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¿Se acerca la prórroga de concesiones de TV?

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Sin Embargo – Gabriel Sosa Plata

Con base en lo que establece la ley, este año Televisa y Televisión Azteca deberán solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la prórroga de sus concesiones, que vencen el 31 de diciembre de 2021.

No es un asunto menor, ya que el pago (contraprestaciones) que deben hacer para obtener la prórroga de cada uno de los canales, suma cantidades multimillonarias, si se considera el valor del espectro alcanzado en las licitaciones de frecuencias de televisión de 2015 y 2017.

Por eso, durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, el todavía presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Edgar Pereda, exigió que se revise el pago de contraprestaciones por las concesiones de radio y televisión, ya que éstas son altas y son un freno a la competencia.

“En fechas recientes -dijo el empresario- han existido actualizaciones no justificadas e intentos de tomar valores de mercado que fue lo que se pagó en las nuevas licitaciones. Consideramos que el valor de mercado no es lo que se paga por una nueva concesión, sino debe haber otros aspectos a tomar en cuenta, como la población económicamente activa de la región y, sobre todo, considerar cuántos competidores hay en la zona a servir”.

Grupos radiofónicos ya pagaron las prórrogas de decenas de concesiones. En algunos casos las cifras son, efectivamente, elevadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Grupo Siete pagó hace un par de años casi 22 millones de pesos por la prórroga de una sola estación, la XHFO-FM (Red FM 92.1). No obstante, faltan cientos de concesiones por prorrogar, muchas de ellas en ciudades como la México, Guadalajara y Monterrey, donde el valor de MHz por habitante es mucho más alto que en poblaciones de menor tamaño.

En el caso de Televisa y Televisión Azteca, prácticamente todas sus concesiones vencen el 31 de diciembre de 2021. Será la primera vez que pagarán contraprestaciones por este acto administrativo. Los refrendos anteriores (ahora prórrogas) los obtuvieron con base en el acuerdo de política de televisión digital terrestre, publicado por el gobierno de Vicente Fox, el 2 de julio de 2004. En esa ocasión obtuvieron sus refrendos por 17 años, a cambio del compromiso de digitalizar sus transmisiones y el pago de los derechos correspondientes (nada comparables con las contraprestaciones que vienen).

En el 2006 vino la “ley Televisa” que en la práctica otorgaba refrendos automáticos, luego la acción de inconstitucionalidad promovida por 47 senadores y la sentencia de la Suprema Corte en 2007, en la que se dejó claro el papel del Estado en la regulación del sector y en particular de sus facultades para establecer contraprestaciones por el uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico. A partir de aquella reforma de 2006, ya no hubo prórrogas gratuitas. Esta obligación quedó ratificada en la reforma constitucional de telecomunicaciones 2013 y la ley secundaria de 2014.

El IFT, supongo, ya debe tener los cálculos de las contraprestaciones de los más de 400 concesiones de televisión de uso comercial que están por vencer. Para ello, papel fundamental juega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, de acuerdo con la ley, emite opinión no vinculante sobre los montos a cobrar por las prórrogas, con base en una fórmula que considera los resultados de la más reciente licitación pública de canales de televisión y la población de la zona de cobertura de cada concesión.

Para tener una idea de lo que puede pagarse, tomemos de ejemplo lo ocurrido con el canal 5 (XHSDD-TDT), ubicado en Sabinas, Coahuila, concesionado a Telesistemas de Coahuila, S.A. de C.V. En 2015, el IFT resolvió para su prórroga la cantidad de 4,174,557.00 (cuatro millones ciento setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos).

A dicha cifra llegó al tomar de referencia la licitación de canales de televisión (IFT-1), en la que resultó ganadora la empresa Cadena Tres, S.A. de C.V. que ofertó mil 808 millones de pesos por una concesión con una vigencia de 20 años de una cadena nacional de 6 MHz que equivalen a un pago de 2.835 pesos por MHz por habitante. En el ejemplo que citamos, esta última cantidad fue multiplicada por el total de habitantes que cubre el canal en Sabinas, esto es, 245 mil 445 personas, lo que dio un total de 695 mil 837 pesos (cifras cerradas) por MHz. Como cada canal tiene seis MHz, el resultado final se obtiene al multiplicarse por seis.

