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ANÁLISIS

El mundo se arma para la guerra mundial 5G… excepto América Latina

Margarita Cruz

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La mayoría de los operadores de telecomunicaciones han establecido el año 2020 como el inicio de la era de la tecnología móvil de quinta generación (5G), por lo que desde hace más de siete años empresas tecnológicas y proveedores de servicios de telecomunicaciones se han aliado para trabajar de la mano en el desarrollo de esta tecnología. El gobierno, en algunos casos, también se ha unido a este proyecto para ayudar a acelerar los esfuerzos de la industria.

La ambición por ser el primer operador en ofrecer comercialmente 5G ha provocado que las empresas realicen aceleradamente pruebas e incluso hablen de un lanzamiento preliminar para 2019. Un claro ejemplo son los eventos deportivos que durante 2018 y 2020 serán ideales para poner a prueba los primeros ensayos.

Además, durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 (CMR-19), organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y que se llevará a cabo el último trimestre de ese año en Egipto, se definirá qué es 5G y qué características tendrá, así como decidir las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico que se requerirán para el desarrollo de esta tecnología, lo cual impactará en el futuro de 5G.

Aunque el panorama pinta positivamente, existe preocupación por parte de las empresas y organismos respecto de los países que no muestran interés para estar a la par de otras regiones.

Hossein Moiin, director general de Nokia Mobile Networks, declaró en junio de 2017 que en lo referente  al despliegue y regulación, Europa podría rezagarse en 5G en comparación con Estados Unidos, debido a las “ambiciones elevadas” para esta tecnología. La compañía sueca Ericsson también hizo un llamado de alerta a finales del mismo año para que la región no quede detrás de países como el estadounidense.

Ambas empresas europeas no están preocupadas sobre el desarrollo tecnológico, ya que ellas han firmado convenios con distintos operadores para realizar ensayos 5G en otros países, sino en los obstáculos que ven para los prestadores de servicio móvil al no existir un trabajo acelerado por parte de la Comisión Europea (CE).

Asia, primermundista en 5G

En contraste con Europa, China, Corea del Sur, India, Japón y Rusia hacen que el continente asiático luzca como la región que lidera hasta ahora en el desarrollo de 5G. Los gobiernos de estos cuatro países han mostrado su disposición para apoyar a los operadores de telecomunicaciones mediante reuniones con las empresas, licitaciones y asignación de espectro para realizar ensayos de 5G, la realización de foros o inversiones para investigación y desarrollo de la tecnología.

En China, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT)

comenzó con la primera prueba de 5G en 2017 (consistió en tres fases: verificación de la tecnología clave, verificación de la solución técnica y verificación del sistema), en la cual participó el fabricante nacional ZTE. Además, a finales de ese año el ministerio reservó las bandas de 3,300-3,600 MHz y 4,800-5,000 MHz para 5G.

En Corea del Sur, el Ministerio de Ciencia y TIC subastará espectro para 5G en las bandas de 3.5 GHz y 28 GHz en junio de 2018, y a inicios del año su ministro Yoo Young-min se reunió con los operadores del país para pedirles acelerar en conjunto el proceso de despliegue de 5G. El ministerio también solicitó la ayuda del operador KT para realizar las primeras pruebas de comunicación móvil 5G en los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang en febrero.

Rusia también realizará sus primeros ensayos 5G en 2018 aprovechando que es la sede de la Copa Mundial de Futbol; por tal motivo, los operadores Mobile TeleSystem (MTS) y Megafon han entablado acuerdos con fabricantes de telecomunicaciones para experimentar con la red durante el evento. Además, la Comisión Federal de Radiofrecuencias (SRFC) otorgó a principios de 2018 espectro a MegaFon y Rostelecom en las bandas de 3.4 GHz, 3.8 GHz y 29.50 GHz para ambos operadores, así como en la banda de 24.25 GHz para Rostelecom y 25.25 para MegaFon. En 2017, el Ministerio de Comunicaciones y Medios de Comunicación presentó un proyecto para establecer la construcción de redes 5G en ocho ciudades con más de un millón de habitantes para 2020 y con pronóstico del despliegue de redes en 15 ciudades rusas para 2025.

El gobierno de Japón también respalda a los operadores nacionales en sus esfuerzos hacia 5G. En 2017 proporcionó fondos a los operadores para instalar una nueva y mejor infraestructura de fibra óptica, considerando las futuras demandas de transmisión de datos de las redes 5G. El Ministerio de Comunicaciones también se ha reunido con el sector privado y trabaja en la promoción de investigación y desarrollo de la tecnología de próxima generación.

