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ANÁLISIS

Telecomunicaciones con sentido ciudadano: el legado de Michelle Bachelet en Chile

Quién mejor que el ex subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, Pedro Huichalaf, para hablar del legado de conectividad del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Pedro Huichalaf Roa

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Según diversos ranking internacionales de conectividad y velocidad de acceso a internet, Chile es hoy uno de los países líderes en América Latina en penetración de conectividad, aumento de cobertura y desarrollo de tecnología en telecomunicaciones, con despliegue nacional de última tecnología como es 4G en banda de 700 mhz y combinación de bandas LTE Advance.

El desarrollo de las telecomunicaciones en Chile se ha dado porque a pesar de los cambios de gobierno, las políticas públicas son diseñadas y desarrolladas pensando en una planificación de mediano a largo. A pesar de esto, de igual forma cada gobierno intenta imprimir su propio foco en cada administración.

Como ex subsecretario de Telecomunicaciones, al comenzar la gestión de la presidenta Michelle Bachelet (desde marzo de 2014 a marzo de 2018 ), se me encomendó diseñar políticas públicas que tuvieran un enfoque concreto, pensando especialmente en las personas, en zonas extremas del país y en pueblos originarios, lo que denominamos “telecomunicaciones con sentido ciudadano”. Y los resultados de este trabajo, público y privado, hoy, tal como las nuevas autoridades en su balance del estado de las telecomunicaciones han informado en las últimas estadísticas correspondientes al año 2017, demuestran el éxito de nuestro trabajo.

Por un lado, a marzo de 2014 en Chile la conexión y penetración a Internet fija y móvil por cada 100 habitantes era de 52.2 por ciento. A diciembre de 2017 llegamos a 105 accesos de Internet por cada 100 habitantes, con 19.4 millones de accesos. Ha sido tal el incremento de acceso a Internet en el país que incluso en el último Mobile World Congress 2018 celebrado en Barcelona, España, se liberó el Índice de Internet Inclusivo 2018, que puso a Chile como el país que más crecimiento en acceso a Internet tuvo en el mundo en estos últimos años, señalando que “Chile se destaca como el país mejor clasificado en América Latina en todas las categorías de alto nivel.”

Este resultado no es misterioso, sino fruto de diversas iniciativas de alto impacto desarrolladas durante el gobierno de la presidenta Bachelet.

Así, una iniciativa comenzada en la administración anterior era el programa Wi-Fi ChileGob (http://www.wifigob.cl), que consiste en financiamiento estatal de puntos de Wi-Fi gratuito en espacios públicos como plazas, zonas de comercio, zonas de juego y otros.

Sin embargo, cuando recibimos el gobierno, se habían licitado 6 de las 15 regiones del país, quedando desiertas las restantes regiones. Nuestro impulso consistió en continuar con el proyecto y meta de que todas las regiones del país y 90 por ciento de las comunas de Chile tuvieran puntos Wi-Fi gratuitos. Para ello, cambiamos la lógica de las licitaciones facilitando que pequeños ISPs y operadores locales pudieran participar y adjudicarse financiamiento público, porque entendíamos que no tan sólo las grandes empresas de telecomunicaciones son las que desarrollan las telecomunicaciones en el país, sino que existe todo un ecosistema que el Estado debe fomentar. Producto de esto, finalmente hoy el programa tiene mil 223 puntos de Wi-Fi gratuitos, cumpliendo compromiso de estar en todo Chile, incluidos tres  puntos Wi-Fi gratis en la Isla de Pascua, ubicada a más de 3 mil 500 kilómetros de distancia del continente, beneficiando al pueblo Rapa Nui y habitantes de la isla.

Otro aspecto relevante fue la implementación de concursos de licitación de la banda de 2.600 MHz y 700 MHz, que en su forma de adjudicarse, además del deber de las empresas de desplegar comercialmente sus redes, se exigía una contraprestación, consistente en conectar localidades, especialmente ubicadas en zonas rurales y extremas del país, conectar escuelas a Internet e iluminar rutas.

