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¿Por qué los telefonistas no corren peligro?

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Una de las decisiones más importantes que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debía tomar era hacer efectiva la separación funcional de Telmex-Telnor con respeto absoluto a los derechos de los trabajadores.

Lo anterior cobra relevancia porque en semanas recientes, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) ha informado a la opinión pública que los puestos de sus agremiados se encuentran en peligro debido a esta orden de las autoridades de ordenar una separación funcional que sentará las bases para un entorno de competencia efectiva, pues Telmex y Telnor tendrán que otorgar un trato no discriminatorio a las compañías competidoras que necesiten terminar llamadas o transportar señales en su infraestructura.

Como usted recuerda, el 27 de febrero, el IFT aprobó el plan definitivo para la separación funcional de Telmex-Telnor, medida derivada de la revisión bienal de las medidas de preponderancia impuestas a esas empresas. Con esta decisión, el IFT busca dar un paso decisivo para reducir la casi nula provisión de servicios mayoristas hacia terceros por parte del Agente Económico Preponderante (AEP) Telmex – Telnor.

Entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México registra un índice de penetración de 13.5 conexiones fijas a internet por cien habitantes, último lugar entre los 35 países miembros de dicha organización.

La decisión del IFT, se espera, detonará competencia en el sector de infraestructura, protegerá la posición del AEP en la provisión de servicios minoristas, además de facilitar el monitoreo y supervisión de las medidas impuestas por el IFT.

A diferencia de la separación de Bell Atlantic ordenada hace algunas décadas en Estados Unidos, América Móvil seguirá siendo la dueña tanto de Telmex – Telnor como de las empresas que prestarán los servicios mayoristas. Una separación funcional eficiente no debería afectar ni a los trabajadores ni a los accionistas de América Móvil, la controladora de Telmex. Sin embargo, el sindicato que encabezan líderes como Francisco Hernández Juárez asegura que el próximo 25 de abril emplazarán a huelga porque las medidas que orden el IFT representarían la reducción de sus prestaciones. El sindicato de telefonistas, sin embargo, ha vivido durante los últimos diez años una transición parecida. Trabajadores sindicalizados de Telmex nos confirmaron que el plan de retiro voluntario de la empresa ha estado abierto con el propósito de reducir el pasivo laboral pero también para facilitar la transición a nuevas compañías que se encargan, por ejemplo, de áreas como la introducción de fibra óptica y que recontratan a los trabajadores de la telefónica que fuero previamente liquidados. Así que Telmex y su filial Telinor ya han tenido su separación funcional interna. Es sólo un dato frente a la presión que está ejerciendo el Sindicato de Telefonistas.

Ahora, se espera que la materialización efectiva de la separación funcional, que tiene como plazo máximo el primer trimestre de 2020, se traduzca en una reducción adicional hacia 2025 de entre 7 y 10 puntos porcentuales a la tendencia base de pérdida en la participación de mercado de Telmex-Telnor que se observa en usuarios de servicios fijos (telefonía y banda ancha fija). Esta situación implicaría que la participación conjunta de los operadores competidores podría ascender a nivel superior a 6 de cada 10 accesos fijos, revirtiendo el escenario de 4 de 10 (40.9%) que se registró durante el tercer trimestre de 2017, según IDET

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Ciberseguridad nacional

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Excélsior – Rodrigo Pérez Alonso

Anivel mundial, de acuerdo con algunos estimados, representa 445 mil mdd al año en afectaciones. Su crecimiento es masivo en los sistemas financieros más sofisticados del mundo y genera ganancias fáciles a los criminales.

El cibercrimen, los delitos que afectan las redes de telecomunicaciones e internet, de acuerdo con McAfee, crecen alrededor del 30% cada año. Conforme adoptamos más estándares tecnológicos en múltiples industrias, mayor es la probabilidad de ataques e infiltraciones de personas no autorizadas en los sistemas.

Todo ello viene a colación por el reciente ataque que sufrió el sistema del SPEI del Banco de México y bancos como Banorte. En un acto inusitado, cibercriminales robaron 300 mdp mediante la intervención de los sistemas que conectan al banco central con SPEI. Adicional a ello, aunque no ha sido informado ni difundido públicamente, se menciona en círculos financieros que hubo un robo significativo de datos de tarjetas de débito.

En Estados Unidos y Europa las autoridades consideran a este tipo de ataques como un riesgo a la seguridad nacional. Las leyes en estos países son claras para sancionar conductas ilícitas para generar perjuicios a sistemas de terceros. A su vez, existen sistemas policiacos y de investigación bien articulados que funcionan eficientemente.