En 2017 el gobierno de India anunció una serie de acciones para apoyar el desarrollo de 5G en el país, desde la realización de un foro para diseñar una hoja de ruta y desplegar temprano las redes de 5G, la inversión de 5 mil millones de rupias para financiar investigación y desarrollo, hasta el anuncio de una subasta de espectro en frecuencias superiores a los 3 GHz y de espectro restante en bandas como la de 800 MHz, 900 MHz, 1,800 MHz, 2,100 MHz, 2,300 MHz y 2,500 MHz.

Europa en riesgo

Arun Bansal, director de Ericsson para el área de mercado de Europa y América Latina, señala que 5G en el continente europeo es “prematuro” y pronostica que el despliegue en la región ocurrirá despacio, que no iniciará en 2018 sino muy posiblemente en la segunda mitad de 2019 de forma gradual.

En Francia, el regulador de las comunicaciones, Arcep, otorgará en 2018 licencias temporales de espectro en las bandas de 3.4 GHz a 3.8 GHz y 26 GHz para que operadores e industrias verticales ejecuten pruebas 5G, además de que prepara un plan para la asignación de licencias de 5G.

A finales de enero, la Agencia Federal de la Red de Alemania (Bundesnetzagentur) lanzó a consulta pública una propuesta para realizar una subasta de espectro para 5G bajo ciertas condiciones. La agencia pretende llevar a cabo la licitación en 2018 y comenzar la construcción de la red en 2019; sin embargo, fuentes locales han señalado que el cambio de gobierno en 2018 podría afectar las condiciones finales de la subasta.

El Ministerio de Desarrollo Económico (Mise) de Italia se dio a la tarea el primer trimestre de 2017 de elegir cinco ciudades para realizar los primeros experimentos 5G. También dijo que pondría espectro disponible a subasta para ensayos 5G en las bandas de 3.4 GHz y 3.8 GHz. Algunos gobiernos municipales, por su parte, han firmado acuerdos con Telecom Italia (TIM) para que la compañía realice los ensayos en sus ciudades. TIM firmó el año pasado acuerdos con los gobiernos de San Marino, Milán y Turín. Asimismo, TIM, Fastweb y Huawei presentaron al Mise un plan conjunto que busca activar los primeros escenarios de uso de 5G en junio de 2018 en las ciudades de Bari y Matera.

A finales de 2018 el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de España presentó su Plan Nacional de 5G, que incluye entre sus medidas la licitación de espectro en las bandas de frecuencia de 3.6 GHz y 1.5 GHz a realizarse este año, ya que se busca que comiencen a desplegarse las primeras redes 5G en el verano.

En el Reino Unido el desarrollo de 5G lleva al menos medio año de retraso, luego de que la subasta de espectro para 4G y 5G en las bandas de 2.3 GHz y 3.4 GHz aún no se realiza ante la oposición del operador Three a los límites de frecuencia propuestos por la Oficina de las Comunicaciones (Ofcom). El regulador estimaba completar la licitación a finales de 2017, pero volverá a iniciar el proceso de subasta este año. El gobierno británico cuenta con una estrategia de 5G que incluye compromisos para crear una Red de Innovación 5G y un programa de Pruebas y Ensayos 5G.

En Austria, la Autoridad Reguladora de Radiodifusión y Telecomunicaciones (RTR) planea realizar una adjudicación de frecuencias en la banda de 3.4 GHz a 3.8 GHz para servicios 5G a mediados de 2018.

La hoja de ruta de la Unión Europea para 5G establece la liberación de la banda de 700 MHz en la región para utilización de la banda ancha inalámbrica por parte de los operadores de telefonía móvil. El plan de acción prevé que la puesta en marcha de las redes 5G tempranas se dé antes de finalizar 2018 y su comercialización sea antes de finales de 2020. Incluso el Parlamento Europeo destacó que es crucial que exista coordinación entre los Estados miembros para evitar retrasos.

Estados Unidos contra el mundo

Estados Unidos es un caso particular, pues aunque una posible subasta de espectro 5G todavía no se lleva a cabo (con una posición del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, en contra de realizarla, y la advertencia de la comisionada Jessica Rosenworcel de que la nación cederá el liderazgo a otras nacionales si no se aprueban los preparativos para una subasta), no es impedimento para las empresas que ya han comenzado con ensayos privados.

La FCC señala en su portal que ha realizado diversas actividades para aumentar la cantidad de espectro para redes y servicios 5G, reducir las barreras de despliegue de infraestructura inalámbrica y garantizar la disponibilidad competitiva de backhaul, aunque se trata fundamentalmente de eventos y comentarios hechos durante la presidencia de Tom Wheeler.

La FCC también ha apoyado a los operadores mediante la aprobación de la apertura de recursos adicionales de espectro mmWave para uso móvil y respaldar el desarrollo de servicios 5G.