Nuestro trabajo consistió en fiscalizar la implementación efectiva del despliegue de la tecnología 4G asociada a estas frecuencias y velar por los derechos de los habitantes de las localidades beneficiadas. Como resultado final, sumando ambos concursos, durante la administración de la presidenta Bachelet, más de mil 800 localidades, que nunca habían tenido acceso a telefonía e Internet, se conectaron gracias a las telecomunicaciones; más de 500 escuelas públicas se unieron a la red y más de 800 Kilómetros de carreteras con “zonas oscuras” hoy tienen continuidad de señal, beneficiando con ello a muchos chilenos que por su condición territorial y porque no había interés de empresas de invertir en estas zonas, hoy tienen la misma calidad y pagan el mismo valor de tecnología usada, como si estuvieran en la ciudad capital de su respectiva región.

Respecto al desarrollo de 4G en Chile, su desarrollo en el gobierno de Michelle Bachelet a sido absolutamente explosivo. Es así como a marzo de 2014 existían menos de 200 mil conexiones a esta tecnología y a diciembre de 2017 se llegó casi a los 11 millones de conexiones, debido al fomento que aplicamos para el despliegue de las redes de las compañías en forma masiva y a nivel nacional y a la rápida absorción de la tecnología por parte de los chilenos, que año a año se suma al uso de 4G como forma de conectividad móvil.

De hecho, hoy 84.2 por ciento de los accesos a Internet son móviles, de los cuales 93.1 por ciento corresponde a navegación por smartphones, lo que demuestra la importancia de tener mejor conectividad y calidad en las conexiones.

Un punto relevante a considerar es que durante esta gestión también se fomentó las inversiones y competencia en mercado de telecomunicaciones. Es así como en este gobierno ingresó al mercado nacional una empresa con capitales extranjeros, denominada WOM, y que gracias a la libre competencia existente en el país, una correcta gestión neutral del regulador y políticas como la portabilidad numérica, han logrado en poco más de un par de años tener 14.9 por ciento de participación en el mercado de telecomunicaciones, logrando con su entrada que aumentaran los beneficios de telefonía móvil y datos a los clientes y bajando los precios en más de 35 por ciento.

Sin perjuicio de todos estos antecedentes, uno de los mayores legados de la presidenta Bachellet fue la concreción de un sueño de los habitantes de la zona más austral del país y que era la de estar conectada digitalmente con el resto de Chile a través de fibra óptica por territorio nacional. Para esto se dispuso de 100 millones de dólares para financiar la fibra óptica austral, que es la mayor inversión jamás financiada por el Estado de Chile en un solo proyecto de telecomunicaciones.

Para ello, cambiamos el modelo tradicional de inversiones estatales, en virtud del cual se financiaban servicios de telecomunicaciones para zonas rurales y extremas carentes de conectividad, por un modelo de financiamiento de infraestructura de telecomunicaciones, en virtud del cual el privado que obtuvo finalmente la licitación, tiene el deber de construir y operar una red de fibra óptica abierta, neutral y uniendo desde Puerto Montt hasta la ciudad más austral del mundo, Puerto Williams, con más de 4 mil kilómetros de fibra óptica submarina y con trazados terrestres, lo que ha generado múltiples proyectos basado en esta fibra que estará operativa el año 2019. Al ser una red abierta, es posible que múltiples operadores de servicios la utilicen para fines científicos, académicos, comerciales y con fines públicos, y con proyecciones de crecimiento desde sus nodos, incluso se está pensando en unir hasta el territorio antártico.

Este proyecto, sin embargo, no es aislado y se enmarca en el Plan de Infraestructura de Telecomunicaciones que, por primera vez, desarrollamos con una mirada de país, identificando tres grandes componentes, en donde la política pública puede impulsar inversiones en infraestructura.

Así, tenemos la denominada “última milla”, que es el fomento de conectividad a hogares, empresas y fomento de infraestructura principalmente de fibra óptica. Para ello, se impulsó una ley denominada “Ley de ductos”, que recientemente fue publicado su reglamento, en virtud del cual se exigirá que toda nueva construcción de edificio y loteos debe incorporar infraestructura de telecomunicaciones pasivos y red de multiductos, requisitos indispensables para recepción de obras de dichos inmuebles. Esto permitirá que las empresas de telecomunicaciones inviertan hasta las afueras de edificios y desde ahí se interconecte a esta red interna que permitirá diversos operadores y servicios.

