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Gobiernos quieren más cobertura de servicios; operadores piden menos impuestos

Efrén Páez

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Varadero, Cuba. Uno de los principales retos para el despliegue de redes de banda ancha en zonas rurales y remotas está relacionado con los costos de infraestructura, de espectro, dispositivos, etcétera.

Mientras los gobiernos intentan crear fondos de cobertura universal o ingresar directamente al mercado, los operadores piden reducción de los costos del espectro y el pago de impuestos para enfrentar el reto de la conectividad.

Una de las experiencias que ha llamado más la atención de la industria es el caso de la Red Compartida en México, donde el gobierno condonó hasta 90 por ciento el costo del espectro, a cambio de que el operador concesionario (Altán Redes) diera cobertura a 92.2 por ciento de la población en México.

Para José Juan Haro, director de políticas públicas y negocio mayorista para Latinoamérica de Telefónica, el caso de la Red Compartida reconoce precisamente que es necesario reducir la estructura de costos de la provisión de servicios.

“Es un reconocimiento que operar a los niveles de precio de los operadores comerciales hace inviable atender a toda la población de México. ¿Qué pasaría si todos los operadores accedieran al mismo descuento, probablemente la cobertura sería mejor?”, consideró el directivo.

Sin embargo, Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de México, cuestionó si realmente los descuentos en espectro y reducciones de impuestos a operadores serían suficientes para impulsar el despliegue de redes, ya que en el caso de la Red Compartida, se impusieron obligaciones específicas de cobertura desde la propia ley y el título de concesión.

“La cuestión es si solo la reducción (en el costo del espectro) es suficiente para el despliegue”. Explicó que bajo un entorno de fuerte competencia se puede esperar que el operador tenga los incentivos para invertir los fondos disponibles de un descuento del espectro y trasladar los beneficios al usuario, de lo contrario, éstos recursos podrían no ser utilizados de manera más eficiente.

“Si no existen las condiciones de competencia adecuadas ¿cómo atamos que la reducción vaya al usuario?”, cuestionó, al considerar que “esas fórmulas son peligrosas porque se le pudieran poner al operador ataduras más excesivas que pagar por el espectro”.

Haro presionó al señalar que los ministerios de Hacienda en la región gravan 50 por ciento más a las telecomunicaciones que otras industrias. “Así como la Red Compartida, si nosotros como operadores tuviéramos la opción de decidir pagar, no menos, pero los mismos impuestos que otras industrias a cambio de contribuir más a la expansión del servicio, seríamos los primeros en la fila”, afirmó.

En ese sentido, Olvera añadió que no se ha “logrado convencer a recaudadores que la reducción (de impuestos) se va a reflejar en un mayor consumo, y lo que es definitivo es no meter más gravámenes y reducirlos para que la demanda florezca”.

Por otro lado, Olvera destacó las dificultades de expandir el servicio en México y la dificultad de adaptar modelos de otros países a las características del país.

Explicó que en México 10 por ciento de la población vive en 160 mil localidades de las 172 mil totales. “Significa que la población está dispersa a lo largo y ancho del país y no hay manera física de llegar a ellos bajo condiciones económicas factibles, por dispersión y orografía del país”.

Agregó que lo que se intentó con la Red Compartida es llegar a 92.2 por ciento de la población, si bien aún queda 7.8 por ciento a la que es igualmente difícil de llegar con servicios. “Llegar a ese 7.8 por ciento implicaría hacer la misma inversión que llegar a 92 por ciento. Y aún al llegar, se tendrá el problema de que la población pueda pagar por servicios o dispositivos”, señaló.

Por otro lado, Haro cuestionó también que la recaudación por licitaciones de bandas de espectro no se utilice en la expansión de los servicios, o que “se destinan a la replicación de infraestructura de privados como la red dorsal en Perú”, a la vez que surgen problemas de sostenibilidad económica en proyectos de red financiados por el gobierno, como Azteca Perú y Azteca Colombia, pero que nadie usa.

Adicionalmente, enfatizó en que los operadores privados están en mejor posición para expandir las redes de telecomunicaciones, lo que se ha demostrado con más de 25 años desde la privatización de la industria en la región.

“Es infinitamente superior confiar en la iniciativa privada, en lugar de pretender que los Estados pueden hacerlo mejor que organizaciones pensadas específicamente para eso. La mejor política pública es reducir los costos que enfrentan los privados”, indicó.

