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400 municipios y gobernaciones tienen servicios digitalizados

Itzel Carreño

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En los últimos cinco años, la digitalización del país le ha apuntado al desarrollo de iniciativas que tienden a eliminar la tramitomanía a la que se enfrentan a diario los colombianos.

Para finales del 2011, solo el 11 por ciento de los trámites de las entidades nacionales podían hacerse a través de medios electrónicos, mientras que en lo que va corrido del 2017, esa cifra aumentó al 16 por ciento.

De otro lado están los trámites para los cuales, pese a requerir la presencia del ciudadano en las entidades públicas, una de sus etapas puede adelantarse por medios electrónicos. En esas casos se pasó de un 18 por ciento en el 2011 a un 35 por ciento para el 2017.

Así las cosas, de acuerdo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), “la digitalización de trámites y servicios en la administración pública del orden nacional pasó del 29 por ciento al 51 por ciento entre 2012 y lo que va de 2017”.

El ministro Tic, David Luna, destaca que en la Gran Encuesta TIC 2017, el 85 por ciento de las personas encuestadas se relacionan con entidades públicas y que el 76 por ciento de ellas lo hacen a través de canales electrónicos.

“Pero todavía más interesante es que el 80 por ciento afirma haber ahorrado tiempo y dinero”, indica Luna, quien agrega que su cartera sigue trabajando en mejorar la relación ciudadano-Estado, con lo cual se hacen más eficientes las operaciones, al tiempo que se reducen los costos.

El estratega digital Santiago Villegas (@medejean) destaca que las ventajas de la digitalización de los trámites se dan desde dos perspectivas. “De un lado está la que podría ser obvia: la facilitación de la vida de los ciudadanos, al quitar los intermediarios innecesarios y el desplazamiento a las oficinas públicas. Y de otro lado está la desburocratización del Gobierno, que, además, redunda en una disminución de la corrupción”, asegura Villegas.

La digitalización de trámites y servicios en la administración pública del orden nacional pasó del 29 por ciento al 51 por ciento entre 2012 y lo que va de 2017

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En las regiones

Pero los avances no son solo en las entidades del orden nacional, sino también en municipios y departamentos. Según el Gobierno, cerca de 400 alcaldías y gobernaciones ya ofrecen trámites y servicios digitalizados.

A agosto del 2017, por ejemplo, al menos 113 municipios habían reportado que la liquidación y el pago del impuesto de industria y comercio se podían hacer parcial o totalmente por internet, y 164 municipios, que la liquidación y el pago del impuesto predial estaban digitalizados totalmente o en algunas de sus etapas.

Además de las capitales de departamentos, la utilización de la tecnología para mejorar la relación Estado-ciudadano también ha sido una realidad en medianos y pequeños municipios y en diferentes servicios tributarios.

Es el caso de Barrancabermeja, Santander, donde se pueden pagar impuestos y recibir conceptos sanitarios a través de medios electrónicos; en Acacías, Meta, es posible obtener certificados de residencia en línea; en Pamplona, Norte de Santander, las solicitudes de concepto de uso del suelo están digitalizadas, y en Sahagún, Córdoba, es posible solicitar por internet la apertura de establecimientos farmacéuticos. Esas opciones se suman a la alternativa que brindan gobernaciones como las de Cundinamarca, Boyacá y Nariño para la consulta, liquidación o el pago del impuesto sobre vehículos por internet.

Aunque algunas personas podrían sentirse más expuestas a la hora de entregar sus datos en internet y no en un papel, lo cierto es que la digitalización de los trámites también permite el acceso de los ciudadanos a los datos del Gobierno, explica Villegas.

No obstante, el experto digital considera que se deben desarrollar estrategias y exigir leyes para lograr ese cometido, y, de esa manera, sentir que hay “una compensación: la pérdida de la privacidad a cambio de poder acceder a los datos del Gobierno”.

