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AMÉRICA LATINA

BID: Ley de telecomunicaciones en Nicaragua está desactualizada

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El nuevo Diario,  María José Martínez Rocha

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó y analizó los objetivos, pilares y reformas necesarias para la adopción y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo, además las brechas regulatorias del sector de telecomunicaciones, en el estudio “La Gobernanza de las Telecomunicaciones: Hacia la Economía Digital”.

En el caso de Nicaragua, el estudio del BID identifica tres limitantes, dos de ellas relacionadas con la legislación vigente: desfase en el marco legal que rige al sector; limitaciones en el marco regulatorio que dificultan la promoción de la competencia, asequibilidad, adopción y la calidad del servicio de banda ancha; y un déficit de banda ancha en zonas rurales.

En cuanto a la primera limitante identificada por el BID en Nicaragua, está la Ley 200 (Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, la cual fue creada en 1995 y desde entonces se han producido avances en materia de banda ancha, telefonía y televisión que quedan fuera de la legislación.

“No contiene principios para la promoción de Infraestructura y competencia en banda ancha, ni otorga a Telcor (Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos) el mandato de velar por su cumplimiento”, señala el BID en el estudio.

Para este caso el BID contempla una actualización de la Ley “basada en la evolución tecnológica de las últimas dos décadas y de las tendencias globales en este mercado (telecomunicaciones) para el desarrollo del sector en el corto y mediano plazo”.

Según el BID, la Ley 200 “no empodera” a Telcor (regulador) con el mandato para la promoción de infraestructura y competencia en banda ancha que “son claves para el desarrollo del sector”.

Para contrarrestar este efecto el BID considera oportuno desarrollar una legislación secundaria que contemple una regulación de “compartición de infraestructura, acceso abierto a redes de banda ancha, reglamentos de interconexión y regulación de las tarifas mayoristas de los operadores que cuenten con poder significativo de mercado en mercados relevantes”, reza el documento.

En las zonas rurales el acceso a Internet de banda ancha se ve limitado por la infraestructura vial, la baja densidad poblacional y el menor poder adquisitivo de la población de esas zonas. Debido a esto, “los operadores de banda ancha tienen escaso incentivo económico para desplegar infraestructura en ciertas zonas rurales y remotas”, explica el BID.

El Fondo de Servicio Universal para desplegar banda ancha es una herramienta muy utilizada para subsidiar proyectos de ampliación de infraestructura de banda ancha en zonas con baja o nula rentabilidad, usualmente proviene de tasas impuestas a los operadores de telecomunicaciones, precisa el BID.

En el caso de Nicaragua a este fondo se le conoce como Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (Fitel), que de acuerdo con el Reglamento de Administración y Financiamiento del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones (Fitel), se constituye con un capital mínimo del 20% de los ingresos brutos mensuales percibidos por Telcor, ya sea por: derechos, tasas, multas, recargos, expedición de certificados y licencias de técnicos; y explotación del espectro radioeléctrico y otros recursos escasos.

Para mejorar el acceso de banda ancha en las zonas rurales del país el BID considera oportuno el diseño en implementación de programas nacionales de despliegue de infraestructura de banda ancha que lleguen a zonas rurales.

Hasta 2016, el estudio indica que en Nicaragua entre el 15% y 20% de los hogares tenían acceso a Internet, esta misma proporción la tiene El Salvador. La tasa más alta en Centroamérica corresponde a Costa Rica con 60%, seguida por Panamá con más de 50%. Un 20% de los hogares guatemaltecos accede a Internet, mientras que en Honduras ronda entre el 20% y 25%.

– En las zonas rurales el acceso a Internet de banda ancha se ve limitado por la infraestructura vial. –

Brecha regulatoria

El BID analiza las diferencias en las regulaciones de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) de cada uno de los países de la región, en relación con la subregión a la que pertenecen (Centroamérica, el Caribe o Suramérica) y América Latina.

Estas diferencias las clasifica en tres: marco legal e institucional, regulación sobre desarrollo y acceso a la infraestructura; regulación sobre competencia y protección al consumidor y  políticas públicas para la economía digital. Dentro de estas categorías utiliza 17 indicadores, en lo que los países pueden estar “Retrasado en el cumplimiento, En proceso de cumplimiento y Cumplimiento o nivel avanzado de cumplimiento”.

De acuerdo con el análisis del BID, en ningún país de Centroamérica existe un ministerio/viceministerio especializado en políticas públicas de las TIC.

– Además plantea que Nicaragua y El Salvador comparten el reto de actualizar su plan nacional de banda ancha y su estrategia digital nacional. –

Además, Costa Rica no cuenta con una regulación de portabilidad numérica de un operador a otro, Honduras y Nicaragua experimentan igual desafío.

El Salvador no ha establecido o utilizado el Fondo de Servicio Universal para desplegar banda ancha. Al igual que Guatemala, Honduras y Nicaragua, no cuentan con una regulación para la compartición de infraestructura (uso de infraestructura disponible por los operadores).

Además plantea que Nicaragua y El Salvador comparten el reto de actualizar su plan nacional de banda ancha y su estrategia digital nacional.

Los retos guatemaltecos están relacionados con la regulación roaming nacional entre operadores móviles y protección de datos de usuarios de telecomunicaciones.

