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ANÁLISIS

Telecomunicaciones con sentido ciudadano: el legado de Michelle Bachelet en Chile

Quién mejor que el ex subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, Pedro Huichalaf, para hablar del legado de conectividad del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Pedro Huichalaf Roa

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Según diversos ranking internacionales de conectividad y velocidad de acceso a internet, Chile es hoy uno de los países líderes en América Latina en penetración de conectividad, aumento de cobertura y desarrollo de tecnología en telecomunicaciones, con despliegue nacional de última tecnología como es 4G en banda de 700 mhz y combinación de bandas LTE Advance.

El desarrollo de las telecomunicaciones en Chile se ha dado porque a pesar de los cambios de gobierno, las políticas públicas son diseñadas y desarrolladas pensando en una planificación de mediano a largo. A pesar de esto, de igual forma cada gobierno intenta imprimir su propio foco en cada administración.

Como ex subsecretario de Telecomunicaciones, al comenzar la gestión de la presidenta Michelle Bachelet (desde marzo de 2014 a marzo de 2018 ), se me encomendó diseñar políticas públicas que tuvieran un enfoque concreto, pensando especialmente en las personas, en zonas extremas del país y en pueblos originarios, lo que denominamos “telecomunicaciones con sentido ciudadano”. Y los resultados de este trabajo, público y privado, hoy, tal como las nuevas autoridades en su balance del estado de las telecomunicaciones han informado en las últimas estadísticas correspondientes al año 2017, demuestran el éxito de nuestro trabajo.

Por un lado, a marzo de 2014 en Chile la conexión y penetración a Internet fija y móvil por cada 100 habitantes era de 52.2 por ciento. A diciembre de 2017 llegamos a 105 accesos de Internet por cada 100 habitantes, con 19.4 millones de accesos. Ha sido tal el incremento de acceso a Internet en el país que incluso en el último Mobile World Congress 2018 celebrado en Barcelona, España, se liberó el Índice de Internet Inclusivo 2018, que puso a Chile como el país que más crecimiento en acceso a Internet tuvo en el mundo en estos últimos años, señalando que “Chile se destaca como el país mejor clasificado en América Latina en todas las categorías de alto nivel.”

Este resultado no es misterioso, sino fruto de diversas iniciativas de alto impacto desarrolladas durante el gobierno de la presidenta Bachelet.

Así, una iniciativa comenzada en la administración anterior era el programa Wi-Fi ChileGob (http://www.wifigob.cl), que consiste en financiamiento estatal de puntos de Wi-Fi gratuito en espacios públicos como plazas, zonas de comercio, zonas de juego y otros.

Sin embargo, cuando recibimos el gobierno, se habían licitado 6 de las 15 regiones del país, quedando desiertas las restantes regiones. Nuestro impulso consistió en continuar con el proyecto y meta de que todas las regiones del país y 90 por ciento de las comunas de Chile tuvieran puntos Wi-Fi gratuitos. Para ello, cambiamos la lógica de las licitaciones facilitando que pequeños ISPs y operadores locales pudieran participar y adjudicarse financiamiento público, porque entendíamos que no tan sólo las grandes empresas de telecomunicaciones son las que desarrollan las telecomunicaciones en el país, sino que existe todo un ecosistema que el Estado debe fomentar. Producto de esto, finalmente hoy el programa tiene mil 223 puntos de Wi-Fi gratuitos, cumpliendo compromiso de estar en todo Chile, incluidos tres  puntos Wi-Fi gratis en la Isla de Pascua, ubicada a más de 3 mil 500 kilómetros de distancia del continente, beneficiando al pueblo Rapa Nui y habitantes de la isla.

Otro aspecto relevante fue la implementación de concursos de licitación de la banda de 2.600 MHz y 700 MHz, que en su forma de adjudicarse, además del deber de las empresas de desplegar comercialmente sus redes, se exigía una contraprestación, consistente en conectar localidades, especialmente ubicadas en zonas rurales y extremas del país, conectar escuelas a Internet e iluminar rutas.

