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AMÉRICA LATINA

Las reformas para reducir la brecha digital en la región

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El País 

El avance a pasos de gigante de la revolución digital ha estado ligado de manera íntima en los últimos años al desempeño económico de las naciones. Un trabajo reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó, por ejemplo, que un incremento del 10% en la penetración de servicios de banda ancha en América Latina generaría una suba promedio de 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un incremento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.

Otra investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea da cuenta de que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) brindaron arriba del 40% de los incrementos anuales de productividad en la Unión Europea (UE), y explican casi el 25% del aumento anual del PIB de la UE.

Un nuevo trabajo -“La gobernanza de las telecomunicaciones: Hacia la economía digital”, también del (BID)- pone el foco en cuál es la situación en América Latina y el Caribe (ALC) en relación a la brecha digital entre la región y las naciones desarrolladas. También hace un análisis sobre la gobernanza de este tema en estos países y cuáles son las necesidades de reforma detectadas.

“Una buena gobernanza de las telecomunicaciones es esencial para alinear al máximo posible los intereses de los actores del sector privado con los del público y los de los consumidores para crear una economía digital que ayude a promover el desarrollo”, indica uno de los autores del trabajo, Joan Prats, según se detalla en un comunicado.

Si bien Uruguay presenta mejores números que sus pares de la región en la mayoría de las dimensiones consideradas, el informe señala qué pasos podría dar el país para mejorar. En esta línea, por un lado se señalan una serie de “limitantes” y, por otro, se sugieren posibles “reformas”.

Dentro de las primeras, se señala que el “marco legal no cuenta con una norma de protección al consumidor particular para los usuarios de servicios TIC, ni con una ley marco para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones”.

A su vez, se critica que “la Agenda Digital más reciente cubría el período 2011-15 pero no ha sido actualizada”. En tercer lugar, apunta que el “espectro radioeléctrico asignado representa tan solo el 20% de lo recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para el año 2015, y el 15% de lo recomendado por la UIT para el año 2020”.

¿Y por el lado de las posibles reformas? La primera sugerencia del informe es “modernizar” el marco normativo. “Elaborar un proyecto de ley que consagre los derechos de los usuarios de TIC así como los mecanismos para la efectividad de los mismos, y un proyecto de ley para el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones que contemple las mejores prácticas”, explica.

También pone arriba de la mesa la pertinencia de “diseñar y aprobar una estrategia para el desarrollo de la economía digital”, puesto que la participación en ésta “requiere del diseño de una estrategia que promueva la digitalización de los sectores de la economía, adoptando medidas que fomenten el uso y la adopción de las TIC por parte de las empresas”.

Finalmente, la tercera reforma sugerida tiene que ver con “acelerar la asignación de espectro radioeléctrico”. Esto porque “la baja cantidad de espectro radioeléctrico para las comunicaciones móviles exige aumentar la cantidad de espectro asignado para este fin, así como diseñar políticas encaminadas a garantizar la eficiencia en la administración de este recurso escaso”.

Cifras.

La penetración de banda ancha fija en la región es 10%, indica el trabajo basado en información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En la OCDE ese guarismo trepa a 28%.

Si se mira qué pasa con la banda ancha móvil, en tanto, el 30% de la población accede a ella, menos de la mitad del 72% que ostenta como promedio la OCDE.

En promedio el 44% de los hogares de ALC cuenta con acceso a internet, lejos del 81% de la OCDE. Uruguay, en este caso, se ubicó en 60%, superando así el promedio regional. La investigación del BID también detalla que en la región el 40% de la población de menores ingresos debería dedicar una cifra equivalente al 10% de sus ingresos del mes para obtener una suscripción de banda ancha fija básica, en comparación con 3% en los países de la OCDE. Uruguay -donde el promedio roza el de OCDE- fue el que tuvo el mejor desempeño de ALC.

¿Cómo está la región en tecnología 4G?

En América Latina y el Caribe solo el 27% de la población está cubierta por redes de cuarta generación de banda ancha móvil (conocida como 4G), indica el informe divulgado hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En comparación, en los países de la OCDE este guarismo asciende al 77%.

La investigación precisa que, en este terreno, en la región existen “niveles de desarrollo muy dispares”. El Cono Sur es, de hecho, la zona donde el 4G ha avanzado más: 36% de la población. En este sentido, Uruguay es uno de los países que mejor posicionado está. El año 2016 se ubicaba en la segunda posición regional -detrás de Chile- con 65% de su población cubierta por redes de este tipo.

