Lunes, 24 de julio del 2017
Idioma Es Pt En

Un error atribuible al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indicaba que AT&T había invertido en México cantidades menores a lo que realmente desembolsó durante 2015 y 2016. De inversiones por 2 mil 45 millones de pesos en 2015 y 915 millones de pesos en 2016, AT&T México pasó a erogar 9 mil 869 millones de pesos y 15 mil 755 millones de pesos, respectivamente. A solicitud de AT&T México, el IFT modicó los datos de inversión en infraestructura móvil de los años mencionados, informó el instituto en un comunicado.

El Banco de Información en Telecomunicaciones (BIT) se actualizó el 12 de julio de 2017 y se modicaron los datos de inversión en infraestructura de telecomunicaciones móviles y los de inversión total publicados el 9 de mayo por el órgano regulador. “Esto derivado de una solicitud de corrección de cifras por parte de AT&T, la cual manifestó que lo reportado para 2015 y 2016 fue estimado en dólares y no en pesos”, indicó el IFT.

Con la corrección, la inversión total en infraestructura de telecomunicaciones tuvo un aumento de 2014 a 2015 de 49%, y de 2015 a 2016 de 16.5%.

“Como parte del proceso de validación de información y previo a la publicación de las cifras reportadas inicialmente, el instituto solicitó a AT&T la conrmación de las cifras de inversión, a lo que la empresa respondió que eran correctas”, justicó el regulador.

El BIT, cuyo costo fue de un millón de pesos, muestra otros errores como cantidades que no corresponden a los usuarios reales de servicios. Por ejemplo, en un ejercicio realizado por EL UNIVERSAL, la herramienta arrojó que existen 184.6 millones de suscriptores de Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), calicó como graves las imprecisiones en el banco de datos del regulador. “Esta información debe ser tomada de las empresas directamente, entonces, ¿quién comente el error?”, cuestionó.

Preocupan los cambios debido a que el instituto los usa para regular y las empresas para planear su ingreso al sector y definir estrategias de negocio, mencionó Rojón. “Es un órgano regulador que pone la información a disposición de las empresas precisamente para que tomen decisiones y planeen estratégicamente”, puntualizó

Publicado en Empresas

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer por segundo año consecutivo los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2016; destacó que los canales de televisión abierta son vistos por 74 por ciento de la población que prefiere sintonizar noticiarios, películas y telenovelas.

De acuerdo con las cifras, 96 por ciento de los entrevistados cuenta con televisor en su hogar y en promedio las personas tienen 1.9 televisores, de los cuales 1.2 son digitales y cerca de la mitad de la población (48%) sólo cuenta con señal de televisión abierta.

Los contenidos de TV abierta se consumen principalmente de lunes a viernes por las noches y por las tardes en fines de semana. Los canales preferidos son Las Estrellas con 57 por ciento, Azteca Trece con 52 por ciento, el Canal 5 con 42 por ciento, Azteca 7 con 37 por ciento y Canal Once con 10 por ciento.

Respecto de los canales de televisión de paga, los géneros favoritos son películas, series y deportes; en este rubro se mantienen como los canales más vistos también los de televisión abierta, como Las Estrellas con 60 por ciento, Azteca Trece con 54 por ciento, Canal 5 con 39 por ciento y Azteca 7 con 37 por ciento.

Por otra parte, 41 por ciento de las personas escuchan la radio, de las cuales 82 por ciento reportó que lo consumen desde su hogar.

Los contenidos musicales, noticiarios y de entretenimiento son los favoritos de las audiencias de radio y el dispositivo que más utilizan es el estéreo o grabadora (66%), seguido del teléfono celular (21%) y el radio del coche o transporte (16%).

En lo que se refiere a contenidos audiovisuales en Internet, 26 por ciento de las personas declara consumirlos. Los videos musicales, películas y series son los contenidos favoritos, y el lugar donde más se consumen es en el hogar.

La plataforma favorita de este tipo de audiencias es YouTube con 90 por ciento de la preferencia, seguida por Netflix (22%) y el dispositivo que más utilizan es el teléfono celular.

Respecto al uso de videojuegos, indicaron que 20 por ciento de las personas declara jugar videojuegos, principalmente a través de un teléfono celular y consolas (ambos con 45% de menciones).

En otros temas, el IFT también dio a conocer las cifras de crecimiento de telecomunicaciones al cierre del primer trimestre de 2017, entre las que destacó que el número de accesos de banda ancha móvil alcanzó más de 77 millones, lo que equivale a un crecimiento anual de casi 23 por ciento, y la  teledensidad para este servicio se situó en 63 suscripciones por cada 100 habitantes.

