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Ciberseguridad en las elecciones

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El Universal – Juan Ramón de la Fuente

A la seguridad informática, la que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y en particular a la información que circula a través de las diversas redes digitales, archivos, bases de datos, etcétera, se le conoce como ciberseguridad. Ante la perspectiva de que prácticamente todo en este mundo parece orientarse hacia un desarrollo digital, el tema ha dejado de ser sólo preocupación de los bancos y los mercados financieros. El ciberespacio ha incursionado en la política y tiene graves implicaciones éticas y legales que afectan nuestra vida individual y colectiva.

Hasta hace poco tiempo, yo era bastante escéptico sobre la injerencia extranjera en los procesos electorales de los regímenes democráticos. No así cuando se trataba de golpes de Estado, juntas militares, dictaduras o prolongación en el poder de regímenes autoritarios. Pero la creciente evidencia de la intervención rusa en el proceso electoral de los Estados Unidos ha cambiado mi percepción. El reciente escándalo protagonizado por Cambridge Analytica, quien obtuvo “legalmente” más de 87 millones de cuentas de Facebook, es una muestra clara de la dimensión que el asunto puede llegar a alcanzar.

Hace unos días, en el contexto de un foro que sobre el tema organizaron esta casa editorial, el Aspen Institute y la Fundación Miguel Alemán, tuve oportunidad de conversar con John Banghart, quien fuera Director de Ciberseguridad del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y tenía bajo su custodia la seguridad informática de la Casa Blanca con el presidente Obama. A él le correspondió informar que habían sido atacados por hackers rusos el Comité Nacional del Partido Demócrata, el Comité de Campaña del Congreso, así como a John Podesta, director de la campaña de Hillary Clinton.

La capacidad tecnológica en este campo ha experimentado avances insospechables hace apenas algunos meses. Los ataques por denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés) pueden llegar a paralizar cualquier sistema con correos basura e impedir que los usuarios legítimos tengan acceso al servicio. Esta técnica era tradicionalmente usada por los crackers, pero eso parece ya ser historia. Hoy no se necesitan personas para hacerlo. El ataque se hace vía IOT, el internet de las cosas. Este concepto fue propuesto hace unos años por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos. Una empresa norteamericana, Cisco, ha creado incluso un contador de conexiones. Se estima que actualmente hay ya varios miles de millones de dispositivos conectados a internet. Según Banghart, ese es uno de los principales flancos a proteger en los procesos electorales.

En el Foro referido participaron también Javier Murillo, cuya empresa (METRICS) desarrolla nuevas tecnologías para las relaciones digitales; Mario de la Cruz, presidente nacional de la Cámara de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, y una joven investigadora mexicana egresada de la UNAM, Saiph Savage, quien actualmente dirige el Centro de Cómputo Interactivo en la Universidad de West Virginia. La conducción del evento estuvo a cargo de Ana María Salazar, analista internacional y experta en temas de seguridad, en tanto que, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE hizo la presentación final. Prudente, mesurado, Córdova hizo un recuento de las medidas de protección que ha adoptado el INE para tratar de contener los miles de intentos de ciberataques que ya han detectado y se dijo estar preparado para lo que pueda venir. Con sensatez, advirtió: “Todos los sistemas, como se ha señalado en este Foro, son vulnerables, y el INE no es la excepción. Los ataques pueden venir de fuera o de adentro”. En relación a lo dicho hace algunas semanas por el Secretario de Estado Rex Tillerson sobre la posible injerencia rusa en las próximas elecciones, su respuesta fue contundente: “Nos preocupa Rusia, pero también los Estados Unidos¨.

