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ANÁLISIS

Histeria por la neutralidad de la red

Sin infraestructura no se recibirían servicios y aplicaciones sobre Internet, al mismo tiempo que estos contenidos y plataformas le añaden valor a las redes y la conectividad.

Jorge Bravo

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La neutralidad de la red en Estados Unidos es un debate ideológico con ramificaciones económicas, políticas y tecnológicas. Ambos bandos buscan lo mismo –un Internet abierto y libre– pero por caminos distintos, típico de posturas polarizadas. Como todo tema politizado, existen los buenos y los malos. Los primeros son Obama, los demócratas, las empresas de Internet y los activistas que los respaldan. Esta postura podríamos denominarla progresista. Los antagonistas son Trump, los republicanos, los proveedores del servicio de banda ancha y los especialistas que los comprenden. Ellos conforman el grupo libertario.

En febrero de 2015, cuando se aprobaron las reglas de la neutralidad de la red con una Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) mayoritariamente demócrata presidida por Tom Wheeler, el comunicado oficial decía que la FCC buscaba “proteger y promover una Internet que fomenta la libertad de expresión, apoya la innovación y el comercio e incentiva la expansión y la inversión de los proveedores de banda ancha de EUA”.

33 meses después, el comunicado de una FCC de mayoría republicana presidida por Ajit Pai, señala que “la Comisión protegerá a los consumidores a un costo mucho menor para la inversión que las rígidas y amplias normas de servicios públicos anteriores. Restaura un clima favorable para la inversión en redes, clave para cerrar la brecha digital, estimulando la competencia y la innovación que beneficia a los consumidores”.

Son objetivos semejantes (libertad, innovación, inversión) pero visiones distintas para alcanzarlos. Para proteger el Internet abierto, Obama abogó por la regulación y la protección. Para restaurar la libertad en Internet, Trump prefiere desregulación, transparencia y fuerzas del mercado.

En 2015 la FCC redefinió el “servicio de acceso de banda ancha” como un “servicio de telecomunicaciones” y la “banda ancha móvil” como un “servicio móvil comercial”. Con ello, la autoridad estaba obligada a regular el acceso y el servicio. También prohibió bloquear contenidos, aplicaciones y servicios; no perjudicar ni degradar el tráfico y no priorizar o favorecer el tráfico y los servicios de los afiliados de los proveedores de Internet.

Para proteger el Internet abierto, Obama abogó por la regulación y la protección. Para restaurar la libertad en Internet, Trump prefiere desregulación, transparencia y fuerzas del mercado

En diciembre de 2017 la FCC revierte lo avalado dos años atrás y restaura el acceso de banda ancha como un “servicio de información” y la banda ancha móvil un “servicio móvil privado”. La Comisión Federal de Comercio será la autoridad responsable de proteger a los consumidores de prácticas anticompetitivas de los operadores. Finalmente, requiere a los proveedores de banda ancha a divulgar sus acuerdos con otras empresas, incluidos los bloqueos, priorización pagada o afiliada de tráfico. La FCC republicana “encuentra que la transparencia, combinada con las fuerzas del mercado y las leyes antimonopolio y de protección al consumidor, logran beneficios comparables a las reglas de 2015 a un costo menor”.

El bando progresista, activista o millenial es ingenuo al defender el Internet abierto, como si las empresas de Internet no tuvieran intereses económicos con una red con las caracteristicas de 2015, simpatizando con marcas como Google, Netflix, Amazon, Facebook o Apple. Cuando se revisan los informes financieros y los modelos de negocios de estas y otras empresas de Internet se entiende por qué defienden un Internet abierto, pero han sabido colocarse del lado bueno, amable, de las libertades y los derechos. Cuando Google paga los estudios de organizaciones que defienden los derechos digitales y la neutralidad en la red todo es muy transparente.

El sector libertario, especializado o tradicional aboga por los intereses de los operadores de cable como Comcast y los inalámbricos Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint. Su negocio es el acceso y la conectividad y saben que no existe nada semejante a un “Internet gratuito”, por eso defienden administrar y cobrar por el tráfico de Internet.

El principal argumento de los proveedores de banda ancha es que ellos realizan las inversiones millonarias, despliegan las redes y soportan la carga regulatoria para proveer el acceso y el servicio. Las empresas de Internet y Over the top (OTT) contraargumentan que ellos desarrollan aplicaciones, plataformas, contenidos y servicios innovadores que los consumidores valoran por encima de los contratos, términos y condiciones de los operadores tradicionales.