Otro de los retos identificados por los panelistas fue la dificultad regulatoria para la expansión de la infraestructura. Nelson Guillén, miembro del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), señaló que en la experiencia de la República Dominicana se han encontrado con barreras puestas por las propias comunidades para el despliegue de redes, por ejemplo, la imposibilidad de instalar radiobases por temores a la salud.

En ese sentido, dijo que el Indotel ha buscado ser mediador entre operadores y gobiernos locales, para lo que se impulsa un proyecto de ‘ventanilla única’ para que el regulador se encargue de canalizar los requerimientos de los operadores para el despliegue de infraestructura.

Olvera añadió que se requiere de la colaboración entre entidades públicas y privadas y que el Estado no tiene que colaborar necesariamente con financiamiento, sino otros activos como edificios públicos para llegar donde sea posible. “La primera gran mezcla es con todo el ecosistema de telecomunicaciones para que podamos llegar juntos hasta donde sea posible, entre recursos públicos y privados”, afirmó.

En el caso de la operación de Telefónica y su papel en la expansión de redes, Haro mencionó que la propia operadora está identificando cuellos de botella de carácter operativo, así como otras características de las redes adaptadas a zonas rurales, al considerar que las estaciones base vienen articuladas para atender grandes dimensiones de población.

“No solo hay que pensar en cuestiones de temas tecnológicos, sino también en aspectos comerciales, y llegar a esas personas requiere cooperación con comunidades”, agregó.

Por su parte, Allan Ruiz, secretario ejecutivo de Comtelca, indicó que desde la organización se está impulsando una iniciativa para que los desarrollos de infraestructura vial contemplen el desarrollo de infraestructura para banda ancha. “Eso no se logra porque no hay políticas o lineamientos transversales para lograrlo (en ningún país). En el sector eléctrico tampoco existen políticas claras para usar la postería en beneficio del despliegue de la banda ancha”, explicó.

AMÉRICA LATINA

Enacom: estas fueron las políticas de conectividad universal más destacadas para Argentina en 2018

Itzel Carreño

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina presentó el Informe de Gestión 2018, en el cual reúne indicadores y resultados de las acciones y políticas realizadas durante el último año en diversas áreas.

Internet para todos, políticas de conectividad

El informe destaca las acciones para lograr un acceso universal a los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), utilizando los Fondos del Servicio Universal.

  • Acceso a servicios de TIC a través de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo).
  • Programa Nacional de Acceso a las TIC para Adultos Mayores (+Simple). En 2018 se entregó un total de 97 mil 440 tabletas y realizó capacitaciones orientadas a la formación de la ciudadanía digital.
  • Despliegue 4G. Actualmente, son más de 20 mil las radiobases instaladas y la penetración del servicio de 4G alcanzó 58 por ciento de la población. En 2018 se incrementó 46 por ciento el consumo de datos móviles respecto de 2017.
  • Banda de 450 MHz. Se atribuyó la banda de 450 MHz para la prestación de servicios de transmisión de datos, acceso a Internet de banda ancha y al servicio de telefonía inalámbrica en áreas rurales.

Pluralidad de voces

Uno de los objetivos de la gestión fue profundizar las políticas tendientes a garantizar la pluralidad de voces, dando apoyo a los medios comunitarios, promoviendo su regularización y facilitando trámites.

  • Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca). En febrero se lanzó la convocatoria para la presentación de proyectos de las líneas 3 gestión de medios; 4 producción de contenidos radiofónicos y 5 producción de contenidos audiovisuales.
  • Regularización de radios FM en todo el país, con nuevos concursos FM y Permisos Precarios y Provisorios (PPP).

Recomendado: 10 iniciativas regulatorias de la CRC para impulsar el sector TIC en Colombia

Productividad y promoción de la competencia

El regulador señala como responsabilidad establecer condiciones regulatorias y económicas propicias tanto para el fortalecimiento de redes existentes como para nuevos despliegues.

  • Migración de bandas de frecuencia. Se canalizaron las bandas de frecuencias de 403 MHz a 450 MHz para alojar los servicios fijos y móviles que deben migrar desde el rango 470 MHz a 512 MHz.
  • No bloqueo de FM en los equipos terminales de telefonía celular.
  • Reglamento General de Interconexión y Acceso.
  • Inspecciones de telefonía móvil y telefonía fija.