Nuestro trabajo consistió en fiscalizar la implementación efectiva del despliegue de la tecnología 4G asociada a estas frecuencias y velar por los derechos de los habitantes de las localidades beneficiadas. Como resultado final, sumando ambos concursos, durante la administración de la presidenta Bachelet, más de mil 800 localidades, que nunca habían tenido acceso a telefonía e Internet, se conectaron gracias a las telecomunicaciones; más de 500 escuelas públicas se unieron a la red y más de 800 Kilómetros de carreteras con “zonas oscuras” hoy tienen continuidad de señal, beneficiando con ello a muchos chilenos que por su condición territorial y porque no había interés de empresas de invertir en estas zonas, hoy tienen la misma calidad y pagan el mismo valor de tecnología usada, como si estuvieran en la ciudad capital de su respectiva región.

Respecto al desarrollo de 4G en Chile, su desarrollo en el gobierno de Michelle Bachelet a sido absolutamente explosivo. Es así como a marzo de 2014 existían menos de 200 mil conexiones a esta tecnología y a diciembre de 2017 se llegó casi a los 11 millones de conexiones, debido al fomento que aplicamos para el despliegue de las redes de las compañías en forma masiva y a nivel nacional y a la rápida absorción de la tecnología por parte de los chilenos, que año a año se suma al uso de 4G como forma de conectividad móvil.

De hecho, hoy 84.2 por ciento de los accesos a Internet son móviles, de los cuales 93.1 por ciento corresponde a navegación por smartphones, lo que demuestra la importancia de tener mejor conectividad y calidad en las conexiones.

Un punto relevante a considerar es que durante esta gestión también se fomentó las inversiones y competencia en mercado de telecomunicaciones. Es así como en este gobierno ingresó al mercado nacional una empresa con capitales extranjeros, denominada WOM, y que gracias a la libre competencia existente en el país, una correcta gestión neutral del regulador y políticas como la portabilidad numérica, han logrado en poco más de un par de años tener 14.9 por ciento de participación en el mercado de telecomunicaciones, logrando con su entrada que aumentaran los beneficios de telefonía móvil y datos a los clientes y bajando los precios en más de 35 por ciento.

Sin perjuicio de todos estos antecedentes, uno de los mayores legados de la presidenta Bachellet fue la concreción de un sueño de los habitantes de la zona más austral del país y que era la de estar conectada digitalmente con el resto de Chile a través de fibra óptica por territorio nacional. Para esto se dispuso de 100 millones de dólares para financiar la fibra óptica austral, que es la mayor inversión jamás financiada por el Estado de Chile en un solo proyecto de telecomunicaciones.

Para ello, cambiamos el modelo tradicional de inversiones estatales, en virtud del cual se financiaban servicios de telecomunicaciones para zonas rurales y extremas carentes de conectividad, por un modelo de financiamiento de infraestructura de telecomunicaciones, en virtud del cual el privado que obtuvo finalmente la licitación, tiene el deber de construir y operar una red de fibra óptica abierta, neutral y uniendo desde Puerto Montt hasta la ciudad más austral del mundo, Puerto Williams, con más de 4 mil kilómetros de fibra óptica submarina y con trazados terrestres, lo que ha generado múltiples proyectos basado en esta fibra que estará operativa el año 2019. Al ser una red abierta, es posible que múltiples operadores de servicios la utilicen para fines científicos, académicos, comerciales y con fines públicos, y con proyecciones de crecimiento desde sus nodos, incluso se está pensando en unir hasta el territorio antártico.

Este proyecto, sin embargo, no es aislado y se enmarca en el Plan de Infraestructura de Telecomunicaciones que, por primera vez, desarrollamos con una mirada de país, identificando tres grandes componentes, en donde la política pública puede impulsar inversiones en infraestructura.

Así, tenemos la denominada “última milla”, que es el fomento de conectividad a hogares, empresas y fomento de infraestructura principalmente de fibra óptica. Para ello, se impulsó una ley denominada “Ley de ductos”, que recientemente fue publicado su reglamento, en virtud del cual se exigirá que toda nueva construcción de edificio y loteos debe incorporar infraestructura de telecomunicaciones pasivos y red de multiductos, requisitos indispensables para recepción de obras de dichos inmuebles. Esto permitirá que las empresas de telecomunicaciones inviertan hasta las afueras de edificios y desde ahí se interconecte a esta red interna que permitirá diversos operadores y servicios.