El relevamiento también da cuenta de cuántas personas dicen haber usado internet en los últimos 12 meses. En América Latina y el Caribe el promedio se ubica en 54%, muy inferior al promedio de la OCDE de 77%. En esta dimensión el Cono Sur también aparece como el de mejor desempeño, con un promedio de 52%. Uruguay, por su parte, estuvo por encima de este guarismo, con casi el 70% de la población usuaria de internet.

Por otra parte, se hace hincapié en los “problemas de calidad” que tiene el acceso a internet en la región. La velocidad media de las conexiones fijas en estos países alcanzó los 4,64Mbps, indicó el estudio basado en datos de Akamai, un “proveedor de servicios de contenidos digitales en la nube”. En los países de la OCDE es 13,14 Mbps. En las conexiones móviles, en tanto, en la región la velocidad promedio es 3,87 Mbps, que se eleva a 10,84 Mbps en la OCDE.

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AMÉRICA LATINA

2018 cerrará con 313 millones de dispositivos IoT en América Latina

Dinorah Navarro

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El mercado de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) en América Latina terminará 2018 con 313 millones de dispositivos IoT conectados y aumentará a 995 millones de dispositivos para 2023, de acuerdo con cifras de la consultoría Frost & Sullivan durante un webinar de 5G Americas.

Crecerá a una tasa anual de 26.7 por ciento entre 2017 y 2023, indicó Ignacio Perrone, Gerente de Investigación ICT para América Latina de Frost & Sullivan.

El consultor mencionó que las empresas deben generar nuevas fuentes de ingresos con modelos de negocio innovadores para justificar la inversión en proyectos tecnológicos.

Recalcó las mayores amenazas para las empresas tecnológicas que no vienen de jugadores establecidos, sino de startups disruptivas del statu quo.

En América Latina existe una penetración móvil por encima de 100 por ciento, por lo que el crecimiento de líneas móviles se define por el crecimiento demográfico.

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AMÉRICA LATINA

Panamá tiene condiciones superiores en la región para funcionar como Hub Digital

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El Capital Financiero-Violeta Villar Liste

“Imagina la sociedad en la que quieres convertirte”. Es una frase que dicha por Dan Breznitz equivale a convertir la tecnología en aliado del desarrollo de los países.

Profesor y catedrático de Estudios de Innovación en la Universidad de Toronto(Canadá), es también experto en industrias basadas en la innovación rápida.

Ahora se encuentra en Panamá como consultor del proyecto Panamá Hub Digital, estrategia que aspira a definir el desarrollo del sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para los próximos diez años como parte de un esfuerzo público y privado.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (Capatec), lideran este proyecto, con el apoyo, entre otros, de Fundación Ciudad del Saber (CDS) y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Eli Faskha, presidente de Capatec, explicó que Breznitz es experto en determinar cómo el apoyo gubernamental afecta las industrias de tecnología en diferentes países.

De hecho, ha escrito varios libros comparando las experiencias de Singapur, Taiwan e Israel, entre otros países, cada uno con políticas y resultados distintos. Al respecto, en Panamá, a partir del diagnóstico, le corresponderá ofrecer recomendaciones.

El experto, quien también está evaluando los avances del país y se ha reunido con diferentes actores en esta materia, fue el expositor principal del último desayuno del año de  Capatec.

Explicó que diseñar una política de innovación debe considerar la realidad global cambiante, las características del mercado, habilidades y capacidades.De igual modo, es necesario comprender las fortalezas particulares.

Advirtió que los cambios no suceden de la noche a la mañana: el tiempo es un factor a considerar.

Al conversar con Capital Financiero, señaló que Panamá tiene varias condiciones para funcionar como Hub Digital: cuenta con una infraestructura apropiada y, aclaró, no es solo el Canal.

Dijo que ha estado en Argentina, Chile, Uruguay y Colombia y la infraestructura digital de Panamá es superior a la de estos países.

Otras fortalezas que destaca el especialista son los sistemas financiero y legal. “El capital humano es bastante bueno; como prioridad sería mejorarlo todavía más.

“Esa mejora no es solo en las capacidades técnicas o de ingeniería, sino en cómo vincular un negocio a la tecnología”.

Dan Breznitz

El catedrático considera que en este proceso el soporte del Gobierno resulta fundamental porque se requiere un tiempo para crecer.

Observa que las personas con capacidad de hacer un cambio en la industria de la tecnología pueden conseguir un trabajo bien pagado y cómodo y olvidarse del riesgo que esto supone.