Otro de los logros que ha permitido la digitalización es que hoy, la mayoría de la información estatal es pública y forma parte del sistema de datos del Estado. De hecho, el Mintic destaca que Colombia es el cuarto país en el mundo que más datos pone a consideración de los ciudadanos, y eso permite la veeduría.

 

Entidades se ponen las ‘pilas’ en innovación

La plataforma digital ‘Gana PAE’, de la Gobernación de Nariño, y la comunidad ‘on line’ ‘El Avispero’, una iniciativa del sector privado, fueron dos de las ganadoras de los premios Índigo 2017, que entregó el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (MinTic).

A concurso se postularon en esta ocasión 114 proyectos, de los cuales nueve fueron galardonados. 

El premio es un reconocimiento a las entidades del Estado del orden nacional y territorial y a las organizaciones el sector privado que han generado iniciativas novedosas para resolver problemáticas públicas con el uso de las TIC. 

El premio Índigo, en la categoría Innovación Digital para un Estado Transparente del orden territorial, se le otorgó a la Gobernación de Nariño por el proyecto ‘Gana PAE’, una plataforma digital de veeduría ciudadana, que busca la transparencia y anticorrupción del PAE (Programa de Alimentación Escolar), a través de la participación de la comunidad.

Por su parte, ‘El Avispero’ fue galardonado en la categoría Innovación Digital Empresas y Sociedad Civil, por tratarse de una propuesta digital conformada por una comunidad activa con una red de más de 240 líderes en 18 ciudades del mundo, y una comunidad ‘on line’ que busca consolidar una Colombia diversa, activa, solidaria y sostenible.

Los Premios Índigo, realizados desde el 2010, es el único concurso del Gobierno colombiano de esta índole. Para quienes salen ganadores, los incentivos son: reconocimientos y la posibilidad de mostrar sus esfuerzos a nivel nacional e internacional, en un espacio que convoca a importantes líderes de gobierno, industria y academia.

El MinTic también entregó los 12 premios Máxima Velocidad a entidades públicas que han implementando la Estrategia de Gobierno en línea.

Las otras iniciativas galardonadas

Dentro de la categoría de Innovación Digital para Servicios, la entidad del orden nacional premiada fue el Ministerio de Justicia, por su sitio web y aplicativo móvil ‘LegalApp’. A nivel territorial, la Secretaría de Movilidad de Medellín recibió el premio Índigo por su iniciativa de ‘Gestión de la movilidad en Medellín a través de las TIC’.

En la categoría de Innovación Digital para Gobierno Abierto, la Cancillería fue galardonada por la iniciativa de ‘Automatización de datos abi
ertos del Ministerio de Relaciones Exteriores’.

Por su parte, la Superintendencia de Puertos y Transporte fue galardonada en la categoría de Innovación Digital para la Gestión, con su idea ‘Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte (Cemat). Mientras que, a nivel territorial, la Gobernación de Cundinamarca obtuvo el premio por su iniciativa ‘Proyecto GPS Gestión y Promoción de la seguridad vial’.

En la categoría de Innovación Digital para Seguridad y Privacidad, la Policía Nacionalrecibió el reconocimiento por su propuesta de ‘Acreditación de la Policía Nacional como E.C.D’.

Por último, la Gobernación de Nariño, que recibió el reconocimiento por la iniciativa ‘Gana PAE’, también fue premiada por el MinTic en la categoría Innovación Digital para un Estado Transparente, con su iniciativa de ‘Gana Control’.

La Ruta de la Excelencia

Cuatro sistemas de información, agrupados en Identificación, Salud y Seguridad Social, Paz y Confianza Ciudadana y Competitividad, conforman la Ruta de la Excelencia. Gracias a ella es posible tramitar desde la copia de la cédula hasta conflictos familiares, pasando por temas de restitución de tierras y la expedición de la libreta militar.