El segundo componente es generar redes de alta capacidad dentro del territorio nacional, buscando fomentar la redundancia y aumento de redes de fibra óptica, existiendo proyectos regionales en generación, pero siendo el proyecto de fibra óptica austral una clara manifestación en la práctica del Plan Nacional de Infraestructura. Actualmente, ya se encuentran adjudicados y avanza en su construcción los trazados del Troncal Submarina y Terrestres de Magallanes, estando actualmente en etapa de evaluación de posturas de empresas para los troncales terrestres de Los Lagos y Aysén.

Finalmente, el tercer componente es la búsqueda de nueva y mayor conectividad internacional, considerando que actualmente ocho de cada nueve cables de fibra óptica pasan por Estados Unidos, sin que exista otra conectividad que la de Brasil hacia otros continentes. Para ello avanzamos en forma decidida a mirar hacia el Pacífico como natural espacio de conexión, y logramos firmar por primera vez con el gobierno de China un acuerdo de colaboración para desarrollar un pre proyecto de factibilidad para unir Chile con China, para que Chile sea el punto de entrada de conectividad de fibra óptica transocéanica de América Latina con Asia Pacífico, teniendo como puntos de conexión Isla de Pascua y Juan Fernández. Sería el cable de fibra óptica transoceánica más extenso del mundo en caso de finalmente concretarse. Sin embargo, como todo gran proyecto, se debe comenzar con manifestación de intenciones y fue el gobierno de la presidenta Bachelet el que ha generado estos grandes acuerdos.

Con todo el trabajo realizado durante la administración de la Presidenta Bachelet, se ha demostrado el trabajo serio y con el sello de mirada ciudadana. Estamos seguros que en la actual administración se continuará con el trabajo, con la sólida base lograda, en beneficio de todos los chilenos.

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  1. Avatar

    Carlos Vargas

    mayo 28, 2018 at 1:35 pm

    EXTRAORDINARIA LABOR DESARROLLADA Y MUY BIEN EXPLICADA.
    FELICITACIONES!!

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ANÁLISIS

¿Cuál es el verdadero valor de la nube para los negocios?

María Rosas Casillas

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Hoy nos enfrentamos a una economía diversificada, donde los mercados y audiencias se multiplican con necesidades cada vez más específicas y donde la digitalización ha gestado una oferta competitiva que crece rápidamente tratando de atender estas nuevas demandas. Según un estudio que realizó el Instituto de Valores de Negocio de IBM, para 2020, el 90 por ciento de los modelos de negocios van a necesitar estar en la nube para ser competitivos y afrontar los retos que impondrá la economía digital. 

En los últimos años la nube ha revolucionado y potencializado los negocios por sus múltiples beneficios: eliminar los altos costos que conllevaba comprar hardware y software para almacenar grandes cantidades de datos; la gran escalabilidad, es decir, atraviesa fronteras y la información en la nube puede ser utilizada en cualquier latitud. Asimismo, ha mitigado el tiempo que antes se invertía en almacenar y distribuir información y brinda confianza y seguridad al permitir recuperar información con mayor facilidad.

Pero va más allá de eso, hoy en día, la nube está mejorando y permitiendo la innovación como nunca antes, porque es sólo ahora que la nube proporciona a la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automatizado análisis de data con bajo costo, almacenamiento virtualmente infinito y procesamiento de datos a alta velocidad.

En este contexto, la forma como las empresas están constituidas en la actualidad puede verse mejorada de manera exponencial si las cargas de trabajo se trasladaran a la nube. Y es que con servicios que dan un gran impulso a las corporaciones como Inteligencia Artificial, blockchain y análisis de datos, la nube necesita de un trato especial enfocado a las empresas, desde un grado de seguridad empresarial para mantener toda la información clasificada, hasta la apertura de portabilidad de datos y aplicaciones que sean compatibles con entornos en ella.

A este modelo se le conoce como Nube Híbrida y, según un estudio, 98 por ciento de las organizaciones planean pasar del cloud al multicloud híbrido dentro de tres años.

Quizá todo este proceso se escuche abrumador, pero en realidad su implementación no es el mayor reto al que nos enfrentamos. Una vez implementado, la unificación y el manejo de varios proveedores de nube puede llegar a ser muy complejo, incluso para empresas que tienen un proceso avanzado en términos de transformación digital.

Es por lo anterior que IBM lanzó nuevas herramientas y servicios de nube híbrida diseñados para ayudar a las empresas a explorar fácilmente las complejidades de este nuevo panorama y de una manera más sencilla, migrar, integrar y administrar aplicaciones y cargas de trabajo con todo lo necesario para que pueda existir tanto en una nube pública o privada.

