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Artistas, cantantes y futbolistas censurados de la TV

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El Universal – Javier Tejado Dondé

Hoy en día, varias figuras públicas han tenido que dejar su labor en medios de comunicación electrónicos (radio, TV abierta y TV de paga), o se les ha pedido dejar de aparecer en programas, noticieros y películas. En esta lista podemos señalar a Ernesto Laguardia, Gabriela Goldsmith, Eduardo Capetillo, Sergio Mayer, Alfredo Adame, María Elena Saldaña (“la Güereja”), María Rojo, Ausencio Cruz, Rocío Banquells, Lilly Téllez o Adriana Sarur. Todos ellos, candidatos para algún puesto de elección popular este próximo 1 de julio: diputaciones federales, senadurías o alcaldías.

Incluso, ahora que está por iniciar el Mundial de fútbol Rusia 2018, los futbolistas Manuel Negrete (candidato a la alcaldía de Coyoacán), Adolfo Ríos (candidato a la alcaldía de Querétaro) y Cuauhtémoc Blanco (candidato a la gubernatura de Morelos) no pueden ser llamados por ninguna televisora, que se vea en México, para dar comentarios sobre el Mundial e incluso, Televisa Deportes tuvo que dar de baja a Cuauhtémoc de las cápsulas (spots) sobre destacados futbolistas mexicanos en otros mundiales.

Todo ello, para que las televisoras no fueran sancionadas por promoción política indebida y, desde luego, también para candidatos y sus partidos no ser sancionados por “adquisición indebida de tiempos en radio y TV”.

Los partidos han llamado a sus filas a figuras del medio artístico y deportivo para jalar votos, pero muchos de ellos se han llevado la sorpresa de que sus aspiraciones electorales conllevan una obligada censura en la radio y la TV mexicanas.

El primer caso que desembocó en este criterio censor fue el de Javier Corral, quien era colaborador del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y al mismo tiempo candidato al Senado. En la decisión judicial SUP-RAP-2656-2012 se dejó en claro, por parte de las autoridades electorales, que “la participación de Javier Corral (en el IMER) constituyó una adquisición indebida de tiempos en radio y TV, en razón de que el carácter de candidato resulta incompatible con el de ser comentarista o analista en la radio y la TV”.

En el asunto, Corral ostentaba ambas calidades —analista y candidato— y fue ordenado a dejar de ser analista/comentarista en radio y TV para evitar “romper el principio de equidad en la contienda electoral”. Tanto el IMER como el PAN y el candidato Corral fueron sancionados.

Después de este caso, surgieron otros, algunos incluso por apariciones únicas en alguna entrevista, como el caso de Ana Gabriela Guevara, en ESPN, hablando de atletismo, razón por la cual se abrió un proceso sancionador contra la televisora estadounidense. Y hay muchos otros casos de sanciones y de actos de molestia contra televisoras mexicanas y extranjeras.

Así, desde 2012 y también en 2015 las personalidades públicas de la radio y TV han tenido que dejar sus carreas profesionales. Incluso, los argumentos de “derecho laboral” y “libertad de trabajo” fueron desechados. Por ejemplo, en el 2015 la primera actriz Carmen Salinas, que buscaba una diputación federal por el PRI, tuvo que dejar sus participaciones en la novela Sueño de amor y Mi corazón es tuyo, de Televisa, teniendo éstas incluso que hacer cambios en su guion.

Este 2018 es el proceso electoral en el que más artistas, deportistas y comunicadores buscan un cargo de elección popular. Y, para sorpresa de muchos de éstos, incluida la primera actriz María Rojo (quien comentó el tema con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula), casi ninguno tiene claro de dónde viene la censura para que aparezcan y continúen en sus respectivos programas.

La censura viene de la Ley Electoral de 2007, que estableció un modelo controlado y estatizado en radio y TV para los que aspiran a un cargo de elección pública, en el que ninguna persona puede aparecer en radio y TV para influir en las preferencias electorales.

Si quieres aparecer en radio o TV, es sólo mediante los spots que administra el INE. No puedes comprar espacios, ni siquiera para impulsar una causa pública como la de Mexicanos Primero, al querer poner en la agenda la educación de los niños. Tampoco puedes aparecer en espacios de radio y TV de manera habitual, ya sea como invitado, analista, artista o deportista, aún sin existir pago de por medio, pues ello será considerado propaganda indebida. Así de claro es el tema y, a la par, así de retrograda.

Con ello, ninguna televisora se atreverá a tener como analistas del mundial a Negrete, Blanco o Ríos, tampoco veremos en los noticieros de TV Azteca a Lilly Téllez o a Adriana Sarur, ni novela al aire, programa o película con María Rojo, Gabriela Goldsmith o Sergio Mayer. Un absurdo.

