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Senado aprobó ley de protección de datos personales en Chile

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FayerWayer -Diego Basterrica

La Sala aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, con lo que la moción de protección de datos personales puede ser ley.

El proyecto para convertir en ley la protección de datos personales está lista para convertirse en realidad, luego de que el Senado aprobara este martes 15 de mayo por unanimidad (41 votos a favor) las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, por lo que ahora resta la comunicación al Ejecutivo del gobierno del presidente Sebastián Piñera para que la norma sea promulgada.

El proyecto de reforma constitucional, fue iniciado por los senadores Felipe Harboe, Pedro Araya y Ricardo Lagos Weber, y por los exsenadores Hernán Larraín y Eugenio Tuma, y tiene por objeto elevar a rango constitucional el derecho de todas las personas a que sus datos personales se encuentren debidamente protegidos, por lo que se modifica el N° 4, del artículo 19 del Texto Constitucional, que asegura “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia” en el siguiente sentido:

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;”

Senado Chile

A juicio de los senadores que intervinieron durante la sesión –Felipe Harboe, Víctor Pérez Varela,  Kenneth Pugh, Guido Girardi, Francisco Huenchumilla, Juan Pablo Letelier, Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier, Ricardo Lagos Weber, José Miguel Insulza y Rodrigo Galilea– se avanza acorde a los tiempos modernos, a la realidad internacional y además de considera una antigua recomendación de la OCDE.

Fuente: Senado.cl

ANEXO

PROYECTO DE LEY

PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Título Preliminar

Disposiciones generales

Artículo 1º.- El tratamiento de los datos de carácter  personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política.

Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce.

Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Almacenamiento de datos, la conservación o custodia de datos en un registro o banco de datos.
b) Bloqueo de datos, la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de los datos almacenados.
c) Comunicación o transmisión de datos, dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas.
d) Dato caduco, el que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna.
e) Dato estadístico, el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable.
f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
h) Eliminación o cancelación de datos, la destrucción de datos almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello.
i) Fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.
j) Modificación de datos, todo cambio en el contenido de los datos almacenados en registros o bancos de datos.
k) Organismos públicos, las autoridades, órganos del Estado y organismos, descritos y regulados por la Constitución Política de la República, y los comprendidos en el inciso segundo del artículo 1º de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
l) Procedimiento de disociación de datos, todo tratamiento de datos personales de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable.
m) Registro o banco de datos, el conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos.
n) Responsable del registro o banco de datos, la persona natural o jurídica privada, o el respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal.
ñ) Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.
o) Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.

Artículo 3°.- En toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones que esta ley regula, se deberá informar a las personas del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas y el propósito para el cual se está solicitando la información. La comunicación de sus resultados debe omitir las señas que puedan permitir la identificación de las personas consultadas.
El titular puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión.

Título I

De la utilización de datos personales

Artículo 4°.- El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público.

La autorización debe constar por escrito. La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito. No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de
personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios.

Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos.

Artículo 5º.- El responsable del registro o banco de datos personales podrá establecer un procedimiento automatizado de transmisión, siempre que se cautelen los derechos de los titulares y la transmisión guarde relación con las tareas y finalidades de los organismos participantes.
Frente a un requerimiento de datos personales mediante una red electrónica, deberá dejarse constancia de:
a) La individualización del requirente;
b) El motivo y el propósito del requerimiento, y
c) El tipo de datos que se transmiten.
La admisibilidad del requerimiento será evaluada por el responsable del banco de datos que lo recibe, pero la responsabilidad por dicha petición será de quien la haga.

El receptor sólo puede utilizar los datos personales para los fines que motivaron la transmisión.
No se aplicará este artículo cuando se trate de datos personales accesibles al público en general.
Esta disposición tampoco es aplicable cuando se transmiten datos personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo dispuesto en los tratados y convenios vigentes.

Artículo 6°.- Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado.
Han de ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos.
Se bloquearán los datos personales cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales no corresponda la cancelación.
El responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de requerimiento del titular.

Artículo 7°.- Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.

Artículo 8°.- En el caso de que el tratamiento de datos personales se efectúe por mandato, se aplicarán las reglas generales.
El mandato deberá ser otorgado por escrito, dejando especial constancia de las condiciones de la utilización de los datos.
El mandatario deberá respetar esas estipulaciones en el cumplimiento de su encargo.

Artículo 9°.- Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público.
En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos.
Prohíbese la realización de todo tipo de predicciones o evaluaciones de riesgo comercial que no estén basadas únicamente en información objetiva relativa a las morosidades o protestos de las personas naturales o jurídicas de las cuales se informa. La infracción a esta prohibición obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda.

Ley 20521
Art. UNICO
D.O. 23.07.2011

Artículo 10.- No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

Artículo 11.- El responsable de los registros o bases donde se almacenen datos personales con posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños.

