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ANÁLISIS

Urge una agenda pro inversión para desatar el desarrollo digital de Chile

Rodrigo Ramírez Pino

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Sebastián Piñera en su #CuentaPública presentó las tareas de su gobierno en materia de telecomunicaciones, que son la continuidad de las políticas que se han venido desarrollando en el sector: desplegar el Plan Nacional de Infraestructura Digital, redundante y resciliente; una Red de Fibra Óptica de alta velocidad; conectar localidades y escuelas que aún no acceden a Internet; aumentar la red WIFI GOB público y abierto; y el cable submarino de fibra óptica entre Chile-Asia.

Complementariamente, mencionó medidas que ya están en la Agenda Digital 2020: seguir la ruta de modernización del Estado, aspirar a un Estado digital, fomentar la transformación digital, actualizar la Plataforma Digital Chile Atiende y digitalizar las licencias médicas.

Teniendo un horizonte de cuatro años la expectativa era mayor, ocasión inmejorable para colocar sobre la mesa nuevas ideas, proyectos innovadores, medidas osadas y creativas. No habiendo esto último, la pregunta es ¿cómo financiamos la infraestructura digital que Chile necesita?

La agenda de la actual administración corresponde a medidas que se vienen ejecutando desde la administración de la presidenta Bachelet, pero siendo correcto también nosotros continuamos con proyectos que venían desde el año 2010. La portabilidad numérica y el fin de la larga distancia, son algunos.

Lo cierto, en vez de mostrar molestia, es que debemos actuar con madurez y profundizar las coincidencias en la continuidad de políticas de largo aliento que desarrollen este ecosistema más allá del gobierno de turno. La autoridad siempre es bien intencionada. Todos quienes hemos liderado el sector ocasionalmente buscamos desatar competencia, mejorar la calidad del servicio y la experiencia del usuario, corregir desigualdades y crecer en inclusión digital, atraer nuevas inversiones, extender la cobertura, crear más ciudadanía digital, fomentar la participación, dar garantías a todos los actores del sector, entre otras.

Lo que sí está en manos de la actual administración es la oportunidad de desterrar las mezquindades, demagogias, la táctica de la post verdad, prejuicios y análisis sesgados. Se encuentra en la mejor posición para convocar a un diálogo abierto, sincero, plural, diverso e incluyente para construir una Agenda Pro Inversión de corto, mediano y largo plazo, pues lo que sí está en juego es que si no realizamos las inversiones necesarias ahora, se cae todo el discurso de querer un Chile digital y desarrollado. Entonces mejor nos olvidarnos del desarrollo de las industrias inteligentes, de la economía naranja, de las Smart City, del IoT, de las aplicaciones para la Inteligencia Artificial, virtualización de servicios, de la red pública de emergencia, del despliegue de redes de alta capacidad internacional, del desarrollo de 5G.

Convocar una Agenda Pro Inversión permitirá llevar adelante los desafíos de la infraestructura digital que Chile sabe que necesita. Tenemos los diagnósticos, sabemos lo que falta, contamos con los estudios de demanda, existe la voluntad política, una industria abierta y ciudadanos activos. Es decir, existe un escenario inmejorable para co construir una Agenda Pro Inversión liderada por la autoridad, con la participación de las industrias (radio, TV; móvil, fijo, infraestructura, servicios digitales, emprendedores), de otras industrias, proveedores, universidades, gremios, consumidores, parlamentarios, inversionistas, personalidades e innovadores del sector. Una Agenda Pro Inversión en asociación público-privada es construir un escenario certero para el desarrollo del ecosistema digital chileno.