La más reciente polémica generada en la administración de Donald Trump es la propuesta de una financiación de una red nacional “5G segura, de alto rendimiento y de liderazgo mundial”, que surge ante las supuestas amenazas chinas en el país.

Los recursos del gobierno que ha dado hasta el momento a los operadores son bien aprovechados por ellos para realizar sus respectivos ensayos de 5G. AT&T ha trabajado junto con fabricantes como Ericsson e Intel en diversas pruebas y espera ser la primera empresa de Estados Unidos en ofrecer el servicio móvil 5G en una docena de mercados a finales de 2018.

Verizon ha firmado colaboraciones de trabajo con Cisco, Ericsson y Samsung y tiene planeado desplegar 5G en cinco mercados estadounidenses como reemplazo para su servicio de banda ancha residencial. Además, realizó pruebas de las velocidades de red 5G en el Bank Stadium durante el Super Bowl LII utilizando video de alta resolución y realidad virtual, además de hacer la primera videollamada 5G en tabletas de Samsung enlazando Minneapolis con Seúl con ayuda de la red de prueba 5G de KT.

T-Mobile ha realizado pruebas de la tecnología con Ericsson, y prevé comenzar su implementación de 5G en 2019 y llevarla a nivel nacional para 2020.

U.S. Cellular realizó en 2017 ensayos de varios casos de uso de 5G a 28 GHz junto con Ericsson, y en 2016 realizó pruebas con la misma banda junto con Nokia.

Sprint, el cuarto operador más grande de Estados Unidos, ha entablado alianzas con Qualcomm, Altice y Cox, y ha fijado la meta de construir la primer red 5G nacional a principios de 2019.

Pero el interés por 5G también ha llegado a otros sectores, como el operador de cable Charter que ha realizado pruebas inalámbricas fijas 5G en seis ciudades del país en la banda de 3.5 GHz, y Apple, que ha iniciado conversaciones con fabricantes como Intel para el diseño y fabricación de un módem 5G para futuros modelos de iPhone.

Aunque el gobierno actual de Donald Trump ha propiciado algunos conflictos con el sector tecnológico y de telecomunicaciones en distintas áreas (incluso con la industria extranjera), no ha sido impedimento para aumentar esfuerzos en la lucha por ser líderes en 5G. Si se tratara de una guerra mundial, la batalla final sería entre Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y Europa.

Fabricantes aprobados en desarrollo

Quienes se llevan un diez de calificación por su compromiso con el desarrollo tecnológico de 5G son los fabricantes tecnológicos, pues han sido los primeros en impulsar sobremanera las soluciones e infraestructura que permitirán un excelente aprovechamiento de la tecnología de próxima generación.

Entre los principales fabricantes a nivel mundial que se han involucrado con 5G están Ericsson, Nokia, Huawei, Qualcomm, Samsung, Intel, ZTE, LG, Sony y HTC, por mencionar algunos. En el último año estas empresas han dado de qué hablar diariamente con sus innovaciones, alianzas, ensayos y predicciones para el lanzamiento cada vez más cerca de 5G.

Recientemente, Qualcomm presentó su módem X50 5G con el cual operadores y fabricantes podrán comenzar pruebas en dispositivos móviles, esperando contar con los primeros modelos 5G en 2019. Entre los operadores aliados se encuentran AT&T, BT, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Deutsche Telekom, KDDI, KT, LG Uplus, NTT Docomo, Orange, Singtel SK Telecom, Sprint, Telstra, TIM, Verizon y Vodafone. En la parte de los socios fabricantes están Asus, Fujitsu, HMD, HTC, LG, Oppo, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi y ZTE, por mencionar algunos.

Qualcomm y Nokia también han realizado en conjunto pruebas de interoperabilidad de la interfaz 5G NR (New Radio) para que empresas como BT-EE, Deutsche Telekom, Elisa, KT, LG Uplus, NTT Docomo, Optus, SKT, Telia y Vodafone comiencen su despliegue de red 5G para pruebas a gran escala y despliegues comerciales en 2019.

¿América Latina rezagada?

Los dos casos anteriores fueron retomados por una particularidad: que, al menos con Qualcomm, no se mencionó a ningún operador de América Latina como socio. Tal pareciera que la región sólo es espectadora de la guerra mundial 5G y hace poco por hacerse de armamento e intervenir.

América Móvil anunció la implementación de la red 4.5G en México para finales de 2017, y dijo que 5G estaría en operación para 2020. En enero de 2018 la filial colombiana Claro firmó un acuerdo de colaboración con Nokia para trabajar en el desarrollo de la tecnología 5G, realizando las primeras pruebas bajo un permiso otorgado por el Ministerio TIC al fabricante finés, pero sin anunciar la fecha tentativa para contar con la nueva red en el país.