Y en el colmo de las incongruencias, si llegaran a ganar un cargo público, entonces sí pueden regresar a ser figuras públicas y dobletear chambas. De verdad que en México todo está al revés.

Así que, por lo pronto, le deseamos suerte a todos los candidatos, muchos de ellos amigos queridos, que han tenido que dejar su trabajo para avanzar en sus aspiraciones políticas. Y, dado que al momento de escribir estas líneas parece improbable que en la siguiente legislatura existan los votos para cambiar la norma electoral, habrá que irnos acostumbrando al régimen vigente de censura que atenta hasta contra la libertad de trabajo de cada persona, pero increíblemente sí permite el conflicto de interés, los cargos públicos de tiempo parcial y el dobleteo de chambas.

Cambiando de tema… Desde 2009, varias agrupaciones gremiales, intelectuales y medios de comunicación llevaron la Reforma Electoral de 2007 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, si bien la Comisión tiene un rezago importante, se espera que este año resuelva las quejas presentadas. Cabe señalar que la Misión de Observación Electoral de 2015 de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue muy crítica al modelo de comunicación política por considerar que ataca y restringe la libertad de expresión.

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Aristegui, ¿podría regresar a MVS?

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El Universal – Elisa Alanis

Termina la Presidencia de Enrique Peña y con ella, uno de los episodios más penosos contra el ejercicio periodístico.

Se apaga la luz de Los Pinos para EPN. Se ilumina la cabina de transmisión para Aristegui.
La consecuencia de hacer público el reportaje de La Casa Blanca de Peña Nieto no fue la renuncia de funcionario alguno. Carmen y su equipo de investigaciones especiales fueron expulsados.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió por unanimidad que la terminación del contrato de MVS con Aristegui, en marzo de 2015, es ilegal. Así lo dio a conocer el abogado Xavier Cortina.

Es un caso histórico, pues si no tuvo sustento jurídico y el programa era un éxito no había razones para dar por concluido lo acordado.

¿Cómo se interpreta entonces ese golpe, si no es como una acción de censura? ¿Un asunto de presión, porque su labor incomodó al poder? ¿Un ataque a la libertad de expresión?

La propia periodista recordó que ha permanecido fuera de la radio mexicana prácticamente la mitad del sexenio. Su salida de MVS significó también la renuncia de los empresarios del país a integrarla a sus espacios. A pesar de los beneficios que les generaría en audiencia, recursos y prestigio.

Si el contrato está vigente, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y todo el equipo de Carmen, si así lo desean, deberían ser reinstalados bajo las mismas condiciones previas a que los echaran.

El convenio fue interrumpido el 13 de marzo de 2015. Se vencía el 31 de diciembre de ese año. Es decir, le faltaban casi diez meses.

Es el tiempo aire que se tendría que reponer. La indemnización es una alternativa que podría aceptar Carmen. Pero, ¿el dinero repara? ¿Es suficiente? ¿Eso resarciría el daño causado?

Aunque tienen todo el derecho a ello, existen otros derechos vulnerados. Como el de las audiencias, reconocido en la reforma de telecomunicaciones.
El alcance de la difusión de una idea u opinión es un valor que debe tutelarse. Su restricción acota el intercambio de información necesario en democracia.

La empresa declaró que esperaría a la resolución de tribunales. Ya lo hicieron. Se manifestaron sobre el amparo directo. No hay impugnación posible. Es cosa juzgada, a partir de ayer.
Toca el turno al concesionario dar un paso hacia el respeto a la ley.

Es el momento para que Joaquín Vargas le dé vuelta a la página de una estrecha relación con el gobierno peñista. Ellos ya se van. Los Vargas se quedan. Ojalá lo hagan bien. Sin compromisos transexenales.

RAZONES Y PASIONES: En otro proceso paralelo, Joaquín Vargas demandó a Aristegui por daño moral. Por lo escrito en el prólogo de La Casa Blanca de Peña Nieto.
El mismo tribunal colegiado, horas después, indicó que Carmen no demostró el resultado de sus juicios. No tiene que pagar, pero ordenó la reimpresión del texto.
Sus representantes legales pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso.

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Fusión ATT y Time Warner

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La Razón – Roberto García Requena

Finalmente, un juez de Distrito en Estado Unidos, Richard Leon, dio el visto bueno para que ATT pudiese comprar a Time Warner. La transacción se realizó por un monto de 85.4 billones de dólares.

Esta fusión en el mercado de las telecomunicaciones llama la atención por varias razones. En primer lugar, hay que recordar que Donald Trump, todavía como candidato a la presidencia, prometió frenar esta adquisición. Ya en el poder, concretó su promesa y mediante el Departamento de Justicia presentó una demanda en noviembre de 2017.

Es decir, aunque la administración Trump procuró bloquear esta transacción, el juez Leon tuvo la última palabra y la permitió. Significa un fracaso más para Trump y sus secuaces.