Ambas posturas son válidas. Sin infraestructura no se recibirían servicios y aplicaciones sobre Internet, al mismo tiempo que estos contenidos y plataformas le añaden valor a las redes y la conectividad. Internet tiene valor gracias a que consumimos esos contenidos en la red, reconfigurándola con nuestros hábitos digitales; pero hicieron falta décadas de inversión, costosa instalación de infraestructura y pesada regulación para tener acceso a la conectividad y las tecnologías.

Por cierto, gracias a que la FCC no fue lo suficientemente visionaria ni prospectiva (lo mismo ocurrió en Europa y América Latina) no reguló de la misma manera que las redes fijas ni la telefonía móvil ni los datos, creyendo que no tendrían futuro. Recordemos la frase del fundador de Microsoft, Bill Gates, en 1993: “¿Internet? No estamos interesados en ello”.      

Ahora las tecnologías y la banda ancha móviles están marcando la tendencia en el consumo digital. Por eso el club libertario sostiene que la no regulación de Internet permitió su expansión, evolución e innovación hasta nuestros días, por lo que debe seguir igual. La historia de Internet le da la razón al argumento republicano y a la FCC que, en su momento, desatendió la telefonía móvil y la Internet. La regulación debe aplicarse para salvaguardar el interés público y los derechos fundamentales, de lo contrario sale sobrando.

El debate sobre la neutralidad de la red en EUA es maniqueo, está radicalizado y no ayuda a ponderar una postura equilibrada. Conviene mirar lo aprobado por el Parlamento Europeo en 2014. En el viejo continente las compañías que ofrecen acceso a Internet deberán tratar el tráfico de manera equitativa, no podrán bloquear o ralentizar deliberadamente la descarga o subida de contenidos, aplicaciones o servicios, excepto en caso de orden judicial. Lo más importante es que los proveedores podrán ofrecer condiciones especiales (calidad de Internet mejorada para algunos servicios) sólo bajo la condición de que no repercuta en la calidad general. Los proveedores de acceso a Internet no pueden gestionar el tráfico en sus redes para favorecer ciertos servicios, ni priorizar por una supuesta congestión en sus redes, ni ofrecer acceso privilegiado a los llamados “servicios especializados” (OTT). Administrar el tráfico para algunos, pero sin afectar la calidad y velocidad de los demás, es una postura intermedia.

Conviene recordar que desde América Latina hay un paso previo a la neutralidad de la red: cerrar la brecha digital y ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones. Sí queremos Internet abierto, libre y veloz, pero primero necesitamos infraestructura de banda ancha. El sector libertario defiende sus inversiones. El sector progresista sus derechos en la red. El sector excluido del acceso a las tecnologías, la conectividad y sus aplicaciones –que no es minoritario– no tiene nada que defender. La neutralidad de la red nos importa a los conectados. Sería exceso de neutralidad no preocuparnos por ellos y suponer que todo el mundo ya es digital y que convive por igual en la red.

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ANÁLISIS

El estado de la banda ancha en México

Servando Vargas

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La Revolución Industrial iniciada en Inglaterra produjo importantes cambios de orden económico, social y tecnológico. Esta transformación tuvo lugar a finales del siglo XVIII, cuyo principal componente fue mejorar las condiciones de producción.  Este nuevo entorno ha transformado profundamente las condiciones de vida de la sociedad contemporánea.

De esta misma manera, el cambio de lo analógico a lo digital, de los servicios exclusivamente de voz a datos, así como la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, ha repercutido de manera positiva en las condiciones de vida de la sociedad actual, así como en el desarrollo económico de las naciones.

El día de hoy se habla de que el mundo está frente a una nueva revolución, el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), para lo cual la banda ancha es imprescindible.

Muchos estudios señalan que por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la penetración de banda ancha hay un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En algunos análisis, este impacto eleva el crecimiento del PIB en más de 1 por ciento.(1)

Cabe aclarar que los estudios al respecto fueron realizados hace casi una década, por lo cual muy seguramente estos parámetros deberían actualizarse. Pero sin duda, el ajuste de estos análisis establecerían una mayor contribución al crecimiento del PIB derivado de una mayor penetración de la banda ancha, en función de que cada vez la sociedad y el sector productivo son más dependientes de estos servicios.