El segundo componente es generar redes de alta capacidad dentro del territorio nacional, buscando fomentar la redundancia y aumento de redes de fibra óptica, existiendo proyectos regionales en generación, pero siendo el proyecto de fibra óptica austral una clara manifestación en la práctica del Plan Nacional de Infraestructura. Actualmente, ya se encuentran adjudicados y avanza en su construcción los trazados del Troncal Submarina y Terrestres de Magallanes, estando actualmente en etapa de evaluación de posturas de empresas para los troncales terrestres de Los Lagos y Aysén.

Finalmente, el tercer componente es la búsqueda de nueva y mayor conectividad internacional, considerando que actualmente ocho de cada nueve cables de fibra óptica pasan por Estados Unidos, sin que exista otra conectividad que la de Brasil hacia otros continentes. Para ello avanzamos en forma decidida a mirar hacia el Pacífico como natural espacio de conexión, y logramos firmar por primera vez con el gobierno de China un acuerdo de colaboración para desarrollar un pre proyecto de factibilidad para unir Chile con China, para que Chile sea el punto de entrada de conectividad de fibra óptica transocéanica de América Latina con Asia Pacífico, teniendo como puntos de conexión Isla de Pascua y Juan Fernández. Sería el cable de fibra óptica transoceánica más extenso del mundo en caso de finalmente concretarse. Sin embargo, como todo gran proyecto, se debe comenzar con manifestación de intenciones y fue el gobierno de la presidenta Bachelet el que ha generado estos grandes acuerdos.

Con todo el trabajo realizado durante la administración de la Presidenta Bachelet, se ha demostrado el trabajo serio y con el sello de mirada ciudadana. Estamos seguros que en la actual administración se continuará con el trabajo, con la sólida base lograda, en beneficio de todos los chilenos.

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  1. Carlos Vargas

    mayo 28, 2018 at 1:35 pm

    EXTRAORDINARIA LABOR DESARROLLADA Y MUY BIEN EXPLICADA.
    FELICITACIONES!!

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ANÁLISIS

Presupuesto del IFT: la política falló

Jorge Bravo

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá que conformarse con un presupuesto de 1,500 millones de pesos de los 1,780 millones que solicitó a la Secretaría de Hacienda, después de que la Cámara de Diputados le recortara de forma inopinada 280 millones. Menos proyectos o menos personal o ambos podría ser una triste realidad para el IFT en 2019. ¿Por qué ocurrió?

Elaborar un presupuesto es tarea de expertos pero defenderlo es un asunto político. Lo fue para cientos de alcaldes que estuvieron formados en San Lázaro para entregar en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las solicitudes de dinerito para sus municipios. Lo fue para el rector de la UNAM que mostró un músculo político de más de 350 mil estudiantes y 40 mil académicos y lo es para cualquier persona. Todos en alguna ocasión debemos ponernos la cachucha de vendedor y persuadir al “dueño del dinero” del presupuesto que creemos merecer con los mejores argumentos. Pero el IFT no lo hizo correctamente.

He escuchado a varios ex funcionarios públicos repetir el mismo mantra: “¿quieres 50 pesos? ¡pide 100!”. Eso hacemos todos, sabiendo que existe un margen de negociación. Es fácil decirlo pero también intentarlo si se presentan los proyectos. ¿Por qué el IFT sólo solicitó 1,780 millones en lugar de los 1,998 millones de 2018 o incluso más? No es un tema de austeridad o recortes de privilegios sino de falta de visión y desconocimiento de lo que realmente debe hacer la institución, que no es sólo promover la competencia.

El miércoles 5 de diciembre compareció el IFT ante diputados de la Comisión de Radio y Television respecto del presupuesto de egresos de la federación 2019. Acudió, acompañado de otros funcionarios del IFT, Mario Fócil, titular de la Unidad de Administración del IFT. Fócil disculpó a Gabriel Contreras, comisionado Presidente del IFT, quien no pudo acudir con los diputados porque tenía una sesión del Pleno. Todo lo que escribo se puede verificar aquí: https://goo.gl/x6W1Ux.

Señora y señores comisionados: ¿no podían posponer su sesión del Pleno ante un tema tan relevante como el presupuesto de la institución de donde obtienen sus salarios e ir todos a defenderlo? Es conocida la animadversión de AMLO por los organismos autónomos. Ha dicho que “agrandaron el gobierno” y que son “supuestamente organos autónomos con muy buenos sueldos para los altos funcionarios públicos y mucho derroche”.

