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Separación funcional de Telmex

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La Razón – Roberto García Requena

Derivado de la revisión bianual que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al agente económico preponderante (AEP) de las telecomunicaciones, i.e. América Móvil, el regulador determinó, el pasado 27 de febrero, aprobar el esquema de separación funcional para Telmex.

En apego a las mejores prácticas internacionales, el órgano regulador del sector dio de plazo hasta el primer trimestre de 2020 para que dicha separación funcional ya esté ejecutada. Es importante señalar que no se trata de una separación estructural, es decir, no se está obligando a Telmex a desinvertir activos.

Los accionistas de América Móvil, la tenedora de Telmex, permanecen en los mismos términos y condiciones, antes y después de la separación funcional. De lo que se trata es de hacer una separación contable y de infraestructura por servicios, de tal suerte que la supervisión y monitoreo del regulador sea más fácil, al tiempo de generar mayor competencia en el mercado.

Reproduzco literal un párrafo del comunicado del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), a propósito de este tema:
“Se espera que la materialización efectiva de la separación funcional, que tiene como plazo máximo el primer trimestre del 2020, se traduzca en una reducción adicional hacia 2025 de entre 7 y 10 puntos porcentuales a la tendencia base de pérdida en la participación de mercado Telmex-Telnor que se observa en usuarios de servicios fijos (telefonía y banda ancha fija). Lo que implicaría que la participación conjunta de los operadores competidores podría ascender a nivel superior a 6 de cada 10 accesos fijos, revirtiendo el escenario de 4 de 10 (40.9%) que se registró durante el tercer trimestre de 2017”.

A pesar de que con la separación funcional se conservan todos y cada uno de los derechos laborales de los trabajadores de Telmex (dicho por la propia empresa), hay una fuerte resistencia por parte del sindicato para que se cumpla con lo ordenado por el IFT. El regulador tomó una buena decisión y no deberá ceder ante presiones de esta naturaleza.

La regulación tiene que ser ajena a la relación obrero-patronal que se tenga en la vida interna de cada ente privado.

En otro tema. Este pasado miércoles el IFT anunció la imposición de una sanción a América Móvil y Telcel por prácticas monopólicas relativas, por un monto de 96.8 millones de pesos. A decir del regulador, el AEP desplazó a otros agentes económicos del mercado relevante, al celebrar convenios de exclusividad con la empresa Blue Label México.
Caso interesante que se desarrolló entre el 2012 y 2014. Habrá que estudiarlo con detenimiento. Una palomita más al regulador.

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Inai: el IFT debe informar sobre intervención de comunicaciones en México

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El Economista  – José Soto Galindo

Durante cuatro semestres consecutivos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha incumplido con una norma diseñada por el propio instituto que le obliga a publicar en su sitio en internet los reportes que le entregan los operadores de telefonía sobre su colaboración con las autoridades de seguridad y justicia. Esos reportes generados por los operadores incluyen detalles de los requerimientos de información de las comunicaciones privadas de sus clientes, como la hora y el teléfono al que llamaron o la ubicación geográfica en tiempo real de un determinado aparato telefónico. Se trata de información con la que se pueden crear perfiles precisos sobre la vida privada de las personas y saber, por ejemplo, dónde pasan la noche o si salieron de la ciudad. En Europa fue anulada una colaboración con características similares por considerarse una injerencia grave en los derechos fundamentales. México es otra película, una donde la autoridad que diseña la norma es la primera en incumplirla.

Debido a la gran injerencia en los derechos fundamentales que representa la obligación de los operadores de telefonía de entregar datos sobre las comunicaciones privadas de sus clientes —protegidos por el artículo 16 constitucional sobre el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas—, el uso de esta herramienta de colaboración debe realizarse con la máxima pulcritud posible, desde la mayor transparencia sobre los requerimientos realizados hasta el mayor escrutinio sobre el cumplimiento de la norma. Cuando la propia autoridad responsable de dar seguimiento a la colaboración obligatoria de los operadores es la que falla, queda claro que los ciudadanos nos encontramos ante una total ausencia del estado de derecho.

En ese contexto de vulneración propio de un Estado autoritario, cualquier avance en la protección ciudadana hay que celebrarlo por lo que implica para la defensa de la libertad y de los derechos a la vida privada y la protección de datos personales. Aquí un caso reciente: el 11 de mayo pasado, el Inai resolvió por unanimidad que el IFT debe realizar una búsqueda exhaustiva en su sitio en internet de los reportes semestrales de los operadores de telecomunicaciones y, si no los ha hecho públicos como ordenan los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia emitidos por el propio IFT el 2 de diciembre de 2015, hacerlos públicos en un plazo no mayor a 10 días hábiles. El plazo comienza a correr este lunes 21 de mayo.