Ideas para una Agenda Pro Inversión hay varias, la principal es crear una nueva Ley de Telecomunicaciones y constituir una nueva institucionalidad digital. Pero si hablamos de medidas concretas para dinamizar el sector, que en los últimos 10 años ha sido de 18 mil millones de dólares y que debemos llegar a una inversión per cápita de 154 dólares, algunas iniciativas deberían ir por lo siguiente:

Definir el modelo concesional y de asociación pública-privada para desplegar el Plan Nacional de Infraestructura Digital; elaborar la cartera de proyectos e inversiones para el Fondo de Infraestructura; propiciar la desagregación vertical de la industria y fomentar la competencia separada en infraestructura, red de acceso y servicios; crear estrategias compartidas y apalancamiento de inversión para desplegar infraestructura junto con la industria minera, astronómica, agroalimentaria, servicios, científica y creativa.

Continuar con el modelo del cable de fibra óptica austral que despliega infraestructura digital, abierta, no discriminatoria, con precios mayoristas. Incluir en toda base para la concesión de obras públicas la construcción de ductos para fibra óptica. Constituir el consorcio internacional para operar el cable transpacífico entre Chile-Asia y de la Antártica; eliminar los cargos de acceso; dotar al Estado de la capacidad de recuperar espectro y fomentar el mercado secundario; segmentación fina del espectro y reutilización del remanente para generar nuevos actores donde no existe servicio; crear la institucionalidad para la gobernanza de ciudades inteligentes; construir un nuevo marco de despliegue de infraestructura móvil y fija junto a los gobiernos locales.

Modificar la ley eléctrica para incluir al mundo eléctrico del transporte, dada su capacidad y redundancia de la red actual, y la de distribución, dada su capilaridad, permitiendo la entrada de nuevos actores de nicho.

Fomentar la participación de TVN como operador intermedio y de servicios de telecomunicaciones, aprovechar la alta capilaridad de su infraestructura para servicios de TV, Internet y servicios de emergencia y la oportunidad del despliegue de una red de fibra óptica pública; terminar con el proceso de portabilidad fija similar a la móvil, garantizando la competencia en el mundo fijo y de los servicios empaquetados.

Fijar una hoja de ruta regulatoria del período, convergente y ex post; proceder al cambio al régimen autorizatorio y concesional; modificar el Fondo de Telecomunicaciones hacia la demanda; contar con el plan de uso de espectro de futuro, proponer un calendario bianual para nuevos concursos de bandas, en especial para bandas compartidas para usos industriales IoT LTE; definir un nuevo marco de asignación de espectro y perfeccionamiento al modelo de las contraprestaciones; inclusión de los municipios como operadores de infraestructura y entregar subsidios y aportes del Fondo de Desarrollo Regional para desplegar el plan de banda ancha rural.

Rebajas tributarias e impositivas para crear polos y cluster de data center en regiones; fijar una política impositiva para las plataformas digitales transfronterizas.

Estas son algunas ideas que pueden ayudar a desatar la conversación y el debate. Lo que no podemos olvidar es que es ahora cuando necesitamos las inversiones que puedan garantizar un mejor futuro para el país y su gente.

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2 Comments

2 Comments

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    Catalina Achermann

    junio 4, 2018 at 9:15 pm

    ‪Gracias Rodrigo -el 25/05/18 en Sofofa ya anunciamos el lanzamiento de la Mesa Pro Inversión este miércoles 6 de junio – así que ese día síguenos por las redes sociales de Subtel.‬

  2. Avatar

    Diego Toro

    junio 4, 2018 at 9:54 pm

    La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile anunció el 25 de mayo pasado en una reunión en SOFOFA, la convocatoria una mesa de trabajo que tiene como objetivo aumentar la inversión sectorial en un 30%, de manera de alcanzar las cifras del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y que fueron claves para el desarrollo del sector de telecomunicaciones de Chile. Esta mesa se realizará este miércoles 6 de junio a las 10:30 am en dependecias de Contraloría.
    Pueden seguir todo los detalles de esta mesa a través de las RRSS de Subtel @Subtel_Chile en FB Subtel_Chile o en http://www.subtel.cl

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ANÁLISIS

¿Cuál es el verdadero valor de la nube para los negocios?