En la licitación del año pasado, la contraprestación mínima de MHz por habitante fue un poco mayor, pero suponiendo que se mantuviera un valor de 2.835 pesos por MHz por habitante, tan sólo en la Ciudad de México, por sus cuatro canales (2, 4, 5 y 9), Televisa tendría que pagar no menos de ¡mil 360 millones de pesos! (más de 340 millones de pesos por canal). Reitero: solo en la Ciudad de México, con una cobertura de más 20 millones de personas ubicadas en la capital del país, municipios del Estado de México y poblaciones de otros estados de la República. Si el mismo ejercicio hacemos en cada uno de los más de 220 canales de Televisa y los 180 de Televisión Azteca, distribuidos en todo el territorio nacional, la cifra resultante es estratosférica.

¿MODIFICARÁN LA FÓRMULA?

En entrevista para Reforma (2 de mayo 2018), el presidente del IFT, Gabriel Contreras, recordó que el pago de las prórrogas de concesiones está basado en una fórmula que data de 2008 y que también en ésta se basaron para definir los valores de las nuevas frecuencias licitadas el año pasado.

Sin embargo, aseguró al reportero Alejandro González, con base en la manifestación del mercado, podrían modificar la fórmula para definir la contraprestación para futuras licitaciones.

“Lo que hemos visto también es que sigue habiendo un apetito por la radio y en la última licitación se asignaron más concesiones comerciales. Esto ofrece nuevos valores de referencia y el IFT está obligado a considerarlos, pero también debemos considerar que en otras localidades no se asignaron porque no hubo apetito por estaciones comerciales y esto obliga por supuesto a la autoridad a considerar repensar esta fórmula hacia el futuro. Ya lo pagado, pagado”, afirmó.

El presidente del IFT no se refirió específicamente al procedimiento de prórroga de cientos de canales de televisión, pero es un asunto latente y a la vez delicado en la industria. “Repensar” fue palabra utilizada.

La opinión de la SHCP también será determinante si se decide modificar la fórmula. La duda es si la emitirá el gobierno de Enrique Peña Nieto o corresponderá al gobierno que entre el primero de diciembre de este año. Por la actividad político-electoral que hemos tenido en las últimas semanas y la cobertura periodística a las diferentes campañas, da la impresión que la bola quedará en la siguiente administración, pero hasta ahora no hay información pública al respecto.

Uno de los objetivos de la reforma estructural en materia de telecomunicaciones fue crear un órgano regulador, con autonomía constitucional, el IFT, alejado de los intereses sexenales, políticos y electorales. Sin embargo, como dijo Javier Corral, cuando era senador y se dictaminaba la nueva ley de telecomunicaciones, se dejó el “chipote” del gobierno para opinar en materia de concesiones y contraprestaciones económicas de las licitaciones y las prórrogas. El gobierno, como se aprecia, conserva un importante as bajo la manga en su relación con esta industria.

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Aristegui, ¿podría regresar a MVS?

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El Universal – Elisa Alanis

Termina la Presidencia de Enrique Peña y con ella, uno de los episodios más penosos contra el ejercicio periodístico.

Se apaga la luz de Los Pinos para EPN. Se ilumina la cabina de transmisión para Aristegui.
La consecuencia de hacer público el reportaje de La Casa Blanca de Peña Nieto no fue la renuncia de funcionario alguno. Carmen y su equipo de investigaciones especiales fueron expulsados.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió por unanimidad que la terminación del contrato de MVS con Aristegui, en marzo de 2015, es ilegal. Así lo dio a conocer el abogado Xavier Cortina.

Es un caso histórico, pues si no tuvo sustento jurídico y el programa era un éxito no había razones para dar por concluido lo acordado.

