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¿Por qué los telefonistas no corren peligro?

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La Crónica de Hoy – Claudia Villegas

Una de las decisiones más importantes que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debía tomar era hacer efectiva la separación funcional de Telmex-Telnor con respeto absoluto a los derechos de los trabajadores.

Lo anterior cobra relevancia porque en semanas recientes, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) ha informado a la opinión pública que los puestos de sus agremiados se encuentran en peligro debido a esta orden de las autoridades de ordenar una separación funcional que sentará las bases para un entorno de competencia efectiva, pues Telmex y Telnor tendrán que otorgar un trato no discriminatorio a las compañías competidoras que necesiten terminar llamadas o transportar señales en su infraestructura.

Como usted recuerda, el 27 de febrero, el IFT aprobó el plan definitivo para la separación funcional de Telmex-Telnor, medida derivada de la revisión bienal de las medidas de preponderancia impuestas a esas empresas. Con esta decisión, el IFT busca dar un paso decisivo para reducir la casi nula provisión de servicios mayoristas hacia terceros por parte del Agente Económico Preponderante (AEP) Telmex – Telnor.

Entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México registra un índice de penetración de 13.5 conexiones fijas a internet por cien habitantes, último lugar entre los 35 países miembros de dicha organización.

La decisión del IFT, se espera, detonará competencia en el sector de infraestructura, protegerá la posición del AEP en la provisión de servicios minoristas, además de facilitar el monitoreo y supervisión de las medidas impuestas por el IFT.

A diferencia de la separación de Bell Atlantic ordenada hace algunas décadas en Estados Unidos, América Móvil seguirá siendo la dueña tanto de Telmex – Telnor como de las empresas que prestarán los servicios mayoristas. Una separación funcional eficiente no debería afectar ni a los trabajadores ni a los accionistas de América Móvil, la controladora de Telmex. Sin embargo, el sindicato que encabezan líderes como Francisco Hernández Juárez asegura que el próximo 25 de abril emplazarán a huelga porque las medidas que orden el IFT representarían la reducción de sus prestaciones. El sindicato de telefonistas, sin embargo, ha vivido durante los últimos diez años una transición parecida. Trabajadores sindicalizados de Telmex nos confirmaron que el plan de retiro voluntario de la empresa ha estado abierto con el propósito de reducir el pasivo laboral pero también para facilitar la transición a nuevas compañías que se encargan, por ejemplo, de áreas como la introducción de fibra óptica y que recontratan a los trabajadores de la telefónica que fuero previamente liquidados. Así que Telmex y su filial Telinor ya han tenido su separación funcional interna. Es sólo un dato frente a la presión que está ejerciendo el Sindicato de Telefonistas.

Ahora, se espera que la materialización efectiva de la separación funcional, que tiene como plazo máximo el primer trimestre de 2020, se traduzca en una reducción adicional hacia 2025 de entre 7 y 10 puntos porcentuales a la tendencia base de pérdida en la participación de mercado de Telmex-Telnor que se observa en usuarios de servicios fijos (telefonía y banda ancha fija). Esta situación implicaría que la participación conjunta de los operadores competidores podría ascender a nivel superior a 6 de cada 10 accesos fijos, revirtiendo el escenario de 4 de 10 (40.9%) que se registró durante el tercer trimestre de 2017, según IDET

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COLUMNISTAS

Algunos apuntes para las telecom en el 2019

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El Economista – Ernesto Piedras

En un sector con la complejidad de operación como el de las telecomunicaciones, cobra particular importancia la responsabilidad del Estado de definir una estrategia de política pública y regulatoria. En este aún novel año, los principales campos identificables son los siguientes.

Para la conectividad

Desde la administración anterior, se puso en marcha el Programa México Conectado, hoy denominado “Internet para todos”; en ambos casos, su cometido principal es y sigue siendo dotar de conectividad en sitios públicos como escuelas, hospitales, parques y bibliotecas. Sin duda un paliativo a la incapacidad de que los individuos y los hogares cuenten con conectividad propietaria. En su denominación actual recibe el carácter de programa prioritario de gobierno, pero con una partida presupuestal de tan sólo 662.8 mdp, que se anticipa insuficiente para cumplir con el mandato constitucional de la conectividad.

Otro proyecto es la Red Troncal Nacional de Telecomunicaciones, que como en otros casos de despliegue y articulación de infraestructura, entra a un periodo de incertidumbre con el anuncio de replanteamiento de las bases para su licitación.

Importante también dar continuidad a las “Disposiciones de Acceso para Telecomunicaciones a la Infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional”, vigentes desde el 1 de enero del 2019, así como al programa de arrendamiento de inmuebles del Estado para el desarrollo de redes de telecomunicaciones.

A partir de estas acciones se dará acceso a recursos de infraestructura, como remedio normativo para eliminar un cuello de botella en la provisión de servicios de telecomunicaciones.