La banda ancha en México

El año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el Estudio sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017, en el cual  se señala la creación de 50 millones de conexiones de banda ancha móvil en cuatro años,(2) cifra equivalente a toda la población de Colombia y al mismo tiempo una historia de éxito para los países miembros de la OCDE.

No obstante lo anterior, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su reciente reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (September 2018)(3), manifiesta un rezago importante para México en materia de banda ancha móvil si la comparamos con la penetración de banda ancha móvil en América Latina.

Figura 1. Suscriptores de banda ancha móvil por cada 100 habitantes.

Fuente: elaborada con datos de ITU en su reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (septiembre de 2018).

 

De acuerdo con el reporte, en 2017 México contaba con una penetración de banda ancha móvil de 65.3 por ciento, por debajo del promedio de América Latina, que era de 70.4 por ciento y también por debajo de Argentina (78.1%), Brasil (90.2%),  Chile (88.2%), Uruguay (112.1%) e incluso Bolivia (76.5%).

Lo anterior  significa que, de acuerdo al peso económico que México tiene dentro de la región, su penetración de banda ancha móvil debería ser por lo menos de un nivel equivalente al promedio de la región; sin embargo, también en la penetración de suscriptores móviles México todavía no alcanza la penetración de 100 por ciento, mientras que varios países de la región superan 100 por ciento de penetración de suscriptores móviles.

En materia de banda ancha fija, México contaba con una penetración de 13.3 por ciento en 2017, ligeramente por arriba del promedio de América Latina, que era de 12.2 por ciento, pero superado nuevamente por los mismos países con mayor penetración de banda ancha móvil en la región: Argentina (17.8%), Brasil (13.7%),  Chile (16.9%) y Uruguay (27.5%).

Figura 2.- Suscriptores de banda ancha fija por cada 100 habitantes.

Fuente: elaborada con datos de ITU en su reporte, The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development (septiembre de 2018).

 

Lo anterior significa que México tiene un amplio espacio para crecer en cuanto a banda ancha, sea fija o móvil, lo cual implica oportunidades importantes para los proveedores de infraestructura, así como para los operadores de telecomunicaciones.

Las iniciativas de México en materia de banda ancha

Habrá que señalar que existen muchas iniciativas gubernamentales a nivel mundial tendientes a incrementar la cobertura, las velocidades, la penetración y la calidad de los servicios de banda ancha.

El reporte The State of Broadband: Broadband catalyzing sustainable development manifiesta que existían 31 planes de banda ancha a nivel mundial en 2006, y que en 2018 ese número se elevó a 159 planes.

Lo anterior indica la importancia de los gobiernos en todo el mundo por incrementar la penetración de banda ancha, en función de los beneficios sociales y económicos que genera una mayor penetración de este avance tecnológico.

La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 estableció dos ejes importantes para incrementar la cobertura de los servicios de banda ancha: la Red Compartida y la Red Troncal.

La primera iniciativa tuvo retrasos importantes, y aunque en el inicio de operaciones superó la cobertura comprometida por Altán Redes, los resultados esperados tardarán en reflejarse en función de que el inicio de operaciones se realizó en zonas o áreas geográficas en donde ya existe cobertura por parte de los operadores existentes.

Pareciera que el retorno de inversión y demás variables financieras han obligado a Altán Redes a desarrollar infraestructura en las zonas más rentables, limitando este preciado bien a regiones que aún no cuentan con cobertura. De continuar con esta dinámica, los servicios de banda ancha para zonas no atendidas serán limitados, demorando una mayor penetración de este servicio en el país.

La Red Troncal es otra iniciativa que ha tenido demoras sustanciales. Su licitación no se ha efectuado y los tiempos políticos generan incertidumbre en temas como la carga fiscal que tendrá este proyecto, así como la visión del nuevo gobierno sobre esta iniciativa.

Este último punto es muy relevante en función de que el Proyecto de Nación de Morena, en especial las páginas 286-291,(4)  manifiesta que el objetivo principal en materia de telecomunicaciones es “ampliar la cobertura de banda ancha para zonas marginadas en México a bajos precios, para incorporar estas regiones a las tecnologías de información y telecomunicaciones y elevar su nivel de vida”.