El operador Tigo-Une se atribuye la primicia en la realización de las primeras pruebas de 5G en Colombia junto con Huawei y la supervisión de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), al llevar a cabo la fase indoor a finales de 2017 y anunciando la fase outdoor a desarrollarse en el primer semestre de 2018.

En Argentina, Movistar (Telefónica) y Ericsson realizaron una prueba de laboratorio de 5G con espectro de 28 GHz a finales de 2017, considerada como la primera de América Latina. Allí, el vicepresidente de Ericsson para Sudamérica, Nicolás Brancoli, pidió al gobierno reglas claras para la asignación de espectro e inversiones en investigación y desarrollo.

Claro y Nokia también realizaron las primeras pruebas de 5G de Chile con apoyo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) pocos días antes de finalizar 2017. Por otra parte, Ericsson firmó un contrato con Entel para encargarse de preparar la evolución de la red hacia 5G, aunque no se dio a conocer cuándo se obtendrán resultados.

En Perú, Movistar también inició con pruebas de Gigabit Class LTE en colaboración con Samsung, Ericsson y Qualcomm, tecnología considerada por la compañía como la antesala para la llegada de 5G al país.

El gobierno de Brasil realizó en septiembre de 2017 la primera transmisión de Internet 5G con tecnología nacional al hacer una breve teleconferencia entre dos bloques de la Explanada de los Ministerios en Brasilia. Durante el evento Futurecom 2017, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) presentó un estudio que demuestra la posibilidad técnica para hacer uso de la banda de 26 GHz para los servicios de 5G. El país también firmó un acuerdo de cooperación con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y China para el desarrollo de 5G. No obstante, ningún operador ha anunciado la ejecución de ensayos de la tecnología en los últimos meses.

Un artículo de Luigi Gambardella y Alfredo Valladao para Mediatelecom Policy & Law señala que “en materia de 5G, Brasil se quedó atrás y los operadores de telecomunicaciones que están invirtiendo en 4G -ya con mucho retraso- no demuestran ninguna intención de realizar ahora nuevas inversiones en 5G, prefiriendo la idea de hacer una simple actualización de 4G”. Este caso puede que se esté replicando en los demás países de la región.

Los operadores extranjeros dan preferencia al desarrollo de 5G en sus respectivos países, dejando en segundo plano a sus filiales, por lo que los pronósticos de contar con redes 5G en 2020 podrían aplazarse aún más para regiones como América Latina, parte de Asia o de África donde cuentan con más operadores de otras naciones y con empresas nacionales que tienen en mente otros objetivos antes que buscar el liderazgo en 5G.

Los operadores de América Latina están a la expectativa de las investigaciones, el desarrollo de 5G, las inversiones y los despliegues comerciales iniciales en las regiones de Estados Unidos, Europa y Asia, lo cual evidencia su dependencia tecnológica respecto de esas regiones. Otro síntoma de la cautela en América Latina tiene que ver con los reguladores de telecomunicaciones, los cuales no han diseñado planes o estrategias para la liberación del espectro radioeléctrico necesario para 5G, también a la espera de la decisión que tome la UIT al respecto y las iniciativas en otros países.

Incluso en el continente africano también se llevan a cabo pruebas. El proveedor de telecomunicaciones MTN se unió con Ericsson para realizar la primera prueba de tecnología y aplicaciones 5G en Sudáfrica en enero de 2018. Comsol también realizó su primer ensayo en Sudáfrica en asociación con proveedores de servicios de Internet. Además, Vodacom y Nokia se asociaron en noviembre de 2017 para realizar una prueba de Internet de alta velocidad 5G en el país.

Otro factor de riesgo a considerar es la política y la regulación, pues el cambio de gobierno en varios países implica modificaciones en los objetivos del desarrollo tecnológico de cada nación, además de que las reglas para regular el espectro llegan a generar inconformidades entre los interesados. Ambos casos provocan retrasos en los avances hacia la tecnología de próxima generación. Lo cierto es que 5G está a la vista y en la conflagración mundial las regiones de Asia, Europa y Estados Unidos se están armando para enfrentar la nueva guerra mundial 5G, mientras que América Latina se limita a mirar cómo otros otros ejércitos comienzan a tomar posiciones estratégicas en lo más elevado de las tecnologías móviles avanzadas.

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ANÁLISIS

Presupuesto del IFT: la política falló

Jorge Bravo

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá que conformarse con un presupuesto de 1,500 millones de pesos de los 1,780 millones que solicitó a la Secretaría de Hacienda, después de que la Cámara de Diputados le recortara de forma inopinada 280 millones. Menos proyectos o menos personal o ambos podría ser una triste realidad para el IFT en 2019. ¿Por qué ocurrió?