Administración del espectro radioeléctrico

Otro componente esencial radica en el espectro radioeléctrico, respecto al cual desde el año pasado IFT dio a conocer su “Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2019”.

Con el objetivo de hacer un uso eficiente del espectro radioeléctrico, detonar la competencia, la convergencia, la innovación, la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (radio y televisión) en beneficio de los usuarios finales, se prevé la asignación cierta de nuevas bandas de frecuencias. Entre estas 10 MHz en la banda 1710-1780/2110-2180 MHz y la adjudicación adicional de segmentos disponibles en la banda 2500-2690 MHz (Banda 2.5 GHz).

Instrumentos de competencia efectiva

Un elemento para fomentar más inversiones es la gestación de competencia efectiva.

Si bien se cuenta ya con una regulación asimétrica, como la aplicable en las tarifas de terminación de llamadas y la obligación de prestación de servicios mayoristas del operador preponderante (América Móvil), queda pendiente la separación funcional de su división mayorista y minorista.

En meses próximos deberá tener lugar el nuevo ejercicio de revisión bianual, en la que el regulador deberá constatar los avances en la implementación y cumplimiento de su cometido, o en su caso, profundizar en su diseño y aplicación.

Defensa ante embates de contrarreforma

Casi un lustro después de la determinación de la preponderancia en telecomunicaciones, la métrica de reducción del peso en el mercado de ese agente tan sólo se ha reducido 4.5 puntos porcentuales, al alcanzar una razón de 59.6%, de acuerdo con información del IFT al segundo trimestre del 2018.

En este sentido, el gobierno debe resistir los intentos persistentes del preponderante por echar atrás en tribunales la regulación asimétrica, de evitar la aplicación de medidas por la vía de presiones sindicales, de emplazamientos a huelga y bajo manifestaciones de subinversión en sus redes, así como para extender su dominio en mercados de contenidos audiovisuales.

Con todo, los principales indicadores del sector apuntan a un mayor dinamismo. Es importante que las acciones regulatorias y de política sectorial sigan acompañando ese desempeño tan necesario para el país.

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Influencers

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Reforma – Clara Luz Álvarez

“La verdad en publicidad es importante en todos los medios, ya sea que hayan estado por décadas (como televisión y revistas) o sean relativamente nuevos (como blogs y redes sociales)”, Federal Trade Commission (EUA).

La publicidad en línea adopta un sinfín de manifestaciones que ha merecido la atención de autoridades de diversos países como EUA y aquellos de la Unión Europea. El interés público es velar por la ausencia de engaño a la sociedad a través de la publicidad.

Normal. Es la publicidad lisa y llana realizada directamente por la empresa del producto/servicio que son los casos fáciles, pero no exentos de polémica. Para el caso de los motores de búsqueda como Google, las autoridades tuvieron que exigir que cuando se realizara una búsqueda y aparecieran resultados que fueran publicidad, entonces debe identificarse como anuncio. Pero, ¿cómo hacer con las menciones a productos o marcas por parte de influencers o aquella en publicidad nativa?

Influencers. Son aquellas personas que a través de redes sociales se han convertido en líderes de opinión de ciertos nichos como viajes, maquillaje, comedia, juguetes, etc. Los influencers pueden ser youtubers, bloggeros, usar Facebook, Instagram, etcétera. En México están por ejemplo Yuya, Luisito comunica, JuanPa, Mr. X y otros más que tienen varios millones de suscriptores como Yuya con 23 millones y Luisito comunica con casi 21 millones. Lo que digan o muestren los influencers -como su nombre lo indica- tiene influencia en sus audiencias.

¿Publicidad o no? Cuando Yuya dice que el shampoo Sedal deja su “pelito súper hidratado y ligerito” o cuando Berth Oh refiere a Megaconstrux y muestra ampliamente el producto, ¿se trata de publicidad? ¿Recibieron producto gratis o algún pago por esas menciones? Para la UE y EUA si recibieron producto gratis, algo de valor o un pago, entonces deben identificarlo de manera clara y precisa como #Anuncio, #Patrocinado, #InserciónPagada, etc. Además, esa referencia debe estar de manera evidente antes del típico botón de “Ver Más”, debe estar al inicio del video, etc.

Casos. Por considerar que se trató de publicidad disfrazada, un jurado en Italia condenó a un artista y a una empresa de autos por una publicación en Instagram donde el artista refería a uno de los autos como su favorito. De nada sirvió a la empresa de autos argumentar que el contrato con el artista no incluía esa publicación y que éste la había subido espontáneamente. En Alemania a partir de decisiones judiciales sobre publicidad en línea, han expedido unos lineamientos que hacen explícitas las obligaciones y restricciones en publicidad para los influencers. En EUA está el caso de Warner Bros sancionado porque los influencers contratados no habían incluido de manera “clara y notoria” que habían sido patrocinados (columna de 12.10.16).