María Rosas Casillas

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Hoy nos enfrentamos a una economía diversificada, donde los mercados y audiencias se multiplican con necesidades cada vez más específicas y donde la digitalización ha gestado una oferta competitiva que crece rápidamente tratando de atender estas nuevas demandas. Según un estudio que realizó el Instituto de Valores de Negocio de IBM, para 2020, el 90 por ciento de los modelos de negocios van a necesitar estar en la nube para ser competitivos y afrontar los retos que impondrá la economía digital. 

En los últimos años la nube ha revolucionado y potencializado los negocios por sus múltiples beneficios: eliminar los altos costos que conllevaba comprar hardware y software para almacenar grandes cantidades de datos; la gran escalabilidad, es decir, atraviesa fronteras y la información en la nube puede ser utilizada en cualquier latitud. Asimismo, ha mitigado el tiempo que antes se invertía en almacenar y distribuir información y brinda confianza y seguridad al permitir recuperar información con mayor facilidad.

Pero va más allá de eso, hoy en día, la nube está mejorando y permitiendo la innovación como nunca antes, porque es sólo ahora que la nube proporciona a la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automatizado análisis de data con bajo costo, almacenamiento virtualmente infinito y procesamiento de datos a alta velocidad.

En este contexto, la forma como las empresas están constituidas en la actualidad puede verse mejorada de manera exponencial si las cargas de trabajo se trasladaran a la nube. Y es que con servicios que dan un gran impulso a las corporaciones como Inteligencia Artificial, blockchain y análisis de datos, la nube necesita de un trato especial enfocado a las empresas, desde un grado de seguridad empresarial para mantener toda la información clasificada, hasta la apertura de portabilidad de datos y aplicaciones que sean compatibles con entornos en ella.

A este modelo se le conoce como Nube Híbrida y, según un estudio, 98 por ciento de las organizaciones planean pasar del cloud al multicloud híbrido dentro de tres años.

Quizá todo este proceso se escuche abrumador, pero en realidad su implementación no es el mayor reto al que nos enfrentamos. Una vez implementado, la unificación y el manejo de varios proveedores de nube puede llegar a ser muy complejo, incluso para empresas que tienen un proceso avanzado en términos de transformación digital.

Es por lo anterior que IBM lanzó nuevas herramientas y servicios de nube híbrida diseñados para ayudar a las empresas a explorar fácilmente las complejidades de este nuevo panorama y de una manera más sencilla, migrar, integrar y administrar aplicaciones y cargas de trabajo con todo lo necesario para que pueda existir tanto en una nube pública o privada.

Con esto, no sólo rompemos las barreras en cuanto a la posibilidad de integrar Inteligencia Artificial a las empresas, al permitir el uso de diferentes servicios de nube a través de la plataforma IBM Cloud Private for Data, sino que aquellas compañías que cuenten con sus finanzas, datos de sus consumidores e inventario en diferentes nubes tendrán todo integrado en un solo lugar que, además, es bastante ameno en su interfaz de uso.

Esto sólo se traduce en beneficios para las compañías, pues si sumamos las capacidades de la Inteligencia Artificial en la nube, los beneficios se triplican ya que las ventas pueden aumentar y los gastos se pueden reducir significativamente.

Es evidente que hoy cobra relevancia la interoperabilidad entre nubes, incluso las que provienen de diferentes compañías, para así promover sistemas abiertos, fáciles de implementar y seguros que generen confianza en la tecnología. Así pues, apostar por la apertura beneficia a las compañías en su proceso de transformación digital, facilita la creación de aplicaciones y plataformas, reduce costos y le da un verdadero valor a los negocios.  

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ANÁLISIS

América Latina y la guerra 4.0

Rodrigo Ramírez Pino

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La disputa comercial entre Estados Unidos y China ha revelado una nueva derivada de la tensión entre ambas potencias: la guerra 4.0 o la lucha por la hegemonía tecnológica del siglo XXI. Su primera batalla es quién obtiene el dominio tecnológico en el despliegue de las redes y servicios 5G.