Elaborar un presupuesto es tarea de expertos pero defenderlo es un asunto político. Lo fue para cientos de alcaldes que estuvieron formados en San Lázaro para entregar en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las solicitudes de dinerito para sus municipios. Lo fue para el rector de la UNAM que mostró un músculo político de más de 350 mil estudiantes y 40 mil académicos y lo es para cualquier persona. Todos en alguna ocasión debemos ponernos la cachucha de vendedor y persuadir al “dueño del dinero” del presupuesto que creemos merecer con los mejores argumentos. Pero el IFT no lo hizo correctamente.

He escuchado a varios ex funcionarios públicos repetir el mismo mantra: “¿quieres 50 pesos? ¡pide 100!”. Eso hacemos todos, sabiendo que existe un margen de negociación. Es fácil decirlo pero también intentarlo si se presentan los proyectos. ¿Por qué el IFT sólo solicitó 1,780 millones en lugar de los 1,998 millones de 2018 o incluso más? No es un tema de austeridad o recortes de privilegios sino de falta de visión y desconocimiento de lo que realmente debe hacer la institución, que no es sólo promover la competencia.

El miércoles 5 de diciembre compareció el IFT ante diputados de la Comisión de Radio y Television respecto del presupuesto de egresos de la federación 2019. Acudió, acompañado de otros funcionarios del IFT, Mario Fócil, titular de la Unidad de Administración del IFT. Fócil disculpó a Gabriel Contreras, comisionado Presidente del IFT, quien no pudo acudir con los diputados porque tenía una sesión del Pleno. Todo lo que escribo se puede verificar aquí: https://goo.gl/x6W1Ux.

Señora y señores comisionados: ¿no podían posponer su sesión del Pleno ante un tema tan relevante como el presupuesto de la institución de donde obtienen sus salarios e ir todos a defenderlo? Es conocida la animadversión de AMLO por los organismos autónomos. Ha dicho que “agrandaron el gobierno” y que son “supuestamente organos autónomos con muy buenos sueldos para los altos funcionarios públicos y mucho derroche”.

Ingresé al sitio del IFT para saber qué asunto había sido tan importante como para que el Comisionado Presidente no acudiera en persona a defender el presupuesto, pero las sesiones del Pleno están actualizadas hasta el 16 de noviembre. ¿Es relevante? Sin duda: Contreras no sólo es el Presidente del IFT, sino que rodeado de seis comisionados técnicos-expertos, él es el comisionado político.

Mario Fócil presentó el proyecto de presupuesto del IFT ante la Comisión de Radio y TV. Su estrategia se centró en cuatro ejes, a la postre fallidos: beneficios de la reforma (por desgracia, ningún diputado se inmutó); especialización (es importante, pero no lo fue para ningún diputado); criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público (no logró tocar el corazón de una comisión y “cena de negros” que de 29 diputados 15 son de Morena) y recaudación para las arcas de la federación de ingresos provenientes de las licitaciones de espectro (esta parte fue cuestionada por diputados con notable desconocimiento en la materia pero lengua afilada).

La especialización (uno de los principios que fundamenta la creación de un organismo constitucional autónomo) fue utilizada por el titular de la Unidad de Administración para justificar por qué “sólo 16 funcionarios del IFT” debían ganar más que el presidente López Obrador.

El argumento de la recaudación fue desastroso para el IFT. Como los diputados no son expertos pero sí grillos, supieron destruir ese argumento. Fócil reseñó que de 2013 a agosto de 2018 el IFT había recaudado “por derechos y  otros conceptos” 70,716.48 millones de pesos, mientras que el costo de operación del instituto había sido de 9,978 millones, “es decir, sólo 14.1 por ciento”. E insistió: “por cada peso que le han asignado al IFT el instituto ha generado siete pesos al Estado mexicano”.

El argumento recaudatorio fue tan débil, perjudicial y amenazante al mismo tiempo que se convirtió en un búmeran directamente al rosto del IFT. Es como suponer que el mérito de la UNAM, de la CNDH o del INE es recaudatorio y no social o democrático. El IFT incurrió en una terrible confusión de sí mismo y en una pésima estrategia suplicante: “no seas malo, merezco mi presupuesto porque te genero muchos ingresos… y puedo seguir generándolos”. El diputado de Morena, Luis Javier Alegre (que en todo momento se refirió al instituto como “la Ifetel” (sic)), supo dinamitar el argumento y no dejó de repetir que “la Ifetel debería ser un órgano regulador y no recaudador”, algo que la industria y no pocos analistas comparten.

