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Agenda Slim, en contra de la Agenda Digital Nacional

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El Economista – Gerardo Flores

A principios de la semana pasada, tuvo lugar la presentación de la Agenda Digital Nacional: Beneficios Digitales para Todos, o ADN 18, conformada gracias a un esfuerzo importante de investigación y reflexiones por parte de diversos organismos del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que agrupan a las distintas empresas de la industria.

Uno de los principales logros del documento, sin duda, es la integración de una visión común de la industria para impulsar el desarrollo de México en la materia. En la presentación de ADN 18 se hizo un llamado a todos los candidatos presidenciales de nuestro país, sin distinción alguna, para que conozcan las 121 propuestas del documento —agrupadas en seis pilares fundamentales—, y que a partir de ello pudiera estrecharse el diálogo y discusión de los temas que representan el interés general de la industria.

No obstante la unión mostrada por la industria por poner en la agenda nacional los temas relevantes para el sector, con independencia de quien resulte ganador en las elecciones del próximo 1 de julio, la ADN 18 ya fue torpedeada al cierre de la misma semana, por los voceros del agente preponderante de telecomunicaciones en México, América Móvil (Telcel y Telmex), quienes pusieron en manos de un solo candidato presidencial, Ricardo Anaya, la agenda del Ingeniero Slim.

Si bien suena lógico que las personas vinculadas con América Móvil busquen dividir la unión de la industria para continuar anteponiendo la agenda del operador que históricamente ha dominado el sector de telecomunicaciones en México, por encima del interés general, lo que sí llama mucho la atención es que las personas cercanas a Ricardo Anaya, con conocimiento de los temas relacionados con el sector, no le hayan advertido que al suscribir como suyo un decálogo de propuestas para el sector, lo que en realidad estaba suscribiendo era la agenda del agente preponderante para los próximos años.

Con base en ello, todo parece indicar que a diferencia de lo acontecido en sexenios anteriores, en esta ocasión el Ingeniero Slim sí se está anticipando al resultado de las elecciones presidenciales, para impulsar los aspectos que le permitan seguir controlando ampliamente el sector en México.

Aunque en el decálogo de propuestas de América Móvil, que Ricardo Anaya hizo suyas en el evento denominado México Digital, Innovación y Transformación Tecnológica para Crecer con Inclusión y Equidad, que tuvo lugar el pasado 11 de mayo, existen aspectos que pueden sonar positivos, como la promoción de la inclusión digital universal, el conectar a la banda ancha a 85% de los mexicanos, a 85% de las pymes y a 100% de los municipios en México hacia el 2024, lo que no se señala es que, en los hechos, lo que se busca es que la digitalización nacional se realice aprovechando la infraestructura del agente preponderante en telecomunicaciones.

Un ejemplo claro de ello es lo señalado en el punto 10 del mencionado decálogo, en el sentido de que hay que consolidar una segunda generación de reformas en el sector de telecomunicaciones para incorporar las recomendaciones de la Comisión de Banda Ancha de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en la que el Ingeniero Carlos Slim funge como copresidente desde el 2010, y en la que, por ende, ejerce una gran influencia.

Así las cosas, en una misma semana, por un lado pudimos observar la presentación de una agenda digital consensuada por la industria con miras a ser analizada y discutida por todos los candidatos presidenciales, mientras que, por el otro, conocimos la agenda de América Móvil, diseñada para que fuera avalada por uno de esos candidatos. Será importante que los aspirantes a la Presidencia de la República no pierdan de vista las propuestas que sí representan un interés general y no caigan en la trampa de avalar aquellas que sólo representan los intereses de un agente en particular.

*El autor es Senador de la República.

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Aristegui, ¿podría regresar a MVS?

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El Universal – Elisa Alanis

Termina la Presidencia de Enrique Peña y con ella, uno de los episodios más penosos contra el ejercicio periodístico.

Se apaga la luz de Los Pinos para EPN. Se ilumina la cabina de transmisión para Aristegui.
La consecuencia de hacer público el reportaje de La Casa Blanca de Peña Nieto no fue la renuncia de funcionario alguno. Carmen y su equipo de investigaciones especiales fueron expulsados.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió por unanimidad que la terminación del contrato de MVS con Aristegui, en marzo de 2015, es ilegal. Así lo dio a conocer el abogado Xavier Cortina.