La importancia de que se identifique publicidad quedó demostrada en un estudio de la Comisión Europea en la que se comprobó que los influencers fallan en revelar que reciben un pago o que son patrocinados, lo cual tiene como consecuencia que los consumidores estén mal informados y pueda considerarse como prácticas comerciales desleales.

Publicidad Nativa. Es la que parece como si fuera contenido producido por un usuario, pero que en realidad es publicidad. A pesar de que se incluyen etiquetas para revelar el contenido publicitario, el estudio de la Comisión Europea revela que como las etiquetas no llaman la atención de la audiencia y no son claras, de poco sirven.

¿Y en México? La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a cargo de Ricardo Sheffield es quien debe llevar la voz cantante en este tema, por sus amplias facultades en cuanto a publicidad. También la Cofepris lidereada por José Alonso Novelo tiene mucho por hacer en cuanto a publicidad en línea. Ambas autoridades deben expedir lineamientos o guías que orienten a las empresas y agencias de publicidad de lo que puede o no hacerse para darles certidumbre y beneficiará a los consumidores. Sin incluir la protección a la sociedad de la publicidad en línea, se estaría ignorando la realidad: las personas se informan de productos y servicios a través de internet y de quienes hoy son los comunicadores estrella.

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El IFT y su controversia

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La Silla Rota – Aleida Calleja

El pasado 10 de enero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió un comunicado público en el que informa que su Pleno aprobó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2019, por la reducción a su presupuesto aprobada en la Cámara de Diputados por la cantidad de 280 millones de pesos.

De acuerdo al comunicado oficial del regulador su propuesta inicial de su presupuesto a la Cámara baja ya incluía una reducción del 14.8 por ciento, por lo que con la reducción adicional impuesta “la disminución en los recursos presupuestales del Instituto es del 25% en términos nominales, en relación al monto aprobado el año pasado y del 37.5% en términos reales acumulado desde 2014”. Entre los argumentos que esgrimen para la controversia es que verán mermadas sus capacidades operativas para el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en beneficio del país, así como la afectación a la remuneración de los servidores públicos que ganarían más que el presidente de la República por contar con conocimientos especializados, tal como lo establece la constitución.

Habrá que ver como resuelve la Corte esta y otras controversias de organismos autónomos, sin embargo, en las redes se pudieron ver voces a favor y en contra de esta acción por parte del IFT, si bien se reconoce su atribución para defender sus facultades y autonomía, lo cierto es que las voces críticas reclamaron la falta de acción por parte de la institución para defenderlas en su momento con la Ley Federal en Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, y, posteriormente en el 2017 con la contrareforma que derogó parte de los derechos de las audiencias, en este último episodio, su presidente Gabriel Contreras, declaró que no harían acción alguna porque eran respetuosos de la división de poderes y era facultad del legislativo hacer los cambios a la ley, esta postura fue acompañada por el resto de los comisionados del Pleno, no así por la todavía comisionada Adriana Labardini y por la actual comisionada María Elena Estavillo, quienes en 2014 también impulsaron la posibilidad de defender las minadas facultades del IFT en materia de contenidos y derechos, sin éxito.

A la luz de los acontecimientos llama poderosamente la atención que cuando se trata de defender derechos el IFT ha preferido la inacción, mientras que cuando se trata de defender recursos económicos y privilegios entonces actúa. No estoy de acuerdo en minar a los organismos autónomos que tanto esfuerzo nos han costado como sociedad, pero también sostengo que es difícil defender las incongruencias de algunos de estos organismos como es el caso del instituto, que en más de una ocasión ha fallado en su mandato constitucional de hacer valer derechos como la libertad de expresión, el derecho a la información y la competencia económica, sobre este último punto baste recordar su polémica y reiterada determinación de no declarar a Televisa como Agente Económico con poder sustancial de mercado, lo que ha permitido una mayor concentración en los servicios de televisión de paga, además de un incremento en los costos a diferencia de otros servicios que han ido a la baja.

En la defensa de su presupuesto en la Cámara de Diputados, el IFT tampoco puso mucho esfuerzo, vale la pena revisar el imperdible artículo de Jorge Bravo, experto en los temas del sector, que describe la fallida estrategia del instituto al respecto[1], que tuvo entre uno de sus principales argumentos exponer que dada la alta recaudación del IFT al erario público era menester sostener su propuesta de presupuesto, a lo que el diputado de Morena, Luis Javier Alegre, reviró con el argumento de que “la Ifetel debería ser un órgano regulador y no recaudador”, terrible pero cierto.

El revés al IFT en su presupuesto puede ser una mala señal, pero también puede ser una buena oportunidad para revisarse, tanto en la eficacia de sus acciones y planes estratégicos, como también para ser un organismo más cercano a la sociedad, para ser más perceptivo a las demandas de los distintos actores a los que debe atender, varios de ellos con una notable carencia de poder ante actores regulados muy poderosos, ¿no cree usted?

[1] https://www.mediatelecom.com.mx/2018/12/28/presupuesto-del-ift-la-politica-fallo/

Agenda digital para el 2019

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