Murillo dio algunos datos preocupantes: en México hay 85 millones de usuarios de internet, se han detectado cerca de 20 millones de cuentas falsas o duplicadas, y en torno al proceso electoral se han posicionado ya más de 100 temas en la agenda digital. Según sus datos, se estima que hay 8 millones de cuentas de posicionamiento, y que al menos 27 % corresponden a bots o trolls. La información compartida por De la Cruz mostró el avance del México digital: 65 millones de personas tiene ya un teléfono inteligente y el 76% de ellos acceden a las redes sociales. En el Índice Global de Ciberseguridad, México ocupa el lugar 28 de entre 165 países (no está nada mal), y al igual que todos los demás expertos, hizo énfasis en la necesidad de diferenciar el tema de la ciberseguridad del de las historias falsas que aparentan ser noticias reales (fake news). Este problema adquiere particular relevancia en tiempos electorales y amerita una reflexión por separado. Saiph, como buena académica, mostró datos de sus investigaciones sobre la forma en que las redes sociales pueden influir a favor o en contra de determinadas figuras públicas, pero también sobre el papel que han jugado las redes sociales en procesos como el de las autodefensas en Michoacán. Ana María Salazar permitió, con su experiencia y conocimiento en la materia, que el diálogo fluyera con naturalidad. Algunos de los estudiantes presentes expresaron su escepticismo y desconfianza en las instituciones. Había razón. Acababa de darse a conocer el fallo, tan cuestionado como controvertido, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El evento dejó claro que la inteligencia de las y los ciudadanos es la mejor defensa que podemos ofrecer ante cualquier manipulación que pretenda imponerse en nuestras próximas decisiones.

Mother Jones, una publicación estadounidense progresista, que se ocupa fundamentalmente de temas relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente y la cultura, publicó hace poco (04/09/18) que Facebook sigue siendo la plataforma perfecta para las elecciones mexicanas. Se refiere específicamente a cuatro sitios desde los cuales se ataca sistemáticamente al candidato que puntea en las encuestas. No se sabe a ciencia cierta, dice la publicación, quién está detrás de ellos. Pueden ser actores extranjeros, grupos de interés nacionales o ser parte de las campañas de los otros candidatos. Pero tienen más de 250 mil seguidores en face news y otros 35 mil en twitter, muy activos. No se trata de fake news. No dicen, por ejemplo, como dijeron de Trump, que el Papa Francisco apoya a alguno o alguna de los contendientes. La trama es más sutil. Se parece más al tipo de ciberpropaganda que usó Stephen Bannon para atacar sistemáticamente a Hillary Clinton (Breitbart News Network). Son expertos en producir olas expansivas en la mayoría de las redacciones. Saben bien dónde y cómo pegar. No habría que subestimarlos

¿Qué tanto influirán estas estrategias de desinformación en las y los electores mexicanos? Me resulta imposible predecirlo. Pero si lo dicho por los expertos en el Foro referido es cierto, tenemos razones para confiar en que serán las y los ciudadanos quienes definirán, con libertad, quien nos va a gobernar. Por fortuna, no parecemos ser tan fácilmente manipulables. Hay que ir a votar y exigir que nuestro voto se respete. Yo sostengo que el malestar ciudadano es la expresión de una sociedad dolida. Lo argumento en mi más reciente libro (Grijalbo, 2018). Quien mejor la entienda y genere empatía con la mayoría de las y los electores, ganará el 1º de julio.

Presidente del Consejo, Aspen Institute México

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El futuro digital de México y el UMSCA

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La Silla Rota – Aleida Calleja

Les comentaba en mi última colaboración (La secrecía en México sobre el TLCAN), de los riesgos para el futuro digital para México con el acuerdo preliminar alcanzado con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cual se mantuvo en completa secrecía por parte del gobierno mexicano. Una vez que Canadá se integró ya al Acuerdo ahora denominado USMCA, por sus siglas en inglés, se ha dado a conocer la versión final para que los respectivos congresos o parlamentos de cada uno de los países lo ratifiquen.

A las preocupaciones que ya había planteado en dicha colaboración se han unido otras voces como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha manifestado que resultan particularmente preocupantes las condiciones que el gobierno mexicano aceptó en los capítulos 19 sobre Comercio Digital y 20 sobre Propiedad Intelectual.

La organización, en un comunicado público también expresó su preocupación por la prohibición para requerir el acceso al código fuente o a algoritmos de las plataformas tecnológicas, la mayor parte de ellas de Estados Unidos, ya que podría obstaculizar iniciativas de ahorro y adopción de software libre por parte de entes gubernamentales. Aunque existe una excepción general de interés público, la vaguedad con que está redactada podría limitar la capacidad del Estado Mexicano para salvaguardar el interés público frente al creciente impacto en la sociedad de tecnologías como la inteligencia artificial, que es y será el gran tema del desarrollo digital a nivel global.

