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¿Se acerca la prórroga de concesiones de TV?

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Sin Embargo – Gabriel Sosa Plata

Con base en lo que establece la ley, este año Televisa y Televisión Azteca deberán solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la prórroga de sus concesiones, que vencen el 31 de diciembre de 2021.

No es un asunto menor, ya que el pago (contraprestaciones) que deben hacer para obtener la prórroga de cada uno de los canales, suma cantidades multimillonarias, si se considera el valor del espectro alcanzado en las licitaciones de frecuencias de televisión de 2015 y 2017.

Por eso, durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, el todavía presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Edgar Pereda, exigió que se revise el pago de contraprestaciones por las concesiones de radio y televisión, ya que éstas son altas y son un freno a la competencia.

“En fechas recientes -dijo el empresario- han existido actualizaciones no justificadas e intentos de tomar valores de mercado que fue lo que se pagó en las nuevas licitaciones. Consideramos que el valor de mercado no es lo que se paga por una nueva concesión, sino debe haber otros aspectos a tomar en cuenta, como la población económicamente activa de la región y, sobre todo, considerar cuántos competidores hay en la zona a servir”.

Grupos radiofónicos ya pagaron las prórrogas de decenas de concesiones. En algunos casos las cifras son, efectivamente, elevadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Grupo Siete pagó hace un par de años casi 22 millones de pesos por la prórroga de una sola estación, la XHFO-FM (Red FM 92.1). No obstante, faltan cientos de concesiones por prorrogar, muchas de ellas en ciudades como la México, Guadalajara y Monterrey, donde el valor de MHz por habitante es mucho más alto que en poblaciones de menor tamaño.

En el caso de Televisa y Televisión Azteca, prácticamente todas sus concesiones vencen el 31 de diciembre de 2021. Será la primera vez que pagarán contraprestaciones por este acto administrativo. Los refrendos anteriores (ahora prórrogas) los obtuvieron con base en el acuerdo de política de televisión digital terrestre, publicado por el gobierno de Vicente Fox, el 2 de julio de 2004. En esa ocasión obtuvieron sus refrendos por 17 años, a cambio del compromiso de digitalizar sus transmisiones y el pago de los derechos correspondientes (nada comparables con las contraprestaciones que vienen).

En el 2006 vino la “ley Televisa” que en la práctica otorgaba refrendos automáticos, luego la acción de inconstitucionalidad promovida por 47 senadores y la sentencia de la Suprema Corte en 2007, en la que se dejó claro el papel del Estado en la regulación del sector y en particular de sus facultades para establecer contraprestaciones por el uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico. A partir de aquella reforma de 2006, ya no hubo prórrogas gratuitas. Esta obligación quedó ratificada en la reforma constitucional de telecomunicaciones 2013 y la ley secundaria de 2014.

El IFT, supongo, ya debe tener los cálculos de las contraprestaciones de los más de 400 concesiones de televisión de uso comercial que están por vencer. Para ello, papel fundamental juega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, de acuerdo con la ley, emite opinión no vinculante sobre los montos a cobrar por las prórrogas, con base en una fórmula que considera los resultados de la más reciente licitación pública de canales de televisión y la población de la zona de cobertura de cada concesión.

Para tener una idea de lo que puede pagarse, tomemos de ejemplo lo ocurrido con el canal 5 (XHSDD-TDT), ubicado en Sabinas, Coahuila, concesionado a Telesistemas de Coahuila, S.A. de C.V. En 2015, el IFT resolvió para su prórroga la cantidad de 4,174,557.00 (cuatro millones ciento setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos).

A dicha cifra llegó al tomar de referencia la licitación de canales de televisión (IFT-1), en la que resultó ganadora la empresa Cadena Tres, S.A. de C.V. que ofertó mil 808 millones de pesos por una concesión con una vigencia de 20 años de una cadena nacional de 6 MHz que equivalen a un pago de 2.835 pesos por MHz por habitante. En el ejemplo que citamos, esta última cantidad fue multiplicada por el total de habitantes que cubre el canal en Sabinas, esto es, 245 mil 445 personas, lo que dio un total de 695 mil 837 pesos (cifras cerradas) por MHz. Como cada canal tiene seis MHz, el resultado final se obtiene al multiplicarse por seis.