Los reconocimientos en los premios Máxima Velocidad

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Con el equipo ‘El renacer del campo’, el Ministerio de Agricultura alcanzó el premio en la categoría de entidades nacionales. El organismo logró ser el segundo del país en certificarse con el Sello de Excelencia de Gobierno Digital. Así mismo, fue el primero del orden nacional en implementar la carga automática de los datos en www.datos.gov.co.

Gobernación de norte de Santander

‘Veloces Norte’, el ganador en la categoría de gobernaciones, logró la certificación de dos conjuntos de datos abiertos de alto impacto con el Sello de Excelencia. También desarrolló el nuevo trámite de constancia de representación legal para las juntas de acción comunal de los municipios. E incorporó, por otro lado, el uso de medios electrónicos en las rendiciones de cuentas.

Alcaldía de Envigado

Con su escudería Gel-Envigado, la alcaldía de este municipio presentó la habilitación del portal tributario, para que los ciudadanos puedan pagar de forma fácil sus impuestos en línea. Por otro lado, desarrolló un plan de difusión que permite dar a conocer los beneficios de la estrategia de Gobierno en Línea, los principales logros alcanzados y los retos en el 2017.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Digital

La escudería de UAECD_Racing, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Digital, de Bogotá, fue la ganadora en la categoría de otras entidades territoriales que implementen la estrategia de Gobierno en Línea. El jurado destacó el compromiso en el proceso de trabajo de Gobierno en Línea.

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TELECOM

Se dispara 402% robo de celulares

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El Heraldo de México – Adrián Arias

El robo de celulares se ha posicionado como uno de los delitos más comunes que aquejan a los ciudadanos, y uno de los principales motivos de los asaltos en la vía púbica, con un crecimiento de 402 por ciento entre 2012 y 2017.

Datos de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) señalan que en 2012 se reportaron 157 mil celulares robados, mientras que en 2017 la cifra creció cinco veces, al ubicarse en 787 mil dispositivos y que representan un valor en el mercado negro de tres mil 935 millones de pesos, considerando un valor promedio de cinco mil pesos por unidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, elaborada por el INEGI, el teléfono móvil es el segundo artículo más robado durante los asaltos, ya sea en la calle o el transporte público.

La información muestra que en 2017 se cometieron 9.5 millones de asaltos, de los cuales 51.2 por ciento fueron los teléfonos celulares, aunque 68 por ciento de los robos se concentraron en las tarjetas de crédito y débito, cheques o dinero en efectivo.

Los datos recopilados por Anatel se basan en reportes que le entregan telefónicas como AT&T, Telcel o Movistar, entre otras, y corresponden a las peticiones que realizaron los usuarios para que los teléfonos se bloquearan mediante la clave IMEI, un código de 15 dígitos que se obtiene pulsado las teclas *#06#.

No obstante, en muchos casos las personas no reportan el robo ante las autoridades judiciales por las trabas burocráticas que ello implica y tampoco piden el bloqueo de la terminal, porque generalmente desconocen la clave del IMEI, lo que apunta a que el delito pude ser alcanzar mayores dimensiones.

Se dispara 402% robo de celulares. Heraldo de México

BURLAN BLOQUEOS DE IMEI

 

Los delincuentes también se las han ingeniado para burlar el bloqueo del IMEI, ya que falsifican este código para permitir que los teléfonos se sigan usando, así lo revela un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

A través de un software que utiliza un algoritmo se asigna un nuevo IMEI al teléfono, incluso el precio de asignar un nuevo IMEI varía dependiendo del modelo del teléfono, aunque en promedio cuesta dos mil pesos.

Es necesario seguir regulando el tema del uso de celulares robados, las prácticas ilegales del flexeo y su venta en el mercado negro, toda vez que el teléfono es el artículo más buscado por los ladrones, añadió Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

 

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COLUMNISTAS

Inteligencia artificial con defectos humanos

Mediatelecom

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La Silla Rota –  Ma. Elena Estavillo

La inteligencia artificial y el big data –macrodatos, datos masivos–, se encuentran estrechamente relacionados. La primera se refiere a la capacidad de las máquinas para aprender y resolver problemas. La segunda, a la producción de datos a una escala enorme y creciente, que no habíamos conocido antes. Se estima, por ejemplo, que el 90% de los datos existentes, fue generado en los últimos 2 años.