Con esto, no sólo rompemos las barreras en cuanto a la posibilidad de integrar Inteligencia Artificial a las empresas, al permitir el uso de diferentes servicios de nube a través de la plataforma IBM Cloud Private for Data, sino que aquellas compañías que cuenten con sus finanzas, datos de sus consumidores e inventario en diferentes nubes tendrán todo integrado en un solo lugar que, además, es bastante ameno en su interfaz de uso.

Esto sólo se traduce en beneficios para las compañías, pues si sumamos las capacidades de la Inteligencia Artificial en la nube, los beneficios se triplican ya que las ventas pueden aumentar y los gastos se pueden reducir significativamente.

Es evidente que hoy cobra relevancia la interoperabilidad entre nubes, incluso las que provienen de diferentes compañías, para así promover sistemas abiertos, fáciles de implementar y seguros que generen confianza en la tecnología. Así pues, apostar por la apertura beneficia a las compañías en su proceso de transformación digital, facilita la creación de aplicaciones y plataformas, reduce costos y le da un verdadero valor a los negocios.  

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América Latina y la guerra 4.0

Rodrigo Ramírez Pino

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La disputa comercial entre Estados Unidos y China ha revelado una nueva derivada de la tensión entre ambas potencias: la guerra 4.0 o la lucha por la hegemonía tecnológica del siglo XXI. Su primera batalla es quién obtiene el dominio tecnológico en el despliegue de las redes y servicios 5G.

La administración Trump puso en el centro de su ataque a Huawei, partiendo con la detención en Canadá de su directora financiera, acusando a la compañía de robo tecnológico y generando la sospecha global de espionaje y del mal uso de la información que haría la empresa China.

Hasta ahora, un par de países, que hace rato quedaron en la periferia del desarrollo de las plataformas tecnológicas, han recogido las sugerencias de Estados Unidos y han vetado a la compañía, bloqueado su participación en el mercado interno y han ido eliminando sus componentes de la red de comunicación móvil.

Lo cierto que aún no se conoce evidencia de esas acusaciones y Huawei sigue avanzando como referente del desarrollo de la arquitectura digital global.

Lo que esconden estas acusaciones es un enfrentamiento tecnológico de nueva generación, donde Occidente corre el riesgo de perder el liderazgo histórico de la innovación y el predominio del desarrollo de tecnologías, cediendo esta supremacía a manos de nuevos desafiantes y actores emergentes, en especial de China, que pasó de ser el paraíso de la copia y de la mala imitación a un gigante tecnológico mundial.

El país de Asia Oriental definió que su futuro dependía, en parte, del desarrollo de sectores claves de la economía y, para ello, y por su independencia, debía aplicar una alta tecnología para modernizar su base manufacturera, la robótica, la biogenética, los vehículos alimentados por nuevas energías, la aeronáutica espacial, la Inteligencia Artificial, la tecnología de la información, las redes de infraestructura.

En esta misma dirección avanza Corea e India. Las plataformas supranacionales Google, Amazon, Facebook y Apple lo saben hace rato.

La supremacía por liderar la revolución digital tiene en 5G su primera gran batalla emblemática. En el imaginario se instaló que quien primero conquiste esta nueva generación tecnológica tendrá el dominio y control del nervio central de la fábrica del futuro, de la industria inteligente, de la Inteligencia Artificial, Internet de las cosas; la salud digital, ciberseguridad, el control de las ciudades inteligentes, la movilidad y la energía.

El flujo del tránsito, el despliegue de nueva infraestructura, la conectividad masiva de dispositivos, sensores y artefactos y la gestión del transporte urbano; la llave maestra de la economía digital, la creación de nuevos empleos y la atracción de los fondos de inversión, el poder de la sustitución de los bienes y servicios tradicionales por sus equivalentes digitales. 

En medio de esta tensión geotecnológica, América Latina estará obligada a tomar partido y no debe dejarse intimidar. Mientras un par de países promueven el veto, el bloqueo, la restricción y la hegemonía tecnológica, nuestra región debe ser el referente de la neutralidad tecnológica, la igualdad de concurrencia de operadores, fabricantes, integradores, proveedores, agregadores, beneficiarse de esa oferta y generar las condiciones para que ocurra esa competencia.