Ingresé al sitio del IFT para saber qué asunto había sido tan importante como para que el Comisionado Presidente no acudiera en persona a defender el presupuesto, pero las sesiones del Pleno están actualizadas hasta el 16 de noviembre. ¿Es relevante? Sin duda: Contreras no sólo es el Presidente del IFT, sino que rodeado de seis comisionados técnicos-expertos, él es el comisionado político.

Mario Fócil presentó el proyecto de presupuesto del IFT ante la Comisión de Radio y TV. Su estrategia se centró en cuatro ejes, a la postre fallidos: beneficios de la reforma (por desgracia, ningún diputado se inmutó); especialización (es importante, pero no lo fue para ningún diputado); criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público (no logró tocar el corazón de una comisión y “cena de negros” que de 29 diputados 15 son de Morena) y recaudación para las arcas de la federación de ingresos provenientes de las licitaciones de espectro (esta parte fue cuestionada por diputados con notable desconocimiento en la materia pero lengua afilada).

La especialización (uno de los principios que fundamenta la creación de un organismo constitucional autónomo) fue utilizada por el titular de la Unidad de Administración para justificar por qué “sólo 16 funcionarios del IFT” debían ganar más que el presidente López Obrador.

El argumento de la recaudación fue desastroso para el IFT. Como los diputados no son expertos pero sí grillos, supieron destruir ese argumento. Fócil reseñó que de 2013 a agosto de 2018 el IFT había recaudado “por derechos y  otros conceptos” 70,716.48 millones de pesos, mientras que el costo de operación del instituto había sido de 9,978 millones, “es decir, sólo 14.1 por ciento”. E insistió: “por cada peso que le han asignado al IFT el instituto ha generado siete pesos al Estado mexicano”.

El argumento recaudatorio fue tan débil, perjudicial y amenazante al mismo tiempo que se convirtió en un búmeran directamente al rosto del IFT. Es como suponer que el mérito de la UNAM, de la CNDH o del INE es recaudatorio y no social o democrático. El IFT incurrió en una terrible confusión de sí mismo y en una pésima estrategia suplicante: “no seas malo, merezco mi presupuesto porque te genero muchos ingresos… y puedo seguir generándolos”. El diputado de Morena, Luis Javier Alegre (que en todo momento se refirió al instituto como “la Ifetel” (sic)), supo dinamitar el argumento y no dejó de repetir que “la Ifetel debería ser un órgano regulador y no recaudador”, algo que la industria y no pocos analistas comparten.

Ante las adversidades que ya se preveían para el presupuesto del IFT como órgano autónomo non grato para el morenismo, todo indica que no hubo una estrategia por parte del instituto, fue fallida y tampoco ocurrió un cabildeo político para defender la pertinencia del presupuesto. Enrique Peña Nieto le facilitó al IFT un buen presupuesto porque fue una institución creada durante su administración, pero era obvio que ese estado de confort cambiaría con un gobierno abiertamente hostil con los organismos autónomos y sus autoridades… y todavía no somos testigos de los atentados directos a su autonomía.

Cuando ya se había dictaminado el presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se decidió recortar 180 millones al IFT, el instituto emitió un comunicado dominical diciendo que la disminución “pone en grave riesgo el cumplimiento de las atribuciones y proyectos sustantivos para 2019”. Se refirió a sus competencias en el artículo 28 constitucional e hizo un respetuoso pero sobre todo tibio llamado a “reconsiderar la propuesta de presupuesto presentada por el IFT”.

Ingresé al sitio del IFT para conocer esos “proyectos sustantivos para 2019” y descubrí que el IFT no ha hecho público su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019. Verifiqué y el PAT 2018 fue aprobado por el Pleno hasta febrero de 2018. Hubiera sido un punto a favor del IFT en la discusión del presupuesto conocer al menos un avance del PAT 2019, pero no se les ocurrió.