¿Cómo se interpreta entonces ese golpe, si no es como una acción de censura? ¿Un asunto de presión, porque su labor incomodó al poder? ¿Un ataque a la libertad de expresión?

La propia periodista recordó que ha permanecido fuera de la radio mexicana prácticamente la mitad del sexenio. Su salida de MVS significó también la renuncia de los empresarios del país a integrarla a sus espacios. A pesar de los beneficios que les generaría en audiencia, recursos y prestigio.

Si el contrato está vigente, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y todo el equipo de Carmen, si así lo desean, deberían ser reinstalados bajo las mismas condiciones previas a que los echaran.

El convenio fue interrumpido el 13 de marzo de 2015. Se vencía el 31 de diciembre de ese año. Es decir, le faltaban casi diez meses.

Es el tiempo aire que se tendría que reponer. La indemnización es una alternativa que podría aceptar Carmen. Pero, ¿el dinero repara? ¿Es suficiente? ¿Eso resarciría el daño causado?

Aunque tienen todo el derecho a ello, existen otros derechos vulnerados. Como el de las audiencias, reconocido en la reforma de telecomunicaciones.
El alcance de la difusión de una idea u opinión es un valor que debe tutelarse. Su restricción acota el intercambio de información necesario en democracia.

La empresa declaró que esperaría a la resolución de tribunales. Ya lo hicieron. Se manifestaron sobre el amparo directo. No hay impugnación posible. Es cosa juzgada, a partir de ayer.
Toca el turno al concesionario dar un paso hacia el respeto a la ley.

Es el momento para que Joaquín Vargas le dé vuelta a la página de una estrecha relación con el gobierno peñista. Ellos ya se van. Los Vargas se quedan. Ojalá lo hagan bien. Sin compromisos transexenales.

RAZONES Y PASIONES: En otro proceso paralelo, Joaquín Vargas demandó a Aristegui por daño moral. Por lo escrito en el prólogo de La Casa Blanca de Peña Nieto.
El mismo tribunal colegiado, horas después, indicó que Carmen no demostró el resultado de sus juicios. No tiene que pagar, pero ordenó la reimpresión del texto.
Sus representantes legales pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso.

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Fusión ATT y Time Warner

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La Razón – Roberto García Requena

Finalmente, un juez de Distrito en Estado Unidos, Richard Leon, dio el visto bueno para que ATT pudiese comprar a Time Warner. La transacción se realizó por un monto de 85.4 billones de dólares.

Esta fusión en el mercado de las telecomunicaciones llama la atención por varias razones. En primer lugar, hay que recordar que Donald Trump, todavía como candidato a la presidencia, prometió frenar esta adquisición. Ya en el poder, concretó su promesa y mediante el Departamento de Justicia presentó una demanda en noviembre de 2017.

Es decir, aunque la administración Trump procuró bloquear esta transacción, el juez Leon tuvo la última palabra y la permitió. Significa un fracaso más para Trump y sus secuaces.

En segundo lugar, porque representa una fusión que con mayor naturalidad y frecuencia se está dando en el mercado. ATT, empresa líder de telecomunicaciones, se fusiona con Time Warner, empresa líder en la generación de contenidos audiovisuales. Es cada vez más común que los dueños de la infraestructura y los fierros (ATT), quieran sus propios contenidos (Time Warner).

En tercer lugar, hay que señalar que se autorizó la transacción sin condiciones para ninguna de las empresas, en virtud de que ATT, a pesar de su tamaño, no es preponderante en el mercado estadounidense. Es decir, este tipo de fusiones se pueden dar, siempre y cuando ninguna de las empresas tenga una concentración de mercado que lo haga preponderante y sujeta a una regulación específica.

Con esta transacción, ATT ahora le podrá entregar contenidos a los 170 millones de suscriptores móviles que tiene. Veremos qué efectos tiene este hecho en el resto de los competidores en el mercado.

