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Tron Petit y la justicia

Reforma - Clara Luz Álvarez - 06.12.2017, 08:14
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La decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de reincorporar al magistrado Jean Claude Tron Petit al tribunal donde estuvo adscrito antes de formar parte de los tribunales especializados en telecomunicaciones y competencia económica tiene varias lecturas. La oficial y formal es que simplemente regresa a su tribunal de origen y que la Constitución señala que habrá rotación de las juezas y magistrados de dichos tribunales. Otra lectura es que al impartir justicia, tocó fibras sensibles de los grupos de poder económico de telecomunicaciones y radiodifusión que pidieron su cabeza. Veamos los méritos de una y otra versión.

La Constitución prevé la rotación de jueces y magistrados, pero no dice más. Ni la iniciativa de reforma ni los dictámenes de la Cámara de Diputados, ni del Senado refieren a la racionalidad detrás de la rotación, ni mucho menos cuál será el plazo del encargo. Entonces queda al CJF determinar qué se busca con la rotación y cuál es el plazo para la rotación. Si lo que se busca es evitar la captura del juzgador entendida como el que jueces/magistrados especializados olviden su imparcialidad y beneficien indebidamente a los agentes regulados o a los reguladores, entonces debe combatirse a través de la responsabilidad que tienen como servidores judiciales y no con la rotación.

La OCDE ha dicho que el plazo de designación jueces/magistrados especializados es "excesivamente breve", que "Estos periodos son insuficientes para que los funcionarios judiciales creen una base de conocimientos adecuada, en especial cuando se consideran las curvas de aprendizaje". OCDE propone un plazo de al menos 5 años, además de que sólo pudieran ser removidos (o "reincorporados" a otro órgano jurisdiccional) por causas justas y claramente definidas (OCDE, 2017). Así como se requiere que los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica gocen de un plazo durante el cual sólo por causa grave puedan ser removidos, las juezas y magistrados de los especializados merecen lo mismo. En 2015 el CJF estableció que los plazos serían de 4 años, ¿por qué reincorporar antes del plazo señalado al Mag. Tron Petit?

El Mag. Tron Petit no es cualquier magistrado. Él ha sido ponente en los casos más emblemáticos de competencia económica y telecomunicaciones. Bajo su ponencia se determinó que Coca-Cola había cometido prácticas monopólicas (asunto Big Cola); él fue quien sentó criterios jurisprudenciales para el levantamiento del velo corporativo para evitar que a través de subterfugios y esquemas corporativos, las empresas evitaran cumplir con la ley; él ha proporcionado criterios para la evaluación del mercado relevante; él creó el concepto jurisprudencial de grupo de interés económico gracias al cual las empresas pueden considerarse parte de un grupo bajo ciertos supuestos para evitar que se perjudique el proceso de competencia por arreglos corporativos; bajo su ponencia también se determinó que las afiliadas independientes de Televisa forman parte de su grupo de interés económico, confirmándose con ello que Televisa es preponderante y sujeta a obligaciones específicas; él ha sido impulsor para que exista una discusión amplia sobre derechos de audiencias y pluralidad.

El listado anterior son sólo ejemplos de la impartición de justicia real, y más allá de la formalidad y comodidad de muchos otros juzgadores. La decisión del CJF difícilmente puede aislarse de las decisiones tomadas bajo la ponencia del Mag. Tron Petit como el amparo otorgado a Canal 40 en contra de la decisión del IFT de que Televisa no era dominante en TV restringida, y por virtud de la cual el IFT tuvo que resolver nuevamente -con plenitud de jurisdicción pero observando lo dispuesto por la ley- y declarando a Televisa dominante. Donde quiera que esté el Mag. Tron Petit hará una extraordinaria labor de justicia, pero este caso debe llevar a que en adelante (1) se definan plazos de al menos 5 años a juezas/magistrados especializados, (2) se establezcan claramente las causas para la remoción o reincorporación, y (3) se respete el derecho a saber de la ciudadanía para conocer la justificación de los actos del CJF.

 

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