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ANÁLISIS

Chile: liderazgo tecnológico con visión ciudadana

Pedro Huichalaf Roa

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Nuestro principal mandato desde que asumió en el gobierno la presidenta Michelle Bachelet, ha sido llevar las ventajas que entregan las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información a todos los chilenos. Especialmente a los quienes viven en zonas extremas y rurales e indígenas.

Para la Subtel las telecomunicaciones no son nada más cifras. Nuestras inversiones, como el proyecto de Fibra Óptica Austral, que se concursará durante 2015 y que requerirá una inversión de 100 millones de dólares para beneficiar a Puerto Montt, Aysén y Punta Arenas, no son realizadas para mantener un lugar en un ranking. Si bien es cierto todos estos esfuerzos nos mantienen como líder en la región, nuestro principal trabajo está destinado a los miles de chilenos que construyen este país y para los cuales las tecnologías y las telecomunicaciones son importantes para mejorar su nivel y calidad de vida.

Por esta razón, las políticas de desarrollo de telecomunicaciones que está implementanto la actual administración se basan en la visión presidencial de que “los beneficios de la sociedad de la información estén disponibles para todos los chilenos.” Conforme a ello, como Subtel estamos trabajando para que las telecomunicaciones sean entendidas como la principal herramienta para lograr la inclusión digital de Chile bajo la premisa de “infraestructura de telecomunicaciones con sentido ciudadano”.

En el caso particular de las redes móviles, la tecnología 4G es uno más de los medios dentro de un conjunto de herramientas para lograr esta meta. Nuestras políticas consideran la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, la obligatoriedad de servicio en zonas rurales y aisladas, la disponibilidad de redes de alta velocidad, la calidad de servicios, disponibilidad de ancho de banda internacional y, por cierto, la alfabetización digital de la población.

Esta visión con multi sistémica ha permitido a Chile continuar liderando los ranking de la Sociedad de la Información de la región, lo cual ha sido ratificado por los prestigiosos informes del Foro Económico Mundial y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En efecto, el reciente reporte del Foro Económico Mundial (The Global Information Technology Report 2015) menciona a Chile como ejemplo de éxito de recursos públicos focalizados e incentivos para construir Internet de banda ancha que den acceso a comunidades de zonas rurales y desatendidas empleando tecnologías móviles:

“Fondos bien administrados, por ejemplo, pueden proveer recursos para conectar regiones y grupos fuera de las principales zonas urbanas. Obligaciones de servicio rural son además un efectivo mecanismo. En Chile, el regulador implementó contraprestaciones de obligación de cobertura a 1,281 localidades rurales y 503 escuelas para la adjudicación de espectro de 700 MHz.”

El mismo reporte señala además, lo siguiente:

El Gobierno de Chile subsidió una red de banda ancha móvil, a través de su Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, identificando 1,500 localidades en zonas  rurales con un presupuesto máximo definido para cada subasta. Esto contribuyó a incrementar los niveles de banda ancha móvil de penetración de 10 a 47% de los hogares” (The Global Information Technology Report 2015, pp. 61- 62).

Las Naciones Unidades en su último reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones también señalan a Chile como el país con el mayor nivel de desarrollo de usuarios de Internet de la región con una penetración de 66.5 por ciento de los usuarios de Internet, comparado con 50 por ciento del promedio regional y seguido por Uruguay con 58.1 por ciento.

Las políticas sectoriales implementadas en Chile han permitido que actualmente 95 por ciento del territorio habitado cuente efectivamente[1] con cobertura de acceso a telecomunicaciones. Asimismo, en el último año (2014), según cifras sectoriales que lleva la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, el país registró un record histórico de crecimiento anual absoluto de 2.8 millones de nuevos accesos a internet (+16 pp en términos de población) que representan 32.5% de crecimiento anual.

Con todo esto se espera que la inminente puesta en marcha de la adjudicación de espectro en la banda de 700 MHz contribuya a complementar el nivel de desarrollo alcanzado por Chile, siendo una de las palancas de desarrollo del accionar de la política pública chilena, y que a su vez forma parte del Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones, cuyo pilar es el desarrollo de fibra óptica a nivel urbano, interurbano e internacional.