Es un caso histórico, pues si no tuvo sustento jurídico y el programa era un éxito no había razones para dar por concluido lo acordado.

¿Cómo se interpreta entonces ese golpe, si no es como una acción de censura? ¿Un asunto de presión, porque su labor incomodó al poder? ¿Un ataque a la libertad de expresión?

La propia periodista recordó que ha permanecido fuera de la radio mexicana prácticamente la mitad del sexenio. Su salida de MVS significó también la renuncia de los empresarios del país a integrarla a sus espacios. A pesar de los beneficios que les generaría en audiencia, recursos y prestigio.

Si el contrato está vigente, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y todo el equipo de Carmen, si así lo desean, deberían ser reinstalados bajo las mismas condiciones previas a que los echaran.

El convenio fue interrumpido el 13 de marzo de 2015. Se vencía el 31 de diciembre de ese año. Es decir, le faltaban casi diez meses.

Es el tiempo aire que se tendría que reponer. La indemnización es una alternativa que podría aceptar Carmen. Pero, ¿el dinero repara? ¿Es suficiente? ¿Eso resarciría el daño causado?

Aunque tienen todo el derecho a ello, existen otros derechos vulnerados. Como el de las audiencias, reconocido en la reforma de telecomunicaciones.
El alcance de la difusión de una idea u opinión es un valor que debe tutelarse. Su restricción acota el intercambio de información necesario en democracia.

La empresa declaró que esperaría a la resolución de tribunales. Ya lo hicieron. Se manifestaron sobre el amparo directo. No hay impugnación posible. Es cosa juzgada, a partir de ayer.
Toca el turno al concesionario dar un paso hacia el respeto a la ley.

Es el momento para que Joaquín Vargas le dé vuelta a la página de una estrecha relación con el gobierno peñista. Ellos ya se van. Los Vargas se quedan. Ojalá lo hagan bien. Sin compromisos transexenales.

RAZONES Y PASIONES: En otro proceso paralelo, Joaquín Vargas demandó a Aristegui por daño moral. Por lo escrito en el prólogo de La Casa Blanca de Peña Nieto.
El mismo tribunal colegiado, horas después, indicó que Carmen no demostró el resultado de sus juicios. No tiene que pagar, pero ordenó la reimpresión del texto.
Sus representantes legales pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso.

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Fusión ATT y Time Warner

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La Razón – Roberto García Requena

Finalmente, un juez de Distrito en Estado Unidos, Richard Leon, dio el visto bueno para que ATT pudiese comprar a Time Warner. La transacción se realizó por un monto de 85.4 billones de dólares.

Esta fusión en el mercado de las telecomunicaciones llama la atención por varias razones. En primer lugar, hay que recordar que Donald Trump, todavía como candidato a la presidencia, prometió frenar esta adquisición. Ya en el poder, concretó su promesa y mediante el Departamento de Justicia presentó una demanda en noviembre de 2017.

Es decir, aunque la administración Trump procuró bloquear esta transacción, el juez Leon tuvo la última palabra y la permitió. Significa un fracaso más para Trump y sus secuaces.

En segundo lugar, porque representa una fusión que con mayor naturalidad y frecuencia se está dando en el mercado. ATT, empresa líder de telecomunicaciones, se fusiona con Time Warner, empresa líder en la generación de contenidos audiovisuales. Es cada vez más común que los dueños de la infraestructura y los fierros (ATT), quieran sus propios contenidos (Time Warner).

En tercer lugar, hay que señalar que se autorizó la transacción sin condiciones para ninguna de las empresas, en virtud de que ATT, a pesar de su tamaño, no es preponderante en el mercado estadounidense. Es decir, este tipo de fusiones se pueden dar, siempre y cuando ninguna de las empresas tenga una concentración de mercado que lo haga preponderante y sujeta a una regulación específica.