Ante las adversidades que ya se preveían para el presupuesto del IFT como órgano autónomo non grato para el morenismo, todo indica que no hubo una estrategia por parte del instituto, fue fallida y tampoco ocurrió un cabildeo político para defender la pertinencia del presupuesto. Enrique Peña Nieto le facilitó al IFT un buen presupuesto porque fue una institución creada durante su administración, pero era obvio que ese estado de confort cambiaría con un gobierno abiertamente hostil con los organismos autónomos y sus autoridades… y todavía no somos testigos de los atentados directos a su autonomía.

Cuando ya se había dictaminado el presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se decidió recortar 180 millones al IFT, el instituto emitió un comunicado dominical diciendo que la disminución “pone en grave riesgo el cumplimiento de las atribuciones y proyectos sustantivos para 2019”. Se refirió a sus competencias en el artículo 28 constitucional e hizo un respetuoso pero sobre todo tibio llamado a “reconsiderar la propuesta de presupuesto presentada por el IFT”.

Ingresé al sitio del IFT para conocer esos “proyectos sustantivos para 2019” y descubrí que el IFT no ha hecho público su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019. Verifiqué y el PAT 2018 fue aprobado por el Pleno hasta febrero de 2018. Hubiera sido un punto a favor del IFT en la discusión del presupuesto conocer al menos un avance del PAT 2019, pero no se les ocurrió.

Independientemente de ello, no escuché a los funcionarios del IFT durante su comparecencia hablar de inclusión digital, de conectar a más mexicanos, de cerrar la brecha de conectividad o de género; no mencionaron la tutela que les corresponde del derecho fundamental de acceso a las TIC, incluida la banda ancha. ¿Es necesario aclararlo? A los legisladores de Morena (cuyo lema es “por el bien de todos, primero los pobres”) hay que hablarles con la voz del pueblo y los beneficios sociales de Internet. A falta de un político que negociara y argumentara a favor de la función social del IFT y la inversión pública que requiere para ello, los técnicos y abogados del instituto hicieron gala de su conocimiento de artículos, párrafos e incisos.

Como órgano autónomo el IFT es un poder del Estado en sí mismo porque su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), pero se le ha encargado en la Constitución una función estatal específica y especializada, no limitada al artículo 28 de la Carta Magna (competencia económica), sino también a los artículos segundo (pluriculturalismo), tercero (educación), sexto (derecho de acceso a las TIC) y séptimo (libertad de expresión) de la Constitución. Los derechos fundamentales no admiten austeridad y alguien tenía que recordárselo a los legisladores, pero para muchos funcionarios del IFT esa sigue siendo tierra ignota y además no creen en el derecho de acceso a las TIC con convicción.

Dice el respetuoso comunicado del IFT que el recorte afectará “promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”. Por ejemplo, el IFT carece de un programa para promover la radiodifusión pública, por demás ineficiente. Ante el recorte sistemático que sufren cada año los medios públicos, el IFT podría ayudar con algunos milloncitos para programas específicos que les permitan cumplir sus atribuciones legales y su función social como su digitalización o pleno acceso a tecnologías. Aún más: ¿qué programas tiene el IFT para contribuir al logro de los objetivos de la política de inclusión digital y cobertura universales? ¿El Programa Prioritario “Internet para todos” del nuevo gobierno de AMLO no era una buena oportunidad para diseñar un programa coadyuvante y pedir presupuesto adicional para ello? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le concede al IFT 63 atribuciones. Cada una de ellas admite programas y proyectos temporales y permanentes y oportunidades de solicitar presupuesto.

El IFT tiene un enorme poder legal no suficientemente explotado pero sobre todo una hermosa responsabilidad social y política: lograr que millones de mexicanos (incluidas mujeres, jóvenes, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad) accedan a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Esa labor es suficientemente ardua y ambiciosa para demandar el presupuesto necesario.

Llama la atención que algunos comisionados reconozcan esa importancia social justo después del tijeretazo de los diputados. El comisionado Javier Juárez comentó en Twitter: “Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios habilitadores de derechos y oportunidades para todos.” Comisionada María Elena Estavillo: “El presupuesto del IFT no es gasto, es inversión social.” Coincido: ¿por qué no fueron a demostrarlo a la Cámara de Diputados? Decía el destacado politólogo Guillermo O’Donnell: “los derechos hay que escribirlos en la ley porque es la única forma de defenderlos y exigirlos; (pero) todo derecho está amenazado y es reversible”.