Por otra parte, la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) –que agrupa a las empresas Entel, Claro, Movistar, Nextel y VTR–, ha comprometido una inversión de 22 mil millones de dólares, que se sumarían a los mil 500 millones de acción directa en un plazo de cinco años para ser invertidos en infraestructura de telecomunicaciones por parte del Estado de Chile. Esto permitiría a Chile mantenerse en cifras a la par con las que promedian los países de la OCDE.

Estamos trabajando para generar telecomunicaciones con Sentido Ciudadano.


[1] Cobertura de acceso efectivo y no zonas de servicio en la cual algunos países de la región señalan 100 por ciento.

 

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ANÁLISIS

Presupuesto del IFT: la política falló

Jorge Bravo

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá que conformarse con un presupuesto de 1,500 millones de pesos de los 1,780 millones que solicitó a la Secretaría de Hacienda, después de que la Cámara de Diputados le recortara de forma inopinada 280 millones. Menos proyectos o menos personal o ambos podría ser una triste realidad para el IFT en 2019. ¿Por qué ocurrió?

Elaborar un presupuesto es tarea de expertos pero defenderlo es un asunto político. Lo fue para cientos de alcaldes que estuvieron formados en San Lázaro para entregar en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las solicitudes de dinerito para sus municipios. Lo fue para el rector de la UNAM que mostró un músculo político de más de 350 mil estudiantes y 40 mil académicos y lo es para cualquier persona. Todos en alguna ocasión debemos ponernos la cachucha de vendedor y persuadir al “dueño del dinero” del presupuesto que creemos merecer con los mejores argumentos. Pero el IFT no lo hizo correctamente.

He escuchado a varios ex funcionarios públicos repetir el mismo mantra: “¿quieres 50 pesos? ¡pide 100!”. Eso hacemos todos, sabiendo que existe un margen de negociación. Es fácil decirlo pero también intentarlo si se presentan los proyectos. ¿Por qué el IFT sólo solicitó 1,780 millones en lugar de los 1,998 millones de 2018 o incluso más? No es un tema de austeridad o recortes de privilegios sino de falta de visión y desconocimiento de lo que realmente debe hacer la institución, que no es sólo promover la competencia.

El miércoles 5 de diciembre compareció el IFT ante diputados de la Comisión de Radio y Television respecto del presupuesto de egresos de la federación 2019. Acudió, acompañado de otros funcionarios del IFT, Mario Fócil, titular de la Unidad de Administración del IFT. Fócil disculpó a Gabriel Contreras, comisionado Presidente del IFT, quien no pudo acudir con los diputados porque tenía una sesión del Pleno. Todo lo que escribo se puede verificar aquí: https://goo.gl/x6W1Ux.

Señora y señores comisionados: ¿no podían posponer su sesión del Pleno ante un tema tan relevante como el presupuesto de la institución de donde obtienen sus salarios e ir todos a defenderlo? Es conocida la animadversión de AMLO por los organismos autónomos. Ha dicho que “agrandaron el gobierno” y que son “supuestamente organos autónomos con muy buenos sueldos para los altos funcionarios públicos y mucho derroche”.

Ingresé al sitio del IFT para saber qué asunto había sido tan importante como para que el Comisionado Presidente no acudiera en persona a defender el presupuesto, pero las sesiones del Pleno están actualizadas hasta el 16 de noviembre. ¿Es relevante? Sin duda: Contreras no sólo es el Presidente del IFT, sino que rodeado de seis comisionados técnicos-expertos, él es el comisionado político.

Mario Fócil presentó el proyecto de presupuesto del IFT ante la Comisión de Radio y TV. Su estrategia se centró en cuatro ejes, a la postre fallidos: beneficios de la reforma (por desgracia, ningún diputado se inmutó); especialización (es importante, pero no lo fue para ningún diputado); criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público (no logró tocar el corazón de una comisión y “cena de negros” que de 29 diputados 15 son de Morena) y recaudación para las arcas de la federación de ingresos provenientes de las licitaciones de espectro (esta parte fue cuestionada por diputados con notable desconocimiento en la materia pero lengua afilada).