En un primer momento, el IFT aseguró que no cuenta con esos reportes, pues no está obligado a generarlos y, mucho menos, a publicarlos en su sitio en internet. Lo que es falso: el IFT sí los tiene pues los ha entregado en respuesta a distintas solicitudes de acceso a la información (SAI 0912100063616, de agosto de 2016; 0912100015817, de febrero de 2017; 0912100042617, de mayo de 2017; 0912100060017, de agosto de 2017; 0912100003618, de enero de 2018; 0912100006118, de febrero de 2018, y 0912100012118, de marzo de 2018) y el lineamiento Décimo Octavo emitido por el propio IFT le obliga a hacerlos públicos en su sitio en internet. A través de esas solicitudes de información sabemos que en 2017 se hicieron 75,978 requerimientos sobre las comunicaciones privadas de los suscriptores de telefonía y que 16,993 de esas solicitudes fueron realizadas por autoridades no identificadas; que la Fiscalía del Estado de México hizo 5,642 solicitudes y la Procuraduría de la Ciudad de México, 5,322 requerimientos; que la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas y las fiscalías o procuradurías de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz realizaron solicitudes sin haber designado a un responsable de gestionarlas, como dicta la norma. Sabemos, pues, que las comunicaciones privadas se intervienen sin control en México.

El caso llegó al Inai, con el expediente RRA 2195/18. La resolución a favor del ciudadano que solicitó la información fue notificada a las partes el viernes pasado. “El Instituto Federal de Telecomunicaciones sí cuenta con obligaciones para contar con lo requerido y se tienen los elementos de convicción suficientes que permiten suponer que ello puede obrar en sus archivos”, dice la resolución diseñada por el comisionado Joel Salas Suárez y aprobada por unanimidad por el pleno del órgano garante de la transparencia en México.

Si debemos asumir que en México se seguirá utilizando esta herramienta de colaboración, que vulnera los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de datos personales, por lo menos tenemos que exigir que se realice con plena transparencia y cumplimiento de las normas.

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Los infiltrados del SPEI

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El Universal – Desbalance

Nos cuentan que cada vez toma mayor fuerza la hipótesis de que la puerta al ciberataque a la conexión al Sistema] de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, que gobierna Alejandro Díaz de León, se abrió desde el interior de las empresas proveedoras del servicio, los bancos e inclusive elmismo instituto central. Nos detallan que la explicación es muy sencilla: no existe un sistema similar en el mundo. Fue desarrollado para su operación en México y requirió de gente con alto conocimiento de la operación para facilitar el ataque. Nos comentan que hasta el momento la línea de investigación central es que se trata de una red de operación concentrada en México, pero no se descartan vínculos en el extranjero. Por el momento, ni las autoridades financieras, ni los propios bancos tienen certeza de que el ataque, cuyas pérdidas reconocidas suman 300 millones de pesos, haya concluido o siga perjudicando a otros más.

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La ciberseguridad, tema latente

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El uso de las tecnologías de la información cada día nos envuelve más y nos ha hecho dependientes de su uso, pero a veces se emplean para fines ilícitos, por ejemplo, el reciente ciberataque al sistema de transacciones electrónicas —calificado como un “hecho sin precedente” por nuestro banco central— debe tomarse en consideración ante la proximidad de la elección, ya que la percepción es que ninguna institución ni empresa es invulnerable.

Por lo anterior, es necesario revisar los protocolos de prevención y, en su caso, de corrección ante una amenaza cibernética, no solo por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

La materia comicial, sin duda, representa retos y riesgos que se deben atajar. Han sido tema de análisis reciente la utilización de un teléfono móvil o tableta para recabar apoyos a los candidatos independientes, lo que generó un debate no solo en cuanto a su eficacia, sino en la legitimidad del apoyo ciudadano, y el uso tendencioso de publicidad electoral e información dirigida en redes sociales (caso Cambridge Analytica y Facebook).

Tan solo como dato, en Estados Unidos después del escándalo de injerencia rusa en sus elecciones prevén destinar un gasto de 380 millones de dólares para garantizar su seguridad electoral.

Ante las suspicacias y desconfianzas típicas de nuestro sistema electoral, ya el INE ha manifestado que el PREP se encuentra blindado y es un sistema desarrollado por la institución y auditado por la UNAM. Así, la ciberseguridad se ubicó como un tema latente por el riesgo e implicaciones que puede causar si no se le da importancia.

Interferencias

En un contexto electoral crispado en el que se sobrevalora la información generada en redes sociales, ha sido un acierto el regreso del programa Tercer grado de Televisa, que ha ofrecido al electorado información valiosa sobre los candidatos a la Presidencia, así como la primicia sobre la renuncia de la candidata independiente Margarita Zavala.

Este programa refrenda la trascendente función social de la televisión abierta como una plataforma de información y comunicación para la población, lo que refleja la madurez y permanencia de los contenidos noticiosos y de opinión en el gusto de las audiencias. De acuerdo a la empresa de medición Nielsen-Ibope, Tercer grado ha sido el que mayor nivel de audiencia ha tenido en sus cinco emisiones, en comparación a otras similares, además de tener resonancia en las propias redes sociales. Así, la televisión abierta sigue marcando el paso.

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