En la licitación del año pasado, la contraprestación mínima de MHz por habitante fue un poco mayor, pero suponiendo que se mantuviera un valor de 2.835 pesos por MHz por habitante, tan sólo en la Ciudad de México, por sus cuatro canales (2, 4, 5 y 9), Televisa tendría que pagar no menos de ¡mil 360 millones de pesos! (más de 340 millones de pesos por canal). Reitero: solo en la Ciudad de México, con una cobertura de más 20 millones de personas ubicadas en la capital del país, municipios del Estado de México y poblaciones de otros estados de la República. Si el mismo ejercicio hacemos en cada uno de los más de 220 canales de Televisa y los 180 de Televisión Azteca, distribuidos en todo el territorio nacional, la cifra resultante es estratosférica.

¿MODIFICARÁN LA FÓRMULA?

En entrevista para Reforma (2 de mayo 2018), el presidente del IFT, Gabriel Contreras, recordó que el pago de las prórrogas de concesiones está basado en una fórmula que data de 2008 y que también en ésta se basaron para definir los valores de las nuevas frecuencias licitadas el año pasado.

Sin embargo, aseguró al reportero Alejandro González, con base en la manifestación del mercado, podrían modificar la fórmula para definir la contraprestación para futuras licitaciones.

“Lo que hemos visto también es que sigue habiendo un apetito por la radio y en la última licitación se asignaron más concesiones comerciales. Esto ofrece nuevos valores de referencia y el IFT está obligado a considerarlos, pero también debemos considerar que en otras localidades no se asignaron porque no hubo apetito por estaciones comerciales y esto obliga por supuesto a la autoridad a considerar repensar esta fórmula hacia el futuro. Ya lo pagado, pagado”, afirmó.

El presidente del IFT no se refirió específicamente al procedimiento de prórroga de cientos de canales de televisión, pero es un asunto latente y a la vez delicado en la industria. “Repensar” fue palabra utilizada.

La opinión de la SHCP también será determinante si se decide modificar la fórmula. La duda es si la emitirá el gobierno de Enrique Peña Nieto o corresponderá al gobierno que entre el primero de diciembre de este año. Por la actividad político-electoral que hemos tenido en las últimas semanas y la cobertura periodística a las diferentes campañas, da la impresión que la bola quedará en la siguiente administración, pero hasta ahora no hay información pública al respecto.

Uno de los objetivos de la reforma estructural en materia de telecomunicaciones fue crear un órgano regulador, con autonomía constitucional, el IFT, alejado de los intereses sexenales, políticos y electorales. Sin embargo, como dijo Javier Corral, cuando era senador y se dictaminaba la nueva ley de telecomunicaciones, se dejó el “chipote” del gobierno para opinar en materia de concesiones y contraprestaciones económicas de las licitaciones y las prórrogas. El gobierno, como se aprecia, conserva un importante as bajo la manga en su relación con esta industria.

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Con rumbo y dirección

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El Heraldo de México – Gonzalo Rojon

La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó su visión regulatoria para el periodo 2019–2023.

Dicho documento tiene como objetivo identificar las líneas de acción regulatoria que el Instituto prevé adoptar durante ese lustro.

La publicación de ese documento es de mucha relevancia, ya que, además de que es una práctica común de los órganos reguladores de comunicaciones más desarrollados en el mundo (algo de lo que careció el sector antes de la creación del IFT), proporciona certidumbre sobre el rumbo que tomaría su regulación.

El documento parte de cinco ejes principales en los que se enfocarán las acciones del periodo 2019-2023:

• Infraestructura e insumos esenciales.

• Administración del espectro radioeléctrico.

• Desarrollo de Internet y regulación.

de telecomunicaciones en el ecosistema digital.

• Derechos de usuarios y audiencias.

• Innovación institucional.

Si bien los puntos anterio-res hacen referencia a temas que constantemente están bajo evaluación y monitoreo por parte del Instituto, es importante resaltar que también integra temas de reciente discusión en el mundo y son relevantes para el desarrollo futuro del mismo.

Por ejemplo, se aborda la mejora de los mecanismos de compartición de infraestructura, peroal mismo tiempo abre la posibilidad de incluir al espectro radioeléctrico como un elemento sujeto de compartición.

