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Gobiernos quieren más cobertura de servicios; operadores piden menos impuestos

Efrén Páez

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Varadero, Cuba. Uno de los principales retos para el despliegue de redes de banda ancha en zonas rurales y remotas está relacionado con los costos de infraestructura, de espectro, dispositivos, etcétera.

Mientras los gobiernos intentan crear fondos de cobertura universal o ingresar directamente al mercado, los operadores piden reducción de los costos del espectro y el pago de impuestos para enfrentar el reto de la conectividad.

Una de las experiencias que ha llamado más la atención de la industria es el caso de la Red Compartida en México, donde el gobierno condonó hasta 90 por ciento el costo del espectro, a cambio de que el operador concesionario (Altán Redes) diera cobertura a 92.2 por ciento de la población en México.

Para José Juan Haro, director de políticas públicas y negocio mayorista para Latinoamérica de Telefónica, el caso de la Red Compartida reconoce precisamente que es necesario reducir la estructura de costos de la provisión de servicios.

“Es un reconocimiento que operar a los niveles de precio de los operadores comerciales hace inviable atender a toda la población de México. ¿Qué pasaría si todos los operadores accedieran al mismo descuento, probablemente la cobertura sería mejor?”, consideró el directivo.

Sin embargo, Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de México, cuestionó si realmente los descuentos en espectro y reducciones de impuestos a operadores serían suficientes para impulsar el despliegue de redes, ya que en el caso de la Red Compartida, se impusieron obligaciones específicas de cobertura desde la propia ley y el título de concesión.

“La cuestión es si solo la reducción (en el costo del espectro) es suficiente para el despliegue”. Explicó que bajo un entorno de fuerte competencia se puede esperar que el operador tenga los incentivos para invertir los fondos disponibles de un descuento del espectro y trasladar los beneficios al usuario, de lo contrario, éstos recursos podrían no ser utilizados de manera más eficiente.

“Si no existen las condiciones de competencia adecuadas ¿cómo atamos que la reducción vaya al usuario?”, cuestionó, al considerar que “esas fórmulas son peligrosas porque se le pudieran poner al operador ataduras más excesivas que pagar por el espectro”.

Haro presionó al señalar que los ministerios de Hacienda en la región gravan 50 por ciento más a las telecomunicaciones que otras industrias. “Así como la Red Compartida, si nosotros como operadores tuviéramos la opción de decidir pagar, no menos, pero los mismos impuestos que otras industrias a cambio de contribuir más a la expansión del servicio, seríamos los primeros en la fila”, afirmó.

En ese sentido, Olvera añadió que no se ha “logrado convencer a recaudadores que la reducción (de impuestos) se va a reflejar en un mayor consumo, y lo que es definitivo es no meter más gravámenes y reducirlos para que la demanda florezca”.

Por otro lado, Olvera destacó las dificultades de expandir el servicio en México y la dificultad de adaptar modelos de otros países a las características del país.

Explicó que en México 10 por ciento de la población vive en 160 mil localidades de las 172 mil totales. “Significa que la población está dispersa a lo largo y ancho del país y no hay manera física de llegar a ellos bajo condiciones económicas factibles, por dispersión y orografía del país”.

Agregó que lo que se intentó con la Red Compartida es llegar a 92.2 por ciento de la población, si bien aún queda 7.8 por ciento a la que es igualmente difícil de llegar con servicios. “Llegar a ese 7.8 por ciento implicaría hacer la misma inversión que llegar a 92 por ciento. Y aún al llegar, se tendrá el problema de que la población pueda pagar por servicios o dispositivos”, señaló.

Por otro lado, Haro cuestionó también que la recaudación por licitaciones de bandas de espectro no se utilice en la expansión de los servicios, o que “se destinan a la replicación de infraestructura de privados como la red dorsal en Perú”, a la vez que surgen problemas de sostenibilidad económica en proyectos de red financiados por el gobierno, como Azteca Perú y Azteca Colombia, pero que nadie usa.

Adicionalmente, enfatizó en que los operadores privados están en mejor posición para expandir las redes de telecomunicaciones, lo que se ha demostrado con más de 25 años desde la privatización de la industria en la región.

