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AMÉRICA LATINA

Desde el 1° de julio inició el cobro del IVA a plataformas digitales

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El Tiempo

A partir del primero de julio comenzó a regir el impuesto del 19 por ciento a las plataformas digitales como Uber, Netflix, Deezer y Airbnb, entre otras.

Esto a raíz de la aplicación de una de las medidas de la reforma tributaria del 2016, en torno al cobro del IVA a los servicios que prestan en Colombia las plataformas digitales internacionales.

Así las cosas, muy probablemente la factura del servicio internacional que usted contrata llegará con el incremento a partir del mes de agosto. Claro, siempre y cuando la compañía aplique la medida expedida en la reforma tributaria.

Para que se haga una idea, los costos de algunas plataformas quedarían así:

– Netflix: pasaría de 32.900 a 39.151
​- Deezer en Android e iOS: pasaría de 10.900 a 12.971
– ​Spotify: pasaría de 14.900 a 17,731
– Tarifa base de Uber: pasaría de 5.000 a 5.950
– Tarifa base de Cabify en Bogotá: pasaría de 5.200 a 6.188
– Apple Music: pasaría de 12.900 a 15.351
– Googe Music: pasaría de 11.499 a 13.638

Pero ojo, los prestadores de servicios que deben cumplir con esta obligación, no son solamente las plataformas digitales, sino todos los prestadores de servicios desde el exterior, exceptuando a aquellos que prestan servicios excluidos del pago de IVA, como por ejemplo los servicios de computación en la nube y de hosting.

Las plataformas que se le adicionaría el IVA son: suministro de servicios audiovisuales, música, videos, películas y juegos de cualquier tipo. Así como también herramientas de distribución digital de aplicaciones móviles, aplicativos de publicidad en línea y herramientas de enseñanza o entrenamiento a distancia.

¿Cómo deberán hacer el cobro las plataformas?

La Dian dice que los prestadores ya se pueden inscribir como cualquier responsable del IVA en Colombia. Sin embargo, con el fin de facilitar la inscripción en el Registro Único Tributario, RUT, el gobierno publicó para comentarios el decreto que “en los próximos días entrará en vigencia y que busca principalmente permitir la inscripción virtual en el RUT”.

Fuentes de la entidad aseguraron que están trabajando en la reglamentación que permita tener un canal especial de pago y un formulario simplificado para declarar este impuesto.

Como lo hace cualquier empresa en Colombia, los prestadores de servicios desde el exterior están obligados a recaudar y pagar el IVA. El pago del bimestre julio – agosto, debe hacerse el próximo mes de septiembre; no obstante, el Gobierno está contemplando ampliar este plazo al mes de noviembre, para que estas empresas tengan el tiempo suficiente de registrarse y adecuar sus sistemas para cumplir con su obligación tributaria.

La Dian espera que los prestadores de servicio en el exterior comiencen a recaudar, declarar y pagar el impuesto voluntariamente, de lo contrario, la entidad “podrá ordenar a los diferentes medios de pago que existen en el país que retengan directamente el impuesto (tarjetas de crédito y débito, tarjetas prepago, recaudadores de efectivo, entre otros)”.

Es importante señalar que las condiciones dependen de cada plataforma, por lo que cada una tendrá que mirar si su servicio está gravado o no en Colombia. “Por ejemplo, si es una compañía de transporte que recibe una comisión para prestar ese servicio público, sí estaría sujeta al IVA”, aseguraron fuentes de la Dian.

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¿Vender o devolver espectro?: La diferencia conceptual que entrampa el cúmplase del fallo sobre telefonía móvil

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La Tercera – Francisca O’Ryan.

Ayer, el TDLC abrió la puerta para que la autoridad inicie un proceso de enajenación, pero para Entel, Movistar y Claro eso significaría la venta, mientras que para Subtel eso no se puede hacer porque legalmente no se puede comercializar el espectro.


En la jornada de ayer, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) ratificó el fallo de la Corte Suprema, en una causa que lideró Conadecus en contra de los actores más grandes de la industria. En esta se les ordena a las empresas involucradas –Entel, Movistar y Claro- “desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirida en el concurso de la banda 700, quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada”. En el caso de Entel son 30 MHz y para Movistar y Claro 20 MHz cada uno.

Se trata de un fallo que generó gran revuelo en la industria, pues los involucrados creen que el cumplimiento del fallo podría derivar en problemas de servicio. Por ello, acudieron al TDLC, al que advirtieron que este no es un proceso fácil de hacer y que no estaban dadas las condiciones para materializarlo. Sin embargo, Conadecus arremetió e insistió en que el fallo debía cumplirse.

El problema es que el concepto que se utiliza en el fallo es el de “enajenación”. Y es allí donde se producen diferencias. Según algunos operadores, el concepto significa vender, proceso que nunca se ha hecho en Chile entre la autoridad y privados. En cambio para la autoridad es devolver. En una entrevista con PULSO Domingo, la subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, fue consultada al respecto: “Pero las empresas dicen que enajenación es venta, ¿cómo lo interpreta Subtel? Y ella respondió: “No existe mercado secundario. Entendamos que el espectro es un bien nacional de uso público y la pregunta es ¿cómo se vende un bien nacional de uso público?”.

A pesar de que aún no sea momento para que la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se pronuncie sobre dicho concepto y sobre el cómo se devolverá el espectro, es una discusión que podría generarse próximamente entre privados y la autoridad. Cabe recordar que el espectro es un bien nacional de uso público, pero que las empresas concursaron para obtenerlo por un plazo de 30 años. Con el fallo de la Corte Suprema las operadoras deben devolver antes el espectro, por lo que las inversiones que se hicieron en las bandas pueden verse afectadas.