Pero si se les ofrece estabilidad y soporte podrían acompañar estas grandes transformaciones que a futuro harán la diferencia.

Y la diferencia se llama innovación.

Breznitz explicó que estas empresas de tecnología derivan en empleos mejores pagados y mas competitivos que dan soporte a la economía y generan una comunidad que ayudará a crecer a quienes también apuesten por esta visión de futuro.

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AMÉRICA LATINA

Los principales reparos al proyecto de modernización TIC

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El Tiempo

El dato no lo discute nadie: Colombia tiene una penetración de internet del 61 por ciento, lo que según el MinTIC representa alrededor de 20 millones de nacionales sin acceso a la red. La ministra de esa cartera, Sylvia Constaín, señaló, en entrevista con EL TIEMPO, que sin un cambio de reglas tomará veinticinco años cerrar la brecha digital.

Pero el proyecto de ley 152 (PL152), que llegó al Congreso con mensaje de urgencia, ha despertado recelo entre quienes ven en él una concentración de poderes en el Gobierno, un marco exageradamente complaciente con los operadores privados, un riesgo para el futuro de la radio y la televisión pública y, sobre todo, un inexplicable afán por obtener su aprobación sin lo que consideran es el grado suficiente de deliberación.

“La conectividad es una prioridad para el Gobierno, para el país para todos los colombianos que no están conectados. Seguimos comprometidos con tener unas condiciones mejores, cada día que pasa es un día que no damos a los colombianos la posibilidad de tener mejores oportunidades de emprendimiento y equidad”, dijo la ministra a la salida del primer debate. En ese, como en cada escenario, ha repetido y repetido un lema que ya suena a mantra: “Este Gobierno quiere conectar al país y conectarlo bien”. 

El alto consejero para la Transformación Digital, Víctor Manuel Muñoz, ha descrito al proyecto de ley como nada menos que “fundamental” porque, dice, “permitirá reactivar la inversión en el sector y alcanzar cobertura en zonas en las que hoy no la hay”.

Es algo que celebran voces como la de Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), para quien este “es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia”.

Es un proyecto que va a generar un ánimo óptimo para que las inversiones lleguen a las áreas más remotas de Colombia

Los reparos al proyecto se centraron, al principio, en la idea de que de él emane un regulador convergente para el sector TIC que se encargaría de lo relacionado con la televisión, las telecomunicaciones, el internet y la radio. El rechazo no es tanto al concepto, que no es nuevo, ni exclusivo de Colombia, sino al hecho de que según lo planteado el máximo órgano rector de ese renglón, responsable entre otras cosas de sanciones y reglamentaciones, sería excesivamente cercano a la esfera de influencia del Ministerio y del Gobierno.

La propuesta inicial contemplaba cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años: dos elegidos directamente por el Presidente de la República; otros dos, mediante convocatoria pública; y uno en representación de los canales públicos de televisión. 

Pero la semana pasada se acordó un cambio que dejaría su composición así: un representante de los canales regionales, un representante del Presidente, dos personas escogidas por convocatoria pública y el Ministro TIC. 

La ministra Constaín ha elogiado el carácter técnico de la Comisión, en tanto que algunos sectores han criticado la falta de perfiles asociados a la producción de contenido o con experiencia en temas de derechos humanos.

Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, uno de los espacios más premiados de Señal Colombia y, de hecho, de la televisión colombiana, dijo: “Queremos un regulador convergente, pero uno que no esté anclado en el gobierno, que no esté compuesto solo por abogados, ingenieros, administradores y economistas, sino que sea un comité de regulación de gente que sepa sobre contenidos. Eso evidencia en qué se van a gastar la plata, están quitando dinero a contenidos para reforzar infraestructura”.

El proyecto también ha recibido cuestionamientos respecto a la posibilidad de que se disminuyan los recursos para la financiación de la televisión pública en el país. 
Rivas ha sido particularmente vocal en sus críticas por este aspecto. En charla con EL TIEMPO, dijo: “Lastimosamente, nos hemos acostumbrado a que en Colombia se legisla para los privados. Enarbolando una causa justa, que en este caso es la conectividad y el refuerzo de una infraestructura, se termina dando pie para que otras causas injustas se posicionen dentro de la legislación, que queden en papel y amparadas por los votos de los congresistas”.

“La cosa es que una internet sin independencia, sin neutralidad no es internet. Si el lobby viene desde Facebook, desde Google, desde Apple, desde las grandes empresas que están manejando capitales en internet, lo que estamos haciendo es arriesgar el futuro de la televisión comunitaria, de la radio digital, de los youtubers, de los creadores independientes de contenido, que no dependen de intermediarios”, agregó.