 

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Los 5 retos tecnológicos del presidente electo Iván Duque

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El Tiempo-Camilo Peña Castañeda

El próximo 12 de agosto, Iván Duque se posesiona como nuevo presidente de Colombia y si bien tiene retos importantes en sectores como la educación, la salud y la economía, también es fundamental que construya una política digital que permita al país avanzar en la llamada cuarta revolución industrial.

En Tecnósfera planteamos cinco retos que debería asumir el nuevo Gobierno y de esta manera consolidar al país en la economía digital. Estos aspectos son:

Adjudicación del ‘dividendo digital’: Conocida también como la banda de 700 MHz, esta porción del espectro (la autopista invisible por donde viajan las comunicaciones) permitirá mayor despliegue de la tecnología 4G y, sobre todo, conectará a los colombianos que residen en los lugares más alejadas del país.

De la banda de 700 MHz se viene hablando desde el 2015 y hasta la fecha no ha sido adjudicada. Y es que ha tenido muchos tropiezos, como por ejemplo el laudo arbitral que obligó a Claro y a Telefónica a desembolsar 4,7 billones de pesos por reversión de activos. Esto, según los expertos, dejó a los operadores financieramente exhaustos.

Los especialistas también apuntan a que el sector de telecomunicaciones no atraviesa por un buen momento, razón por la cual no existe un ambiente “sano” de inversión. Por el momento, el actual Gobierno tiene en sus manos un segundo borrador de subasta que dictará las reglas de juego. Si bien hasta el 28 de mayo se recibieron comentarios de los interesados sobre ese documento, es complicado que esa porción del espectro se adjudique en lo que resta de gobierno.

Regulador convergente: La tecnología va más rápido que la regulación y por eso es necesario crear una institución que entienda y se encargue de los retos que supone la economía digital. El actual Ministerio TIC había planteado un proyecto de regulador convergente, pero a principios de julio el Congreso aprobó el retiro del documento, solicitado por la misma cartera TIC.

El nuevo Congreso tendrá la potestad de ‘revivir’ ese proyecto o las otras tres iniciativas que tienen el mismo fin: crear un único regulador convergente.

Estos proyectos se reparten así: Uno del senador Andrés García Zuccardi y dos del senador Jorge Hernando Pedraza. Por ley, estos documentos se unieron para crear una única propuesta. Y por otro lado, están las iniciativas de la senadora María del Rosario Guerra y del Ministerio TIC.

Un regulador convergente se traducirá, según la GSMA, en menores barreras de entrada y operación, así como en una mayor diversidad en la prestación de servicios a lo largo de la cadena, incentivando la innovación, la inversión y la competencia.

Uber: Servicios como Uber, Airbnb, Netflix, entre otros, han planteado tortuosos dolores de cabeza y no precisamente por los servicios que ofrecen, sino porque suponen gigantescos retos para la economía tradicional.

Y Uber es un buen ejemplo, pues en el país se han suscitado notables problemas, que van desde protestas y paros, hasta la creación de nuevos reglamentos, como por ejemplo, la modernización del sistema de pago de los taxistas, que desde agosto entrará a regir.

De hecho, recientemente se ‘revivió’ el debate sobre el uso de estas plataformas en el país, debido a que Airbnb habilitó la opción de guía turístico. La polémica se generó porque aunque en otros países la aplicación pide una certificación para cumplir con los requisitos para ser guía, en Colombia esto todavía no se exige.

Inevitablemente estas plataformas van más rápido que la legislación y es oportuno que el nuevo Gobierno le ponga la lupa a este tema y consolide un marco regulatorio.

Despliegue 4G y conectar a los no conectados: Colombia actualmente registra 11 millones de conexiones 4G y la meta para los próximos cuatro años sería, según Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), llegar a 40 millones.

“Si seguimos la lógica de crecimiento de los últimos años, es posible pensar que durante el nuevo Gobierno se llegue a 40 o 45 millones de conexiones. Y para que eso sea posible, será necesario la banda de 700 MHz, la cual estimo se adjudicará al finalizar el 2018”, añadió el experto.

Pero también será significativo que Iván Duque mejore al acceso a internet de alta velocidad. Estimaciones del Ministerio TIC dicen es necesario potenciar la penetración de banda ancha fija (12 de cada 100 habitantes)  y en la promoción de mejores velocidades, debido a que solo el dos por ciento de la población cuenta con conexiones mayores a 15 Mbps.

Cierre brecha digital y transformación digital de los sectores: Teniendo en cuenta que la industria TI nacional está en crecimiento (actualmente representa el 1,57 por ciento del PIB, mientras que en 2016 era el 0,6 por ciento), el sector sigue requiriendo más y más profesionales con formación en tecnologías de la información y la comunicación.

De acuerdo con Juanita Rodríguez Kattah, viceministra de Economía Digital, para el 2018 se espera reducir la brecha de talento digital, que hoy se estima en 46.000 profesionales. En su opinión, el reto que afronta el país para lograr ingresar a la economía digital es que las personas, y en especial los empresarios, entiendan que los modelos de negocio están cambiando.