Usuarios

  • Procedimiento para el bloqueo de terminales. Se continuó con el procedimiento para el bloqueo de terminales con reporte de robo, hurto o extravío y la identificación de IMEI irregulares.
  • Nominatividad. El 31 de octubre de 2018 venció el plazo para nominar las líneas prepagadas. El proceso buscó registrar todas las líneas prepagadas, asociándose a cada usuario son el objetivo de avanzar sobre el circuito delictivo vinculado a los teléfonos celulares.
  • Medición de Radiaciones No Ionizantes (RNI). Entre enero y noviembre de 2018 se realizaron un millón 80 mil 744 mediciones en 482 localidades.

Políticas de género

Entre los ejes principales se encontró sentar las bases para establecer una agenda de género en el organismo con la finalidad de establecer un marco de referencia para el diseño y la implementación de políticas que fomenten la igualdad de género al interior del ente.

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NEGOCIOS

Cisco advierte riesgos en aumento de aranceles; empresas deberán reducir fondos para I+D

Elizabeth Salazar

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Chuck Robbins, director Ejecutivo de Cisco Systems, advirtió a funcionarios estadounidenses sobre los riesgos en el aumento de los aranceles a los productos chinos. Los costos de las tarifas más altas terminarán siendo absorbidos por las compañías, reduciendo la investigación y el desarrollo, cuando lo que se quiere es liderar la innovación.

Robbins le aseguró a Bloomberg News que representa la opinión de grandes compañías de tecnología además de la suya, como Hewlett Packard, Dell Technologies y Juniper Networks.

Cisco utiliza fabricantes contratados en Asia, principalmente en China, para elaborar sus productos, al igual que muchas más empresas. Eso lo vuelve susceptible a las tarifas estadounidenses al introducir esos productos al mercado local, aumentando los costos.

Hasta este momento, Cisco ha solventado estas tarifas haciendo que su cadena de suministro sea lo más eficiente posible y pasando algunos costos a los clientes.

De no lograrse un acuerdo comercial con China antes del primero de marzo, los aranceles aumentarán 25 por ciento desde el 10 por ciento de los 200 mil millones de dólares en productos chinos, poniendo en riesgo los fondos para I+D.

En 2017, Cisco asignó para I+D en Estados Unidos más de cuatro mil millones de dólares para productos de redes. Juniper destinó 20 por ciento de sus ingresos globales, mientras que Hewlett Packard invirtió 1.5 mil millones de dólares en la misma área.

Las compañías solicitaron a Robert Lighthizer, representante de Comercio, que evite tarifas adicionales a sus productos.

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PRESS

Personas con discapacidad en el Reino Unido utilizan menos servicios de comunicaciones

Margarita Cruz

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De las personas con discapacidad en el Reino Unido, sólo 53 por ciento tiene un teléfono inteligente en su hogar y 67 por ciento utiliza Internet, comparado con 81 por ciento de las personas sin discapacidad que poseen un smartphone y 92 por ciento que utiliza Internet.

De acuerdo con el informe de Acceso e inclusión de la Oficina de las Comunicaciones (Ofcom) con datos de 2018, algunas personas vulnerables han tenido dificultades para pagar servicios de comunicaciones en el último año.

Un 33 por ciento de las personas con enfermedades mentales a largo plazo y 17 por ciento de los jóvenes entre 16 y 24 años de edad, tienen más probabilidades de tener dificultades para pagar estos servicios.

En contraste, las personas mayores tienen menos probabilidades de luchar, con sólo 2 por ciento de los mayores de 75 años que afirman que no han podido pagarlos.

La investigación también reveló que menos de cada una de cada cinco personas mayores de 75 años usa un teléfono inteligente, y más personas en este grupo de edad también usan un teléfono móvil en casa, en lugar de un teléfono fijo.

La Ofcom señala que las personas más vulnerables desde el punto de vista financiero tienen menos probabilidades de tener todos los servicios de comunicaciones principales: telefonía fija y/o móvil, banda ancha y televisión de pago.

De las personas en este grupo que tienen una conexión de banda ancha, una proporción más pequeña que el promedio tiene acceso a banda ancha súper rápida.

Por otro lado, el informe descubrió que en la mayoría de los mercados, al menos una de cada cinco personas ha cambiado su servicio o de proveedor en el último año, y esto se eleva a una de cada cuatro personas que compraron un paquete de teléfono residencial, televisión y paquete de banda ancha.

Personas con discapacidad en el Reino Unido utilizan menos servicios de comunicaciones

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