Yohai, por el contrario, cree que el proyecto “va a beneficiar la televisión pública fortaleciéndola y garantizándole recursos que hasta el momento jamás se le han garantizado para proteger ese patrimonio nacional que son los contenidos regionales”.

Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa

El senador Antanas Mockus le pidió a la Ministra, en una carta pública, que se dedique más tiempo para el debate de la iniciativa. “Un proyecto que no se discute rigurosamente y que no tiene la voz ciudadana, es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa”, adujo Mockus.

Es una inquietud que comparte el periodista Daniel Coronell, para quien preocupa que “el Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados en una decisión tan importante como esta”.

“Pienso que es un tema importante, pero que hay cosas que sí son prioritarias: la hambruna que padecen los niños en La Guajira, las condiciones de la inmigración venezolana… son cosas más importantes y urgentes y no reciben mensaje de urgencia. Estos trámites afanados, en donde quieren aprobarnos una ley a los trancazos mientras suenan los villancicos, buscan aprovechar la temporada de diciembre para que esto pase volando y calladito y no se vea qué es lo que está pasando”, indicó.

El Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar unas mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados

¿Beneficio a privados?

Pero los cuestionamientos más fuertes vienen de parte de quienes creen que el proyecto de ley favorece de manera descarada los intereses de actores privados como canales de televisión y cableoperadores. La ministra Constaín no ha ocultado que las nuevas reglas de juego buscan hacer atractiva la inversión de capitales privados, pero eso no ha evitado señalamientos por propuestas incluidas en el documento como la de renovar el plazo de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico hasta por 30 años. En un cambio acordado durante el debate, se rebajó esa cifra a 20 años. Constaín ha dicho que 20 o incluso 30 años no es un plazo largo “si se considera todo lo que falta por conectar”.

No lo cree así Coronell, para quien “se están buscando grandes rebajas en los costos de los grandes operadores, por ejemplo, de la televisión por cable, y esta es una norma con dedicatoria propia, para favorecer a Carlos Slim y sus intereses en Colombia”. 

Aclarando que habló a título personal y no en representación de ese canal, agregó: “Se están cambiando las condiciones de competencia en la televisión abierta, dándole a Caracol y RCN unas ventajas competitivas que en la práctica sacarían del ‘ring’ al Canal Uno”.

“Bajo las reglas actuales, Caracol y RCN están pagando un precio fijo por la concesión. Es el caso también del Canal Uno, que está pagando por una concesión de espacios y no de frecuencias”. Con la aprobación de la ley, añadió, “Caracol y RCN recibirían el doble del espacio de la concesión (20 años) y ya no se calcularía como un precio fijo, sino como un porcentaje de la publicidad. Entonces, si uno de los actores, que casualmente es el más débil, tiene que pagar un precio fijo y en menos tiempo, pues es mucho más difícil que pueda armar un esquema de negocio que le permita sobrevivir, cuando tiene a los más fuertes con ventajas por parte del Gobierno”, dijo. 

Al respecto, Rivas apuntó: “¿Qué papel cumple la televisión privada? Ellos quieren pagar menos plata. Si ganan menos, pagan menos, porque no hay una cuota fija sino un porcentaje. Un porcentaje que a nosotros nos parece justo y que es una pequeña parte del capital que ellos tienen y que sirven para que la televisión pública pueda seguir siendo una alternativa, complementaria a las otras que existen”.

La ministra Constaín no acepta que se trate de “ahorrarles” plata a empresas privadas. Para ella el PL152 se trata de un proyecto marco para todo un sector que apunta a modernizar el sector de la televisión como a otros sectores y es enfática en que “nadie está regalando absolutamente nada”.

El realizador concluyó: “No somos enemigos de la televisión privada. Nos conviene que le vaya bien para que podamos seguir haciendo lo que hacemos. (…) La conectividad es importante, eso está claro. Ya que están llevando cables a La Guajira, aprovechen y lleven comida, pues hay niños muriéndose de hambre. Hay cosas más urgentes y este, que es un tema importante, y que precisamente por lo importante no debería ser tratado con urgencia sino al contrario con una concertación más amplia. Obviamente la conectividad es buena, pero si no hay contenidos eso solo son cables y antenas. Y se van a gastar la plata en cables, antenas y satélites que no tienen nada que mostrar y nada que decir salvo lo que un organismo de regulación enclavado en el Gobierno quiera que se diga”.

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