Independientemente de ello, no escuché a los funcionarios del IFT durante su comparecencia hablar de inclusión digital, de conectar a más mexicanos, de cerrar la brecha de conectividad o de género; no mencionaron la tutela que les corresponde del derecho fundamental de acceso a las TIC, incluida la banda ancha. ¿Es necesario aclararlo? A los legisladores de Morena (cuyo lema es “por el bien de todos, primero los pobres”) hay que hablarles con la voz del pueblo y los beneficios sociales de Internet. A falta de un político que negociara y argumentara a favor de la función social del IFT y la inversión pública que requiere para ello, los técnicos y abogados del instituto hicieron gala de su conocimiento de artículos, párrafos e incisos.

Como órgano autónomo el IFT es un poder del Estado en sí mismo porque su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), pero se le ha encargado en la Constitución una función estatal específica y especializada, no limitada al artículo 28 de la Carta Magna (competencia económica), sino también a los artículos segundo (pluriculturalismo), tercero (educación), sexto (derecho de acceso a las TIC) y séptimo (libertad de expresión) de la Constitución. Los derechos fundamentales no admiten austeridad y alguien tenía que recordárselo a los legisladores, pero para muchos funcionarios del IFT esa sigue siendo tierra ignota y además no creen en el derecho de acceso a las TIC con convicción.

Dice el respetuoso comunicado del IFT que el recorte afectará “promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”. Por ejemplo, el IFT carece de un programa para promover la radiodifusión pública, por demás ineficiente. Ante el recorte sistemático que sufren cada año los medios públicos, el IFT podría ayudar con algunos milloncitos para programas específicos que les permitan cumplir sus atribuciones legales y su función social como su digitalización o pleno acceso a tecnologías. Aún más: ¿qué programas tiene el IFT para contribuir al logro de los objetivos de la política de inclusión digital y cobertura universales? ¿El Programa Prioritario “Internet para todos” del nuevo gobierno de AMLO no era una buena oportunidad para diseñar un programa coadyuvante y pedir presupuesto adicional para ello? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le concede al IFT 63 atribuciones. Cada una de ellas admite programas y proyectos temporales y permanentes y oportunidades de solicitar presupuesto.

El IFT tiene un enorme poder legal no suficientemente explotado pero sobre todo una hermosa responsabilidad social y política: lograr que millones de mexicanos (incluidas mujeres, jóvenes, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad) accedan a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Esa labor es suficientemente ardua y ambiciosa para demandar el presupuesto necesario.

Llama la atención que algunos comisionados reconozcan esa importancia social justo después del tijeretazo de los diputados. El comisionado Javier Juárez comentó en Twitter: “Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios habilitadores de derechos y oportunidades para todos.” Comisionada María Elena Estavillo: “El presupuesto del IFT no es gasto, es inversión social.” Coincido: ¿por qué no fueron a demostrarlo a la Cámara de Diputados? Decía el destacado politólogo Guillermo O’Donnell: “los derechos hay que escribirlos en la ley porque es la única forma de defenderlos y exigirlos; (pero) todo derecho está amenazado y es reversible”.

Durante más de cinco años el IFT ha hecho política, pero el día que más se requería de los talentos de un comisionado político, ese día no se hizo lo suficiente para defender el presupuesto del IFT. Proponer al Pleno el anteproyecto de presupuesto para su aprobación y remitirlo a la Secretaría de Hacienda es una facultad indelegable del Presidente del IFT. Por cierto, el Estatuto Orgánico del IFT señala en su artículo 14 que “el Presidente ejercerá sus facultades directamente o mediante acuerdo delegatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación a través de los Titulares de Unidad”, como fue el caso de Mario Fócil ante la comisión en San Lazaro. Ingresé al DOF para buscar el acuerdo delegatorio y no lo encontré…

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ANÁLISIS

Megamulta de IFT a Telmex tuerce regulación y compromete inversiones

• La multa por 2,543 mdp es desproporcionada y afecta inversiones del operador
• La resolución afecta los objetivos y rentabilidad de la separación funcional
• La multa es infundada porque sobre el operador ya pesa la regulación asimétrica de preponderancia

Policy & Law

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Desenterrar expedientes

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) exhumó del cementerio regulatorio un procedimiento administrativo acusatorio de 2013 (previo a la reforma en materia de telecomunicaciones) contra Telmex y le impuso una multa desproporcionada de 2 mil 543 millones 936 mil 879.63 pesos (equivalente a 1% de sus ingresos de 2013) por haber incumplido la Condición 4.1 de su título de concesión sobre metas mínimas de calidad de servicio. Al regulador se le olvida que cualquier resolución que adopte su Pleno debe ceñirse a los derechos fundamentales y, en este caso, la multa atenta contra el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Regulación superada por la preponderancia

¿Cuál fue el pecado o la conducta imputada a Telmex?: el operador fijo no alcanzó el plazo de entrega para el servicio de arrendamiento de enlaces dedicados locales y de larga distancia.