Durante más de cinco años el IFT ha hecho política, pero el día que más se requería de los talentos de un comisionado político, ese día no se hizo lo suficiente para defender el presupuesto del IFT. Proponer al Pleno el anteproyecto de presupuesto para su aprobación y remitirlo a la Secretaría de Hacienda es una facultad indelegable del Presidente del IFT. Por cierto, el Estatuto Orgánico del IFT señala en su artículo 14 que “el Presidente ejercerá sus facultades directamente o mediante acuerdo delegatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación a través de los Titulares de Unidad”, como fue el caso de Mario Fócil ante la comisión en San Lazaro. Ingresé al DOF para buscar el acuerdo delegatorio y no lo encontré…

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ANÁLISIS

Megamulta de IFT a Telmex tuerce regulación y compromete inversiones

• La multa por 2,543 mdp es desproporcionada y afecta inversiones del operador
• La resolución afecta los objetivos y rentabilidad de la separación funcional
• La multa es infundada porque sobre el operador ya pesa la regulación asimétrica de preponderancia

Policy & Law

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Desenterrar expedientes

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) exhumó del cementerio regulatorio un procedimiento administrativo acusatorio de 2013 (previo a la reforma en materia de telecomunicaciones) contra Telmex y le impuso una multa desproporcionada de 2 mil 543 millones 936 mil 879.63 pesos (equivalente a 1% de sus ingresos de 2013) por haber incumplido la Condición 4.1 de su título de concesión sobre metas mínimas de calidad de servicio. Al regulador se le olvida que cualquier resolución que adopte su Pleno debe ceñirse a los derechos fundamentales y, en este caso, la multa atenta contra el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Regulación superada por la preponderancia

¿Cuál fue el pecado o la conducta imputada a Telmex?: el operador fijo no alcanzó el plazo de entrega para el servicio de arrendamiento de enlaces dedicados locales y de larga distancia.

Lo anterior deriva de un incumplimiento de la Resolución de Metas Mínimas 2011-2014, un instrumento regulatorio aprobado el 12 de julio de 2012 por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el cual carece de una metodología para, precisamente, ponderar el cumplimiento.

El tema es cuestionable por sí mismo por cuanto la reforma constitucional de 2013, la ley secundaria de 2014 y la declaratoria de preponderancia de 2013 (incluida la resolución de servicios mayoristas) modificaron las reglas del juego y le impusieron al grupo económico de América Móvil-Telmex-Telcel medidas regulatorias asimétricas exorbitantes, incluidas las ofertas mayoristas y la separación funcional de Telmex durante la revisión bienal de la efectividad de las medidas de preponderancia.

La resolución que tomó el Pleno del IFT de multar a Telmex el 12 de diciembre ocurre cuando el regulador posee amplias atribuciones para regular el sector vía la preponderancia, cuando la empresa está en proceso de separación de sus negocios mayoristas, cuando las empresas han perdido valor e ingresos en el mercado, cuando a la compañía se le impide y se le castiga por crecer por su carácter de preponderante y cuando se requiere más inversión en redes para cerrar la brecha digital y contribuir a la expansión de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, objetivo al cual el IFT no se ha sumado desde la aprobación de la reforma, fallando en su obligación constitucional.

Implicaciones

La megamulta tiene implicaciones directas en las finanzas de la empresa, el sector de telecomunicaciones y las metas de conectividad del país:

  1. La multa atenta contra cualquier principio de proporcionalidad, por lo que es desmesurada.
  2. La resolución le arrebata liquidez a la empresa cuando debe velar por la rentabilidad de las empresas mayoristas separadas funcionalmente.
  3. Pone en riesgo los derechos laborales de más de 60 mil empleados de Telmex, porque ninguna empresa está obligada a sostener una operación sin ingresos.
  4. La medida pone en riesgo las mismas obligaciones de cobertura social que tiene en exclusiva esa empresa por razones de su título de concesión, comprometiendo el derecho fundamental de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluida la banda ancha, para que más mexicanos tengan acceso a servicios de voz y datos.
  5. Cuando un nuevo gobierno tiene entre sus programas prioritarios ofrecer Internet para todos, la megamulta a Telmex llega para afectar directamente la futura política pública de inclusión digital, en lugar de coadyuvar al cumplimiento de la misma, como señala la Constitución.
  6. La multa castiga no sólo a Telmex sino al sector de telecomunicaciones en su conjunto porque estanca la inversión; la empresa optará entre pagar la multa o invertir.
  7. Al aprobar su resolución, el IFT retrasa un derecho fundamental como el acceso a las TIC, por cuanto impacta negativamente sobre las inversiones del operador.

Conclusión

Con esta resolución, el IFT se aleja de sus objetivos regulatorios, es decir, modular las conductas de los operadores no sólo para generar condiciones de competencia sino garantizar el acceso a los servicios.

La decisión es desproporcionada; ajena a cualquier racionalidad regulatoria; además de tardía, inoportuna; genera incertidumbre porque aplica una regulación superada por la declaratoria de preponderancia, aplicando retroactivamente una resolución que le afecta más a la empresa; secuestra la inversión del operador y compromete la viabilidad financiera de la separación funcional; además de que no habrá Internet para todos, como se comprometió el gobierno de la Cuarta Transformación.