Con esta transacción, ATT ahora le podrá entregar contenidos a los 170 millones de suscriptores móviles que tiene. Veremos qué efectos tiene este hecho en el resto de los competidores en el mercado.

En otro tema. Para lograr que ATT le lleve contenidos a sus usuarios se necesita una banda ancha robusta y de amplia cobertura. Eso ya es una realidad en Estados Unidos.

¿Cómo estamos en México? El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó cifras históricas de la banda ancha móvil (BAM) en México. Según el regulador, de junio de 2010 a diciembre de 2017, el total de líneas de este servicio pasó de 1.4 a 82.2 millones.

El reporte evidencia que el mercado de BAM es más competitivo ahora, aunque todavía mantiene una alta concentración por parte de Telcel, con 70 por ciento de participación de mercado. Asimismo, se señala que en el año 2010, sólo una persona por cada 100 habitantes contaba con BAM. Para junio de 2013, cuando se aprobó la reforma en Telecomunicaciones, la teledensidad era de 23 por cada 100 y ya para diciembre de 2017 fue de 66.

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Acceso a internet, ¿disminuye la pobreza?

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El Universal – Javier Juárez

Junio es significativo cuando de telecomunicaciones y derechos humanos se trata, fue un día 9 de este mes, en 2011, cuando la Asamblea General de la ONU declaró el acceso a internet como derecho humano; el 11 de junio de 2013 se publicó la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones en México que, entre otras, estableció la obligación del Estado de garantizar el acceso a internet.

Todos queremos servicios de telecomunicaciones de calidad, en todo lugar y a precios accesibles, esto simplemente no se puede conseguir sin postes, ductos y torres, infraestructura cuyo despliegue debe sujetarse a los planes de desarrollo urbano que, conforme a nuestra Constitución Política, es competencia municipal.

Diversos estudios han identificado problemáticas de despliegue de infraestructura en los municipios. Entre los principales obstáculos se ha señalado: i) la falta de transparencia en los trámites permite a los funcionarios exigir requisitos nuevos y/o donativos en especie; ii) la inexistencia de trámites específicos que conduce a los municipios a utilizar análogos como la construcción de viviendas. Esta falta de claridad desafortunadamente puede facilitar actos de corrupción, incrementar los costos de los proyectos o retrasarlos a tal grado que algunos operadores prefieren esperar el cambio de administración municipal o simplemente trasladar los servicios a lugares con menos barreras de instalación.

Resultaría injusto generalizar conductas inadecuadas de los municipios, en muchos casos la causa es falta de conocimiento técnico, por lo que es muy relevante la sensibilización y difusión de mejores prácticas.

A fin de sensibilizar, es importante destacar la alta correlación entre desarrollo humano y servicios de telecomunicaciones. Tomando en cuenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que contempla ingreso, salud y educación, del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, encontramos que los municipios o delegaciones de México con los IDH más altos son también los que cuentan con la mayor penetración de telefonía fija, móvil e internet, este es el caso de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. En el extremo opuesto están los municipios más pobres del país en Oaxaca y Guerrero que se encuentran entre las de menor penetración de telecomunicaciones.
España ofrece experiencias que podrían considerarse mejores prácticas, en ese país hay municipios que cuando autorizan construcción de ductos, requieren dejar ductos vacíos a favor del municipio y posteriormente, antes de permitir nuevas obras, el municipio renta ductos, un ejemplo de ganar-ganar.

Evidentemente no es una tarea solamente de los municipios, se requiere una estrategia integral de desarrollo de infraestructura que involucre a todas las autoridades competentes y priorice proyectos, una estrategia que tome en cuenta a todos los involucrados, incluyendo por supuesto a los municipios.

Ciudades inteligentes, vehículos autónomos, realidad virtual y cirugías remotas son algunas de las aplicaciones que llegarán con 5G, hacerlo realidad multiplica los requerimientos de infraestructura. Facilitar el despliegue es apostarle a mejorar las condiciones de salud, de educación y por supuesto a mejorar las condiciones económicas de la población, en resumen, es momento de reconocer al acceso a internet como una herramienta de combate a la pobreza y la desigualdad.

Comisionado del IFT

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