“Es infinitamente superior confiar en la iniciativa privada, en lugar de pretender que los Estados pueden hacerlo mejor que organizaciones pensadas específicamente para eso. La mejor política pública es reducir los costos que enfrentan los privados”, indicó.

Otro de los retos identificados por los panelistas fue la dificultad regulatoria para la expansión de la infraestructura. Nelson Guillén, miembro del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), señaló que en la experiencia de la República Dominicana se han encontrado con barreras puestas por las propias comunidades para el despliegue de redes, por ejemplo, la imposibilidad de instalar radiobases por temores a la salud.

En ese sentido, dijo que el Indotel ha buscado ser mediador entre operadores y gobiernos locales, para lo que se impulsa un proyecto de ‘ventanilla única’ para que el regulador se encargue de canalizar los requerimientos de los operadores para el despliegue de infraestructura.

Olvera añadió que se requiere de la colaboración entre entidades públicas y privadas y que el Estado no tiene que colaborar necesariamente con financiamiento, sino otros activos como edificios públicos para llegar donde sea posible. “La primera gran mezcla es con todo el ecosistema de telecomunicaciones para que podamos llegar juntos hasta donde sea posible, entre recursos públicos y privados”, afirmó.

En el caso de la operación de Telefónica y su papel en la expansión de redes, Haro mencionó que la propia operadora está identificando cuellos de botella de carácter operativo, así como otras características de las redes adaptadas a zonas rurales, al considerar que las estaciones base vienen articuladas para atender grandes dimensiones de población.

“No solo hay que pensar en cuestiones de temas tecnológicos, sino también en aspectos comerciales, y llegar a esas personas requiere cooperación con comunidades”, agregó.

Por su parte, Allan Ruiz, secretario ejecutivo de Comtelca, indicó que desde la organización se está impulsando una iniciativa para que los desarrollos de infraestructura vial contemplen el desarrollo de infraestructura para banda ancha. “Eso no se logra porque no hay políticas o lineamientos transversales para lograrlo (en ningún país). En el sector eléctrico tampoco existen políticas claras para usar la postería en beneficio del despliegue de la banda ancha”, explicó.

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Ericsson y VMware se asociaron por 5 años para implementar redes virtualizadas

Dinorah Navarro

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Ericsson y VMware se asociaron por 5 años para ayudar a los proveedores de servicio para implementar redes virtualizadas.

Los dos proveedores han colaborado desde 2012, la alianza incluye colaboración técnica y pruebas de interoperabilidad en la red virtual, soluciones de facturación y cobro, automatización y orquestación con la plataforma vCloud NFV de VMware.

Ambas compañías han invertido en un laboratorio de certificación, en el cual se probará y verificará la interoperabilidad de los servicios de red NFV de Ericsson y la plataforma VMware vCloud NFV.

Ericsson y Vmware dicen que tienen más de 50 proveedores de servicios que ejecutan redes móviles de producción con Ericsson NFV en la plataforma vCloud NFV.

Vodafone Group es uno de ellos y ha trabajado en conjunto con Ericsson y VMware durante varios años, implementando las funciones de red virtual de Ericsson, el controlador de políticas IMS junto con otras funciones de red virtual de Ericsson en la plataforma VMware vCloudNFV.

En 2017, durante el Mobile World Congress, VMware lanzó su vCloud NFV 2.0, que incluía vCloud Director, un conjunto de herramientas de análisis vRealize y la distribución OpenStack de VMware conocida como VMware Integrated OpenStack (VIO), además la compañía agregó SD-WAN a su plataforma de virtualización de telecomunicaciones.

La plataforma de telecomunicaciones NFV de Ericsson también opera aplicaciones en contenedores y aplicaciones e infraestructura nativas de la nube.

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Cuentas de dinero móvil aumentaron 20% en todo el mundo en 2018: GSMA

Margarita Cruz

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Barcelona. A finales de 2018, existían más de 866 millones de cuentas de dinero móvil registradas a nivel mundial, 20 por ciento más que en 2017, revela la GSMA.