Otras cifras indicaron que en el primer trimestre de 2017 se incorporaron cinco nuevos operadores móviles virtuales (OMVs) al mercado (Telecomunicaciones 360, Neus Mobile, Simpati, Bueno Cell y Her Mobile), con lo que suman 13 los que brindan servicio con más de 1.2 millones de líneas móviles.

 

Publicado en Noticias

Como expuso este autor en un artículo anterior, el principal efecto claro y evidente de la tarifa cero en el servicio de terminación de llamadas en la red del llamado agente económico preponderante (AEP), fue la creación de un grupo de interés conformado por todos aquellos concesionarios beneficiarios del subsidio que significa la gratuidad de un servicio cuyo costo económico es positivo o mayor que cero, cuya tarifa ya había sido determinada por el IFT y que, por mandato de ley, se impuso la gratuidad en contrasentido de todo principio económico y legal básico.

Como evidencia de la presión mediática de tal grupo de interés, ante la inminente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la legalidad de tal régimen de servicio gratuito obligatorio por parte del AEP al resto de los operadores, se han expuesto una serie de mitos sobre los supuestos efectos de la eventual eliminación de tal tratamiento regulatorio asimétrico extremo que carece de una justificación económica o legal.

A continuación enumeraré las tres falacias sobre los efectos de una muy posible sentencia que declare inconstitucional el régimen de tarifa cero en la terminación en la red del AEP.

1. “La eliminación de la tarifa cero incrementará los precios al usuario final”. Sin duda, es el mito más citado en las afirmaciones de los concesionarios alternativos. Lo anterior es una falacia porque no es posible demostrar empíricamente que el ahorro por el uso de un insumo que se obtiene en forma gratuita tenga un efecto directo y proporcional en las tarifas en el mercado.

El ahorro que obtienen los operadores beneficiados no significa que sea equivalente en magnitud al incremento en el excedente del consumidor que se haya generado desde la vigencia del régimen asimétrico. Tales ahorros en costos de operación han sido de naturaleza fungible y pudieron representar transferencias hacia otros destinos diferentes al de disminuir las tarifas a los usuarios.

No olvidemos que las tarifas que ofrece cada uno de los concesionarios diferentes al AEP no dependen si el tráfico que tienen sus usuarios termina o no en la red del AEP, dado que las que terminan en otras redes sí implican un costo por el servicio de terminación en la red de destino.

Por otro lado, haré referencia a un artículo de Francisco Gil Díaz (ex secretario de Hacienda y alto ejecutivo de Telefónica en México) titulado “Debt Accumulation and Distorted Growth Through Subsidized Public Sector Prices”, de julio de 1986, en el cual calculaba el costo en bienestar para la economía de precios de varios servicios (agua, gasolinas, electricidad, gas, etcétera) cuando éstos se ofrecían a precios menores que su costo económico relevante.

Su conclusión era que imponer precios de tales insumos por debajo de su costo de producción o de su costo de oportunidad causaba un daño neto al país, es decir, que su costo social era mayor que el beneficio que pudiera tener el consumidor. Es peor el caso de un servicio que se ofrece a precio cero.

La diferencia en ambos casos es que en el artículo de referencia de Gil Díaz el que internaliza el subsidio era el sector público, mientras que en el caso de la terminación es el AEP el que internaliza el subsidio que otorga al resto de las redes.

Algunos estiman que “el conjunto de los operadores competidores tendría que pagar un costo agregado que asciende a 1,050 millones de dólares, derivados del cobro retroactivo de servicios de interconexión en favor del AEP”. Sin discutir la cantidad, lo anterior significa que el AEP ha subsidiado al resto de los competidores con dicho monto y que, aun siendo tal monto equivalente a una hipotética ganancia del usuario final en dicho monto, dada la distorsión en precio y su correlativo costo en bienestar, no habría beneficio neto económico alguno.

¿Qué economista puede defender la gratuidad de un servicio que necesariamente implica un costo de oportunidad por el capital que se ha invertido en su existencia? Desafortunadamente, existen y se expresan en editoriales y en declaraciones a “voz en cuello”. Todo precio que no corresponde a su costo de oportunidad social causa un costo en bienestar, no importa quién lo pague, sea el gobierno o un particular obligado por ley o, por lo menos, es una pura transferencia.

Me pregunto, ¿los apologistas de la tarifa cero serán los mismos que pudieran pretender un precio de la gasolina a niveles de Venezuela, que es la de menor precio del orbe, como lo es la interconexión en México?

2. “La desaparición de la tarifa cero significaría el fracaso de la reforma en telecomunicaciones”. Esta falacia trata de reducir la reforma en materia de telecomunicaciones a la gratuidad de un servicio en beneficio de los concesionarios alternativos al AEP, cuando han tenido un mayor impacto, y en forma directa, la eliminación del roaming nacional y en Norteamérica que sobrevino por la entrada al mercado de AT&T; la medida de mayor impacto procompetitivo que fue la liberalización de la inversión extranjera directa en toda la gama de servicios de telecomunicaciones; el aumento del espectro disponible a ser explotable comercialmente; sin dejar de señalar la eliminación de la larga distancia nacional que fue la que tuvo el mayor impacto en el índice de precios de servicios de telecomunicaciones cuando entró en vigor.

