los contribuyentes no pueden, y tener un régimen de pagos trimestrales a diferencia del resto que abonan mensualmente”, indicó Romano. Esto porque son empresas “que no tienen presencia física en el país y entonces requerirle estados mensuales así como que cada vez que hacen una venta deban traducirla a pesos, era una carga administrativa desmesurada”, añadió.

Los pagos correspondientes al primer semestre del año (período en el que aún no estaba la reglamentación de DGI) las aplicaciones lo van a realizar “cuando paguen el saldo del impuesto en mayo del año que viene”, mientras que lo correspondiente al período julio-septiembre tienen para abonarlo hasta diciembre tras una prórroga “dada a pedido de ellos” —el plazo inicial era octubre.

Semanas atrás, varios tributaristas consultados dijeron a El País que el sistema definido por Uruguay para las aplicaciones era “novedoso” y “de vanguardia”. Incluso desde uno de los principales estudios jurídicos contaron que tenían de cliente “a una plataforma de las grandes que aplaudió la medida”.

Acerca de las reuniones con estas empresas, Romano comentó que “al principio cuestionaban el cobro de tributos porque a nadie le gustan”, sumado a que “en prácticamente ningún país del mundo pagan”, pero luego se tomaron “muy en serio la reglamentación”.

Netflix dice pagar en donde está obligado

Desde enero tanto Netflix como Spotify incorporaron en la factura por su servicio el cobro del 22% correspondiente al IVA, aunque no variaron el monto total que deben pagar sus clientes. Sin embargo, la plataforma de contenidos musicales anunció recientemente un aumento en el precio de la suscripción que rige desde noviembre para nuevos clientes y comenzará en enero de 2019 para quienes ya son usuarios.

Desde Spotify informaron a sus clientes que el ajuste se determinó para Uruguay y Argentina tomando en cuenta “las demandas y condiciones del mercado”. La suscripción premium para nuevos usuarios en Uruguay tiene un valor mensual de US$ 7,99 (antes era US$ 5,99) mientras que el plan familiar —que permite hasta cinco cuentas— cuesta US$ 11,99 (antes era US$ 8,99).

Ante la consulta de El País por el nuevo sistema de tributación, desde el equipo de comunicación corporativa de Netflix en Buenos Aires respondieron que la plataforma “recauda y remite impuestos en donde sea que esté legalmente obligado a hacerlo”, al tiempo que destacaron que existió un trabajo “muy de cerca con las autoridades (uruguayas) en el diseño del marco de recaudación de los impuestos”.

Por el lado de Airbnb se negaron a hacer comentarios al respecto. Álvaro Romano, subdirector de Rentas, informó que la plataforma de alquileres online “es el único caso” en que aún no está cerrada la reglamentación para el pago de impuestos. “Estamos estudiando las reglas (a Airbnb) en otros países y podríamos pedirle más información” que al resto de las plataformas, aunque es algo a coordinar con el Ministerio de Turismo, explicó.

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Usuarios reportan caída de servicio de internet móvil de Entel

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24 horas

Usuarios reportaron la masiva caída del servicio de internet móvil de la empresa de telefonía Entel en todo Chile.

Según indicaron a través de redes sociales, el problema se habría originado cerca de las 7.00 horas de este miércoles.

Gaba Armijo@Gabriela_Armijo

Sin red de internet móvil en . Me pueden decir que sucede? Trabajado con mi internet móvil 😒😡!!!! @entel @entel_ayuda que hago para tener servicio???!!!

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Rodolfo Rodriguez@SrRocko

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Posteriormente, la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) señaló que solicitaron a Entel un reporte de estado de red a nivel nacional, luego que recibieran reclamos por parte de usuarios.

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¿Se imagina un poste de luz que además de iluminación entregue buena conectividad móvil?

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FayerWayer – Diego Basterrica

maginemos un poste de luz que además de dotar de iluminación a un barrio garantice, un buen servicio de conectividad móvil a la comunidad. O un sistema de cámaras de televigilancia que entregue mayor seguridad a los vecinos de un barrio y que además permita el despliegue de redes de telecomunicaciones.

En eso pensó la segunda versión del Congreso Internacional de Gobiernos Locales y Ciudades Inteligentes (Smart Cities) impulsado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).

 ¿Qué es la infraestructura multipropósito?

Soluciones innovadoras que han surgido para contribuir a resolver las dificultades que hoy existen para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones (antenas), y de este modo mejorar la conectividad de los usuarios.

En el marco de abordar los desafíos de los gobiernos locales, de incorporar de innovaciones que faciliten la transformación digital y cumplir con los proyectos de construir ciudades inteligentes, el panel final del congreso estuvo encabezado por Patricia Orellana, directora del Comité de Transformación Digital de Corfo. La entidad ha impulsado los programas de Smart Cities en Chile, y su representante aprovechó la instancia de su presentación para anunciar el lanzamiento del Plan Nacional de País Inteligente, el que se efectuaría en el mes de diciembre.

Entendiendo que, para desarrollar ciudades inteligentes, se requiere de tecnología para sostener la incorporación de redes que permitan el flujo de datos móviles, siendo primordial contar con la infraestructura para tales fines.

De este modo, empresas del rubro de infraestructura de telecomunicaciones expusieron ante los representantes de los municipios presentes en el Congreso, sobre los beneficios asociados a compartir de infraestructura para la prestación de servicios de utilidad para la comunidad. Esto en el marco del panel dedicado a abordar los desafíos de los gobiernos locales: “¿Cómo deben ser los nuevos municipios?”.

Cristián Casanova, director de Asuntos Públicos para Latinoamérica de American Tower, sostuvo que  “estamos convencidos que los municipios tienen un rol relevante, pues mientras más se involucran en la expansión de infraestructura de telecomunicaciones con políticas públicas que estén enfocadas en realizar un despliegue sustentable y consecuente con las necesidades de conectividad, las comunidades tendrán mayores posibilidades de acceder a los beneficios de la misma”.

El ejecutivo enfatizó en la necesidad de despliegue de todo tipo de infraestructura de telecomunicaciones, pero desde una perspectiva más integral,  pues en algunas comunas aún hace falta fortalecer la cobertura mediante la instalación de torres tradicionales, pero también en donde se puede utilizar  otro tipo de infraestructura compartida innovadora.

En esta línea, Cristián Casanova destacó las oportunidades que se podrían alcanzar si los municipios se acercaran a este tipo de infraestructura “los municipios  tienen una necesidad de contar con redes de conectividad sólidas  para estar conectados con sus vecinos y para controlar los servicios que ofrecen, tales como iluminación, seguridad, control de tránsito, gestión de la basura, entre otros y es ahí en donde la infraestructura multi propósito puede jugar un rol primordial”.

Como cerraron en el encuentro, la oportunidad ahora es fomentar un marco regulatorio que ayude a potenciar una mejor conectividad mediante la utilización de su propio espacio físico y mobiliario que son bienes nacionales de uso púbico. Algunos asumen la necesidad de incorporar la tecnología e innovación en sus gestiones administrativas y con su entorno, vinculándose con el mundo privado y organismos públicos para desarrollar este tipo de iniciativas que les den un sello distintivo y moderno a sus comunas.

 

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