La administración Trump puso en el centro de su ataque a Huawei, partiendo con la detención en Canadá de su directora financiera, acusando a la compañía de robo tecnológico y generando la sospecha global de espionaje y del mal uso de la información que haría la empresa China.

Hasta ahora, un par de países, que hace rato quedaron en la periferia del desarrollo de las plataformas tecnológicas, han recogido las sugerencias de Estados Unidos y han vetado a la compañía, bloqueado su participación en el mercado interno y han ido eliminando sus componentes de la red de comunicación móvil.

Lo cierto que aún no se conoce evidencia de esas acusaciones y Huawei sigue avanzando como referente del desarrollo de la arquitectura digital global.

Lo que esconden estas acusaciones es un enfrentamiento tecnológico de nueva generación, donde Occidente corre el riesgo de perder el liderazgo histórico de la innovación y el predominio del desarrollo de tecnologías, cediendo esta supremacía a manos de nuevos desafiantes y actores emergentes, en especial de China, que pasó de ser el paraíso de la copia y de la mala imitación a un gigante tecnológico mundial.

El país de Asia Oriental definió que su futuro dependía, en parte, del desarrollo de sectores claves de la economía y, para ello, y por su independencia, debía aplicar una alta tecnología para modernizar su base manufacturera, la robótica, la biogenética, los vehículos alimentados por nuevas energías, la aeronáutica espacial, la Inteligencia Artificial, la tecnología de la información, las redes de infraestructura.

En esta misma dirección avanza Corea e India. Las plataformas supranacionales Google, Amazon, Facebook y Apple lo saben hace rato.

La supremacía por liderar la revolución digital tiene en 5G su primera gran batalla emblemática. En el imaginario se instaló que quien primero conquiste esta nueva generación tecnológica tendrá el dominio y control del nervio central de la fábrica del futuro, de la industria inteligente, de la Inteligencia Artificial, Internet de las cosas; la salud digital, ciberseguridad, el control de las ciudades inteligentes, la movilidad y la energía.

El flujo del tránsito, el despliegue de nueva infraestructura, la conectividad masiva de dispositivos, sensores y artefactos y la gestión del transporte urbano; la llave maestra de la economía digital, la creación de nuevos empleos y la atracción de los fondos de inversión, el poder de la sustitución de los bienes y servicios tradicionales por sus equivalentes digitales. 

En medio de esta tensión geotecnológica, América Latina estará obligada a tomar partido y no debe dejarse intimidar. Mientras un par de países promueven el veto, el bloqueo, la restricción y la hegemonía tecnológica, nuestra región debe ser el referente de la neutralidad tecnológica, la igualdad de concurrencia de operadores, fabricantes, integradores, proveedores, agregadores, beneficiarse de esa oferta y generar las condiciones para que ocurra esa competencia.

La región debe aprovechar el contexto y construir una visión digital latinoamericana propia e independiente, que exprese el qué, cómo y dónde queremos estar en esta revolución digital, avanzar en el espacio digital común, de un mercado regional compartido, en la integración de los países para promover desarrollo, seguridad y confianza.

América Latina debe jugar un papel en la nueva gobernanza para la era digital, para ello debe tomárselo seriamente, mejorar las capacidades técnicas, ajustar los marcos regulatorios y construir una arquitectura legal que promueva la participación satisfactoria de cada país en este nuevo ecosistema. 

El proteccionismo no es un valor ni un aporte para el progreso de las naciones del continente. América Latina sabe quién termina pagando los costos de una guerra ajena, sabe quién termina recibiendo tecnologías de segunda mano, cerradas y amarradas a proveedores únicos.