La especialización (uno de los principios que fundamenta la creación de un organismo constitucional autónomo) fue utilizada por el titular de la Unidad de Administración para justificar por qué “sólo 16 funcionarios del IFT” debían ganar más que el presidente López Obrador.

El argumento de la recaudación fue desastroso para el IFT. Como los diputados no son expertos pero sí grillos, supieron destruir ese argumento. Fócil reseñó que de 2013 a agosto de 2018 el IFT había recaudado “por derechos y  otros conceptos” 70,716.48 millones de pesos, mientras que el costo de operación del instituto había sido de 9,978 millones, “es decir, sólo 14.1 por ciento”. E insistió: “por cada peso que le han asignado al IFT el instituto ha generado siete pesos al Estado mexicano”.

El argumento recaudatorio fue tan débil, perjudicial y amenazante al mismo tiempo que se convirtió en un búmeran directamente al rosto del IFT. Es como suponer que el mérito de la UNAM, de la CNDH o del INE es recaudatorio y no social o democrático. El IFT incurrió en una terrible confusión de sí mismo y en una pésima estrategia suplicante: “no seas malo, merezco mi presupuesto porque te genero muchos ingresos… y puedo seguir generándolos”. El diputado de Morena, Luis Javier Alegre (que en todo momento se refirió al instituto como “la Ifetel” (sic)), supo dinamitar el argumento y no dejó de repetir que “la Ifetel debería ser un órgano regulador y no recaudador”, algo que la industria y no pocos analistas comparten.

Ante las adversidades que ya se preveían para el presupuesto del IFT como órgano autónomo non grato para el morenismo, todo indica que no hubo una estrategia por parte del instituto, fue fallida y tampoco ocurrió un cabildeo político para defender la pertinencia del presupuesto. Enrique Peña Nieto le facilitó al IFT un buen presupuesto porque fue una institución creada durante su administración, pero era obvio que ese estado de confort cambiaría con un gobierno abiertamente hostil con los organismos autónomos y sus autoridades… y todavía no somos testigos de los atentados directos a su autonomía.

Cuando ya se había dictaminado el presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se decidió recortar 180 millones al IFT, el instituto emitió un comunicado dominical diciendo que la disminución “pone en grave riesgo el cumplimiento de las atribuciones y proyectos sustantivos para 2019”. Se refirió a sus competencias en el artículo 28 constitucional e hizo un respetuoso pero sobre todo tibio llamado a “reconsiderar la propuesta de presupuesto presentada por el IFT”.

Ingresé al sitio del IFT para conocer esos “proyectos sustantivos para 2019” y descubrí que el IFT no ha hecho público su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019. Verifiqué y el PAT 2018 fue aprobado por el Pleno hasta febrero de 2018. Hubiera sido un punto a favor del IFT en la discusión del presupuesto conocer al menos un avance del PAT 2019, pero no se les ocurrió.

Independientemente de ello, no escuché a los funcionarios del IFT durante su comparecencia hablar de inclusión digital, de conectar a más mexicanos, de cerrar la brecha de conectividad o de género; no mencionaron la tutela que les corresponde del derecho fundamental de acceso a las TIC, incluida la banda ancha. ¿Es necesario aclararlo? A los legisladores de Morena (cuyo lema es “por el bien de todos, primero los pobres”) hay que hablarles con la voz del pueblo y los beneficios sociales de Internet. A falta de un político que negociara y argumentara a favor de la función social del IFT y la inversión pública que requiere para ello, los técnicos y abogados del instituto hicieron gala de su conocimiento de artículos, párrafos e incisos.