Lo anterior deriva de un incumplimiento de la Resolución de Metas Mínimas 2011-2014, un instrumento regulatorio aprobado el 12 de julio de 2012 por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el cual carece de una metodología para, precisamente, ponderar el cumplimiento.

El tema es cuestionable por sí mismo por cuanto la reforma constitucional de 2013, la ley secundaria de 2014 y la declaratoria de preponderancia de 2013 (incluida la resolución de servicios mayoristas) modificaron las reglas del juego y le impusieron al grupo económico de América Móvil-Telmex-Telcel medidas regulatorias asimétricas exorbitantes, incluidas las ofertas mayoristas y la separación funcional de Telmex durante la revisión bienal de la efectividad de las medidas de preponderancia.

La resolución que tomó el Pleno del IFT de multar a Telmex el 12 de diciembre ocurre cuando el regulador posee amplias atribuciones para regular el sector vía la preponderancia, cuando la empresa está en proceso de separación de sus negocios mayoristas, cuando las empresas han perdido valor e ingresos en el mercado, cuando a la compañía se le impide y se le castiga por crecer por su carácter de preponderante y cuando se requiere más inversión en redes para cerrar la brecha digital y contribuir a la expansión de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, objetivo al cual el IFT no se ha sumado desde la aprobación de la reforma, fallando en su obligación constitucional.

Implicaciones

La megamulta tiene implicaciones directas en las finanzas de la empresa, el sector de telecomunicaciones y las metas de conectividad del país:

  1. La multa atenta contra cualquier principio de proporcionalidad, por lo que es desmesurada.
  2. La resolución le arrebata liquidez a la empresa cuando debe velar por la rentabilidad de las empresas mayoristas separadas funcionalmente.
  3. Pone en riesgo los derechos laborales de más de 60 mil empleados de Telmex, porque ninguna empresa está obligada a sostener una operación sin ingresos.
  4. La medida pone en riesgo las mismas obligaciones de cobertura social que tiene en exclusiva esa empresa por razones de su título de concesión, comprometiendo el derecho fundamental de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluida la banda ancha, para que más mexicanos tengan acceso a servicios de voz y datos.
  5. Cuando un nuevo gobierno tiene entre sus programas prioritarios ofrecer Internet para todos, la megamulta a Telmex llega para afectar directamente la futura política pública de inclusión digital, en lugar de coadyuvar al cumplimiento de la misma, como señala la Constitución.
  6. La multa castiga no sólo a Telmex sino al sector de telecomunicaciones en su conjunto porque estanca la inversión; la empresa optará entre pagar la multa o invertir.
  7. Al aprobar su resolución, el IFT retrasa un derecho fundamental como el acceso a las TIC, por cuanto impacta negativamente sobre las inversiones del operador.

Conclusión

Con esta resolución, el IFT se aleja de sus objetivos regulatorios, es decir, modular las conductas de los operadores no sólo para generar condiciones de competencia sino garantizar el acceso a los servicios.

La decisión es desproporcionada; ajena a cualquier racionalidad regulatoria; además de tardía, inoportuna; genera incertidumbre porque aplica una regulación superada por la declaratoria de preponderancia, aplicando retroactivamente una resolución que le afecta más a la empresa; secuestra la inversión del operador y compromete la viabilidad financiera de la separación funcional; además de que no habrá Internet para todos, como se comprometió el gobierno de la Cuarta Transformación.

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ANÁLISIS

Crisis institucional y errática definición de políticas públicas en telecomunicaciones en Chile

Pedro Huichalaf Roa

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Para nadie es un misterio que la industria de telecomunicaciones móviles pasa por una etapa de conflicto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile.

Apenas unos meses de asumido el gobierno de Sebastián Piñera y con la designación de la Ingeniera Comercial Pamela Gidi, dos hechos marcaron un antes y un después en cuanto a la estabilidad regulatoria del mercado de las telecomunicaciones.