Y, por último, pero no menos importante, será significativo elevar el nivel de digitalización de los sectores económicos, incluyendo el sector público.

Un reciente reporte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), indica que el 58,4 por ciento de los empresarios colombianos adoptaron en 2017 nuevos modelos de negocio de cara a la cuarta revolución industrial. Una cifra que si bien es positiva, en los siguientes cuatro años debería aumentar.

Antes de renunciar a su cargo, el exministro David Luna dejó un texto con varias recomendaciones y entre estas dijo que: “En Gobierno digital se han dado importantes avances, pero quedan una gran parte de los servicios ciudadanos por digitalizar”.

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Kolbi encabeza la clasificación móvil de Costa Rica en velocidad, Movistar en cobertura

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Telecompaper

El operador costarricense Kolbi (grupo ICE) ha encabezado la clasificación de velocidad 4G y 3G del país en el último informe de red móvil publicado por OpenSignal correspondiente al período de febrero a mayo. Kolbi aumentó su velocidad 4G en casi 6Mbps en comparación con la prueba anterior para lograr una velocidad promedio de 16Mbps, superando a sus rivales Clamro (América Móvil) y Movistar (Telefónica), con velocidades medidas de 11Mbps y 7Mbps respectivamente.

Sin embargo, Movistar continúa ofreciendo la mejor cobertura 4G, con usuarios capaces de aferrarse a su señal LTE el 69 por ciento del tiempo, en comparación con el 61 por ciento de los usuarios de Kolbi y el 46 por ciento de los usuarios de Claro.

Kolbi y Movistar entraron en la categoría de latencia 4G, ambos publicando un tiempo de respuesta de 43 milisegundos, aunque ninguno de los operadores vio una gran mejora en los últimos seis meses. Claro, mientras tanto, logró mejorar su tiempo de respuesta en 22 ms para alcanzar los 55 ms en el estudio de OpenSignal.

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Gobierno Duque debe hacer subasta del espectro y atraer inversión para el sector TIC

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La República-Juan Pablo Vega B

El actual Gobierno tuvo avances palpables en los temas TIC. Logró conectar el país con 10 cables submarinos (en 2010 eran tres), se llegó a 30,3 millones de conexiones a banda ancha, hoy existen 1.075 municipios con fibra óptica y otros 968 con red 4G, y se crearon las 1.547 zonas WiFi. A pesar de eso, quedaron pendientes grandes reformas que quedarían en manos de la nueva administración.

Una de ellas y quizá la más prioritaria para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en el país es la subasta para la asignación del espectro en la banda de 700 MHz y 1.900 MHz, de la que se habla desde el año pasado, sin avances considerables.

Después de varios intentos, el Ministerio de las TIC publicó un segundo borrador del proceso a comienzo de año, aunque por solicitud de la Procuraduría se extendió este trámite, que ha tenido oposición de los gremios del sector, los cuales piden cambios frente al texto vigente.

Aunque la intención de esta subasta es generar mayor cobertura en zonas aisladas, Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y las Telecomunicaciones (Ccit), indicó que este no puede ser el único parámetro, y que son dos los cambios fundamentales que deberá tener este proceso. “Se deben mejorar a 30 años las subastas, además de garantizar que sean por mayor inversión de las empresas (y no solo por cobertura)”, consideró Yohai.

En su momento, Asomóvil, en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez, argumentó que hacer la subasta en las fechas planeadas por el MinTIC no era conveniente, pues la industria atraviesa una coyuntura económica compleja para las inversiones, otro de los puntos que tendrá a cargo el ministro que designe el Presidente electo.

Para lograr la reactivación de la inversión TIC, según Yohai, la prioridad es la seguridad jurídica del sector que se ve reflejada, por ejemplo, en la actualización que debe tener la regulación del sector, otra iniciativa que tendrá que cumplir el nuevo Gobierno, ante las dificultades en el trámite legislativo del proyecto para crear el regulador convergente de las telecomunicaciones.

Para el exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Cristhian Lizcano, se debe cumplir una reforma integral al marco legal del sector TIC, “para profundizar su adecuación a la realidad convergente, para adelantar una reforma institucional estructural”, que incluya el regulador y un fondo único de servicio, así como permitir incentivos a la inversión.

De la mano de este cambio normativo, hasta la Ocde ha hablado de que Colombia no debe ser al mismo tiempo regulador y jugador del mercado de las comunicaciones, por lo que la venta de Coltel, si bien ha avanzado, parece quedará en manos de la nueva administración.

También habrá que promover la digitalización de las empresas y las entidades, más cuando este año se creó una política para poner una gigantesca cantidad de información de los organismos públicos en la red.

Finalmente, Yohai indicó que hay que promover el acceso a internet asegurando el financiamiento de los puntos Vive Digital, para los cuales no se dejaron vigencias futuras.

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