Como órgano autónomo el IFT es un poder del Estado en sí mismo porque su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), pero se le ha encargado en la Constitución una función estatal específica y especializada, no limitada al artículo 28 de la Carta Magna (competencia económica), sino también a los artículos segundo (pluriculturalismo), tercero (educación), sexto (derecho de acceso a las TIC) y séptimo (libertad de expresión) de la Constitución. Los derechos fundamentales no admiten austeridad y alguien tenía que recordárselo a los legisladores, pero para muchos funcionarios del IFT esa sigue siendo tierra ignota y además no creen en el derecho de acceso a las TIC con convicción.

Dice el respetuoso comunicado del IFT que el recorte afectará “promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”. Por ejemplo, el IFT carece de un programa para promover la radiodifusión pública, por demás ineficiente. Ante el recorte sistemático que sufren cada año los medios públicos, el IFT podría ayudar con algunos milloncitos para programas específicos que les permitan cumplir sus atribuciones legales y su función social como su digitalización o pleno acceso a tecnologías. Aún más: ¿qué programas tiene el IFT para contribuir al logro de los objetivos de la política de inclusión digital y cobertura universales? ¿El Programa Prioritario “Internet para todos” del nuevo gobierno de AMLO no era una buena oportunidad para diseñar un programa coadyuvante y pedir presupuesto adicional para ello? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le concede al IFT 63 atribuciones. Cada una de ellas admite programas y proyectos temporales y permanentes y oportunidades de solicitar presupuesto.

El IFT tiene un enorme poder legal no suficientemente explotado pero sobre todo una hermosa responsabilidad social y política: lograr que millones de mexicanos (incluidas mujeres, jóvenes, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad) accedan a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Esa labor es suficientemente ardua y ambiciosa para demandar el presupuesto necesario.

Llama la atención que algunos comisionados reconozcan esa importancia social justo después del tijeretazo de los diputados. El comisionado Javier Juárez comentó en Twitter: “Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios habilitadores de derechos y oportunidades para todos.” Comisionada María Elena Estavillo: “El presupuesto del IFT no es gasto, es inversión social.” Coincido: ¿por qué no fueron a demostrarlo a la Cámara de Diputados? Decía el destacado politólogo Guillermo O’Donnell: “los derechos hay que escribirlos en la ley porque es la única forma de defenderlos y exigirlos; (pero) todo derecho está amenazado y es reversible”.

Durante más de cinco años el IFT ha hecho política, pero el día que más se requería de los talentos de un comisionado político, ese día no se hizo lo suficiente para defender el presupuesto del IFT. Proponer al Pleno el anteproyecto de presupuesto para su aprobación y remitirlo a la Secretaría de Hacienda es una facultad indelegable del Presidente del IFT. Por cierto, el Estatuto Orgánico del IFT señala en su artículo 14 que “el Presidente ejercerá sus facultades directamente o mediante acuerdo delegatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación a través de los Titulares de Unidad”, como fue el caso de Mario Fócil ante la comisión en San Lazaro. Ingresé al DOF para buscar el acuerdo delegatorio y no lo encontré…

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ANÁLISIS

Megamulta de IFT a Telmex tuerce regulación y compromete inversiones

• La multa por 2,543 mdp es desproporcionada y afecta inversiones del operador
• La resolución afecta los objetivos y rentabilidad de la separación funcional
• La multa es infundada porque sobre el operador ya pesa la regulación asimétrica de preponderancia

Policy & Law

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Desenterrar expedientes

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) exhumó del cementerio regulatorio un procedimiento administrativo acusatorio de 2013 (previo a la reforma en materia de telecomunicaciones) contra Telmex y le impuso una multa desproporcionada de 2 mil 543 millones 936 mil 879.63 pesos (equivalente a 1% de sus ingresos de 2013) por haber incumplido la Condición 4.1 de su título de concesión sobre metas mínimas de calidad de servicio. Al regulador se le olvida que cualquier resolución que adopte su Pleno debe ceñirse a los derechos fundamentales y, en este caso, la multa atenta contra el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Regulación superada por la preponderancia

¿Cuál fue el pecado o la conducta imputada a Telmex?: el operador fijo no alcanzó el plazo de entrega para el servicio de arrendamiento de enlaces dedicados locales y de larga distancia.