La inteligencia artificial no es un tema de ciencia ficción ni del futuro. Ya la tenemos aquí y cada vez estará más presente en nuestras vidas.

El desarrollo tecnológico permite que la sociedad produzca constantemente datos, almacenando la mayor parte de forma digital: información geográfica y estadística; datos meteorológicos; información relacionada con las decisiones y hábitos de las personas, provenientes de las redes sociales y el comercio electrónico; así como datos provenientes de sensores y una variedad de dispositivos conectados que conocemos como el internet de las cosas.

La gran cantidad de datos disponibles conlleva la necesidad de contar con tecnologías, procesos y capacidad para: recolectarlos y almacenarlos; filtrarlos, validarlos y estandarizarlos; analizarlos; aplicarles modelos predictivos y relacionales; y, finalmente, compartirlos bajo estándares de seguridad y privacidad.

La inteligencia artificial utiliza los datos como insumo de distintos procesos cognitivos que desembocan en un aprendizaje similar al que realizamos los humanos. Los resultados de estos procesos dependen de su diseño, es decir, de las reglas y secuencias lógicas empleadas, así como de los datos con los que se alimentan.

Por lo tanto, no debería sorprendernos ver distintas experiencias que han resultado en que las máquinas han aprendido a ser racistas y machistas (y otros “istas”) al absorber los sesgos de algún lenguaje que, por razones históricas, ya los contiene. Una máquina puede asumir sesgos de forma directa, a través de los propios programadores que diseñan los algoritmos y reglas de la inteligencia artificial, pero también puede desarrollar un comportamiento discriminador a través de los datos que utiliza para aprender.

Inteligencia artificial justa

Caliskan, Bryson y Narayanan[1] realizaron un interesante estudio del que concluyen que, cuando la inteligencia artificial se alimenta de un idioma, termina por adoptar los sesgos humanos implícitos en el lenguaje.

En algunos casos, observan cómo las máquinas terminan por asociar con mayor probabilidad los nombres femeninos a las tareas domésticas o la familia y, en contraste, los nombres masculinos a conceptos relacionados con una carrera profesional, así como las palabras “mujer” y “niña” a las artes y menos a las matemáticas o las ciencias.

Se evidencia así la importancia de tomar una perspectiva crítica sobre los factores que han llevado a que los humanos discriminen, antes de diseñar inteligencia artificial para sistemas automatizados que aprendan a tomar decisiones a partir de información derivada del comportamiento humano que históricamente ha estado sesgado. De otra manera, simplemente se transferirán y potenciarán dichos defectos de los humanos a las máquinas.

Los ejemplos se van acumulando, desde el bot Tay de Twitter, desarrollado por Microsoft, que, alimentado por tweets humanos, en unas pocas horas de funcionamiento adquirió un comportamiento sexista, antisemita, racista y malhablado, que llevó a su pronta eliminación.

Otro caso es el que identificó el estudio de Carnegie Mellon University y el Instituto Internacional de Ciencia Informática[2] al demostrar que la interacción de la plataforma de Google con anunciantes, otros sitios de internet y los usuarios, resultaba en la oferta de trabajos mejor pagados a hombres que a mujeres.

Un ejemplo muy reciente es el del sistema de reclutamiento de nuevo personal creado por Amazon en 2014 y que fue retirado en 2017. Entre otros aspectos, éste discriminaba a las mujeres como candidatas para puestos relacionados con tecnología.

El sistema fue entrenado para revisar perfiles con base en patrones de currículums enviados y seleccionados durante una década, donde la mayoría correspondía a hombres debido al sesgo histórico de la industria tecnológica. El sistema ´aprendió´ que los candidatos varones eran preferibles para esos puestos, penalizando los perfiles con palabras “mujer”, nombres femeninos y otras características relacionadas con el género femenino.