América Latina sabe lo que implica que el ecosistema 5G llegue dividido a conquistar este territorio. Sabemos que significa retraso, marginación y exclusión.

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Disney–Fox y la televisión restringida en México

Ramiro Tovar

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Alrededor del caso Disney–Fox se ha generado una discusión que omite varios aspectos fundamentales que, de considerarse, disminuirían las especulaciones e interpretaciones entre el coro de columnistas y editorialistas en los medios. Tales aspectos son los siguientes, a consideración de quien suscribe:

  1. Que es una transacción con causas de origen y efectos globales que responde a la evolución de la estructura de los mercados de propiedad, desarrollo y producción, comercialización y distribución de contenidos, en respuesta a las actuales y futuras plataformas digitales. En particular, en respuesta al advenimiento de competidores basados en servicios OTT (Over-the-top) como Amazon y Netflix. Disney tendrá un portafolio de contenidos que incluirán desde X-Men, Avatar, Toy Story, Mickey Mouse, hasta Marvel, National Geographic, Star Wars y el archivo legendario de películas de la 21th Century Fox. La rivalidad a no perder de vista es Disney vs. Comcast (que adquirió NBC Universal) e incluso con AT&T que adquirió Time Warner.
  2. Que cualquier condicionamiento que se imponga a la transacción de referencia debe de subordinarse a los tratados internacionales, en este caso todavía el TLCAN y en el corto plazo con USMCA o T-MEC, recientemente negociado, y que deberá ser ratificado por los congresos de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en fecha próxima.
  3. Que en México no hay convergencia plena. La regulación ha protegido al operador que concentra el mercado. Históricamente, ha existido un obstáculo a la competencia en televisión restringida que es singular respecto de cualquier otra jurisdicción nacional. Adicionalmente, esta plataforma de distribución basada en cable coaxial se encuentra protegida de la competencia potencial que le representaría la más extensa red de telecomunicaciones (DSL-FTTH) existente, Telmex, que sin duda ejercería presión competitiva que se traduciría en mejor oferta, más contenidos y menores precios (la TV de paga es el único servicio de telecomunicaciones que en lugar de bajar precios, sistemáticamente van a la alza) en beneficio de los usuarios.
  4. Que hasta la entrada de filiales de canales deportivos de productores no integrados a concesionarios de televisión en el país (Claro Sports, Fox Sports, ESPN), diferentes a los integrados a los contenidos producidos por Grupo Televisa, la competencia por la adquisición y transmisión de tales eventos en exclusiva era inexistente.  La posición dominante de tal agente económico en la operación de sistemas de cable en el país y la integración de canales deportivos, propiedad y exclusividad de eventos y clubes deportivos, son parte de su todavía persistente poder de mercado en televisión de paga y factor determinante en su poder de negociación en dos ámbitos: 1) nacional, frente a operadores independientes de sistemas de televisión restringida (cable o satelital) al proveerles de contenidos en términos y condiciones no competitivos y 2) respecto de los proveedores de contenidos extranjeros que contrata en exclusiva, en ambos casos, los menos favorecidos son los operadores independientes que tienen que pagar sobreprecios por esos contenidos que Televisa tiene en exclusividad.

La resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) respeto al caso Disney-Fox muestra una aplicación limitada de los criterios de competencia económica de la legislación nacional respecto de la consistencia con lo resuelto por otras autoridades en la materia en el resto del mundo.

La transacción de referencia ha sido aprobada en todo el mundo, sujeta a algunas condiciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, China e India. Tales condiciones se han limitado a la desincorporación de la trasmisión de eventos deportivos locales o de relaciones contractuales como agentes de distribución de películas como proveedores en el mercado de exhibidores de cine como en el caso de México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene que pronunciarse sobre los efectos de esta operación en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sin embargo, ni Disney ni Fox son concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones o concesionarios de sistemas de radiodifusión, ni son accionistas en alguno de ellos, por lo que el IFT no podrá ir más allá de lo que la Cofece ha resuelto aplicando los criterios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) respecto al análisis con fines preventivos de las adquisiciones o fusiones entre agentes económicos.