En segundo lugar, porque representa una fusión que con mayor naturalidad y frecuencia se está dando en el mercado. ATT, empresa líder de telecomunicaciones, se fusiona con Time Warner, empresa líder en la generación de contenidos audiovisuales. Es cada vez más común que los dueños de la infraestructura y los fierros (ATT), quieran sus propios contenidos (Time Warner).

En tercer lugar, hay que señalar que se autorizó la transacción sin condiciones para ninguna de las empresas, en virtud de que ATT, a pesar de su tamaño, no es preponderante en el mercado estadounidense. Es decir, este tipo de fusiones se pueden dar, siempre y cuando ninguna de las empresas tenga una concentración de mercado que lo haga preponderante y sujeta a una regulación específica.

Con esta transacción, ATT ahora le podrá entregar contenidos a los 170 millones de suscriptores móviles que tiene. Veremos qué efectos tiene este hecho en el resto de los competidores en el mercado.

En otro tema. Para lograr que ATT le lleve contenidos a sus usuarios se necesita una banda ancha robusta y de amplia cobertura. Eso ya es una realidad en Estados Unidos.

¿Cómo estamos en México? El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó cifras históricas de la banda ancha móvil (BAM) en México. Según el regulador, de junio de 2010 a diciembre de 2017, el total de líneas de este servicio pasó de 1.4 a 82.2 millones.

El reporte evidencia que el mercado de BAM es más competitivo ahora, aunque todavía mantiene una alta concentración por parte de Telcel, con 70 por ciento de participación de mercado. Asimismo, se señala que en el año 2010, sólo una persona por cada 100 habitantes contaba con BAM. Para junio de 2013, cuando se aprobó la reforma en Telecomunicaciones, la teledensidad era de 23 por cada 100 y ya para diciembre de 2017 fue de 66.

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Acceso a internet, ¿disminuye la pobreza?

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El Universal – Javier Juárez

Junio es significativo cuando de telecomunicaciones y derechos humanos se trata, fue un día 9 de este mes, en 2011, cuando la Asamblea General de la ONU declaró el acceso a internet como derecho humano; el 11 de junio de 2013 se publicó la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones en México que, entre otras, estableció la obligación del Estado de garantizar el acceso a internet.

Todos queremos servicios de telecomunicaciones de calidad, en todo lugar y a precios accesibles, esto simplemente no se puede conseguir sin postes, ductos y torres, infraestructura cuyo despliegue debe sujetarse a los planes de desarrollo urbano que, conforme a nuestra Constitución Política, es competencia municipal.

Diversos estudios han identificado problemáticas de despliegue de infraestructura en los municipios. Entre los principales obstáculos se ha señalado: i) la falta de transparencia en los trámites permite a los funcionarios exigir requisitos nuevos y/o donativos en especie; ii) la inexistencia de trámites específicos que conduce a los municipios a utilizar análogos como la construcción de viviendas. Esta falta de claridad desafortunadamente puede facilitar actos de corrupción, incrementar los costos de los proyectos o retrasarlos a tal grado que algunos operadores prefieren esperar el cambio de administración municipal o simplemente trasladar los servicios a lugares con menos barreras de instalación.

Resultaría injusto generalizar conductas inadecuadas de los municipios, en muchos casos la causa es falta de conocimiento técnico, por lo que es muy relevante la sensibilización y difusión de mejores prácticas.

A fin de sensibilizar, es importante destacar la alta correlación entre desarrollo humano y servicios de telecomunicaciones. Tomando en cuenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que contempla ingreso, salud y educación, del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, encontramos que los municipios o delegaciones de México con los IDH más altos son también los que cuentan con la mayor penetración de telefonía fija, móvil e internet, este es el caso de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. En el extremo opuesto están los municipios más pobres del país en Oaxaca y Guerrero que se encuentran entre las de menor penetración de telecomunicaciones.
España ofrece experiencias que podrían considerarse mejores prácticas, en ese país hay municipios que cuando autorizan construcción de ductos, requieren dejar ductos vacíos a favor del municipio y posteriormente, antes de permitir nuevas obras, el municipio renta ductos, un ejemplo de ganar-ganar.

Evidentemente no es una tarea solamente de los municipios, se requiere una estrategia integral de desarrollo de infraestructura que involucre a todas las autoridades competentes y priorice proyectos, una estrategia que tome en cuenta a todos los involucrados, incluyendo por supuesto a los municipios.

Ciudades inteligentes, vehículos autónomos, realidad virtual y cirugías remotas son algunas de las aplicaciones que llegarán con 5G, hacerlo realidad multiplica los requerimientos de infraestructura. Facilitar el despliegue es apostarle a mejorar las condiciones de salud, de educación y por supuesto a mejorar las condiciones económicas de la población, en resumen, es momento de reconocer al acceso a internet como una herramienta de combate a la pobreza y la desigualdad.

Comisionado del IFT

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