No es posible atribuir a un solo elemento de los componentes de la reforma, y sin duda el de menor justificación económica, todos los beneficios en tarifas y crecimiento del mercado en los últimos tres años. Con el tiempo, se podrán identificar cómo cada uno de ellos contribuyó al crecimiento del mercado, pero dudo que el régimen asimétrico, que son sólo disposiciones para hacer apetecible la entrada al mercado nacional y permanecer en el mismo, haya contribuido en algo frente al resto de las medidas de la reforma.

3. “[Con la tarifa cero] hicieron de México un lugar muy atractivo para invertir y sin ellas no hubiéramos entrado al mercado”. Un competidor cuya rentabilidad esperada de entrar a un nuevo mercado está determinada por el tratamiento asimétrico, incluida la tarifa cero o gratuidad en la terminación en la red del AEP, es decir, por la existencia de un subsidio en sus costos operativos, es un competidor ineficiente y, por lo tanto, no debería estar en el mercado, porque sólo da lugar a la búsqueda de rentas y a la ineficiencia en el mercado.

Es decir, sólo invertirá en ser receptor del subsidio y no por generar valor a sus accionistas por su innovación, sino por su capacidad de maniobrar para prolongar su posición de empresa apalancada regulatoriamente.

No creo que AT&T sea tal tipo de competidor, por lo que su entrada al mercado nacional hubiera sucedido independientemente de la existencia o no de una tarifa cero. El determinante tal vez fueron los términos de la adquisición de la red operada por Grupo Salinas como la oportunidad de entrada, y a partir de ahí todo subsidio que se espera sólo apalancaría su rentabilidad esperada.

La tarifa cero no incentiva la inversión de los concesionarios alternativos al AEP. Recordemos que una tarifa que corresponda al costo de oportunidad social orienta las decisiones de inversión; una tarifa cero sólo desincentiva la inversión dado que no exige esfuerzo alguno por buscar alternativas o eficiencias para disminuir sus costos operativos.

Tal vez ahora, de no haber existido tarifa cero, estaríamos viendo a AT&T desplegar redes de fibra óptica al hogar o con redes hibridas (fijas y móviles), pero el subsidio causa una cómoda posición en el mercado. Tal vez el subsidio de referencia le ha permitido gastar en publicidad que de otra forma hubiera tenido que erogar en redes propias.

La línea de razonamiento de los apologistas de la tarifa cero llevaría a reinstalar los subsidios generalizados en hidrocarburos, electricidad y otros bienes y servicios con el objeto de “disminuir precios a los consumidores, incentivar inversión o atraer a nuevos competidores a otros mercados”.

Así como tales políticas son consideradas como populistas, contraproducentes para las finanzas públicas e incompatibles con un crecimiento sostenido, de igual forma lo es el que permanezca la tarifa cero que establece el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Al ser una medida proteccionista que otorga beneficios exclusivos a un cierto grupo de competidores en detrimento de un solo concesionario, se distorsiona la asignación de recursos por parte del que otorga el subsidio como del que lo recibe. No será sostenible dado que compromete la capacidad financiera del que aporta obligadamente el subsidio o transferencia.

Como señalaba el propio Francisco Gil Díaz en su artículo: “Además de la inversión y los gastos corrientes necesarios para saciar las cualidades demandadas inducidas por precios artificialmente bajos, el sector público también ha renunciado a los ingresos... y ha acumulado los costos financieros que han resultado de estas políticas.”

Lo mismo puede ser afirmado para el AEP y la tarifa cero. Es en casos como estos cuando los principios básicos de una economía de mercado deben prevalecer. En el nombre de “piso parejo” y “protección de la competencia” también se puede caer en los devaneos del proteccionismo, la complicidad con grupos de interés y el chantaje regulatorio.

Publicado en Noticias

No se deje engañar por los agoreros que pintan un escenario catastrofista de incremento a los precios de servicios telecomunicaciones y desinversión de los operadores si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve la inconstitucionalidad de la tarifa cero de interconexión.

Forma parte de la división de poderes que los ministros de la Suprema Corte enmienden fracciones inconstitucionales de las normas, como el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014, que vulnera las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para resolver en materia de interconexión.

El Congreso de la Unión aprobó la ley secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, pero se excedió en sus facultades al reglamentar un tema complejo y extremadamente técnico como la interconexión: el precio que paga un operador por usar la red de otro para terminar sus llamadas.