La región debe aprovechar el contexto y construir una visión digital latinoamericana propia e independiente, que exprese el qué, cómo y dónde queremos estar en esta revolución digital, avanzar en el espacio digital común, de un mercado regional compartido, en la integración de los países para promover desarrollo, seguridad y confianza.

América Latina debe jugar un papel en la nueva gobernanza para la era digital, para ello debe tomárselo seriamente, mejorar las capacidades técnicas, ajustar los marcos regulatorios y construir una arquitectura legal que promueva la participación satisfactoria de cada país en este nuevo ecosistema. 

El proteccionismo no es un valor ni un aporte para el progreso de las naciones del continente. América Latina sabe quién termina pagando los costos de una guerra ajena, sabe quién termina recibiendo tecnologías de segunda mano, cerradas y amarradas a proveedores únicos.

América Latina sabe lo que implica que el ecosistema 5G llegue dividido a conquistar este territorio. Sabemos que significa retraso, marginación y exclusión.

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Disney–Fox y la televisión restringida en México

Ramiro Tovar

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Alrededor del caso Disney–Fox se ha generado una discusión que omite varios aspectos fundamentales que, de considerarse, disminuirían las especulaciones e interpretaciones entre el coro de columnistas y editorialistas en los medios. Tales aspectos son los siguientes, a consideración de quien suscribe:

  1. Que es una transacción con causas de origen y efectos globales que responde a la evolución de la estructura de los mercados de propiedad, desarrollo y producción, comercialización y distribución de contenidos, en respuesta a las actuales y futuras plataformas digitales. En particular, en respuesta al advenimiento de competidores basados en servicios OTT (Over-the-top) como Amazon y Netflix. Disney tendrá un portafolio de contenidos que incluirán desde X-Men, Avatar, Toy Story, Mickey Mouse, hasta Marvel, National Geographic, Star Wars y el archivo legendario de películas de la 21th Century Fox. La rivalidad a no perder de vista es Disney vs. Comcast (que adquirió NBC Universal) e incluso con AT&T que adquirió Time Warner.
  2. Que cualquier condicionamiento que se imponga a la transacción de referencia debe de subordinarse a los tratados internacionales, en este caso todavía el TLCAN y en el corto plazo con USMCA o T-MEC, recientemente negociado, y que deberá ser ratificado por los congresos de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en fecha próxima.
  3. Que en México no hay convergencia plena. La regulación ha protegido al operador que concentra el mercado. Históricamente, ha existido un obstáculo a la competencia en televisión restringida que es singular respecto de cualquier otra jurisdicción nacional. Adicionalmente, esta plataforma de distribución basada en cable coaxial se encuentra protegida de la competencia potencial que le representaría la más extensa red de telecomunicaciones (DSL-FTTH) existente, Telmex, que sin duda ejercería presión competitiva que se traduciría en mejor oferta, más contenidos y menores precios (la TV de paga es el único servicio de telecomunicaciones que en lugar de bajar precios, sistemáticamente van a la alza) en beneficio de los usuarios.
  4. Que hasta la entrada de filiales de canales deportivos de productores no integrados a concesionarios de televisión en el país (Claro Sports, Fox Sports, ESPN), diferentes a los integrados a los contenidos producidos por Grupo Televisa, la competencia por la adquisición y transmisión de tales eventos en exclusiva era inexistente.  La posición dominante de tal agente económico en la operación de sistemas de cable en el país y la integración de canales deportivos, propiedad y exclusividad de eventos y clubes deportivos, son parte de su todavía persistente poder de mercado en televisión de paga y factor determinante en su poder de negociación en dos ámbitos: 1) nacional, frente a operadores independientes de sistemas de televisión restringida (cable o satelital) al proveerles de contenidos en términos y condiciones no competitivos y 2) respecto de los proveedores de contenidos extranjeros que contrata en exclusiva, en ambos casos, los menos favorecidos son los operadores independientes que tienen que pagar sobreprecios por esos contenidos que Televisa tiene en exclusividad.

La resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) respeto al caso Disney-Fox muestra una aplicación limitada de los criterios de competencia económica de la legislación nacional respecto de la consistencia con lo resuelto por otras autoridades en la materia en el resto del mundo.