AMÉRICA LATINA

Gobierno quiere prohibir que se cruce la calle mirando el celular

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El Observador

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley con el objetivo de “disponer de un marco mínimo único de circulación para ciclistas y motociclistas” elaborado en conjunto por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), técnicos del Congreso de Intendentes y los ministerios del Interior, Industria y Transporte.

El gobierno advierte que entre los años 2011 y 2017 Uruguay redujo sus índices de siniestralidad, pasando de tener una tasa de mortalidad de 17 cada 100.000 habitantes a una de 13,5, pero que esta tasa “tuvo un leve aumento de 0,7 respecto a 2016 y en relación a los meses que han transcurrido del año 2018 se ha incrementado aún más, lo que alerta a seguir profundizando el trabajo en esta materia para sostener la reducción de la siniestralidad en el largo plazo”, según establece el proyecto.

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AMÉRICA LATINA

Liberty Latin America ahora es dueña del 100% de Liberty Puerto Rico

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El Nuevo Día 

Liberty Latin America (LLA) adquirió el 40% restante de Liberty Cablevision de Puerto Rico de los fondos afiliados a Searchlight Capital Partners, por lo que ahora la empresa es dueña del 100% de la compañía de televisión por cable de la isla. Se espera que la transacción, que se dio a cambio de 9,500,000 acciones de Clase C de Liberty Latin America, aumente la base de flujo de efectivo por acción para los accionistas de LLA.

Balan Nair, presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty Latin America, comentó ayer mediante comunicado de prensa: “Estamos contentos de anunciar esta transacción, la cual refleja nuestra confianza en nuestro equipo gerencial en Puerto Rico y afirma nuestro compromiso con Puerto Rico a medida que nuestro negocio ahí se recupera marcadamente luego de un periodo difícil para la isla.

A la misma vez, esto fortalece aún más nuestra relación con Searchlight y estoy ansioso de continuar trabajando junto a Eric como miembro de nuestra junta”.  Por su parte, Eric Zinterhofer, socio fundador de Searchlight, dijo: “Quiero darle las gracias al principal oficial ejecutivo Naji Khoury y al equipo completo en Liberty Puerto Rico por su dedicación en transformar la compañía de un operador de cable regional al proveedor de banda ancha, televisión por paga y servicios de voz en todo Puerto Rico. Estamos orgullosos del esfuerzo incansable del equipo y su liderazgo en la reconstrucción de la red de Liberty Puerto Rico luego de que el huracán María destruyó la isla. Nos sentimos privilegiados de haber sido socio de Liberty en Puerto Rico y esperamos ser accionistas de Liberty Latin America a largo plazo”.

No se informó si la adquisición tendrá algún impacto en las operaciones de la compañía de cable TV en Puerto Rico. En agosto pasado, Liberty Puerto Rico anunció que había restablecido el servicio más del 90% de sus clientes residenciales y al 100% de sus clientes de fibra óptica de entre negocios (B2B), luego de los estragos provocados por el ciclón.  Liberty Puerto Rico es ahora parte de Liberty Latin America, una compañía de telecomunicaciones con operaciones en sobre 20 países a través de América Latina y el Caribe bajo las marcas VTR, Flow, Liberty, Más Móvil, BTC y Cabletica.  Además, Liberty Latin America opera una red de fibra óptica submarina y terrestre que conecta sobre 40 mercados en la región.

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AMÉRICA LATINA

Cabify y Uber deciden no subir tarifas por alzas de las bencinas y dejan en aprietos a los taxis

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La Tercera – Emiliano Carrizo O.

En Cabify optaron por bajar las comisiones que le cobran a los conductores, de un 25% a 15%.


En los últimos días no ha habido muy buenas noticias para automovilistas ni tampoco para los usuarios del transporte público. Claro, porque las bencinas completaron la undécima alza consecutiva, mientras el Transantiago aplicó un nuevo aumento en la tarifa del pasaje.

Sin embrago, los servicios de transporte a través de aplicaciones móviles tienen buenas noticias para sus usuarios.

En Cabify, por ejemplo, no quisieron traspasar a sus usuarios el alza de la gasolina (que en algunas comunas del país ya supera los $ 1.000 por litro) y optaron por amortiguar el golpe bajando las comisiones que le cobran a los conductores de un 25% a 15%.

Consultados por Pulso, Uber también dijo que no han subido el precio de los viajes y que “en caso de que se aplique algún ajuste, las tarifas serán informadas previo a la solicitud del viaje”.

Dolor de cabeza para los taxis

Las medidas adoptadas por estas plataformas una vez más dejan mal parado a los taxis tradicionales, que no tienen mucho margen para amortiguar el alza de la bencina sin tener que subir el precio a los pasajeros.

El presidente de la Confederación Nacional de Taxis de Chile, Luis Campos, estimó que deberían aumentar su tarifa cerca de $10, pero admitió que si una medida así se concreta “sería imposible competir con Uber”.

En esa línea, el dirigente pidió que, además de una regularización a las aplicaciones móviles, haya un bono o subsidio a los taxistas para amortiguar las alza en los combustibles. Pero esto lo ven poco probable debido al discurso de austeridad de la actual administración.

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