Soberanía en la red

Aunque más cauto, Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet, quién asegura que hay ventajas, no deja de remarcar que hay dudas a resolver, como por ejemplo hasta qué punto se van a seguir regulaciones como las de Estados Unidos en temas como aranceles a la compraventa digital, neutralidad de la red, a la libertad de internet, y afirma, que el país debe mantener su soberanía en la red y no copiar temas que minen su libertad, según consigna el periódico Excélsior en la nota publicada por Paul Lara el 4 de septiembre pasado.

En todo caso parece que hay urgencia del actual gobierno para que el Senado de la República ratifique este Acuerdo, pero dadas las posibles consecuencias en materia de desarrollo digital (que implica todas las actividades económicas y de derechos humanos), el congreso deberá de revisar con sumo cuidado las condiciones en la materia y en caso de ser necesario rechazar las condiciones que sean desfavorables para México. Si bien algunos analistas insisten en que nuestro país ya tiene ciertas regulaciones que impedirían disposiciones no favorables a México, valdría la pena recordar que cuando de este tipo de acuerdos se trata, sus disposiciones se convierten en ocasiones en normas supranacionales por el tipo de multas o consecuencias que acarrea su incumplimiento, por lo que no en pocas ocasiones se ha preferido evadir la ley nacional para evitar problemas mayores.

En otros temas

Sólo en el ocaso del sexenio de Enrique Peña Nieto fue posible la apertura para el regreso de Carmen Aristégui a la radio abierta comercial, el Grupo Radio Centro abrirá sus puertas a la periodista que por la vía de los hechos fue censurada al no tener cabida en los medios después de dar a conocer el reportaje sobre la Casa Blanca. A partir del 17 de octubre se le podrá escuchar a través de la frecuencia del 97.7 de FM de 7 a 10 de la mañana, es posible que incluso pueda llegar a la televisión, pues hay que recordar que el dueño del grupo radial, Francisco Aguirre, se adjudicó uno de los canales de televisión para la ciudad de México en la última licitación realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La relación del poder político con los medios en nuestro país sigue dando mucho que desear, su independencia necesaria se ve seriamente comprometida cuando ponen o quitan periodistas de acuerdo al gobierno en turno para obtener su simpatía o favores. En este caso sin duda que es una buena noticia el regreso de una periodista crítica y altamente profesional, lo que es inaceptable es la sumisión simbiótica entre el poder político y el poder mediático, como hasta ahora ha sucedido.

La emisora comunitaria Cholollan, ubicada en Cholula en las faldas del Volcán Popocateplétl en Puebla, que transmite por el 107.1 de FM y que atiende a población campesina e indígena está en una campaña de recaudación de fondos para poder cumplir con la obligación que le impuso el IFT para que transmita en un tiempo específico con los mil watts de potencia que le fueron autorizados. En tanto a este tipo de emisoras no se les permite comercializar parte de su tiempo aire y sólo pueden acceder como principal fuente de financiamiento con el 1 por ciento de la publicidad oficial de dependencias federales, que en la práctica muy pocas de ellas cumplen con esta obligación, las radios comunitarias tienen que acudir a sus audiencias para poder desarrollar su trabajo, si usted quiere apoyar aquí los datos para donar: Cholollan, radio comunitaria

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Canal 11 y Adriana Pérez Cañedo

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Sin Embargo – Gabriel Sosa Plata

Será el viernes de esta semana cuando Adriana Pérez Cañedo se retire de Canal 11 (Once TV), después de más de dos décadas de laborar ahí. Ella es conductora del noticiario estelar de dicha televisora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y una de las periodistas más reconocidas del país e ícono de la televisión pública.

La destacada periodista sale en el ocaso de un sexenio que se caracterizó por disminuir cada año el presupuesto de la mayoría de los medios públicos federales, pero también por ejercer un riguroso control de sus contenidos, particularmente de sus noticiarios. Así lo confirman periodistas de estos medios, con los que he podido conversar en los últimos días.