La transacción de referencia ha sido aprobada en todo el mundo, sujeta a algunas condiciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, China e India. Tales condiciones se han limitado a la desincorporación de la trasmisión de eventos deportivos locales o de relaciones contractuales como agentes de distribución de películas como proveedores en el mercado de exhibidores de cine como en el caso de México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene que pronunciarse sobre los efectos de esta operación en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sin embargo, ni Disney ni Fox son concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones o concesionarios de sistemas de radiodifusión, ni son accionistas en alguno de ellos, por lo que el IFT no podrá ir más allá de lo que la Cofece ha resuelto aplicando los criterios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) respecto al análisis con fines preventivos de las adquisiciones o fusiones entre agentes económicos.

El IFT, adicionalmente, podría actuar respecto de sus facultades asociadas a “derechos de las audiencias”, pero para ello no requiere, ni podría, resolver medidas tales como condicionar la transacción a desincorporación de activos o imponer ciertas restricciones contractuales en sus relaciones con concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión.

Este caso una es clara evidencia del conflicto competencial y de la incertidumbre que puede generar la existencia de ambos órganos autónomos reguladores en materia de competencia.

La salida a lo que implica esta operación no es el artículo 5º de la LFCE que establece que sólo una entidad, entre la Cofece y el IFT, tendrá competencia en un caso que conozca una u otra, y que serán los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, los que fijarán a cuál le corresponde el caso, pues las facultades y atribuciones de una y otro son distintas.

Por ejemplo, la Cofece es competente y se ha pronunciado respecto de esta operación en los mercados de: a) distribución de películas para salas de cine; b) licenciamiento de contenidos y música para entretenimiento en el hogar para su adquisición y descarga directa; c) entretenimiento en vivo; d) licenciamientos de derechos de propiedad intelectual para libros, revistas, videojuegos, entre otros, pero no así para los efectos de la operación en las  redes de telecomunicaciones.

Por otra parte, en los eventos deportivos, Fox Sports es una alternativa a los canales de televisión restringida de tal género de contenidos pero que están integrados al mayor operador de sistemas de cable del país.

La existencia de contenidos deportivos de producción independiente ha incrementado la variedad y la diversidad de opiniones alrededor de tales eventos. Desincorporar la cobertura de eventos deportivos nacionales producidos por Fox significaría una regresión en la competencia y, por lo tanto, pérdida de variedad en dicho segmento de contenidos.

Al respecto, el Presidente López Obrador expresó: “lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del futbol”… ”Si afectan al futbol pues no, que se revise este asunto, que se discuta, que se debata; sí son organismos autónomos, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo”.

Con tal preocupación en la mira, la operación Disney–Fox puede aumentar su poder de negociación como proveedores de contenidos frente al dominio de operadores de cable como Grupo Televisa, que han ejercido poder sustancial de facto en la distribución y transmisión de eventos deportivos por sus canales abiertos y restringidos, lo que ha derivado en tratamientos diferenciados entre los sistemas de cable integrados e independientes y la persistencia de rentas supra competitivas en el servicio de televisión restringida. Con ello, ha apalancado mayores márgenes dado que el aumento real en las tarifas aplicadas a sus suscriptores es menor que el incremento real en la adquisición de contenidos y programación de entidades nacionales independientes y extrajeras, como son Disney y Fox.

Si el objetivo es menores precios en televisión restringida, incluidos eventos deportivos, y programación exclusiva, se debe antes eliminar la añeja barrera a la entrada a la convergencia de servicios (triple play), permitiendo la concurrencia a todas las redes de telecomunicaciones basadas en cualquier tipo de plataforma tecnológica (DSL, FTTH, móvil, satelital o híbridas).

Tal es el obstáculo de relevancia, antes que esperar resoluciones que favorezcan la posición negociadora de los protegidos por dicha barrera a la entrada desde principios de los años noventa, y que han estado explotando la excepción del artículo 9º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respecto al debido proceso de análisis de competencia en sus adquisiciones de sistemas de cable por todo el territorio nacional.

No desviemos la mirada de donde existe realmente un impedimento a la competencia: la permanencia de privilegios injustificados a quienes pueden ofrecer triple play y quienes no; así como tampoco respecto a que la competencia global se dirige al streaming o servicios OTT, por lo que la convergencia de servicios para todas las redes es una condición necesaria.

Sin duda, la solución en México es la tan dilatada pero tan necesaria como anhelada convergencia plena, antes que cualquier otra.

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