El IFT, adicionalmente, podría actuar respecto de sus facultades asociadas a “derechos de las audiencias”, pero para ello no requiere, ni podría, resolver medidas tales como condicionar la transacción a desincorporación de activos o imponer ciertas restricciones contractuales en sus relaciones con concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión.

Este caso una es clara evidencia del conflicto competencial y de la incertidumbre que puede generar la existencia de ambos órganos autónomos reguladores en materia de competencia.

La salida a lo que implica esta operación no es el artículo 5º de la LFCE que establece que sólo una entidad, entre la Cofece y el IFT, tendrá competencia en un caso que conozca una u otra, y que serán los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, los que fijarán a cuál le corresponde el caso, pues las facultades y atribuciones de una y otro son distintas.

Por ejemplo, la Cofece es competente y se ha pronunciado respecto de esta operación en los mercados de: a) distribución de películas para salas de cine; b) licenciamiento de contenidos y música para entretenimiento en el hogar para su adquisición y descarga directa; c) entretenimiento en vivo; d) licenciamientos de derechos de propiedad intelectual para libros, revistas, videojuegos, entre otros, pero no así para los efectos de la operación en las  redes de telecomunicaciones.

Por otra parte, en los eventos deportivos, Fox Sports es una alternativa a los canales de televisión restringida de tal género de contenidos pero que están integrados al mayor operador de sistemas de cable del país.

La existencia de contenidos deportivos de producción independiente ha incrementado la variedad y la diversidad de opiniones alrededor de tales eventos. Desincorporar la cobertura de eventos deportivos nacionales producidos por Fox significaría una regresión en la competencia y, por lo tanto, pérdida de variedad en dicho segmento de contenidos.

Al respecto, el Presidente López Obrador expresó: “lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del futbol”… ”Si afectan al futbol pues no, que se revise este asunto, que se discuta, que se debata; sí son organismos autónomos, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”.

Con tal preocupación en la mira, la operación Disney–Fox puede aumentar su poder de negociación como proveedores de contenidos frente al dominio de operadores de cable como Grupo Televisa, que han ejercido poder sustancial de facto en la distribución y transmisión de eventos deportivos por sus canales abiertos y restringidos, lo que ha derivado en tratamientos diferenciados entre los sistemas de cable integrados e independientes y la persistencia de rentas supra competitivas en el servicio de televisión restringida. Con ello, ha apalancado mayores márgenes dado que el aumento real en las tarifas aplicadas a sus suscriptores es menor que el incremento real en la adquisición de contenidos y programación de entidades nacionales independientes y extrajeras, como son Disney y Fox.

Si el objetivo es menores precios en televisión restringida, incluidos eventos deportivos, y programación exclusiva, se debe antes eliminar la añeja barrera a la entrada a la convergencia de servicios (triple play), permitiendo la concurrencia a todas las redes de telecomunicaciones basadas en cualquier tipo de plataforma tecnológica (DSL, FTTH, móvil, satelital o híbridas).

Tal es el obstáculo de relevancia, antes que esperar resoluciones que favorezcan la posición negociadora de los protegidos por dicha barrera a la entrada desde principios de los años noventa, y que han estado explotando la excepción del artículo 9º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto al debido proceso de análisis de competencia en sus adquisiciones de sistemas de cable por todo el territorio nacional.

No desviemos la mirada de donde existe realmente un impedimento a la competencia: la permanencia de privilegios injustificados a quienes pueden ofrecer triple play y quienes no; así como tampoco respecto a que la competencia global se dirige al streaming o servicios OTT, por lo que la convergencia de servicios para todas las redes es una condición necesaria.

Sin duda, la solución en México es la tan dilatada pero tan necesaria como anhelada convergencia plena, antes que cualquier otra.

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