Pérez Cañedo informó vía Twitter que se despedía de la televisora, pero no ha explicado públicamente las razones. Sería positivo que lo hiciera en beneficio de la transparencia hacia las audiencias y para fortalecer a los medios públicos. Su testimonio tiene un enorme valor ante el cambio de Gobierno y la toma de decisiones sobre quién debe dirigir ese canal y hacia dónde deben estar encaminadas las prioridades en sus contenidos.

En el canal se afirma que es deseo de su actual directora, Jimena Saldaña, continuar en el cargo, mismo que ocupa desde octubre de 2015. En el equipo de transición no se ha descartado esta posibilidad. Sin embargo, las mismas fuentes consideran indispensable hacer una evaluación sobre su desempeño y la manera en cómo se ejerció el presupuesto, antes de su ratificación.

Quizás uno de los casos más conocidos de su gestión fue la contratación, despido y recontratación del periodista Ricardo Alemán, quien protagonizó uno de los episodios más polémicos del anterior proceso electoral al sugerir un acto de violencia en contra del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión, no obstante, parece menor frente a otro tipo de señalamientos relacionados con el gasto.

Algunas de las críticas se centran en los enormes recursos públicos destinados para cubrir eventos deportivos en diferentes ciudades del mundo, particularmente muy onerosos para un medio público, y a muchos de los cuales asistía la misma directora, así como en la coproducción de series que podrían realizarse a costos mucho menores o bien con productoras libres de cualquier conflicto de interés. Basta asomarse al portal de transparencia del canal para conocer los montos de los contratos y hacernos preguntas al respecto.

También hay contratos “curiosos”, por calificarlos de alguna manera. Por ejemplo, la compra de un vehículo tipo sedan con un costo cercano al millón 300 mil pesos, los pagos a un funcionario por “asistir a reuniones de trabajo convocadas por la coordinación de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para obtener información de la agenda gubernamental, entre otras actividades” o la erogación por un monto superior a los 7 millones de pesos sólo por colocar un par de anuncios de la serie Listos a jugar en una publicación de distribución gratuita. Años atrás, en marzo de 2012, durante la gestión de Enriqueta Cabrera, se pagó un vuelo Los Ángeles-Ciudad de México, ida y vuelta, al director de fotografía, Alberto Lee Sánchez, que costó más de 3 millones 300 mil pesos a los contribuyentes.

En el Canal 11 hay muchas voces de descontento sobre cómo se ha dirigido el canal en este sexenio. Censura, autocensura, vetos a personajes para no ser entrevistados, han sido algunas de las prácticas frecuentes en varios de sus programas. Este factor ha sido una de las razones de la enorme rotación personal y, al mismo tiempo, fuente probable de una de las diferencias entre quienes encabezan la televisora y la periodista que esta semana se despedirá de sus audiencias. De ahí la relevancia de su testimonio.

Canal 11 es uno de los medios públicos de mayor prestigio en México y América Latina. Su fortaleza está en la calidad de sus producciones, su credibilidad y su independencia editorial. Desafortunadamente, la intromisión constante del Gobierno de Peña Nieto dañó varios de sus principios y por eso es urgente hacer un replanteamiento de sus objetivos y fortalecerlo a la luz del cambio democrático que tuvimos en las elecciones de julio.

En una entrevista que concedió el pasado domingo al programa Media 20.1 de TV UNAM, Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, dijo que se fortalecerán los medios públicos, que dejarán de ser medios del Gobierno y se convertirán en medios de la ciudadanía. Anticipó que serán medios que operarán con pluralidad y diversidad, en los que la voz del Gobierno será una más de las voces, sin que ello implique una intervención directa en los contenidos. Esperamos que así sea.

UNA COMISIONADA MUJER

Crecen las voces para impulsar una mayor participación de las mujeres en el proceso de selección como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Después de la salida de Adriana Labardini, el pleno del órgano regulador quedó integrado por seis hombres y una mujer.

La única mujer que ostenta ese cargo, la economista Elena Estavillo, termina su periodo el último día de febrero de 2019. Hace algunos se lanzó la convocatoria para elegir a la persona que la sustituirá. La ley no establece paridad de género, pero lo deseable es que haya mayores equilibrios en el pleno del órgano regulador.