En un reciente artículo de The New York Times (https://nyti.ms/2wZ59lT) se describe cómo los bancos en EU están operando, cada vez más, como centros de crisis de ciberseguridad operados por exmilitares especializados en el manejo de crisis. El tema de ciberseguridad ocupa para los bancos una preocupación por encima de la regulación y la economía de EU. En el pasado, empresas como Target, Home Depot, la administración de seguridad social del gobierno federal y otras dependencias han sido objeto de ataques que dejaron pérdidas millonarias.

Sin embargo, la realidad en México es que estamos poco preparados. Los ataques que han sufrido portales de internet de instituciones públicas y privadas en el pasado, y ahora el robo de grandes cantidades de dinero del SPEI, son una clara advertencia de los riesgos que significa para la seguridad nacional este tipo de actividades. La legislación penal de nuestro país, el Código Penal Federal, no establece en forma clara una tipificación de conductas que penalicen la utilización de estas herramientas para afectar derechos de terceros.

En un documento publicado por el Wilson Center Mexico Institute (https://bit.ly/2IDP8ao), se habla de que México es el segundo país en materia de ciberataques, con un crecimiento, año con año, del 40 por ciento. En el pasado se habló en México, a través de la Oficina de Estrategia Digital del gobierno federal, de la necesidad de una agenda de ciberseguridad. Sin embargo, como la mayor parte de las iniciativas que salieron de esa oficina, el programa se quedó en buenos deseos.

La pregunta sobre ciberseguridad siempre fue sobre cuándo se daría un ataque de esta naturaleza, no si se daría.

¿Es momento de implementar una estrategia efectiva de ciberseguridad nacional? Es una buena pregunta para el siguiente gobierno.

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Telefónica y Telcel, el desencuentro

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Excélsior – José Yuste

En medio de las contiendas presidenciales, surgen las compañías que buscan posicionar en las agendas de los candidatos los temas de la industria. Es el caso de las empresas de telecomunicaciones.

Ya habíamos escuchado las fuertes quejas de Telefónica sobre Telcel, y que sigue manteniendo una gran concentración a pesar de tener la regulación como agente predominante. Lo interesante es que ahora Telcel utilizó las redes sociales para una contestación inmediata: “Les está faltando inversión, eficiencia y talento, ya que en otros países sí ganan y mucho”, les contestó Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil, la controladora de Telcel.

TELEFÓNICA: NO PODEMOS TRANSITAR A 5G

Muy temprano vimos a Miguel Calderón, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Telefónica México, irse con todo en contra de Telcel, recordando el ambiente previo a la Reforma de Telecomunicaciones. Para el directivo de Telefónica se siguen teniendo altos niveles de concentración en telefonía móvil, es decir, Telcel sigue siendo muy grande y va contra la competencia efectiva, en particular para poder desarrollar las nuevas redes de telecomunicaciones donde vienen los servicios de valor agregado, como son los de 5G.

“Hay unos que pierden dinero, y hay unos que ni ganamos ni perdemos, el único que gana dinero hoy en México es el preponderante”, recetó el directivo de Telefónica.

TELCEL: LES FALTA INVERTIR MÁS

Y como ya dijimos, de inmediato Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil, les contestó que Telefónica en otros mercados gana mucho, porque aquí les falta inversión, eficiencia y talento. Este tipo de declaraciones, abiertas, ya no las habíamos visto desde que se operó la Reforma de Telecomunicaciones, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es autónomo. Pero son tiempos de posicionamientos de agendas con los candidatos presidenciales. Para los de Telefónica, presididos por Paco Gil, sigue habiendo problemas para poder interconectarse con Telcel y para la compartición de infraestructura. Para Telcel, presidida por Carlos Slim y dirigida por Daniel Hajj, sigue habiendo falta de inversión por parte de Telefónica.

Quizá aquí nos esté faltando tener un poco más la voz del IFT, que como organismo autónomo se ha mantenido al margen de pronunciamientos en tiempos electorales.

El IFT ha llevado adelante la Reforma de Telecomunicaciones. Operó la regulación de predominancia sobre América Móvil-Telcel-Telmex. Está por la separación contable de Telmex. Pero para los de Telefónica, ello no ha sido suficiente y todavía no están dadas las condiciones para competir.