Lo anterior deriva de un incumplimiento de la Resolución de Metas Mínimas 2011-2014, un instrumento regulatorio aprobado el 12 de julio de 2012 por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el cual carece de una metodología para, precisamente, ponderar el cumplimiento.

El tema es cuestionable por sí mismo por cuanto la reforma constitucional de 2013, la ley secundaria de 2014 y la declaratoria de preponderancia de 2013 (incluida la resolución de servicios mayoristas) modificaron las reglas del juego y le impusieron al grupo económico de América Móvil-Telmex-Telcel medidas regulatorias asimétricas exorbitantes, incluidas las ofertas mayoristas y la separación funcional de Telmex durante la revisión bienal de la efectividad de las medidas de preponderancia.

La resolución que tomó el Pleno del IFT de multar a Telmex el 12 de diciembre ocurre cuando el regulador posee amplias atribuciones para regular el sector vía la preponderancia, cuando la empresa está en proceso de separación de sus negocios mayoristas, cuando las empresas han perdido valor e ingresos en el mercado, cuando a la compañía se le impide y se le castiga por crecer por su carácter de preponderante y cuando se requiere más inversión en redes para cerrar la brecha digital y contribuir a la expansión de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, objetivo al cual el IFT no se ha sumado desde la aprobación de la reforma, fallando en su obligación constitucional.

Implicaciones

La megamulta tiene implicaciones directas en las finanzas de la empresa, el sector de telecomunicaciones y las metas de conectividad del país:

  1. La multa atenta contra cualquier principio de proporcionalidad, por lo que es desmesurada.
  2. La resolución le arrebata liquidez a la empresa cuando debe velar por la rentabilidad de las empresas mayoristas separadas funcionalmente.
  3. Pone en riesgo los derechos laborales de más de 60 mil empleados de Telmex, porque ninguna empresa está obligada a sostener una operación sin ingresos.
  4. La medida pone en riesgo las mismas obligaciones de cobertura social que tiene en exclusiva esa empresa por razones de su título de concesión, comprometiendo el derecho fundamental de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluida la banda ancha, para que más mexicanos tengan acceso a servicios de voz y datos.
  5. Cuando un nuevo gobierno tiene entre sus programas prioritarios ofrecer Internet para todos, la megamulta a Telmex llega para afectar directamente la futura política pública de inclusión digital, en lugar de coadyuvar al cumplimiento de la misma, como señala la Constitución.
  6. La multa castiga no sólo a Telmex sino al sector de telecomunicaciones en su conjunto porque estanca la inversión; la empresa optará entre pagar la multa o invertir.
  7. Al aprobar su resolución, el IFT retrasa un derecho fundamental como el acceso a las TIC, por cuanto impacta negativamente sobre las inversiones del operador.

Conclusión

Con esta resolución, el IFT se aleja de sus objetivos regulatorios, es decir, modular las conductas de los operadores no sólo para generar condiciones de competencia sino garantizar el acceso a los servicios.

La decisión es desproporcionada; ajena a cualquier racionalidad regulatoria; además de tardía, inoportuna; genera incertidumbre porque aplica una regulación superada por la declaratoria de preponderancia, aplicando retroactivamente una resolución que le afecta más a la empresa; secuestra la inversión del operador y compromete la viabilidad financiera de la separación funcional; además de que no habrá Internet para todos, como se comprometió el gobierno de la Cuarta Transformación.

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ANÁLISIS

Crisis institucional y errática definición de políticas públicas en telecomunicaciones en Chile

Pedro Huichalaf Roa

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Para nadie es un misterio que la industria de telecomunicaciones móviles pasa por una etapa de conflicto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile.

Apenas unos meses de asumido el gobierno de Sebastián Piñera y con la designación de la Ingeniera Comercial Pamela Gidi, dos hechos marcaron un antes y un después en cuanto a la estabilidad regulatoria del mercado de las telecomunicaciones.