Habla sobre la necesidad de Identificar los posibles efectos de las aplicaciones y contenidos ofrecidos por Internet sobre el proceso de competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Más específicamente habla sobre la regulación de los servicios OTT así como la necesidad de analizar las implicaciones de su crecimiento en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, tema que he abordado repetidamente en esta columna.

También aborda la posibilidad de considerar al Big Data como un insumo esencial, impulsar la transición hacía el IPv6, la protección de los datos de los usuarios y ciberseguridad, internet de las cosas, desarrollo de la economía digital y el uso, impacto y desarrollo de la Inteligencia Artificial en la sociedad entre otros.

Enhorabuena por el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya que, si bien todavía faltan los cómos para aterrizar las estrategias que harán cumplir los objetivos planteados, este documento sienta un precedente estableciendo un rumbo y dirección para este sector que tiene mucha relevancia en la economía y desarrollo del país.

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Tecnología 5G de internet iniciará en 2020 en México

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La Crónica de Hoy – Julio Brito

La quinta generación —5G— en telefonía móvil se iniciará en México en 2020, aunque de manera muy selectiva en cuanto a zonas y lugares. Es una tecnología necesaria para diferentes ecosistemas que están actualmente en ciernes, como los autos autónomos, pero que ya se prueban en Estados Unidos, Europa y China. Aquí, el proceso es más lento y de hecho todavía no se generaliza el uso de la tecnología 4G y muchas zonas sobreviven con la 3G, considerada obsoleta en muchas regiones.
La tecnología 5G es revolucionaria en varios sentidos. De principio la alta velocidad de respuesta a comandos de dispositivos conectados a internet será de 1 milisegundo, mientras que con la tecnología actual, 4G, es de aproximadamente 100 milisegundos. Es decir, 100 veces más rápido, También permitirá servicios multimedia mejorados, el uso de Internet de las Cosas, aplicaciones de ubicación ultraprecisas, alta calidad y movilidad, operación global y economías de escala.
Otras de las virtudes de la 5G, nos explicaron técnicos de Huawei, es que las antenas serán inteligentes y nunca fallará el internet. Resulta que en caso de alguna avería la antena anterior realizará las reparaciones, pero en tanto cubrirá el espacio de la dañada. Imáginese, un corte y los autos autónomos se volverían locos, por eso es necesario que nunca falle, aún en las condiciones más extremas.

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La visión del 19-23 del IFT

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El Universal – Irene Levy

Interesante documento publicó la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre su perspectiva regulatoria para los siguientes cinco años, denominado Visión regulatoria de las telecomunicaciones y la radiodifusión, 2019-2023 (Visión 19-23). Se trata de un documento que, a decir del propio instituto, conjunta la visión, ideas, propuestas y retos regulatorios para el mediano y largo plazo a partir de cinco ejes temáticos: (I) Infraestructura e insumos esenciales; (II) Administración del espectro radioeléctrico; (III) Desarrollo de internet y regulación de las telecomunicaciones en el ecosistema digital; (IV) Derechos de usuarios y audiencias, y (V) Innovación institucional.

Cada uno de los ejes está acompañado por líneas de acción, algunas muy generales y otras concretas y directas, que van dibujando el rumbo que tomará el regulador durante prácticamente todo el siguiente sexenio. El documento es un buen saque que muestra algunos de los temas que estarán en la agenda durante los próximos años y respecto de los que se deberán tomar decisiones regulatorias.

Si bien la Visión 19-23 incorpora temas que han estado en la agenda regulatoria desde hace ya varios años, como adinistración del espectro, despliegue de infraestructura y el aspecto institucional, es novedoso el peso que se le da al desarrollo de Internet y todo lo que ello implica. Basta con decir que de los cinco ejes temáticos planteados, el relativo a Desarrollo de internet y regulación de las telecomunicaciones en el ecosistema digital incorpora nueve subtemas, mientras que el resto de los ejes incluyen sólo uno o dos subtemas.

Esta distribución es natural si consideramos las tendencias en cuanto al uso e importancia del internet, así como todas las implicaciones, ramificaciones y aristas que están involucradas en su desarrollo. Sin duda, en el corto plazo estaremos debatiendo con mayor intensidad los temas planteados, e incluso en algunos casos ya vamos tarde, por eso vale la pena enfocarnos en algunas de estas definiciones.