Sin embargo, en estos días la jugada fundamental es de las empresas. Estas tienen cinco días –contando desde ayer- para presentar recursos de reposición ante el TDLC. Si es que no lo presentan, la devolución del espectro deberá ser inmediatamente.

“Este es un problema judicial, en el sentido de que los privados -tengo la impresión- perciben de que ellos tienen un activo ahí, un derecho adquirido que tiene fecha de vencimiento por 30 años y la autoridad piensa distinto. (…) No tengo claro si efectivamente  existen derechos de propiedad temporal sobre la concesión”, indicó Roberto Gurovich, director de G&A Consultores.

Además, agregó que su impresión “es que las concesiones dan derecho de propiedad temporal. Eso significa que las empresas son dueñas hasta que se extinga la concesión y si alguien lo quiere sacar tiene que dar algo a cambio. Además yo no he visto nunca que haya una compensación del estado, sí entre privados”.

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AMÉRICA LATINA

Darán impulso final a proyecto para fibra óptica hasta el Atlántico

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Nanduti

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) firmará un convenio marco con el Parque Tecnológico Itaipu (PTI) para dar impulso al proyecto de conexión a la red de fibra óptica en las costas del Atlántico.

El proyecto implica el acceso directo de la red nacional a la fibra óptica marítima hasta la ciudad de Sao Paulo, utilizando el territorio de la Itaipu Binacional para la implantación del backbone óptico Paraguay-Brasil.

El ministro del Mitic, Alejandro Peralta Vierci, señaló que se firmará un acuerdo con el PTI para cooperar y dar un impulso al proyecto para su aprobación en los próximos días.

La próxima semana se reunirán los directorios de ambas márgenes de la Itaipu Binacional y se busca aprovechar el actual contexto “para terminar de firmar”, declaró Vierci en el evento Cisoft Day, de la Cámara Paraguaya del Software.

Este proyecto es de suma importancia para contar con una línea soberana e implementar la agenda digital de Gobierno, agregó el ministro. Además, repercutirá en el consumidor final con precios accesibles y la posibilidad de finalizar la construcción de la red nacional de fibra óptica.

Para implementar el proyecto se espera la aprobación de ambas partes de la Itaipu Binacional. Por parte del lado paraguayo, el proyecto ya cuenta con las gestiones avanzadas por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Cancillería.

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AMÉRICA LATINA

Telefónica iría al Ciadi contra el monopolio en Argentina

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Dirigentes digital 

Tras denunciar que la fusión de dos multimedios cubriría el 90 % del mercado en ciudades argentinas, Telefónica fue a los Tribunales y podría acudir al Ciadi para dirimir el conflicto. La compañía tiene litigios también en Colombia y Venezuela.

“Consecuencias muy serias” dijo Telefónica que traería la fusión de dos empresas de telecomunicaciones en Argentina cuando presentó, en julio, una demanda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC, equivalente a la CNMC española).

Se refería a la estructura creada por las competidoras locales Telecom (telefonía) y Cablevisión (audiovisual) para comercializar servicios de comunicación fija, móvil, vídeo e Internet con una cobertura que llegaría al 90 % en algunas ciudades, según Telefónica.

Ahora, tras una presentación en los Tribunales argentinos, la denuncia podría llegar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial dedicado al litigio en materia de inversiones internacionales.

Así lo sugiere el diario local Página/12 citando una fuente que atribuye a Madrid la decisión sobre los próximos pasos del conflicto. La fusión es “contradictoria” con el objetivo del país de ingresar a la OCDE, había dicho la filial argentina.

MOVIMIENTO Y MOVILIDAD

El caso se remonta a junio de 2018, cuando la secretaría de Comercio de Argentina aprobó que las empresas locales Telecom y Cablevisión unieran sus operaciones y estructura, operación en la que Telefónica vio el surgimiento de un monopolio y así lo denunció.

“Telecom y Cablevisión pasaron a concentrar cerca del 60 % del mercado de banda ancha fija, 40 % de la televisión de pago, 40 % de telefonía fija y un tercio de la telefonía móvil”, puntualiza Página/12 en su reporte, agregando que esas empresas comparten accionistas con el Grupo Clarín, el mayor proveedores de contenidos audiovisuales del país.

Tras diversos pedidos infructuosos en los organismos administrativos correspondientes, Telefónica fue elevando la apuesta y llegó a la Justicia, advirtiendo que podría apelar al organismo internacional en caso de continuar sin respuesta.

OTROS DIFERENDOS EN LA REGIÓN

La compañía española ya llevó al Banco Mundial una demanda contra otro país latinoamericano, Colombia, que -en julio de 2017- le ordenó pagar 450 millones de euros por el uso de bienes nacionales para extender su red celular.

En febrero de 2018, Telefónica presentó su demanda en el Ciadi por entender que esa reversión de activos en Colombia era improcedente. A estos conflictos hay que sumar el caso de Venezuela, cuyo hundimiento en una hiperinflación de más del 700 % significa para la compañía una dilución de sus ingresos allí.

Salvo estos tres países, Telefónica goza de una operación saludable en América Latina, de donde proviene casi la mitad de sus ingresos globales. En el primer trimestre de 2017, la región le reportó 12.612 millones de euros de ingresos, un 48% de su operación total.

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