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ANÁLISIS

Crisis institucional y errática definición de políticas públicas en telecomunicaciones en Chile

Pedro Huichalaf Roa

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Para nadie es un misterio que la industria de telecomunicaciones móviles pasa por una etapa de conflicto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile.

Apenas unos meses de asumido el gobierno de Sebastián Piñera y con la designación de la Ingeniera Comercial Pamela Gidi, dos hechos marcaron un antes y un después en cuanto a la estabilidad regulatoria del mercado de las telecomunicaciones.

Todo comenzó con una decisión administrativa de congelamiento de espectro de la banda de 3,500 MHz, inédita y absolutamente cuestionable sobre su fundamento, sin justificación real más que con una lógica de “estudio” de espectro para un futuro 5G, por un supuesto uso ineficiente de espectro, que generó inmediata reacción de la industria, con interposición de recursos de protección en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con denuncia de “lobby feroz” por parte de la autoridad, lo que llevó finalmente a una vuelta en “u” al revertirse la decisión, manteniendo espectro en operadores, generado las críticas de sectores que apoyaron inicialmente a la autoridad, perdiendo con ello credibilidad en las decisiones, toda vez que no se hizo cargo de su denuncia de uso ineficiente de espectro, ni menos se avanzó en “estudios” prometidos.

Por otro lado, una sentencia de la Corte Suprema respecto al concurso de la banda de 700 MHz, iniciado en el primer gobierno de Piñera, que ordenó finalmente a empresas a devolver parte del espectro en exceso de 60 MHz conforme a un criterio fijado en 2009.

Sin embargo, la Corte le dio opción a la Subtel para que realizara una consulta ante el Tribunal de la Libre Competencia para determinar si era necesario la existencia de un límite de espectro por empresa de telecomunicaciones.

Lo relevante de esta consulta no sólo se basa en un tema de libre competencia, sino también en la forma de gestionar el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público, es decir, de todos los chilenos.

Así, es la Subtel la que debería liderar este proceso para poder definir, por ejemplo, la forma como llegarán tecnologías como 5G, que prometen mejor velocidad de acceso, mayor cantidad de dispositivos móviles y OITs conectados, menor tasa de latencia y nuevas oportunidades de implementar tecnología en áreas productivas como minería, agricultura, educación, salud, entre otras.

Como antecedente, y para cumplir con esta tarea, previamente la autoridad regulatoria había ya solicitado la renuncia del Jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios, Gonzalo Doña (quien llegó con el actual gobierno) “por un tema de desempeño”, y había contratado a fines de agosto a Geraldine González, quien ya se había desempeñado como jefa de la misma división en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, específicamente entre los años 2011 y 2014. Al mismo tiempo, había contratado a dos especialistas externos para colaborar en estudios y planificación de uso de espectro.

Sin embargo, a tan sólo días de presentar por parte del gobierno el Plan Nacional de Espectro ante el Tribunal de la Libre Competencia, se generó una verdadera crisis institucional, puesto que la Jefa de Política Regulatoria, a meses de asumir, renunció y fue desvinculado el Jefe de Fiscalización de la Subsecretaría. Ambas jefaturas son fundamentales para la presentación, defensa ante el TDLC y ejecución del plan de espectro, como también en la definición de políticas públicas en telecomunicaciones. Al mismo tiempo se supo de la no continuación en apoyo de Subtel de uno de los especialistas externos previamente contratados.

Todos estos episodios demuestran la importancia de designación de autoridades competentes para una estabilidad en área tan sensible en la economía y calidad de vida de los chilenos. La ausencia de jefaturas técnicas y prevalencia de una autoridad política que carece de visión de mediano a largo plazo, hipoteca el desarrollo tecnológico del país.

Así, ante una industria expectante ante resoluciones finales, con inversiones congeladas, con una consulta ante el Tribunal de Libre Competencia débil, sin una posición firme por parte del gobierno sobre todo respecto a uso de espectro para tecnologías como 5G y con decisiones contradictorias, hacen ver a Chile como un país riesgoso en inversiones por falta de claridad en políticas de mediano a largo plazo. Se concreta, de esta forma, un mal pronóstico que habíamos visualizado tras la decisión de congelar el espectro y que habíamos escrito con anterioridad.

La solución pasa por claridad en toma de decisiones, cambios en la dirección de la subsecretaría con personal idóneo, un debate amplio respecto al futuro tecnológico del país, con mirada transversal y no sólo economista, una adecuación del uso de espectro que combine mayor competencia y despliegue de redes para todos los habitantes, no importando el lugar geográfico en que se encuentre pero, sobre todo, volver a tener confianza en la institución regulatoria.

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