Todo comenzó con una decisión administrativa de congelamiento de espectro de la banda de 3,500 MHz, inédita y absolutamente cuestionable sobre su fundamento, sin justificación real más que con una lógica de “estudio” de espectro para un futuro 5G, por un supuesto uso ineficiente de espectro, que generó inmediata reacción de la industria, con interposición de recursos de protección en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con denuncia de “lobby feroz” por parte de la autoridad, lo que llevó finalmente a una vuelta en “u” al revertirse la decisión, manteniendo espectro en operadores, generado las críticas de sectores que apoyaron inicialmente a la autoridad, perdiendo con ello credibilidad en las decisiones, toda vez que no se hizo cargo de su denuncia de uso ineficiente de espectro, ni menos se avanzó en “estudios” prometidos.

Por otro lado, una sentencia de la Corte Suprema respecto al concurso de la banda de 700 MHz, iniciado en el primer gobierno de Piñera, que ordenó finalmente a empresas a devolver parte del espectro en exceso de 60 MHz conforme a un criterio fijado en 2009.

Sin embargo, la Corte le dio opción a la Subtel para que realizara una consulta ante el Tribunal de la Libre Competencia para determinar si era necesario la existencia de un límite de espectro por empresa de telecomunicaciones.

Lo relevante de esta consulta no sólo se basa en un tema de libre competencia, sino también en la forma de gestionar el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público, es decir, de todos los chilenos.

Así, es la Subtel la que debería liderar este proceso para poder definir, por ejemplo, la forma como llegarán tecnologías como 5G, que prometen mejor velocidad de acceso, mayor cantidad de dispositivos móviles y OITs conectados, menor tasa de latencia y nuevas oportunidades de implementar tecnología en áreas productivas como minería, agricultura, educación, salud, entre otras.

Como antecedente, y para cumplir con esta tarea, previamente la autoridad regulatoria había ya solicitado la renuncia del Jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios, Gonzalo Doña (quien llegó con el actual gobierno) “por un tema de desempeño”, y había contratado a fines de agosto a Geraldine González, quien ya se había desempeñado como jefa de la misma división en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, específicamente entre los años 2011 y 2014. Al mismo tiempo, había contratado a dos especialistas externos para colaborar en estudios y planificación de uso de espectro.

Sin embargo, a tan sólo días de presentar por parte del gobierno el Plan Nacional de Espectro ante el Tribunal de la Libre Competencia, se generó una verdadera crisis institucional, puesto que la Jefa de Política Regulatoria, a meses de asumir, renunció y fue desvinculado el Jefe de Fiscalización de la Subsecretaría. Ambas jefaturas son fundamentales para la presentación, defensa ante el TDLC y ejecución del plan de espectro, como también en la definición de políticas públicas en telecomunicaciones. Al mismo tiempo se supo de la no continuación en apoyo de Subtel de uno de los especialistas externos previamente contratados.

Todos estos episodios demuestran la importancia de designación de autoridades competentes para una estabilidad en área tan sensible en la economía y calidad de vida de los chilenos. La ausencia de jefaturas técnicas y prevalencia de una autoridad política que carece de visión de mediano a largo plazo, hipoteca el desarrollo tecnológico del país.

Así, ante una industria expectante ante resoluciones finales, con inversiones congeladas, con una consulta ante el Tribunal de Libre Competencia débil, sin una posición firme por parte del gobierno sobre todo respecto a uso de espectro para tecnologías como 5G y con decisiones contradictorias, hacen ver a Chile como un país riesgoso en inversiones por falta de claridad en políticas de mediano a largo plazo. Se concreta, de esta forma, un mal pronóstico que habíamos visualizado tras la decisión de congelar el espectro y que habíamos escrito con anterioridad.

La solución pasa por claridad en toma de decisiones, cambios en la dirección de la subsecretaría con personal idóneo, un debate amplio respecto al futuro tecnológico del país, con mirada transversal y no sólo economista, una adecuación del uso de espectro que combine mayor competencia y despliegue de redes para todos los habitantes, no importando el lugar geográfico en que se encuentre pero, sobre todo, volver a tener confianza en la institución regulatoria.

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