Y para los de Telcel, los de Telefónica siguen sin invertir. Esto nos deja en claro que todos están aprovechando el momento electoral para posicionar agendas, y lo cierto: El sector de telecomunicaciones sigue siendo muuuy aguerrido.

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Inai: el IFT debe informar sobre intervención de comunicaciones en México

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El Economista  – José Soto Galindo

Durante cuatro semestres consecutivos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha incumplido con una norma diseñada por el propio instituto que le obliga a publicar en su sitio en internet los reportes que le entregan los operadores de telefonía sobre su colaboración con las autoridades de seguridad y justicia. Esos reportes generados por los operadores incluyen detalles de los requerimientos de información de las comunicaciones privadas de sus clientes, como la hora y el teléfono al que llamaron o la ubicación geográfica en tiempo real de un determinado aparato telefónico. Se trata de información con la que se pueden crear perfiles precisos sobre la vida privada de las personas y saber, por ejemplo, dónde pasan la noche o si salieron de la ciudad. En Europa fue anulada una colaboración con características similares por considerarse una injerencia grave en los derechos fundamentales. México es otra película, una donde la autoridad que diseña la norma es la primera en incumplirla.

Debido a la gran injerencia en los derechos fundamentales que representa la obligación de los operadores de telefonía de entregar datos sobre las comunicaciones privadas de sus clientes —protegidos por el artículo 16 constitucional sobre el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas—, el uso de esta herramienta de colaboración debe realizarse con la máxima pulcritud posible, desde la mayor transparencia sobre los requerimientos realizados hasta el mayor escrutinio sobre el cumplimiento de la norma. Cuando la propia autoridad responsable de dar seguimiento a la colaboración obligatoria de los operadores es la que falla, queda claro que los ciudadanos nos encontramos ante una total ausencia del estado de derecho.

En ese contexto de vulneración propio de un Estado autoritario, cualquier avance en la protección ciudadana hay que celebrarlo por lo que implica para la defensa de la libertad y de los derechos a la vida privada y la protección de datos personales. Aquí un caso reciente: el 11 de mayo pasado, el Inai resolvió por unanimidad que el IFT debe realizar una búsqueda exhaustiva en su sitio en internet de los reportes semestrales de los operadores de telecomunicaciones y, si no los ha hecho públicos como ordenan los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia emitidos por el propio IFT el 2 de diciembre de 2015, hacerlos públicos en un plazo no mayor a 10 días hábiles. El plazo comienza a correr este lunes 21 de mayo.

En un primer momento, el IFT aseguró que no cuenta con esos reportes, pues no está obligado a generarlos y, mucho menos, a publicarlos en su sitio en internet. Lo que es falso: el IFT sí los tiene pues los ha entregado en respuesta a distintas solicitudes de acceso a la información (SAI 0912100063616, de agosto de 2016; 0912100015817, de febrero de 2017; 0912100042617, de mayo de 2017; 0912100060017, de agosto de 2017; 0912100003618, de enero de 2018; 0912100006118, de febrero de 2018, y 0912100012118, de marzo de 2018) y el lineamiento Décimo Octavo emitido por el propio IFT le obliga a hacerlos públicos en su sitio en internet. A través de esas solicitudes de información sabemos que en 2017 se hicieron 75,978 requerimientos sobre las comunicaciones privadas de los suscriptores de telefonía y que 16,993 de esas solicitudes fueron realizadas por autoridades no identificadas; que la Fiscalía del Estado de México hizo 5,642 solicitudes y la Procuraduría de la Ciudad de México, 5,322 requerimientos; que la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas y las fiscalías o procuradurías de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz realizaron solicitudes sin haber designado a un responsable de gestionarlas, como dicta la norma. Sabemos, pues, que las comunicaciones privadas se intervienen sin control en México.

El caso llegó al Inai, con el expediente RRA 2195/18. La resolución a favor del ciudadano que solicitó la información fue notificada a las partes el viernes pasado. “El Instituto Federal de Telecomunicaciones sí cuenta con obligaciones para contar con lo requerido y se tienen los elementos de convicción suficientes que permiten suponer que ello puede obrar en sus archivos”, dice la resolución diseñada por el comisionado Joel Salas Suárez y aprobada por unanimidad por el pleno del órgano garante de la transparencia en México.

Si debemos asumir que en México se seguirá utilizando esta herramienta de colaboración, que vulnera los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de datos personales, por lo menos tenemos que exigir que se realice con plena transparencia y cumplimiento de las normas.

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