Por ésta y numerosas otras experiencias, está tomando fuerza el concepto de “inteligencia artificial justa”, que propone incluir formulaciones matemáticas expresamente diseñadas para la toma de decisiones no discriminatorias. Otra opción es la arquitectura modular de inteligencia artificial, que identifica el aprendizaje de regularidades estadísticas y lo complementa con instrucciones explícitas relacionadas con lo que debe ser una conducta apropiada.

Estas propuestas obedecen al entendimiento cada vez más extendido de que la inteligencia artificial asumirá los sesgos implícitos en el lenguaje y en los patrones de las decisiones humanas, a menos de que se tomen medidas expresas para evitarlo.

Para impedir que las tecnologías perpetúen los estereotipos culturales se requiere perspectiva de género y un objetivo explícito de no discriminación, desde las actividades de análisis y procesamiento de datos, hasta el diseño de algoritmos y aplicaciones de la inteligencia artificial.

Finalmente, también resulta fundamental generalizar protocolos para la puesta en marcha que contemplen fases de pruebas, supervisión y corrección de fallas, todas ellas bajo un principio de transparencia que facilite el entendimiento de las interacciones complejas que ocurren en estos sistemas.

COLOFÓN: El poder de un pronombre

He estado escuchando comentarios sobre las estadísticas que publica el IFT señalando por ejemplo que “de cada 100 habitantes, 93 cuentan con un teléfono móvil”, lo cual refiere que el 93% de la población tiene un celular. Pero esta conclusión es incorrecta.

Las estadísticas publicadas recientemente por el IFT miden el “número de líneas móviles por cada 100 habitantes”, lo que representa el número de accesos con servicio móvil (celulares) que podemos contar por cada 100 personas.

Esto no quiere decir que 93 personas tengan una línea móvil, ya que algunas de ellas concentrarán 2 líneas o inclusive 3, lo que sucede cuando, por ejemplo, alguien cuenta con una línea personal y una línea de trabajo. Es por esta razón que este indicador en muchos países rebasa los 100 accesos, como es el caso de Argentina con 139, Brasil con 113 o Chile con 127 (todos en 2017).

Nuestras 93 líneas por cada 100 personas se traducen en que el 72.2% de la población utiliza el teléfono celular, de acuerdo con las cifras del INEGI (ENDUTIH), que no se basan en el número preciso de contratos reportados por la industria, como es el caso de las cifras del IFT, sino en una amplia encuesta realizada a la población sobre sus patrones de uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Lo que hace cambiar un “de” por un “por”.

[1] Caliskan-Islam, A., Bryson, J. J., & Narayanan, A. Semantics derived automatically from language corpora necessarily contain human biases. Science 356, abril 2017.

[2] Amit Datta, Michael Carl Tschantz y Anupam Datta: Automated Experiments on Ad Privacy Settings. A Tale of Opacity, Choice, and Discrimination. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies 2015. https://www.andrew.cmu.edu/user/danupam/dtd-pets15.pdf

* Comisionada del IFT y presidenta de la red de mujeres CONECTADAS. Las opiniones expresadas son a título personal y no deben entenderse como una posición institucional.

 

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COLUMNISTAS

¿Quién no defiende tus datos?

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La Silla Rota – Aleida Calleja

Interesantes los hallazgos que encontró la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en su más reciente estudio denominado “¿Quién no defiende tus datos?”, basado en la información que las empresas de telecomunicaciones facilitan al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto de la información que proveen a petición de instancias gubernamentales sobre los datos que almacenan de sus clientes de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