Todo comenzó con una decisión administrativa de congelamiento de espectro de la banda de 3,500 MHz, inédita y absolutamente cuestionable sobre su fundamento, sin justificación real más que con una lógica de “estudio” de espectro para un futuro 5G, por un supuesto uso ineficiente de espectro, que generó inmediata reacción de la industria, con interposición de recursos de protección en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con denuncia de “lobby feroz” por parte de la autoridad, lo que llevó finalmente a una vuelta en “u” al revertirse la decisión, manteniendo espectro en operadores, generado las críticas de sectores que apoyaron inicialmente a la autoridad, perdiendo con ello credibilidad en las decisiones, toda vez que no se hizo cargo de su denuncia de uso ineficiente de espectro, ni menos se avanzó en “estudios” prometidos.

Por otro lado, una sentencia de la Corte Suprema respecto al concurso de la banda de 700 MHz, iniciado en el primer gobierno de Piñera, que ordenó finalmente a empresas a devolver parte del espectro en exceso de 60 MHz conforme a un criterio fijado en 2009.

Sin embargo, la Corte le dio opción a la Subtel para que realizara una consulta ante el Tribunal de la Libre Competencia para determinar si era necesario la existencia de un límite de espectro por empresa de telecomunicaciones.

Lo relevante de esta consulta no sólo se basa en un tema de libre competencia, sino también en la forma de gestionar el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público, es decir, de todos los chilenos.

Así, es la Subtel la que debería liderar este proceso para poder definir, por ejemplo, la forma como llegarán tecnologías como 5G, que prometen mejor velocidad de acceso, mayor cantidad de dispositivos móviles y OITs conectados, menor tasa de latencia y nuevas oportunidades de implementar tecnología en áreas productivas como minería, agricultura, educación, salud, entre otras.

Como antecedente, y para cumplir con esta tarea, previamente la autoridad regulatoria había ya solicitado la renuncia del Jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios, Gonzalo Doña (quien llegó con el actual gobierno) “por un tema de desempeño”, y había contratado a fines de agosto a Geraldine González, quien ya se había desempeñado como jefa de la misma división en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, específicamente entre los años 2011 y 2014. Al mismo tiempo, había contratado a dos especialistas externos para colaborar en estudios y planificación de uso de espectro.

Sin embargo, a tan sólo días de presentar por parte del gobierno el Plan Nacional de Espectro ante el Tribunal de la Libre Competencia, se generó una verdadera crisis institucional, puesto que la Jefa de Política Regulatoria, a meses de asumir, renunció y fue desvinculado el Jefe de Fiscalización de la Subsecretaría. Ambas jefaturas son fundamentales para la presentación, defensa ante el TDLC y ejecución del plan de espectro, como también en la definición de políticas públicas en telecomunicaciones. Al mismo tiempo se supo de la no continuación en apoyo de Subtel de uno de los especialistas externos previamente contratados.

Todos estos episodios demuestran la importancia de designación de autoridades competentes para una estabilidad en área tan sensible en la economía y calidad de vida de los chilenos. La ausencia de jefaturas técnicas y prevalencia de una autoridad política que carece de visión de mediano a largo plazo, hipoteca el desarrollo tecnológico del país.

Así, ante una industria expectante ante resoluciones finales, con inversiones congeladas, con una consulta ante el Tribunal de Libre Competencia débil, sin una posición firme por parte del gobierno sobre todo respecto a uso de espectro para tecnologías como 5G y con decisiones contradictorias, hacen ver a Chile como un país riesgoso en inversiones por falta de claridad en políticas de mediano a largo plazo. Se concreta, de esta forma, un mal pronóstico que habíamos visualizado tras la decisión de congelar el espectro y que habíamos escrito con anterioridad.

La solución pasa por claridad en toma de decisiones, cambios en la dirección de la subsecretaría con personal idóneo, un debate amplio respecto al futuro tecnológico del país, con mirada transversal y no sólo economista, una adecuación del uso de espectro que combine mayor competencia y despliegue de redes para todos los habitantes, no importando el lugar geográfico en que se encuentre pero, sobre todo, volver a tener confianza en la institución regulatoria.

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