No obstante, dentro del Proyecto de Nación de Morena no se menciona la Red Troncal como parte de la solución y aunque complementaría la falta de cobertura que no está realizando Altán Redes, es extraño que la Red Troncal no sea parte fundamental del Proyecto de Nación de Morena en materia de telecomunicaciones, de ahí parte de la incertidumbre del sector.

Conclusiones

Sin duda, la reforma del sector ha traído grandes beneficios; no obstante, el tema  de una mayor penetración de banda ancha con beneficios para la sociedad y la economía en su conjunto es una asignatura pendiente para México.

Una de las recomendaciones del reporte de la UIT(3) es que los gobiernos den al desarrollo de la banda ancha el apoyo político y recursos necesarios, así como promover la capacitación y estimular la demanda.

En este sentido, las iniciativas establecidas en la reforma del sector han sido inobjetablemente tendientes en impulsar el desarrollo de la banda ancha, no obstante, el camino es todavía largo.

Por último, si la banda ancha es un motor de desarrollo económico, y cada vez existen más y más planes al respecto a nivel mundial, entonces los esfuerzos del gobierno mexicano en este sentido deberían duplicarse, fomentando mayores inversiones y un marco regulatorio flexible que impulse una mayor digitalización. Lo anterior deberá ser acompañado con una ejecución impecable de los planes o iniciativas del gobierno en materia de banda ancha. ¡México lo necesita!

 

(1) https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_Impact-of-Broadband-on-the-Economy.pdf

(2) http://www.oecd.org/publications/estudio-de-la-ocde-sobre-telecomunicaciones-y-radiodifusion-en-mexico-2017-9789264280656-es.htm

(3) https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf

(4) https://drive.google.com/file/d/11B0aNBuVpHB7GDVXhCKdYvVKw7D7Ta-x/view

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ANÁLISIS

Operadores europeos de acceso abierto y mayoristas forman nueva alianza para acelerar despliegue de redes de fibra

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Los presidentes y directores generales de los principales operadores de acceso completo y mayorista de fibra completa europeos, CityFibre (Reino Unido), Deutsche Glasfaser (Alemania), Open Fiber (Italia), Gagnaveita Reykjavikur (Islandia) y SIRO (Irlanda), se reunieron en Roma en presencia de Johannes Gungl, presidente del BEREC (Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas) y de Erzsebet Fitori, director General de FTTH Council Europe, para debatir sobre el futuro del mercado de las telecomunicaciones y explorar oportunidades para acelerar el despliegue y la adopción de infraestructura de fibra en toda Europa.

Los operadores al por mayor sólo son especialistas en redes de fibra que, en ausencia de un brazo minorista, invierten únicamente en nuevas redes de fibra de acceso abierto de alta velocidad en beneficio de todos los proveedores de servicios.

Este es un modelo comercial probado que ahora está experimentando un crecimiento significativo en Europa, especialmente para el despliegue de Fiber To The Home (FTTH) y Fiber To The Building (FTTB). Millones de hogares y negocios se beneficiarán de la implementación de redes de fibra total transformadoras, lo que generará importantes beneficios económicos para el sector digital europeo.

Relevante: Operadores europeos mayoristas de fibra completa forman alianza

El nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC) alienta explícitamente a los operadores mayoristas únicamente brindándoles un régimen regulador específico y ligero, ya que, naturalmente, proporcionan acceso a múltiples proveedores de servicios de telecomunicaciones sin discriminación ni abusos. Por esta razón, el modelo de sólo al por mayor es el vehículo ideal para el despliegue de redes de muy alta capacidad, según lo previsto por el Código, así como un facilitador de servicios innovadores como Internet de las cosas (IOT) y 5G.

Dado el alto costo de construir nuevas redes FTTH / FTTB, el modelo de venta al por mayor es el mejor enfoque para lograr una implementación de infraestructura de fibra completa a gran escala, ya que agrega demanda de muchos proveedores de servicios que se benefician de la conectividad a prueba de muy alta capacidad para el futuro. Dependiendo de las condiciones del mercado, los operadores independientes de acceso abierto pueden facilitar el mismo objetivo.

Las compañías que se reúnen en Roma han acordado crear una alianza para compartir las mejores prácticas y promover los beneficios y las ventajas de la fibra completa sólo para mayoristas, que ofrecen una infraestructura de fibra completa de manera mucho más eficiente que los operadores incumbentes integrados verticalmente.