¿Regulación de internet? Uno de los aspectos destacables del documento del IFT se refiere a las “islas” en las que actualmente el instituto ve áreas de posible intervención en el ecosistema de internet. Por ejemplo, se hace mención de la “regulación de recursos críticos”, como dominios, direcciones IP, espectro radioeléctrico, entre otros, así como la posibilidad de crear lineamientos regulatorios en materia de privacidad, ciberseguridad, alfabetización digital, conectividad e infraestructura. Se trata de definiciones interesantes que hasta ahora no se habían planteado de esta forma por el regulador.

Otra definición importante, y uno de los pendientes desde la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es la relativa a la neutralidad de internet, es decir, el principio conforme al cual todos los datos que recorren la red de ben ser tratados de la misma forma sin importar su origen, destino o contenido.

Así, desde el 2014 la Ley ordenaba al IFT emitir lineamientos en esta materia, pero éstos se han ido postergando y parece que todavía le llevará más tiempo al IFT adoptar una postura pues, aunque la Visión 19-23 reconoce que “los proveedores pueden utilizar medidas razonables de gestión, basadas en requerimientos técnicos antes que en consideraciones comerciales” falta ver cómo se aterrizará finalmente este principio en las acciones regulatorias anunciadas en este subtema en el que el desarrollo jurídico internacional cobra especial importancia.

Quizás una de las posturas del IFT que generarán mayor controversia a partir de este documento, sobre todo entre los integrantes de la industria, será la relativa a la necesidad de regular a los servicios Over the Top (OTT), como Netflix, Youtube, Skype y que se plantea abiertamente en uno de los subtemas del desarrollo de internet. Hasta ahora, el instituto había reconocido que este tipo de servicios no podían ser considerados como sustitutos de servicios tradicionales de telecomunicaciones, como la televisión de paga; sin embargo, este enfoque parece cambiar pues el IFT reconoce “la posibilidad de que los servicios OTT constituyan complementos o sustitutos de los servicios tradicionales de ambos sectores [telecomunicaciones y radiodifusión]”.

En esta materia, ciertos sectores de la industria han realizado llamados a regular, mientras que otros consideran que debe fomentarse una mayor evolución y adopción de estos servicios, considerados disruptivos, antes de pensar en imponer cualquier tipo de regulación. Parece que el instituto tiene claro que, al menos, algo de regulación es requerida, la pregunta será ¿qué tanta y en qué aspectos?

Los faltantes.

Entre las ausencias del documento, particularmente ahora que han pasado 4 años desde la publicación de la LFTR y que el instituto ha tenido tiempo suficiente para detectar los retos, oportunidades de mejora y disposiciones que dificultan los objetivos constitucionales en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y radiodifusión, valdría la pena acompañar este documento con algún diagnóstico y recomendaciones de adecuación al marco jurídico que podrían impulsar los objetivos y estrategias institucionales a mediano y largo plazo, pues como el propio IFT reconoce, varios de los temas incorporados requieren de una estrategia coordinada conjuntamente con otros reguladores, autoridades y poderes. Un claro ejemplo es el tema del despliegue de infraestructura a nivel local y municipal, en el que el documento del IFT contempla la posibilidad de aplicar herramientas de la LFCE, además de la coordinación y esfuerzos regulatorios conjuntos.

En esta materia, más valdría contar con una verdadera política pública de Estado que involucre a todos los órdenes de gobierno, que explorar caso por caso la disposición de las autoridades locales y municipales y, en el peor de los casos, la necesidad de aplicar medidas regulatorias ante la falta voluntad.

Claro que aún falta ver la visión de la siguiente administración en relación con el IFT y qué tanto va a apuntalar o disminuir el peso que tiene, pero por lo pronto con este documento el Instituto levanta la mano en un “aquí estamos” y le recuerda al gobierno que viene la complejidad del sector, creo que es una buena estrategia.

El documento estará en consulta pública hasta el 16 de octubre de este año y puede descargarse en: http://www.ift.org.mx/transparencia/planeacion-estrategica/vision19-23

*Presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana, miembro del Comité de Participación Ciudadana del SNA. Este artículo refleja su posición personal

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