Durante el Mobile World Congress en Barcelona, la GSMA presentó su octavo Informe anual del estado de la industria sobre el dinero móvil, el cual reveló que los proveedores de dinero móvil procesaron 1.3 mil millones de dólares en transacciones por día el año pasado en 90 países.

La investigación encontró que, para ejecutar la visión de construir una plataforma de pagos móviles, los proveedores de dinero móvil deberán enfrentar una serie de desafíos organizacionales y tecnológicos.

La GSMA agrupó estos aspectos en cinco pilares fundamentales: establecer acceso plug-andplay al sistema de dinero móvil, gestionar el cambio organizacional e introducir nuevos modelos de negocio, optimizar la experiencia del usuario y la interfaz del usuario, permitir que terceros desarrollen nuevas relaciones a través de la interfaz y adoptar un enfoque personalizado para el diseño de productos.

“Abordar los cinco pilares fundamentales (…) ayudará a los proveedores a hacer este cambio, facilitando un compromiso más profundo con individuos y empresas al ofrecer una experiencia sin fricciones”, señala el informe.

La cantidad de cuentas que serán reforzadas por la reforma reguladora de 2018 en Egipto, Etiopía y Nigeria podría provocar “una ola de adopción” que podría agregar 110 millones de usuarios de dinero móvil en los próximos cinco años, explicó la GSMA.

El informe mostró que se logró “mejorar la experiencia del cliente” en muchos mercados mediante una mayor adopción de teléfonos inteligentes y la expansión de la interoperabilidad del dinero móvil, además de que ha habido una mayor diversificación del ecosistema de pagos.

La investigación descubrió que los operadores que proporcionaban crédito, ahorros o seguros informaron que 46 por ciento de los clientes utilizaban activamente dinero móvil, en comparación con las tasas de actividad de 26 por ciento para los proveedores sin ofertas adicionales.

“La industria del dinero móvil está evolucionando rápidamente en un contexto de creciente acceso a Internet y adopción de teléfonos inteligentes, y ahora más que nunca, la escala global sin paralelo de los dispositivos móviles brinda una oportunidad tremenda para llegar a los 1.7 mil millones de personas que siguen excluidas financieramente”, dijo Mats Granryd, director General de la GSMA.

Sin embargo, no todos los desarrollos informados por la GSMA fueron tan positivos, ya que algunos mercados introdujeron una regulación cada vez más compleja durante el periodo, explicó Granryd.

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Sutel analizará la venta de activos de Telefónica a Millicom

Itzel Carreño

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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de Costa Rica anunció que iniciará el análisis técnico para definir si la venta de las operaciones de Telefónica en el país a la empresa Millicom International Celular (Tigo) cumple con lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones.

“Como reguladores del mercado de las Telecomunicaciones, tenemos la obligación de velar por el interés del usuario y garantizar la continuidad del servicio a los clientes de Movistar”, explicó Gilbert Camacho, presidente del Consejo de Sutel.

La Ley General de Telecomunicaciones 8642 establece en el artículo 20:  

Las concesiones pueden ser cedidas con la autorización previa del Poder Ejecutivo.

Al Consejo (Sutel) le corresponde recomendar al Poder Ejecutivo si la cesión procede o no.

Para aprobar la cesión se deberán constatar como mínimo los siguientes requisitos:

  • Que el cesionario reúne los mismos requisitos del cedente.
  • Que el cesionario se compromete a cumplir las mismas obligaciones adquiridas por el cedente.
  • Que el cedente haya explotado la concesión por al menos dos años y haya cumplido las obligaciones y demás condiciones fijadas para tal efecto en el contrato de concesión.
  • Que la cesión no afecte la competencia efectiva en el mercado. Autorizada la cesión, deberá suscribirse el respectivo contrato con el nuevo concesionario.

La semana anterior, Millicom International Cellular, que opera bajo la marca Tigo, anunció la compra de activos de telefonía móvil de la española Telefónica en Panamá, Costa Rica y Nicaragua por mil 650 millones de dólares.

En Costa Rica, Movistar cuenta actualmente 2.4 millones de suscriptores, que representan una cuarta parte del mercado celular.  

La red 4G cubre 85 por ciento de la población.

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