Hay que recordar que los polémicos artículos 189 y 190 de dicha ley permiten la geolocalización en tiempo real y la intervención en comunicaciones privadas como herramientas para la colaboración en materia de seguridad y justicia, que fueron duramente criticados en su momento por invadir los derechos a la protección de datos personales y a la privacidad al no contar con los candados suficientes para evitar su uso indebido y arbitrario, lo que ocasionó la interposición de amparos ante el Poder Judicial que fueron a dar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el alegato de que no estaban claramente definidas las instancias de gobierno que podrían hacer uso legítimo de estas herramientas, abriéndose la posibilidad de su uso indiscriminado poniendo en riesgo los derechos de las personas, por lo que la Corte determinó que las instancias facultadas para solicitar información a las empresas sobre datos de llamadas telefónicas móviles (duración de las llamadas, fecha y hora, datos de los dispositivos y ubicación geográfica) sólo pueden ser la Procuraduría General de la República, las procuradurías y fiscalías estatales, la Policía Federal y el CISEN.

A pesar de ello, la R3D encontró que las principales empresas de telecomunicaciones como Telcel, AT&T y Movistar entregan la información de sus usuarios a instancias gubernamentales que no tienen la facultad para acceder a ellos e incluso a entidades no especificadas por lo que se desconoce su identidad. Este hallazgo se basa en las evidencias encontradas en los informes de las empresas al IFT entre el 2016 y 2017, con lo cual se incumplen los Lineamientos en materia de Seguridad y Justicia emitidos por el regulador, configurándose en la práctica en una violación a los derechos a la privacidad y protección de datos personales.

De acuerdo a la organización en este periodo se hicieron 140 mil solicitudes a las empresas y éstas respondieron positivamente en un 97 por ciento de los casos, de ese universo poco más de un tercio (31.5) fueron peticiones realizadas por autoridades sin facultades para hacer este tipo de solicitudes. Según se puede leer en el informe se encontró que “Telcel y Telmex entregaron información en el 100 por ciento de los casos (110 mil 214 y 6 mil 402, respectivamente); mientras tanto, Movistar la entregó en 83.4 por ciento de los casos y AT&T solo en 61.5 por ciento”. En el Caso de Telcel entregó el 31 por ciento de las solicitudes a autoridades que no tenían facultades para solicitarlas o que no se identificaron.

Otro hallazgo importante es que a pesar de que las empresas tienen la obligación de entregar reportes semestrales sobre el número de requerimientos que les hicieron las autoridades, tan sólo en el primer semestre de 2017 el 96.69 por ciento de los sujetos obligados incumplió esta obligación, de manera similar sucedió en otros semestres entre el periodo estudiado.

Estos hallazgos son altamente preocupantes pues revelan la falta de cumplimiento de la salvaguarda de seguridad en la que estamos las personas frente a la facilidad con la que pueden revelarse nuestros datos, así como el efectivo control para evitar que el uso de estas herramientas se haga con fines poco transparentes y arbitrarios.

Sin embargo, el 7 de marzo de este año el Pleno del IFT eliminó las obligaciones de Transparencia por parte de las empresas, aduciendo una disminución de la carga regulatoria y los costos consecuentes para los concesionarios y autorizados, así como una armonización entre los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia con el marco jurídico vigente en materia de transparencia y protección de datos personales, ya que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, corresponde al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y le obliga garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en posesión de las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia como sujetos obligados, así como vigilar y verificar el cumplimiento de la ley, según se afirma en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 2 de abril de 2018, por lo que las empresas sólo deberán entregar al Instituto en el mes de enero de cada año el informe que con anterioridad debía dársele cada trimestre.

Para la R3D este fue un paso hacia atrás en materia de transparencia y elimina un valioso recurso para inhibir malas prácticas para el uso de estas herramientas, ¿usted qué piensa?

En otros temas

Se alistan organizaciones, periodistas y expertos aglutinados en el #ColectivoMediosLibres para presentar una propuesta para regular la publicidad oficial y que de esta manera se derogue la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la Ley Chayote que legaliza las peores prácticas en la materia, el próximo jueves 25 de octubre llevarán a cabo una rueda de prensa para dar a conocer su proyecto de Ley, el cual se pondrá a debate público. Enhorabuena.

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