En otro tema. Para lograr que ATT le lleve contenidos a sus usuarios se necesita una banda ancha robusta y de amplia cobertura. Eso ya es una realidad en Estados Unidos.

¿Cómo estamos en México? El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó cifras históricas de la banda ancha móvil (BAM) en México. Según el regulador, de junio de 2010 a diciembre de 2017, el total de líneas de este servicio pasó de 1.4 a 82.2 millones.

El reporte evidencia que el mercado de BAM es más competitivo ahora, aunque todavía mantiene una alta concentración por parte de Telcel, con 70 por ciento de participación de mercado. Asimismo, se señala que en el año 2010, sólo una persona por cada 100 habitantes contaba con BAM. Para junio de 2013, cuando se aprobó la reforma en Telecomunicaciones, la teledensidad era de 23 por cada 100 y ya para diciembre de 2017 fue de 66.

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Acceso a internet, ¿disminuye la pobreza?

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El Universal – Javier Juárez

Junio es significativo cuando de telecomunicaciones y derechos humanos se trata, fue un día 9 de este mes, en 2011, cuando la Asamblea General de la ONU declaró el acceso a internet como derecho humano; el 11 de junio de 2013 se publicó la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones en México que, entre otras, estableció la obligación del Estado de garantizar el acceso a internet.

Todos queremos servicios de telecomunicaciones de calidad, en todo lugar y a precios accesibles, esto simplemente no se puede conseguir sin postes, ductos y torres, infraestructura cuyo despliegue debe sujetarse a los planes de desarrollo urbano que, conforme a nuestra Constitución Política, es competencia municipal.

Diversos estudios han identificado problemáticas de despliegue de infraestructura en los municipios. Entre los principales obstáculos se ha señalado: i) la falta de transparencia en los trámites permite a los funcionarios exigir requisitos nuevos y/o donativos en especie; ii) la inexistencia de trámites específicos que conduce a los municipios a utilizar análogos como la construcción de viviendas. Esta falta de claridad desafortunadamente puede facilitar actos de corrupción, incrementar los costos de los proyectos o retrasarlos a tal grado que algunos operadores prefieren esperar el cambio de administración municipal o simplemente trasladar los servicios a lugares con menos barreras de instalación.

Resultaría injusto generalizar conductas inadecuadas de los municipios, en muchos casos la causa es falta de conocimiento técnico, por lo que es muy relevante la sensibilización y difusión de mejores prácticas.

A fin de sensibilizar, es importante destacar la alta correlación entre desarrollo humano y servicios de telecomunicaciones. Tomando en cuenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que contempla ingreso, salud y educación, del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, encontramos que los municipios o delegaciones de México con los IDH más altos son también los que cuentan con la mayor penetración de telefonía fija, móvil e internet, este es el caso de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. En el extremo opuesto están los municipios más pobres del país en Oaxaca y Guerrero que se encuentran entre las de menor penetración de telecomunicaciones.
España ofrece experiencias que podrían considerarse mejores prácticas, en ese país hay municipios que cuando autorizan construcción de ductos, requieren dejar ductos vacíos a favor del municipio y posteriormente, antes de permitir nuevas obras, el municipio renta ductos, un ejemplo de ganar-ganar.

Evidentemente no es una tarea solamente de los municipios, se requiere una estrategia integral de desarrollo de infraestructura que involucre a todas las autoridades competentes y priorice proyectos, una estrategia que tome en cuenta a todos los involucrados, incluyendo por supuesto a los municipios.

Ciudades inteligentes, vehículos autónomos, realidad virtual y cirugías remotas son algunas de las aplicaciones que llegarán con 5G, hacerlo realidad multiplica los requerimientos de infraestructura. Facilitar el despliegue es apostarle a mejorar las condiciones de salud, de educación y por supuesto a mejorar las condiciones económicas de la población, en resumen, es momento de reconocer al acceso a internet como una herramienta de combate a la pobreza y la desigualdad.

Comisionado del IFT

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