Los legisladores decidieron que el agente económico preponderante no cobre por las llamadas que terminan los competidores en las redes de Telmex-Telcel. Lo que está por resolver la SCJN es si la tarifa cero puede determinarla el Congreso de la Unión o es una facultad del IFT.

Desde la democracia antigua cualquier ciudadano puede recibir la representación popular en el Congreso, ya sea un político, economista, abogado, científico, Carmen Salinas o Ana Gabriela Guevara. Pero usted no espera que estos personajes que lo representan en el Congreso traigan bajo el brazo un modelo de costos y que definan tarifas de interconexión que normalmente determinan libremente los operadores entre sí, o bien el regulador de telecomunicaciones con base en un modelo de costos.

Que los diputados y senadores (cuyos criterios para votar las leyes son políticos y partidistas) pretendan tener el conocimiento, experiencia y herramientas de un regulador especializado en telecomunicaciones, sería “una locura universalmente reconocida como tal”, decía Alcibíades.

Como todos tenemos derecho a participar en el espacio público, forma parte de la democracia que nos represente doña Carmen o la atleta Ana Gabriela, pero nadie espera que la responsabilidad de ser juez o regulador (que deben desempeñar un trabajo técnico, especializado e imparcial), recaiga en dichos representantes. Basta con revisar en la Carta Magna los requisitos para ser legislador y los que se requieren para ser comisionado del IFT. De entrada, existe un Comité de Selección para aspirar a ser regulador del sector de telecomunicaciones y radiodifusión.

Lo mismo sucede con la interconexión: existe el IFT, con herramientas suficientes para resolver temas de interconexión, porque así lo dicta la ley, la experiencia internacional y el sentido común.

El Congreso de la Unión crea instituciones como el IFT o el IMSS, pero nadie acude con los legisladores para que elaboren un estudio de mercado o un diagnóstico clínico. Para eso están los reguladores y los médicos. Eso lo sabe la SCJN y no hay duda de que el IFT es la autoridad técnicamente capacitada para resolver en materia de interconexión y fijar tarifas, no los diputados y senadores que debaten sobre muchos otros temas.

Desde la Atenas clásica la autoridad se fundamenta en la soberanía del saber-hacer práctico como virtud. Difícilmente, el Congreso posee ese saber técnico y tampoco es su virtud, pero no tiene por qué sustraerla de otra autoridad como el IFT. Sócrates decía: “yo creo que, para juzgar bien, es preciso juzgar por la ciencia y no por el número”.

La SCJN juzgará la inconstitucionalidad del artículo 131 y la tarifa cero de interconexión por la ciencia del derecho constitucional. Si resuelve la inconstitucionalidad, entonces el IFT resolverá por la ciencia de la regulación las tarifas de interconexión, las cuales requieren un modelo de costos. El Congreso ya juzgó por el número y es evidente que se equivocó.

Lo que algunos nos quieren vender como un bien (un entorno competitivo en el sector y beneficios como la reducción de tarifas de telefonía móvil), no puede estar por encima del orden legal constitucional y regulatorio.

Quienes defienden al Legislador-Regulador calculan en 1,050 millones de dólares la devolución por el impago de la tarifa de interconexión a Telmex-Telcel desde 2014. Esta cifra es especulativa. En primer lugar, la SCJN no ha resuelto que las tarifas sean retroactivas. En cualquier caso, el IFT no ha realizado el análisis de las condiciones de mercado, no ha elaborado el modelo de costos, no lo ha sometido a consulta pública, no se han emitido comentarios de la industria, no lo ha aprobado el Pleno del IFT y no se han definido tarifas. Por lo tanto, buscan confundir a los ministros de la SCJN cuya labor se limita a resolver la constitucionalidad o no del artículo 131 de la LFTR.

Zeus otorgó por igual a todos los seres humanos la capacidad política, pero sólo a unos pocos un saber y una técnica. Al IFT le fue dado el saber y la técnica en materia de interconexión. A la SCJN la resolución en definitiva de la constitucionalidad de las leyes. Cada chango a su mecate.

Publicado en Organismos
«InicioAnterior12345678910SiguienteFinal»
Página 1 de 250
 
« Julio 2017 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

  



Es una publicación de Cultura, Comunicación y Desarrollo, S.C. Todos los derechos reservados © 2017

Los nombres de los espacios Mediatelecom Minuto a Minuto, Mediatelecom Américas, Sociedad de la Información e Internet y Telecomunicaciones,
Sociedad y Desarrollo son segmentos de Cultura, Comunicación y Desarrollo, S.C que ofrecen un servicio sin fines de
lucro y proporcionan el enlace directo a la fuente original, respetando los derechos de autor del editor y del autor sin alterar o
modificar parcial o totalmente la obra autoral originaria.