Labardini fue una comisionada virtuosa y honesta. Lo mismo ha demostrado Estavillo. Ambas funcionarias defendieron con aplomo la autonomía y facultades del órgano regulador cuando se aprobó la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y la contrarreforma en los derechos de las audiencias, a diferencia de los demás comisionados. También su voto se ha distinguido, por ejemplo, por una mayor competencia en el mercado de la televisión de paga o en mayores exigencias para que los titulares de concesiones de uso público cumplan a cabalidad las obligaciones de la ley en cuanto a la participación ciudadana y los mecanismos para garantizar su independencia editorial.

Es obvio que estos atributos no son exclusivos de las mujeres, pero hasta ahora las mujeres que han integrado el pleno del IFT han sido ejemplares. Habrá que impulsar una política pública para una mayor equidad de género en el sector de las telecomunicaciones y en el órgano regulador. De acuerdo con Conectadas MX, en el sector hay apenas un 23 por ciento de participación de las mujeres. El próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría hacer un gran aporte para equilibrar la balanza.

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Roku, ¿disruptivo? o más bien pirata

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Excélsior – José Yuste

Un avance fuerte en las industrias, que dan saltos para avanzar, son los que llamamos disruptivos: cambian las reglas de juego. A Roku lo quisieron presentar como un dispositivo disruptivo, con el cual podías ver todos los canales de internet en vivo o los canales de paga.

El problema es cuando se tenía que pagar por los derechos de transmisión. Y ahí está la diferencia entre Roku y Netflix, Apple TV o Amazon Prime, donde el usuario y la aplicación pagan los derechos para poder ver contenidos. Roku, por más que ha hecho una lucha mediática, y quizá al final con algunos avances reales, lo cierto es que te permitía acceder a contenidos sin pagar por ellos. Y me perdonarán los defensores de estos dispositivos, pero aquí y en China eso es piratería.

ROKU ECHABA LA CULPA AL USUARIO, PERO MANTENÍA ABIERTA LA PIRATERÍA

Los de Roku llegaron a comentar que ellos eran como cualquier otra plataforma y, de hecho, eran muy fáciles de adaptar: simplemente se compraba el dispositivo y se conectaba a la televisión, y la magia comenzaba: veías canales en streaming, películas y series que en otras aplicaciones tenías que pagar por ellas, claro, también podías ver canales gratuitos como YouTube.

La compañía le echó la culpa al usuario mexicano, específicamente al hacker mexicano, que hacía mal uso de su plataforma. Y ahí vino la diferencia entre varias cableras y Cablevisión que terminaron acusando a Roku de permitir el acceso a contenidos sin pagar por ellos.

Incluso, los tribunales pudieron impedir vender el dispositivo de Roku, pero aun así ahora viene la resolución definitiva en contra de esta aplicación. La resolución estará a cargo del 11 Tribunal Colegiado Civil, encabezado por el magistrado Fernando Rangel.

NO LO HACE APPLE TV O NETFLIX; TAMPOCO CLARO, BLIM NI CINECLICK

La industria espera ver el resultado de esta resolución, porque una cuestión es que Roku fuera disruptivo, permitiendo el acceso a canales gratuitos, pero otra cuestión muy distinta es no pagar a los generadores privados de contenidos por los mismos.

Vaya, los sistemas nacionales como Claro, Blim o Cineclick pagan por los contenidos. De igual manera lo hacen las plataformas internacionales que están en México, como Apple TV, Netflix o Amazon. Sin embargo, Roku les echó la culpa a los usuarios, cuando todo parece indicar que eran ellos los que no ponían candados contra la piratería, y en efecto, su dispositivo podía ser utilizado para ver todos los contenidos… gratuitamente.

Ésta es una lucha entre los autores de contenidos, sean cantantes, músicos, cineastas, artistas y sus vehículos de distribución y promoción, en contra de los sistemas que quieren darle la vuelta sin pagar ningún derecho de propiedad intelectual. Aquí habrá que diferenciar lo que es la competencia de sistemas, para bajar el precio de acceso a los contenidos, y otra muy distinta a robarse esos contenidos. Hoy la industria y cableras estarán pendientes de lo que dicte el 11 Tribunal Colegiado Civil.

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