La alianza funcionará para garantizar que los gobiernos, los organismos reguladores y los inversores financieros entiendan debidamente estos beneficios, y para promover el conocimiento de estas redes de fibra independientes entre los proveedores de servicios y los operadores móviles.

La alianza también cree que tiene un papel en educar e informar al consumidor europeo sobre cuáles son las redes genuinas de muy alta capacidad y desafía el uso indebido de la palabra “Fiber” en la comercialización de servicios de banda ancha que se entregan en redes heredadas basadas en cobre.

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La calidad institucional: un aspecto capital para cerrar la brecha digital

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La calidad de las instituciones públicas, la seguridad jurídica y la confianza son aspectos esenciales para que las empresas puedan invertir con una mirada de largo plazo. Ello es relevante en todos los sectores de la economía, pero en las telecomunicaciones es aún más crucial, ya que, a diferencia de otros sectores, los montos de inversión son considerablemente cuantiosos, los despliegues de redes suelen ser irreversibles, y el horizonte temporal para el retorno de las inversiones es especialmente largo.

Es por ello que a la hora de invertir las empresas de telecomunicaciones son especialmente sensibles a las condiciones del entorno. No solamente a las características e intensidad regulatoria, sino también a aspectos tan elementales como el respeto de los derechos adquiridos, la independencia judicial, la ausencia de arbitrariedad en decisiones gubernamentales, la transparencia y la efectividad del marco legal para resolver disputas o para que los afectados puedan recurrir determinadas políticas o regulaciones si entienden que su legalidad es dudosa.

Existen diversos indicadores que pueden servir para tomar la temperatura del clima de negocios en un país. A modo de ejemplo, el World Economic Forum (WEF) cuenta con un amplio relevamiento de datos que utiliza para la construcción de su Índice de Competitividad Global, que se basa en buena medida en entrevistas a ejecutivos de empresas.

Los indicadores del WEF que destaco son los referidos a Derechos de propiedad, Independencia judicial, Confianza en los políticos, Favoritismos en decisiones de los gobiernos, Eficiencia del marco legal para resolución de disputas, Transparencia en la elaboración de políticas públicas, Fortaleza en la protección de inversores y Eficiencia para recurrir políticas y regulaciones en caso de que los afectados entiendan que su legalidad es dudosa.

En todos los casos, los puntajes van de 1 a 7 (de peor situación a mejor para el clima de inversión), con excepción de la protección de inversores en cuyo caso la escala es de 1 a 10.

El análisis de los indicadores del WEF sugiere que lamentablemente, América Latina no se encuentra bien ubicada a nivel global en cuanto a los mencionados indicadores, como se puede apreciar en los siguientes gráficos. En prácticamente todos los casos, los ejecutivos latinoamericanos califican a sus instituciones y políticos con puntajes que la sitúan como la última región renqueada, con excepción del indicador de protección al inversor, en la que supera -levemente- a África Subsahariana y al Medio Oriente y Norte de África.

 

Figura 1. Ranking regional de variables vinculadas a la calidad institucional

Fuente: elaboración propia con base en datos de WEF de 2017.

 

Esta situación es muy preocupante y afecta a toda la economía regional. Como decía, el sector de las telecomunicaciones es muy sensible a este tipo de factores, como vemos en el siguiente gráfico que relaciona, para una amplia muestra de países del mundo, los niveles de inversión en telecomunicaciones (CAPEX) per cápita, con cada uno de los mencionados indicadores que hacen la calidad institucional, junto con la regresión lineal que vincula a cada par de variables.

 

Figura 2. Relación CAPEX per cápita en telecom e indicadores de calidad institucional

Fuente: elaboración propia con base en datos de WEF y UIT de 2015.

 

Los resultados son contundentes, en la medida que la relación es siempre positiva. En otras palabras, el sector de las telecomunicaciones invierte más por habitante en aquellos países donde hay mayor respeto a la propiedad, o mayor independencia judicial, mayor confianza en los políticos, menores niveles de favoritismo en decisiones de gobiernos, marcos legales más eficientes para resolver disputas o recurrir normas de dudosa legalidad, mayor nivel de transparencia, o mayor protección a los inversores.

El análisis conjunto de los gráficos reportados evidencia a las claras que las inversiones para el cierre de la brecha digital necesitan de un entorno favorable. Y que América Latina tiene todavía mucho camino por recorrer.

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